Política sexual de febrero a julio de 2023 - Sexuality Policy Watch [ES]

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Primeras palabras

Este boletín describe y busca contextualizar las tramas de la política sexual desde febrero de 2023. En tiempos de deterioro democrático en el mundo, la política sexual, nuestro objeto de análisis, desemboca inevitablemente en tendencias autoritarias. Los efectos generalizados de la desdemocratización son palpables en las dinámicas y mutaciones de las políticas antigénero, en el campo del derecho al aborto y los derechos reproductivos, en el contexto de los derechos LGBTQIA+, en particular en el caso de las personas transgénero, así como en los foros multilaterales. Esta turbulencia constante ha afectado incluso a la periodicidad de nuestro boletín. Sin embargo, hay que decir que, a pesar de estas condiciones adversas, también hay buenas noticias para enumerar y analizar y son estas buenas noticias las que dinamizan nuestro trabajo.

¡Buena lectura!
Equipo SPW (Sonia Corrêa, Nana Soares, Fábio Grotz y Tatiane Amaral)

Eventos SPW

El escenario regional de desdemocratización y el lugar que en él ocupan las políticas antigénero fueron tema de discusión en el seminario “Mapeando y resistiendo el fantasma del género en América Latina: geografías de los movimientos antigénero”, promovido en abril por el SPW, en alianza con la London School of Economics and Political Science, el Arts & Humanities Research Council y con el apoyo del BRICS Policy Center. En el seminario, activistas e investigadores de América Latina compartieron escenarios y agudos análisis del contexto nacional y regional actual y sus múltiples conexiones transnacionales. Pero también expusieron y debatieron diversas formas de resistencia que se dan dentro y fuera de los espacios institucionales. Para conocer más sobre el evento, hay información en el sitio web de SPW y grabaciones de los mejores momentos en videos disponibles en nuestro canal de YouTube.

Dos meses después, en junio, realizamos, en el marco de nuestra alianza con Akãhatã, Promsex, Puentes y Synergia, un webinar especial del Foro Regional de Debates sobre Temas Pendientes y Emergentes en el que se repasaron las reflexiones realizadas en abril. Este registro también está disponible en nuestro canal de YouTube.

Desdemocratización acelerada

La ola desdemocratizadora de la que hemos estado hablando sistemáticamente desde 2020 alcanzó niveles sin precedentes en 2022, como lo demuestra el informe anual del Instituto V-Dem, publicado en marzo y cuyo título es “Resistencia frente a la autocratización”. Robustas pérdidas democráticas se verificaron en 42 países, nueve más de lo señalado en el informe de 2021. Esto corresponde a un 43% de la población mundial viviendo en condiciones que oscilan entre autocracias con rostro de democracia y regímenes decididamente autoritarios o dictatoriales, en los que se suprimen o retroceden derechos, libertades, y garantías políticas y civiles.

Centroamérica es hoy un locus inequívoco de autocratización acelerada. En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo profundizó y aceleró a fondo su lógica represiva. En febrero, 222 ciudadanos fueron exiliados a Estados Unidos, de los cuales 95 vieron abolida su nacionalidad. La misma medida se aplicó a por lo menos otras 220 personas que están detenidas o ya han salido del país. Algunas de estas personas están solicitando asilo en los Estados Unidos; y España, México y Argentina han ofrecido de inmediato la ciudadanía a les exiliades. Además, desde 2018, alrededor de 600.000 nicaragüenses han salido del país. Lea nuestra recopilación sobre la situación del país.

Es importante mencionar que el nuevo gobierno brasileño ha mostrado, desde enero, tibieza y vacilación en condenar este brutal régimen. En abril, una expatriada, historiadora y ex guerrillera, Mónica Baltodano, estuvo en Brasil conversando con la sociedad civil y las autoridades públicas, incluida una audiencia con el embajador Celso Amorim, asesor especial de política exterior de la presidencia. Sin embargo, en junio, durante la Asamblea General de la OEA, según informó Jamil Chad, lamentablemente, Brasil propuso cambios atenuantes en una declaración conjunta de repudio al régimen, provocando reacciones de indignación de la resistencia nicaragüense en el exilio. Posteriormente, sin embargo, tras una conversación con el papa en Roma, Lula declaró que Brasil “ayudaría” en los esfuerzos por liberar al obispo Álvarez. Después de eso, Brasil apoyaría el lenguaje más duro de la declaración votada en la OEA. A principios de julio, el obispo Álvarez fue puesto en libertad, pero sólo durante dos días, revelando una vez más la intransigencia draconiana de la tiranía.

En El Salvador, Nayib Bukele, quien se define como el dictador cool del mundo, inauguró una megacárcel bautizada como “Centro de Detención de Terroristas”, pero que en realidad alberga a acusades de delitos comunes, en especial a integrantes de las llamadas maras. Con capacidad para 40.000 presos, la colosal escala arquitectónica de la prisión es un monumento a una brutal estrategia de lucha contra el crimen que, como señalan varios análisis, es en realidad una política de excepción. No menos importante, Bukele está exportando su modelo de lucha contra el crimen a la región. En mayo, por ejemplo, su ministro de Justicia asistió a una audiencia pública en la Cámara Federal por invitación del diputado bolsonarista Osmar Terra.

Además, el clima político del país se ha ido deteriorando. Un síntoma de ello es el traslado del diario El Faro a Costa Rica, decisión tomada para protegerse de los ataques a la libertad de prensa. El SPW recopiló análisis de la situación en El Salvador, donde, a pesar de la continua degradación, la popularidad de Bukele ha alcanzado niveles estratosféricos. También recomendamos registrar la charla de la activista Morena Herrera en el seminario organizado por el SPW en abril. Herrera tematizó a Centroamérica como un “abismo” y analizó el lugar nodal que ocupa Bukele, estrella en ascenso de la autocracia regional.

