Por Sonia Corrêa, originalmente publicado en La Mala Fe.
Desde 1940, la ley brasileña permite el aborto en casos de violación y relaciones sexuales con menores de 14 años. En 1999, la OMS consideró el Protocolo Técnico de Orientación de la Atención a Víctimas de Violencia Sexual (Protocolo del Ministerio de Salud) del Ministerio de Salud de Brasil como la principal referencia mundial para las políticas de salud sexual y reproductiva. Aunque revisado en 2005 y 2012, su contenido no se ha modificado sustancialmente.
El 8 de agosto de 2020, la prensa brasileña informó el caso de una niña de 10 años que quedó embarazada luego de ser violada por su tío, quien vivía con ella, y su abuela en el municipio de São Mateus, estado de Espírito Santo (vecina Río de Janeiro). Después de sufrir dolores abdominales, la niña fue trasladada a un hospital local. Ella le dijo al equipo médico que había sido abusada desde que tenía 6 años. Nunca denunció el abuso porque el agresor amenazó con matarla. El médico que la examinó estableció que el embarazo tenía más de 20 semanas. En lugar de redactar un informe médico y remitirla a un servicio de salud que brinda servicios de aborto en los casos permitidos por la ley (de los cuales hay dos en Espírito Santo), el médico la puso bajo custodia estatal. Tan pronto como se hizo público el caso, la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, pastora conocida por su oposición radical al aborto, incluso en casos de violación, declaró que “ayudaría a la niña y su familia”. Posteriormente, dos funcionarios de alto nivel del Ministerio viajaron a São Mateus para hablar con las autoridades locales.
Dado que la niña estaba bajo custodia, su caso sería decidido por el Sistema Judicial de Menores local. El fiscal tomó pruebas tanto de la niña como de su abuela, quienes declararon que querían que se interrumpiera el embarazo. Como muestran imágenes privadas que circulan en Internet y en informes de prensa posteriores, incluso antes de que se emitiera la autorización del aborto, la familia de la niña fue coaccionada violentamente por católicos conservadores locales, en particular un hombre que se postula como candidato en las próximas elecciones municipales (noviembre de 2020).
Luego de emitida la autorización judicial del procedimiento, la Secretaría de Salud del Estado solicitó el traslado de la niña a la capital del estado, Vitoria, para que el procedimiento pudiera realizarse en el Hospital Universitario Federal (HUCAM), que alberga uno de los servicios de aborto legal del estado. El sábado 15 de agosto, luego de examinar a la niña, el personal médico del HUCAM declaró que no se pudo realizar el aborto porque el embarazo era superior a las 22 semanas. La nota técnica emitida por HUCAM se refirió al Protocolo del Ministerio de Salud, que establece 22 semanas de embarazo como límite para el aborto en caso de violación. Sin embargo, como señalaron varios expertos legales y médicos, este límite está en contradicción con el Código Penal de 1940 y no toma en cuenta los avances tecnológicos en los procedimientos de aborto con medicamentos desde la década de 1940.
Ante este obstáculo, la Secretaría de Salud del Estado de Espírito Santo (SESA) buscó alternativas en los sistemas de salud pública de otros estados. El caso fue aceptado por CISAM, una unidad de salud en Recife, capital de Pernambuco, administrada por una universidad estatal (UEP) integrada al Sistema Público de Salud (SUS). El CISAM alberga uno de los servicios de aborto legal más antiguos y mejores calificados de Brasil. En 2009, realizó un procedimiento de aborto en un caso muy similar en una niña de 11 años. En esta ocasión, las voces antiaborto también provocaron un alboroto y el arzobispo local excomulgó públicamente al personal médico que realizó el procedimiento.
La madrugada del domingo 16, la niña, acompañada de su abuela y una trabajadora social de SESA, voló a Recife con todos los gastos cubiertos por el sistema de salud pública. Hasta ese momento, el caso se encontraba bajo la protección de la justicia y se mantuvo confidencial. Sin embargo, de alguna manera, a través de canales que ahora se están investigando, se filtró al público información sustancial sobre el caso. Incluso antes de que la niña aterrizara en Recife, una conocida activista antiaborto publicó el nombre de la víctima en las redes sociales y la ciudad a la que viajaría, pidiendo a las fuerzas antiaborto que hicieran todo lo posible para detener el procedimiento[1].