Sin embargo, los signos de desdemocratización están por todas partes en América Latina. En Chile, tras el “rechazo” de la nueva constitución en septiembre de 2022, la derecha, con gran presencia de la ultraderecha, salió victoriosa en la elección de una nueva Comisión Constitucional, que tuvo lugar en mayo. Por tanto, se ha ampliado el abanico de voces ultraconservadoras en el debate público, varias de las cuales son desvergonzadas defensoras de los legados del pinochetismo. A pesar de la votación obligatoria, el 20% de los votantes votaron en blanco. Este síntoma del descrédito hacia la política institucional fue también el resultado de una campaña contra el voto movilizada por sectores de izquierda. Lea nuestro compilación sobre los impactos del resultado de mayo.

En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, cuya legitimidad ha sido cuestionada desde 2021, recurrió a una norma constitucional conocida como “muerte cruzada” y disolvió el Congreso en mayo, convocando nuevas elecciones generales. Lea más sobre la crisis que condujo a la muerte cruzada. La medida, aunque prevista en la Constitución, acentuó el escenario de incertidumbre e inestabilidad que vive Ecuador desde hace mucho tiempo. Ocho candidatos se disputan las elecciones presidenciales previstas para agosto. En esta nueva atípica elección destacan Luisa González, quien representa al correísmo, Otto Sonnezholner, un “liberal” cercano al expresidente Lenín Moreno, y Yaku Pérez, líder indígena que en las elecciones de 2021 casi llega a la segunda vuelta, defendiendo una agenda ambiental sustantiva, y cuya candidatura ha ido creciendo. En julio, los análisis del proceso electoral indicaban que la disputa, de hecho, se dará entre Yaku Pérez y el candidato del correísmo. Y al final de mes, según El País, el proceso electoral se caracterizaba como de violencia política creciente y nuevos motines carcelarios.

También hay que mencionar los crises de Perú y Guatemala. El primer que se desarrolla, sin solución, desde el final de 2022, cuando Pedro Castillo fue destituido fue objeto de análisis del Foro de Debates Emergentes y Pendientes, coordinado por SPW con cuatro redes regionales. En Guatemala, donde ha habido elecciones en junio, los resultados están siendo contestados por las fuerzas conservadoras hegemónicas , configurando, según la BBC, un “golpe técnico”. Un artículo publicado en la revista Foreign Affairs, ofrece un análisis comparativo de los dos países como dinámicas de desdemocratización en que no hay dictadores.

Finalmente, en Argentina, la proximidad de las elecciones también ha levantado temores por el persistente ascenso de Javier Milei , un personaje del libertarismo de derecha y otra figura icónica en la dinámica de la desdemocratización regional. La mayor preocupación de varios analistas es el ascenso de Milei entre los más jóvenes, pero una encuesta longitudinal realizada por la Universidad de Buenos Aires sugiere que el posicionamiento juvenil de hecho, es más complejo y matizado. A la medida en que la campaña avanza Milei está perdiendo tracción por efecto de un escándalo de corrupción electoral que estalló a principios de julio. Pero el escenario electoral sigue incierto.

En Asia, los rasgos autocráticos de Narendra Modi volvieron a ser noticia con ataques al líder opositor Raul Gandhi, expulsado del Parlamento en marzo tras ser declarado culpable de criticar al primer ministro indio. Al mismo tiempo, ganó visibilidad la presión del gobierno contra Unicef. Por otro lado, el hecho más relevante de los últimos meses fue la derrota del BJP -es decir, de Modi- en las elecciones estatales de tres Estados importantes, entre ellos Karnataka, resultado interpretado como una señal de que los vientos de la política india pueden estar cambiando finalmente de dirección. Leer aquí una compilación sobre el país.

En Turquía, Erdogan fue relecto luego de presentarse a la segunda vuelta por primera vez desde que llegó al poder hace 20 años e incluso después de la desastrosa administración del colosal terremoto que arrasó parte del país a principios de febrero. Esta nueva victoria sin duda significará un capítulo más en el camino del país hacia la autocratización. Es importante subrayar que la retórica antigénero y antiLGBT fue especialmente sólida en la campaña de Erdogan, así como en su primer discurso posterior a la victoria. Esto convierte a Turquía en un país islámico donde, de hecho, la fantasmagoría de género ha sido decididamente instalada. Sin embargo, el escenario político turco también debe analizarse a la luz de la profundización del neoliberalismo, la crisis migratoria y la persistente tensión con las demandas kurdas de autonomía. Lea nuestro compilación.

En Irán, mientras tanto, la persistente rebelión feminista de 2022 fue contenida a sangre y fuego (vea más aquí en un informe de DW). Sin embargo, en la primera mitad de 2023 comenzaron a circular noticias sobre una ola de estudiantes y niñas envenenadas en diferentes ciudades del país, interpretado como una brutal acción destinada a intimidar la educación de las mujeres -fenómeno que parece repetirse en Afganistán.

En África ha habido empeoramiento de la situación política en Sudán. En ese país, en 2019 una larga dictadura fue derrotada por una rebelión popular, seguida en 2021 por un golpe militar. En abril de 2023, estalló un conflicto armado entre el comando del Ejército y las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido, que puso al país en un estado de guerra interna, sin horizonte de solución a corto plazo.

En Senegal, considerado un bastión de la estabilidad política en África Occidental, hubo protestas masivas tras la sentencia de arresto de un líder de la oposición por corrupción de menores. La respuesta del presidente Macky Sall fue dura, se suspendió internet y bajo la represión policial murieron varies manifestantes. A principios de julio, el representante anunció que no se postulará para un tercer mandato. Nosotres organizamos una recopilación de noticias sobre el episodio. En Túnez hubo un arresto de líderes del principal partido de oposición, lo que señala la profundización de la erosión democrática que comenzó en 2021.

Mirando a Europa, en Escandinavia, después de las ganancias de la ultra derecha en Suécia, en 2022, el partido nacionalista finlandés ganó varios puestos ministeriales en el nuevo gobierno, es decir, otro avance del populismo de derecha en una región con una larga tradición socialdemócrata (conozca más sobre el escenario finlandés aquí y aquí).

En España a su vez, se registra hoy, un escenario muy distinto. En mayo las elecciones municipales registraron un flagrante avance del PP y Vox en las diez ciudades más grandes del país, donde podrán gobernar en coalición. El avance de Vox es especialmente preocupante (vea más aquí, en español). El resultado electoral llevó al presidente Sánchez a adelantar las elecciones generales al 24 de julio. A finales de junio, los sondeos de opinión mostraban una ajustada carrera entre el PP y el PSOE, anunciando un parlamento sin mayoría. Las elecciones del 23 de julio tuvieron lugar cuando esta edición estaba a punto de publicarse. El PP haya obtuvo la mayoría de los votos, pero efectivamente no puede asegurar una mayoría para gobernar. Al PSOE le fue mejor que en 2019 y, lo que es aún más significativo, la ultraderecha representada por Vox perdió 19 escaños, una derrota muchísimo relevante. Como bien analizan los artículos de Open Democracy y BBC, ese resultado señala para la contención del crecimiento de la ultra-derecha en Europa. En nuestro próximo número ofreceremos una valoración más completa del panorama político español, por ahora recomendamos una breve compilación.

En contraste, la dinámica política de EUA genera muchas inquietudes frente a la disputa por las elecciones presidenciales de 2024. Donald Trump, hace poco imputado, se mantiene al frente de las encuestas de opinión. El proceso judicial no significa, sin embargo, que el rumbo de Trump esté comprometido, ni que otro candidato republicano, tan o más radical que él, como Mike Pence o, más especialmente, Ron DeSantis, no pueda beneficiarse de un eventual impeachment electoral al expresidente. Sobre todo, no hay muchos signos de vigor político en el campo democrático, donde incluso se registra el paradójico ascenso de Robert Kennedy Junior, hoy vocero del negacionismo del Covid-19 y del movimiento antivacunas. La desdemocratización estadounidense también se refleja en la abrumadora ola de ofensivas antigénero y antitrans que se examinarán en el siguiente apartado.

En un contexto global tan adverso, llama la atención la victoria de una coalición de partidos de oposición en Tailandia en las elecciones legislativas de mayo, que neutralizó un régimen semimilitar instalado por un golpe de Estado en 2014. El desenlace está lejos de significar un cambio sustantivo e inmediato en el país, como señalan analistas (aquí y aquí , en inglés), pero es sin duda una muestra más del impulso democrático que llega desde Asia.

La reconstrucción de la democracia en Brasil

En este balance, Brasil, que en 2022 logró desviarse de una ruta desastrosa de erosión democrática ampliada, merece especial atención. Después de seis meses de una insurgencia de derecha que destruyó la Praça dos Três Poderes, el ambiente político es mucho más ligero. Aunque la relación entre el Ejecutivo de Lula y un Congreso que opera sobre la base de la negociación y que hoy cuenta con un poderoso bloque conservador es tensa, el gobierno de Lula logra aprobar las reformas que considera prioritarias y los indicadores económicos del país mejoran.

Con respecto específico a la contención de las fuerzas de derecha, el Poder Judicial tomó medidas firmes para investigar y sancionar a los involucrados en la insurgencia del 8 de enero y, en junio, el Tribunal Superior Electoral consideró a Bolsonaro inelegible por los próximos ocho años. También se propuso una ley para regular las plataformas digitales, cuyo trámite quedó paralizado por las condiciones del Congreso.

Pero el tema también entró en la agenda del Ejecutivo, ya que el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía creó, en febrero, un Grupo de Trabajo sobre Discursos de Odio y Extremismo. El resultado final de este esfuerzo acaba de ser publicado y, entre otras recomendaciones, propone la creación de un foro permanente para monitorear y responder a las amenazas y riesgos que la desinformación y la propagación deliberada de acusaciones y discursos de odio implican para la democracia.

No menos importante, se están reconstruyendo políticas públicas en áreas críticas para la política sexual, como la salud y los derechos humanos y, como veremos más adelante, en la política exterior.

En estas condiciones, la ultraderecha partidista atraviesa un período de franca desorganización. Esto no quiere decir, sin embargo, que sus pautas y agresividad se hayan enfriado. Como se verá más adelante, a pesar de este continuo desorden a nivel institucional, las fuerzas de ultraderecha siguen vivas y activas, impulsando ofensivas antigénero de todo tipo en el ámbito legislativo, en las redes sociales y en la vida cotidiana.

En tal contexto, es preocupante que, en la izquierda del espectro político y dentro del propio PT, exista una falta de claridad y cohesión en cuanto al significado de los temas de género y sexualidad, ya sea como una dimensión ineludible para la reconstrucción de la democracia, o como una agenda perenne para la ultraderecha. Es un ejemplo de esto el feroz y grosero debate que se dio entre parlamentarios y dirigentes del PT sobre la potencial filiación de Duda Salabert, una de las dos diputadas trans federales electas en 2022.

Políticas antigénero

Estados Unidos es, muy significativamente, un epicentro global de las ofensivas antigénero que hoy se manifiestan como una limitación brutal a los derechos y la existencia misma de las personas trans. Los proyectos de seguimiento “Trans Legislation Tracker” y el de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dimenciona la escala de esta “guerra abierta”: para junio de 2023, se habían presentado más de 500 proyectos de ley antitrans en las legislaturas estatales y locales, muchos de los cuales ya han sido aprobados. Según los datos de la ACLU, The Washington Post analizó las implicaciones de este dramático escenario.

Estas encuestas consolidan la percepción de que el esquema antitrans ahora es rutinario y se “naturaliza” como un hecho político. Este escenario es el resultado de un largo proceso de actualización del ultraconservadurismo y la ultraderecha en el país (ver entrevista de Sonia Corrêa en la Revista Sur y las investigaciones de la revista Mother Jones). Pero hay un elemento nuevo, la presencia cada vez más palpable de corrientes feministas transexcluyentes, analizadas por el informe del portal All or None, que también examina otros contextos nacionales y lo que está pasando en la ONU. Hicimos una recopilación muy extensa de análisis y noticias sobre la política antigénero y antitrans en EE. UU. en la primera mitad de 2023. De esta selección, recomendamos el artículo de The Nation que analiza las ofensivas antitrans como una amenaza para la democracia.