Cuando la niña llegó al CISAM, un grupo de activistas antiaborto ultracatólicos, acompañados de parlamentarios evangélicos a nivel estatal, se reunieron frente al hospital. Para evitar el acoso, la niña fue colocada en el maletero de la camioneta que la transportaba, la cual ingresó a la unidad de salud por un portón lateral. Mientras tanto, el director del hospital trató de entablar un diálogo con la multitud antiabortista, mientras gritaban que era un asesino. Hasta altas horas de la noche, el grupo permaneció en la puerta del hospital orando. Al otro lado de la calle, grupos feministas locales también realizaron una vigilia para apoyar a la niña, la decisión judicial y el personal médico. Según informa El País, incluso cuando existían medidas de seguridad en el lugar, la niña, su abuela y sus asistentes sociales fueron hostigadas por dos médicos (una mujer) dentro del hospital. Estos profesionales de la salud lograron ingresar a la habitación de la niña y le describieron el procedimiento del aborto en términos acusatorios.
A pesar de esta serie de obstáculos, la filtración criminal de información confidencial y el espectáculo de terror promovido por los grupos antiaborto frente y dentro del hospital, el embarazo de la niña se interrumpió sin mayores complicaciones de salud y, el 19 de agosto, la paciente voló de regreso a su estado natal. Mientras ella estaba fuera, el poder judicial local, al evaluar el nivel de acoso experimentado por la familia, concluyó que no estarían seguros en São Mateus. Por lo tanto, la niña y la familia han sido incluidas en un programa de protección pública para personas amenazadas por actores estatales y no estatales. Serán trasladados de forma confidencial a otra ciudad.
Esto significa que, en 2020 Brasil, se requirió una operación política y logística muy compleja y costosa para asegurar la implementación de una ley de aborto de ochenta años. Aún más atroz, la vida de la niña y su familia sigue en peligro y tuvo que ser alterada radicalmente, simplemente porque se respetaron sus derechos fundamentales a la dignidad personal y la integridad física.
¿Un giro político inesperado?
El caso dice mucho sobre los gigantescos obstáculos que enfrentan las mujeres y niñas brasileñas para acceder al aborto en caso de violación. Si bien este acceso siempre ha sido complicado, las barreras institucionales y políticas han escalado desde el año pasado ya que la posición oficial del gobierno de Bolsonaro ha sido la draconiana prohibición del aborto, independientemente de la ley o las circunstancias. Sin embargo, el caso también puede leerse como una historia de éxito y puede significar un nuevo momento decisivo en el largo y sinuoso camino de las luchas por el derecho al aborto en Brasil.
Como se mencionó anteriormente, a pesar de las barreras y amenazas, los derechos y la salud de la niña fueron respetados y protegidos. Estos resultados positivos no hubieran sido posibles si las autoridades judiciales y de salud pública locales en Espírito Santo y Pernambuco no hubieran respondido de manera inmediata e impecable, siguiendo estrictamente la ley y resistiendo las presiones de todos lados. No menos importante, los diversos pasos judiciales y políticos a través de los cuales se procesó el caso fueron seguidos de cerca por las feministas y una amplia gama de defensores del derecho al aborto, especialmente los profesionales de la ley y la salud. A medida que evolucionó el proceso, otras instituciones públicas clave, y más particularmente la sociedad en general, también respondieron positivamente a la difícil situación de la niña.
Desde el 10 de agosto, las feministas y otros actores proderecho del aborto se han involucrado con éxito en la movilización digital. Inmediatamente después de que el caso se hizo público, el colectivo feminista Sangria Coletiva lanzó una petición en Change.org, pidiendo que se respeten los derechos de la niña. Esto recogió rápidamente 680.000 firmas. El domingo 16 de agosto, la filtración de datos confidenciales fue ampliamente repudiada y de inmediato se inició una campaña digital que derribó con éxito los sitios de redes sociales del activista antiabortista que publicitó la filtración. Posteriormente, la Defensoría Pública del Estado de Espírito Santos presentó una demanda y, como resultado, se solicitó a todas las plataformas digitales que borraran la información personal sobre la niña, su familia y los documentos judiciales y médicos relacionados con el caso. La demanda también solicitó una compensación financiera por la filtración, que se invirtió en el fondo local de protección de los derechos del niño.
La cobertura del caso por parte de los principales medios de comunicación fue de gran apoyo. Según una encuesta de Cfemea y SPW, entre el 10 y el 23 de agosto se publicaron 339 artículos y editoriales relacionados con el caso. Aproximadamente el 50 por ciento de ellos eran “favorables” a los derechos de aborto de la niña (162) y la mayoría de ellos fueron publicados por los principales medios de comunicación. Otros 143 escritos fueron neutrales o informativos / descriptivos. Solo 18 se opusieron a los derechos de la niña y criticaron el resultado final del caso. Las personas influyentes digitales clave se pronunciaron públicamente a favor del derecho de la niña a interrumpir su embarazo, ofreciendo apoyo financiero para su educación y atención psicológica futuras. Para el 17 de agosto, había surgido un amplio frente social a favor del derecho de la niña a interrumpir el embarazo, apoyando a los funcionarios judiciales locales y al director y al personal del CISAM para hacerle frente a la ola de ataques de los grupos opositores del aborto, así como opiniones oficiales de oposición, como la declaración de la ministra Damares, quien dijo que el aborto era de lamentar profundamente. Las mediciones de seguimiento de redes sociales evaluadas el lunes 17 informan que el lado antiaborto estaba perdiendo en Twitter por diez comentarios a uno.