A nivel político institucional, la política antitrans ha sido encabezada sobre todo por el gobernador de Florida y precandidato a la presidencia del Partido Republicano, Ron DeSantis. En este primer semestre, De Santis agudizó el conflicto con Disney luego de que la empresa se pronunciara en contra de la ley popularmente conocida como “Don’t Say Gay”, aprobada en 2022, que restringe el abordaje de temas sobre género y sexualidad en las escuelas primarias (vea más aquí, en inglés). En abril, el alcance de la ley se extendió, llegando a todos los grados escolares. En mayo, DeSantis promulgó leyes para restringir el acceso de los menores a los servicios y procedimientos de transición de género.

Algunos de los ataques recibieron especial atención, como fue el caso de Tennessee, donde una ley promulgada en marzo comenzó a prohibir la actuación de drag queens en público, lo que afecta, por ejemplo, a les artistas que actúan para niñes en eventos de lectura. Otros Estados hicieron lo mismo y propusieron una legislación similar: Arizona, donde la ley fue vetada por el gobernador; Oklahoma, donde se revivió el proyecto de ley después de que un primer intento no prosperara en la legislatura; y en Kentucky, donde el proyecto de ley caducó en el Senado estatal. En total, nueve estados embistieron contra actuaciones de drag queens. En Tennessee, la ley fue considerada inconstitucional por la Justicia, pero la suspensión es temporal.

Igualmente lamentable, en la conferencia ultraconservadora CPAC (Conservative Political Action Conference) en febrero, en Washington, uno de los participantes norteamericanos pidió la “erradicación del transexualismo de la vida pública”. En el evento participaron cuatro parlamentarios brasileños, entre ellos Eduardo Bolsonaro y Mário Frias, quienes en sus discursos también repudiaron con vehemencia el derecho a la identidad de género, especialmente en el caso de les niñes.

No menos importante, Twitter, ahora bajo el mando de Elon Musk, eliminó sin más estridencias la regla de conducta que prohibía el uso de discursos transfóbicos. Elon Musk, todo hay que decirlo, es hoy un portavoz mundial de la retórica antigénero y antitrans tan prominente como Vladimir Putin. Se ha pronunciado ferozmente contra la identidad de género en la infancia y ha anunciado que va a financiar la criminalización de la práctica en todo el mundo. En junio, Musk visitó Italia, donde discutió con Giorgia Meloni los riesgos de inteligencia artificial , así como también la caída de la tasa de natalidad, que ambos consideran una amenaza para la humanidad derivada del uso extensivo de la anticoncepción y el aborto.

Al norte del Río Grande, Canadá también ha entrado definitivamente en el radar de las fuerzas antigénero. Informó abiertamente en junio que la provincia de New Brunswick, gobernada por conservadores, suspendió una política escolar que permitía a les estudiantes identificarse a sí mismes con su género en sus nombres y pronombres. A partir de julio, les niñes y jóvenes menores de 16 años están sujetes a la autorización parental a la hora de elegir.

Al otro lado del Atlántico, la batalla por los derechos de las personas trans también ha tomado nuevas formas. En febrero, el primer ministro conservador Rishi Sunak amenazó vetar la ley de identidad de género aprobada en diciembre en Escocia, que ya había sido objeto de ataques virulentos por parte de feminismos transexcluyentes. Estas tensiones conforman el escenario más amplio que conduciría, cuando se aprobó la ley de identidad de género en Escocia, a la posterior dimisión de la primera ministra Nicola Sturgeon. En marzo, Sunak también anunció la intención de cambiar la ley inglesa que protege a las personas trans, al proponer una revisión en el texto restringiendo la definición de sexo a su dimensión biológica.

En Italia, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Giorgia Meloni afirmó que “las mujeres son las primeras víctimas de la ‘ideología de género’”. Luego, el gobierno central exigió oficialmente a la ciudad de Milán que dejara de registrar a les hijes de parejas del mismo sexo. Y en junio, el gobierno de la región de Lazio, donde se encuentra Roma, retiró el apoyo del gobierno para el Desfile del Orgullo LGBTQIA+.

En Hungría, el Parlamento aprobó una ley que fomenta la denuncia anónima de parejas del mismo sexo que tienen hijes con la justificación de proteger el “modelo húngaro de vida social”. La ley, sin embargo, fue devuelto al Congreso por la presidenta Katlin Novak, una movida cuya dirección no está del todo clara, pero podría ser una estrategia para proyectar una imagen menos extrema del presidente. En Polonia, el PIS -el partido que controla el gobierno – presentó un proyecto de ley que impide la actuación de las ONG en la educación sexual en las escuelas. En Suecia, la extrema derecha, que se convirtió en la segunda fuerza política del país en las elecciones del año pasado, lanzó una campaña contra los programas de drag queen protagonizados por niñes. En protesta, el teniente de alcalde liberal de Estocolmo hizo una lectura para niños en drag.

En Rusia, el presidente de la Cámara Alta del Parlamento aprovechó el Día Internacional de la Mujer para reiterar los ataques a la población LGBTQIA+ y a las currículas de género y sexualidad en las escuelas. En junio, un proyecto de ley destinado a prohibir permanentemente las cirugías de afirmación de género también avanzó en la Cámara Baja rusa – a finales de julio, Putin firmó la ley. En Bulgaria, en febrero, el Tribunal Supremo negó el derecho a cambiar el registro civil de las personas trans, con la justificación de que la Constitución solo reconoce el sexo biológico y binario. En Bosnia, en marzo, la policía prohibió el Desfile del Orgullo LGBTQIA+.

En Eslovaquia, está en proceso en el Congreso un proyecto de ley que condiciona el cambio legal de género a una prueba de ADN. Esta propuesta, que sólo replica el contenido de un proyecto de ley presentado en el Estado de Ohio en EE.UU. el año pasado, fue severamente condenada por la Amnistía Internacional y el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Y en Turquía, como era de esperar, el gobierno prohibió las celebraciones del mes del orgullo y arrestaron a más de 100 personas que, a pesar de las restricciones, organizaron marchas a fines de junio.

Pero hay que decir que la guerra por los derechos de las personas trans no es un rasgo exclusivo del norte global. En Pakistán, donde se aprobó una ley sobre el derecho a la identidad trans en 2018, el tribunal superior Shari’a condenó el asunto en mayo de este año. Esta condena es especialmente preocupante porque, históricamente, las metis (mujeres trans) fueron aceptadas en la cultura pakistaní, al igual que ocurre en otros países asiáticos, incluidos los islámicos, como es el caso de Indonesia.

En América Latina, los ataques contra las personas trans también se han incrementado en varios países, especialmente en México, donde las corrientes feministas antigénero son hoy más numerosas. Sin embargo, una vez más es inevitable llamar la atención sobre Brasil que, desde finales de 2022, se ha convertido en escenario de ataques a los derechos de las personas transgénero.

Un relevamiento realizado por la Folha de São Paulo mostró que, en los primeros tres meses de este año, se presentaron más de 60 proyectos de ley en la legislatura federal y en las legislaturas estatales y municipales (el artículo inspiró una edición del podcast Café da Manhã). Por eso, no sorprende que, el 8 de marzo, se presenciara en la Cámara Federal una escena grotesca de la nueva guerra contra el género: el diputado bolsonarista Nikolas Ferreira, en medio de un discurso, se puso una peluca rubia para vilipendiar el derecho a la identidad de género autodeclarada. A fines de mayo, en la Asamblea Legislativa de São Paulo, se instaló un CPI para investigar el tratamiento para la Transición de Género en Niños y Adolescentes en el Hospital das Clínicas de la Universidad de São Paulo.

Un artículo del Jornal Nexo sobre esta proliferación de ataques antitrans enfatiza, como siempre lo hacemos en SPW, que estas escenas ofensivas y grotescas no deben interpretarse en un registro exclusivamente nacional, sino siempre en relación con dinámicas transnacionales similares. Una ilustración de ello es que el diputado Mário Frias, que estaba en el CPAC, anunció la creación de un CPI federal similar al que está en marcha en San Pablo, pero con objetivos más amplios. Desde entonces, también ha difundido con fuerza las promesas y proyectos de Elon Musk para erradicar la identidad de género en la infancia.

Pero las ofensivas antigénero en Brasil tienen muchas otras caras. Una de ellos es, por ejemplo, la violencia de género que afecta brutalmente a las parlamentarias feministas y, sobre todo, trans. En junio, el Comité de Ética de la Cámara Federal aceptó el pedido de juicio político de seis diputadas, entre ellas una mujer negra y dos parlamentarias indígenas recién electas. En respuesta, se lanzó una campaña en la primera semana de julio. Las dos parlamentarias transfederales, así como las de las legislaturas estatales y municipales, también han sido objeto de ataques tanto de la derecha como de las corrientes feministas antigénero/antitrans.

Además, persisten las ofensivas contra les docentes y los contenidos de desigualdad de género, racial y social en la red de educación pública. En la Cámara, un diputado ultraderechista recién elegido propuso la creación de un frente parlamentario y un “observatorio de la sociedad civil contra el adoctrinamiento en las escuelas” y luego presentó un proyecto de ley para garantizar la objeción de conciencia de les docentes que se nieguen a enseñar “contenidos adoctrinadores” . Incluso antes de su aprobación, estas iniciativas tienen el efecto de exacerbar el clima de persecución en el ámbito escolar.

Sin embargo, el hecho más sorprendente de esta escalada fue que, al final del mes del orgullo LGBTQIA+, un conocido pastor fundamentalista dio un sermón ampliamente difundido en las redes sociales, incitando abiertamente al asesinato de personas LGBTQIA+. Estos hechos muestran muy claramente que la guerra contra la fantasmagoría asociada al género no ha amainado. Sin embargo, en las condiciones políticas de 2023, estos ataques no solo tienen mayor visibilidad mediática, sino que también han sido respondidos con mayor agilidad y vigor, incluso por parte de las instituciones estatales. El mencionado pastor fundamentalista, por ejemplo, ya está siendo investigado por el Ministerio Público Federal.

Volviendo al escenario transnacional, también es necesario mencionar que el mundo del deporte en general y de los deportes de élite en particular es, hoy por hoy, otro locus principal de las ofensivas contra el género y, más específicamente, contra los derechos de las personas transgénero. Estas conflagraciones fueron analizadas por Nana Soares en este artículo publicado en junio que retoma y actualiza una primera investigación realizada el año pasado.

Foros multilaterales

La 67ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) tuvo lugar en marzo, precedido por la manifestación de relatores de la ONU en defensa de la educación sexual integral; la sesión concluyó con una declaración que enfatiza la relación entre los derechos de las mujeres y el entorno digital. Una vez más, las negociaciones fueron arduas, debido a una fuerte presencia de organizaciones del campo conservador, pero, sobre todo, porque Nigeria, Rusia y la Santa Sede obstruyeron sistemáticamente el lenguaje de género o aquél relacionado con los derechos sexuales y reproductivos, a menudo utilizando argumentos propagados por redes globales antigénero, como, por ejemplo, el espectro de la “corrupción infantil”.

En junio, en la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también hubo un movimiento conservador y antigénero. En los debates que tuvieron lugar en el comité financiero de la entidad, la definición del presupuesto se estancó por la oposición de algunos países africanos y árabes a una cláusula destinada a apoyar a las personas “afectadas por la discriminación y la exclusión, incluidas las basadas en la raza, la orientación sexual y la identidad de género”. Como resultado de esta presión, se cambió el texto a “combatir toda forma de discriminación basada en cualquier justificación”, con la salvedad adicional de que existen diferencias entre países en relación con la materia. Esta es la primera vez que se produce un enfrentamiento de este tipo en la OIT, pero las señales indican que tales enfrentamientos continuarán en el futuro.