Esta escala de visibilidad y respuesta del caso puede compararse con la amplia movilización digital y social sobre el derecho al aborto que tuvo lugar hace dos años, cuando la Corte Suprema de Brasil organizó una audiencia pública sobre una demanda que pedía la despenalización[2]. Sin embargo, cabe señalar que el entorno político y de políticas con respecto al derecho al aborto se ha deteriorado enormemente desde entonces. Quizás lo más importante (aunque esto requiere un examen más detenido) es que todo sugiere que el coro de voces que ahora se manifiesta a favor del respeto de la ley, repudiando los espectáculos de terror creados por las fuerzas antiabortistas, es actualmente mucho más diverso en lo social, regional, e incluso en términos religiosos.
Aun así, la saga continúa
Dado que las fuerzas contra el aborto son implacables, el regreso de la niña a su estado natal no fue el final de la historia. Como se mencionó anteriormente, las autoridades judiciales locales y el personal médico del CISAM que cometieron delitos y negligencia se convirtieron en el blanco de organizaciones de la sociedad civil y legisladores que anunciaron que serían denunciados ante el comité de supervisión judicial nacional y el organismo regulador médico de Pernambuco. Luego, el 29 de agosto, el Ministerio de Salud emitió la Ordenanza N. 2882 sobre la Justificación y Autorización de los Procedimientos para la Interrupción del Embarazo Permitidos por Ley. El instrumento cancela la Ordenanza de 2005 que regula el Protocolo del Ministerio de Salud que guía los servicios de aborto legal. Solicita a los médicos que notifiquen obligatoriamente a la autoridad policial en los casos de violación atendidos por servicios de aborto legal, aboliendo así la presunción de veracidad del testimonio de la mujer. También requiere que el personal médico ofrezca a mujeres y niñas exámenes de ultrasonido para visualizar los embriones.
La nueva ordenanza no es meramente un dispositivo regulador: es un arma apuntada por el Ejecutivo Federal al derecho de las mujeres y niñas a interrumpir embarazos resultantes de violaciones. Sus reglas someten a mujeres, niñas y profesionales de la salud a restricciones inaceptables, creando obstáculos adicionales para los servicios de aborto relacionados con la violación, que ya son precarios y limitados. Como dijo al periódico O Globo la doctora Helena Paro (que coordina un servicio de aborto legal en Minas Gerais), las nuevas reglas pueden convertir las clínicas en estaciones de policía. Además, otras tres obstetras/ginecólogos criticaron severamente la Ordenanza en un artículo publicado por el periódico Folha de São Paulo el 6 de septiembre, argumentando que la norma, que obliga a las mujeres, aunque con suavidad, a visualizar el embrión, es pura crueldad.
Los opositores al aborto han enarbolado durante mucho tiempo barreras y restricciones regulatorias similares para restringir aún más el acceso muy limitado otorgado por el Código Penal de 1940. De hecho, tan pronto como se aprobó el Código bajo la dictadura del presidente Vargas, el Poder Ejecutivo emitió una ordenanza sometiendo el acceso al procedimiento a las estrictas reglas aplicadas a los procedimientos relacionados con delitos penales. No es de extrañar que este fuera uno de los estándares legales citados en la justificación de la Ordenanza N. 2822.
Casi 50 años después, surgieron fuertes controversias sobre la denuncia policial obligatoria cuando se estableció el primer servicio de aborto legal en São Paulo (1989). Diez años después, apenas se aprobó el Protocolo Técnico de Atención a Víctimas de Violencia Sexual del Ministerio de Salud, fue brutalmente atacado. Presiones brutales también han ocurrido cuando en 2005 la Norma Técnica fue revisada, para eliminar la exigencia de prueba medico legal de violación. En 2013, cuando se aprobó la Ley 12.845 (que regula los servicios de aborto legal), un congresista conservador que ahora está arrestado por corrupción presentó una disposición para enmendarla para garantizar la notificación obligatoria de delitos y prohibir a los profesionales de la salud informar públicamente a las víctimas sobre la existencia de los servicios de aborto legal. Luego, en marzo de 2020, la líder del grupo antiaborto en el Congreso presentó un proyecto de ley destinado a derogar el Protocolo Técnico de 1999 y la Ordenanza de 2005 que lo regula, que es exactamente lo que ha conseguido la Ordenanza 2882 con un simple trazo de lápiz.
Esta vez, sin embargo, la reacción fue contundente y bastante inmediata. La prensa y las redes sociales gritaron ruidosamente contra esta medida. En menos de tres días, se enviaron dos manifiestos al Congreso y al Poder Ejecutivo repudiando la Ordenanza. Uno de ellos fue firmado por más de 2.000 profesionales de la salud y el otro por aproximadamente 600 organizaciones de la sociedad civil que representan a sectores muy diversos de la sociedad brasileña. Luego, el miércoles 2 de septiembre, se presentó ante la Corte Suprema una petición judicial que cuestionaba la constitucionalidad de la Ordenanza N. 2882. Fue firmado por todos los partidos políticos ubicados en la izquierda del espectro político (PCdoB, PDT, PSB, PSOL y PT). La medida cautelar que pide revocación inmediata de la Ordenaza va ser juzgada por la Corte en el dia 25 de septiembre.
Los miembros de estos partidos también han presentado cinco proyectos de ley destinados a suspender la Ordenanza. Los parlamentarios del PSOL han presentado una comunicación formal a los Relatores Especiales de la ONU sobre las infracciones implícitas en el reglamento. Mientras esto ocurría, el presidente de la Cámara de Representantes también se pronunció para criticar públicamente la Ordenanza y la declaró inconstitucional.
Esta firme reacción de las voces progresistas y liberales del sistema político contra el movimiento autoritario del Ejecutivo que restringe el acceso al aborto es muy bienvenida. En el transcurso de los últimos 10 a 15 años, los parlamentarios brasileños, incluidos aquellos en el extremo izquierdo del espectro político, se han vuelto cada vez más reacios a apoyar el derecho al aborto. Esta lamentable tendencia es lo que explica parcialmente los constantes avances logrados por las voces contra el aborto. Incluso ahora, la reacción inmediata del Congreso al caso de la niña de Espírito Santo fue decepcionante y bastante contraria a la reacción de la sociedad.
Según lo analizado por el medio feminista Gênero e Número, más de la mitad de los 22 proyectos de ley presentados en respuesta al caso fueron iniciados por representantes de extrema derecha o de centro derecha. La gran mayoría de ellos están dedicados a amplificar el castigo penal de los violadores, incluidas tres disposiciones que proponen la castración química (una agenda política respaldada sistemáticamente por la base política de Bolsonaro). No se ha hecho ninguna disposición para abordar la prevención de la violencia sexual o la protección y expansión de los derechos y las clínicas de aborto existentes.
Por el contrario, el cambio brusco registrado una semana después en respuesta a la Ordenanza N. 2882 fue decididamente firme y positivo. Es otro signo relevante de la revitalización política de las políticas proaborto, al menos en lo que respecta a la sólida defensa de lo ya consagrado por la ley. Tal defensa está lejos de ser irrelevante. Como yo he analizado hace diez años, el objetivo de las fuerzas abortistas brasileñas (ahora sólidamente establecidas en el Ejecutivo Federal) es abolir por completo el derecho al aborto. En otras palabras, hacer de Brasil un nuevo El Salvador o Nicaragua.
Por último, pero no menos importante, el momento político general en el que se ha producido este amplio repudio de la agenda prohibicionista de Bolsonaro sobre el aborto tampoco es trivial. Esta reacción coincidió con el resultado de una encuesta de opinión que muestra que, a pesar de la muerte de 120.000 brasileños por enfermedades relacionadas con el COVID-19, la aprobación de Bolsonaro ha alcanzado su segundo nivel más alto desde su inauguración en enero de 2019. Esta coincidencia es a la vez intrigante y esperanzadora. Solo el tiempo nos dirá qué significa exactamente esto.
* Agradecemos a Gianina Marques por la traducción.
[1] Esta activista es conocida como Sara Winter, una ex militante de FEMEN convertida al catolicismo, actualmente involucrada en un activismo radical anti-aborto y anti-género. Winter está ahora bajo arresto domiciliario después de convertirse en el líder de una falange antidemocrática que recientemente amenazó a la Corte Suprema. Para obtener más información sobre Winter, consulte un perfil sobre ella publicado por SPW en julio.
[2] Para obtener más información sobre esta movilización digital y política, haga clic aquí.
Imágenes: An informal step, Antoni Tapiès; Anderson Nascimento, Agência Pixel Press, Estadão Conteúdo; Cuerpo/agua/combate, Eugenia Matricardi.