En el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dos dinámicas merecen atención. Desde finales de 2022, cuando publicó una nota criticando abiertamente la ley de identidad de género escocesa, la Relatora Especial sobre Violencia contra mujeres y niñas ha sido criticada por redes transnacionales feministas y LGBTQIA+; así lo expresa la carta publicada por AWID (Asociación de Mujeres por el Desarrollo y los Derechos Humanos) en mayo. Sus puntos de vista también han sido contrastados con posiciones adoptadas por otros mandatos de la ONU, como, por ejemplo, la carta enviada por nueve relatores especiales felicitando a España por la aprobación definitiva de la ley trans en febrero.

Y, en la sesión de junio del Consejo de Derechos Humanos, fue publicada la lista de candidatos para reemplazar a Víctor Madrigal, Especialista Independiente en Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, cuyo mandato finaliza. La lista comprende 24 candidates de todas las regiones del mundo, incluidas dos mujeres trans y una persona no binaria. Por primera vez, el mandato está altamente disputado y, en este proceso electoral, es fundamental que se preserve la integridad del mandato para contener la creciente virulencia de las ofensivas contra los derechos LGBTQIA+, en particular en el caso de las personas trans.

En el ámbito de los escenarios internacionales, cabe destacar una vez más el cambio de postura diplomática del nuevo gobierno brasileño en relación a la agenda de derechos humanos y la agenda de salud global. Brasil ahora ha reconectado con la Organización Mundial de la Salud (OMS), relación que había sido prácticamente rota por el gobierno de Bolsonaro durante el Covid-19. En la 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en febrero, el Ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, en su discurso abordó una amplia gama de derechos y subrayó que volverán a ser una prioridad en la política exterior brasileña. En la delegación estuvo Symmy Larrat, Secretaria Nacional por los Derechos de la Población LGBTQIA+ y la primera travesti en ocupar un segundo puesto en la administración federal. En abril, ella participó en el III Foro Mundial de Derechos Humanos. En la 53ª Sesión, que tuvo lugar en junio, Brasil anunció su regreso al grupo de 36 países que apoyan la agenda de derechos LGBTQIA+ en la ONU y, más específicamente, el mandato del Especialista Independiente en Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, cuya creación en 2016 fue apoyada por Brasil.

Finalmente, en junio, se llevó a cabo otra Asamblea General de la OEA en Washington, donde, una vez más, las fuerzas antigénero y antiaborto tuvieron una amplia presencia. La Asamblea discutió, sobre todo, las crisis en Nicaragua y Haití. Pero, como informa el balance realizado por Portal Catarinas, a pesar de la presencia y presión de las fuerzas conservadoras, también se discutieron temas relevantes de la política sexual, como, por ejemplo, los derechos de las familias LGBTQIA+. También fueron elegides cuatro nueves miembres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Stuardo Ralón (Guatemala), para un segundo mandato; Arif Bulkan (Guyana); Gloria Monique Mees (Surinam); y Andrea Pochak (Argentina). Esta elección estuvo precedida por una dinámica conflictiva en la que varios países, incluido Brasil, presentaron y retiraron sus candidates. Como resultado de este revuelo, la abogada feminista chilena Lydia Casas, cuya candidatura fue brutalmente atacada por la ultraderecha, no obtuvo los votos necesarios para ocupar uno de los escaños de la Comisión.

Derechos LGBTQIA+

La aprobación de una ley draconiana contra las personas homosexuales en Uganda es una de las noticias más impactantes de la primera mitad del 2023. El texto fue aprobado en marzo por el Parlamento y promulgado por el presidente a fines de mayo. Las disposiciones son brutales: la conducta considerada “homosexualidad agravada” está sujeta a la pena de muerte y, el nuevo delito “fomento de la homosexualidad” puede acarrear una pena de 20 años de prisión. La homosexualidad ya estaba definida como un delito por el código penal de Uganda, lo que podía conducir a cadena perpetua. Sin embargo, la reversión de la ley de este año ha amplificado la conmoción y la indignación en la comunidad LGBTQIA+. Recopilamos las reacciones y los análisis.

En Kenia, un proyecto de ley presentado al Parlamento amplía la represión contra las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, estipulando como pena la cadena perpetua. De manera similar, en Tanzania, una nueva iniciativa legislativa endurece drásticamente el castigo contra los homosexuales y, como en Uganda, propone la pena de muerte para el delito que ahora se define como un “delito antinatural”. En Camerún, el Consejo Nacional de Comunicaciones prohibió la exhibición de programas de televisión con contenido de “propagación de la homosexualidad”, con el pretexto de “proteger a los niños”. En Burundi, más de 20 personas están siendo procesadas por “práctica homosexual e incitación a la homosexualidad”, tras una actuación policial contra un seminario sobre VIH/SIDA con sede en la capital del país.

En India, la Corte Suprema está evaluando varios casos que exigen el reconocimiento de la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, presentados ante la corte desde que se despenalizó la homosexualidad en 2018. Pero el gobierno de Modi presionó públicamente para que estas demandas fueran rechazadas. Esta presión difiere de lo que dijo un líder religioso que apoya al BJP al afirmar, en el pasado, que la homosexualidad es natural (biológica) y una forma de vida y que, por lo tanto, los homosexuales siempre tienen el “derecho a vivir”.

En Kuwait, incluso cuando el Tribunal Constitucional anuló una ley que penalizaba la “imitación del sexo opuesto”, la vida cotidiana de las personas transgénero sigue sujeta al estigma, la violencia y el abuso.

En América Latina, la noticia más negativa proviene de Panamá, donde la Corte Suprema rechazó el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, alegando que esta demanda no puede interpretarse como un derecho humano. Este es un argumento bien conocido del ultraconservadurismo religioso y secular que descalifica los reclamos de derechos humanos con respecto a la sexualidad como “nuevos derechos que no se pueden justificar”.

En Venezuela, donde están anunciadas elecciones conturbadas, como informa El País, el Chavismo abraza el conservadurismo religioso. En tal contexto, en Carabobo, una blitz policial invadió un lugar privado donde se hacia una fiesta y 30 hombres gays han sido imputados. Ese episodio tiene similitudes con el raid del Queen Boat en el Cairo, en 2001.

Buenas Noticias

Como siempre, a pesar de las muchas sombras, hay buenas noticias que informar. Entre las más significativas, la aprobación definitiva, en febrero, por el Congreso de España, de la ley que amplía los derechos de las personas transgénero, autorizando la libre autodeterminación de género a partir de los 16 años (más información en el artículo de El País). También nos complace informar que la Comisión Africana de Derechos Humanos aprobó, en marzo, una resolución que condena las cirugías para niñes intersexuales como una violación del derecho a la diversidad corporal.

En Kenia, donde la situación de los derechos LGBTQIA+ está empeorando, la Corte Suprema falló a favor de la Comisión Nacional por los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas, que es una plataforma de la sociedad civil, anulando la denegación de registro al grupo establecida en 2013. En Namibia, donde la homosexualidad aún está criminalizada, según se informó en The Guardian, el Tribunal Supremo reconoció la legitimidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo realizados en el extranjero.

En Asia, un tribunal de Corea del Sur revocó una decisión de un tribunal inferior que impedía que las parejas del mismo sexo compartieran el mismo plan de salud. El caso será llevado a la Corte Suprema y podría extender las prerrogativas civiles de las parejas del mismo sexo. En Taiwán, en mayo, el Parlamento aprobó una ley que otorga a las parejas del mismo sexo el derecho a adoptar. En Hong Kong, a pesar de la creciente represión del activismo LGBTQIA+ en China, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley que exigía la cirugía de reasignación de sexo como condición para cambiar la identidad social de género en la cédula de identidad. Y, a fines de junio, la Corte Suprema de Nepal en una decisión histórica, determinó que los matrimonios entre personas del mismo sexo serán reconocidos en todo el país, aun cuando el código civil define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Así, la Corte allana el camino para que la igualdad sea prevista en la ley en el futuro. Con esta decisión, Nepal se convierte en el segundo país del continente en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y una vez más juega un importante papel pionero en términos de política sexual, después de la igualmente importante protección de las personas LGBTQIA+ conferida por la Constitución de 2008 (más información en artículo de Human Rights Watch).

En las Islas Cook, el Parlamento despenalizó la homosexualidad al aprobar la reforma del derecho penal heredado de la colonización británica. Y finalmente, en Brasil, se anunció el modelo de una nueva cédula de identidad nacional que elimina el campo “sexo”, así como la distinción entre nombre de registro civil y nombre social.

Aborto y derechos reproductivos

Estados Unidos

En los EE. UU., ha pasado un año desde que la decisión de Dobbs anuló el fallo de 1973 que reconocía la constitucionalidad del derecho al aborto. Françoise Girard analiza en detalle la devastación provocada por la decisión en la vida de mujeres de todas las edades, clases y grupos raciales. Pero también llama la atención la resistencia de gobernadores y legisladores (federales y estatales). Sobre todo, destaca que todas las encuestas de opinión y referéndums realizados sobre la materia desde 2022 han reafirmado el apoyo público al derecho al aborto. Recomendamos tanto la recopilación de observaciones iniciales sobre el fallo Dobbs que hicimos hace un año como una nueva selección de artículos y análisis de sus impactos.

En el contexto post Dobbs, el acceso al aborto farmacológico, regulado en el país desde hacía más de 20 años, se volvió crucial y, previsiblemente, rápidamente se judicializó. El litigio comenzó con una decisión de un juez federal de Texas que suspendió la comercialización del fármaco mifepristona a principios de abril, medida que sería revocada por el Tribunal Federal regional, que, sin embargo, no restableció las condiciones originales de acceso. A mediados de abril, la Corte Suprema ha restablecido temporalmente, por mandato judicial, pleno acceso a la droga.

Esta decisión fue desconcertante, ya que fue apoyada por la mayoría de les jueces conservadores de la corte, con la excepción de Samuel Alito y Clarence Thomas. Para algunes, podría explicarse por la influencia de los poderosos intereses comerciales de la industria farmacéutica. Sin embargo, hay que decir que la decisión puede ser revocada en el futuro. En un artículo para el NYT, Michelle Goldberg anunció, por ejemplo, que el campo conservador tendría planes para resucitar la Ley de Obscenidad del siglo XIX (Ley Comstock) para lograr este objetivo. La Ley Comstock se utilizó a principios del siglo XX para enjuiciar y criminalizar a las feministas que promovían el acceso a la anticoncepción, como Margareth Sanger y Emma Goldman. Además, las restricciones al derecho al aborto siguen ampliándose en varios Estados, como Florida, Carolina del Sur, que criminalizaron el aborto después de las seis semanas de gestación – y en Wyoming, que aprobó la primera ley penalizando la prescripción, venta y distribución de abortos con medicamentos.

Otros países

En Brasil, se anunció recientemente que la acción conocida como ADPF 442/2017, que cuestiona la constitucionalidad de los artículos del Código Penal que penalizan el aborto, aún podría ser este año puesto en juicio. Al mismo tiempo, se registran delitos contra el derecho al aborto legal consagrado en la ley. En Alagoas, la Cámara de Maceió aprobó una ley que determina el uso en la red pública de videos que muestren los riesgos y consecuencias del aborto legal, acción claramente destinada a impedir el acceso al procedimiento. Y, en Santa Catarina, las abogadas que actuaron en defensa de la niña de 10 años, cuyo aborto legal tras violación fue atacado por sectores conservadores, fueron acusadas.

Desde El Salvador llegó la noticia de que el caso Beatriz, que está siendo juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tiene buen pronóstico. Es muy posible que el Estado salvadoreño se vea condenado a reparar a la familia de la joven fallecida por complicaciones de un embarazo de alto riesgo que no fue autorizado a interrumpir y a adoptar medidas de no repetición, lo que significa suspender las actuales restricciones draconianas al aborto. Existe un amplio consenso entre les especialistas en que la decisión del caso Beatriz cambiará positivamente la jurisprudencia de la Corte en relación con el derecho al aborto.

Desde Perú, a su vez, llega la noticia de que el Estado ha sido condenado por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU por haber impedido que la joven Camila interrumpiera un embarazo producto de una violación. La decisión recomienda al Estado peruano revocar la penalización del aborto en todos los casos de embarazo infantil (menores de 14 años), así como garantizar la implementación de servicios de atención al aborto incompleto. Vea lo que dicen los datos sobre embarazos infantiles en Perú. Costa Rica, a su vez, ha recibido una mision de la Relatora Especial de Salud, Tatleng Mofokeng, cuyo relatório final recomendó la varias medidas de expasion y mejoría del acceso a la salud, enfasis en los drechos sexuales y reproductivos ahi incluída la despenelización delaborto.

Argentina y Honduras adoptaron políticas para garantizar el acceso a medicamentos esenciales para el ejercicio de los derechos reproductivos. En el país sudamericano, en marzo, el ente regulador autorizó la venta de mifepristona en farmacias, dando cumplimiento a una disposición de la ley que legalizó el aborto en 2020. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro firmó, en el Día de la Mujer (8 de marzo), un decreto que libera la venta de la píldora del día después, que estaba prohibida en el país desde 2009.

Así mismo en Brasil hay buenas noticias: el tribunal de justicia autorizó el procedimiento en mujeres embarazadas cuyo feto no tiene viabilidad extrauterina, tras el rechazo del procedimiento en un tribunal de primera instancia. El tribunal argumentó que la negativa significaba “doble castigo” a la mujer embarazada y “penalización de la interrupción del embarazo”, posición que, según un informe de la UOL, es muy común entre los jueces de primera instancia del estado de São Paulo. La segunda noticia muy positiva es que el Comité de la ONU, al revisar las políticas nacionales, recomendó al Estado brasileño que el aborto sea despenalizado en el país.

Finalmente, en junio, el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro – CLACAI – realizó su conferencia regional sobre el Derecho al Aborto en Panamá, reuniendo a cientos de activistas, investigadores y profesionales de la salud. El País publicó un buen artículo sobre el evento y sus principales debates.

Lamentablemente, una vez más destacamos malas noticias de Polonia: el número de mujeres que mueren como resultado de la denegación del procedimiento de aborto sigue aumentando. En mayo, miles de personas salieron a las calles a protestar por la muerte de Dorota Lalik, quien tenía 33 años. Sin embargo, hay buenas noticias para destacar en América Latina.

#MeToo

Más de cinco años después, las huellas y los efectos del #MeToo siguen su curso. A nivel transnacional, se desató una nueva ola a raíz de un artículo publicado en el libro Sexual Misconduct in Academia, de la editorial Routledge, en el que tres académicas –una belga, una estadounidense de origen indígena y una portuguesa– denuncian un fuerte ambiente de acoso moral y sexual en el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra, dirigido por el sociólogo Boaventura dos Santos.

El caso ganó visibilidad a raíz del manifiesto Todas Sabemos, lanzado por feministas portuguesas en abril, que derivó en nuevas acusaciones, incluso por parte de una diputada estatal de Minas Gerais. La repercusión fue grande, sobre todo en América Latina, donde la influencia del sociólogo es amplia; dos Santos de inmediato reaccionó a las acusaciones (ver una compilación parcial de informes sobre el caso). A pesar de la gran visibilidad, en julio de 2023, como informa una nota en el sitio web de Buala, aún no se había establecido una comisión de investigación independiente en el CES y, como resultado de una demanda, Routledge retiró el libro de circulación.

En Brasil, la Folha publicó material basado en un estudio inédito sobre las acciones judiciales contra el acoso sexual que corren en la Justicia Militar, es decir, se refieren a casos de violación y abuso ocurridos en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Una característica de estos procesos es la lentitud y procrastinación, así como la falta de transparencia en cuanto a las sanciones aplicadas a los agresores. Cabe mencionar que un patrón equivalente puede identificarse en muchos otros casos de denuncias por acoso sexual, como, por ejemplo, el caso CES reportado anteriormente.

Prostitución

En Portugal, las trabajadoras sexuales celebraron la decisión de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional la tipificación como delito del proxenetismo. Y en Colombia, la nueva estructura del Ministerio de Igualdad incluyó una unidad específica para dar respuesta a las demandas y necesidades de las trabajadoras sexuales.

Despedidas

En marzo, la salida de Jorge Beloqui significó la pérdida de un líder insustituible en la lucha contra el SIDA en Brasil y Argentina. La muerte de Jorge fue lamentada en notas públicas del Consejo Nacional de Salud y la Agencia de noticias sobre el SIDA. En una carta abierta de despedida, ABIA definió a Beloqui como “defensor de la búsqueda de la comprensión de hechos y verdades a través de la evidencia científica” y “dueño de una visión relevante del escenario global de la respuesta al SIDA en el mundo”.

En mayo murió el genetista Thomaz Gollop. Su partida fue lamentada en una carta abierta firmada por varias feministas que recordaron sus cualidades como “científico y profesor, que abrazó la lucha por los derechos reproductivos en Brasil con competencia y espíritu colectivo”.

Arte y Sexualidad

En este número, recordamos a dos artistas excepcionales que nos dejaron en la primera mitad de 2023. En un artículo, Sonia Corrêa escribe sobre el lugar de Rita Lee y Tina Turner en su vida.

Recomendamos

El libro La Reacción Patriarcal, publicado en España en 2021, fue lanzado en la reunión de Antropología de Mercosur que tuvo lugar en Universidad Federal Fluminense en Niterói, Brasil. Cuenta con artículos de várias feministas latinas, incluso tres brasileñas: Flavia Melo, Jacqueline Teixeira e Sonia Corrêa. En septiembre va ser lanzado en América Latina por Abya Yala.

Recursos

Leyes y Sombras – Clacai

Una mirada al sistema de Justicia Uruguayo – MYSU

Multimedia

Seminario Mapeando y resistiendo el fantasma del género en América Latina

América Latina anti-género Argentina Brasil conservadurismos Criminalización derecho al aborto Derechos Humanos Derechos reproductivos Derechos sexuales derechos trans desdemocratización Economía política Ecuador EEUU Feminismos intersexo LGBTQIA macropolítica México ONU religiones Sexualidades ultraderecha VIH/SIDA Violencia