por Paula Guimarães
“Esta chica necesita tranquilidad y nuestra decencia”. (Debora Diniz)
Permítanme presentarme: soy Paula Guimarães, cofundadora del Portal Catarinas y actual directora ejecutiva. Hace unos quince días tuve acceso al vídeo que dio lugar a un reportaje publicado en colaboración con Intercept. Al mirarlo, al principio sentí una conmoción paralizante al ver las imágenes por la crueldad de los diálogos, marcados por la asimetría de poder. Pero, lo que vino después fue una fuerza que me movilizó a un ritmo acelerado en la producción del informe. Una fuerza basada en el dolor, la revuelta y, al mismo tiempo, la solidaridad con esa familia y tantas otras que podrían estar en ese lugar.
La garantía del derecho de una niña, víctima de una violación y revictimizada por la justicia, me trae una sensación de misión cumplida, aunque la historia tenga una dimensión trágica por la sucesión de violaciones y la prolongación del sufrimiento. Hay que subrayar que el embarazo infantil forzado es considerado como tortura por las organizaciones internacionales de derechos humanos.
En tiempos difíciles como los actuales, en los que los discursos reaccionarios han caucionado las acciones de la fiscal y de la jueza involucrada en el caso, es muy bueno ver que el periodismo tuvo un profundo impacto en el resultado final del caso, lo que nos llena de esperanza. Al mismo tiempo, muestra el reto que tenemos por delante, en un contexto de persecución institucional e incluso gubernamental de los periodistas y defensores de los derechos que realizan esta confrontación.
El aborto legal en el caso de violación es un derecho garantizado incluso mucho antes de la Constitución de 1988. Está inscrito en el Código Penal desde hace 82 años. El mismo código define las relaciones sexuales con menores de 14 años como violencia presumida. El caso es paradigmático pues reveló como operan requisitos infra legales, que no tienen rango de ley y, especialmente, lanzó nuevas luces sobre sobre el tabú que pesa sobre el tema de la edad gestacional.
La chica, que vive en una ciudad pequeña de Santa Catarina, llegó al Hospital Universitario de la capital, Florianópolis, con 22 semanas y dos días de gestación. Fue devuelta a su casa al día siguiente y su madre fue orientada a volver con una autorización judicial para que se pudiera hacer el procedimiento. Esa recomendación hecha por el equipo médico se basó en la Norma Técnica del Ministerio de Salud que recomienda, pero no obliga un límite de 22 semanas para el aborto en caso de violación. El Código Penal, a su vez no establece límites de edad gestacional.
Sin embrago, la autorización fue negada. Además, la jueza, como muestra el video que asistí, ha coartado abiertamente la niña para llevar el embarazo a termo. Y, para garantizar que su absurda decisión fuera cumplida la clausuró en un refugio para niñez em situación de riesgo, mismo cuando su madre la quería de vuelta a la casa.
La niña tenía diez años. Quedó atrapada en un refugio para no acceder a un derecho asegurado por la ley. Lejos de su madre en el momento en que más necesitaba ser abrazada y consolada. Tras permanecer más de un mes en el refugio, volvió al hospital ya ahora con once años. Con 29 semanas de gestación, finalmente, por efecto de una intervención del Ministerio Público Federal, pudo hacer el procedimiento que como se dicho está garantizado por la legislación brasileña.
Fue la repercusión nacional y internacional del caso, hecha con base en informaciones y interpretaciones consistentes y ética por diversos vehículos periodísticos que llevó a la actuación positiva de los órganos de protección de las garantías legales del Estado. Al día siguiente de la publicación del primer informe periodístico sobre el caso, publicado en Intercept, el Tribunal de Justicia reconsideró la decisión de la jueza y concedió la solicitud de medida cautelar de alejamiento de la niña, que había sido denegada anteriormente. Dos días después de la publicación, el Ministerio Público Federal recomendó al hospital realizar la interrupción sin ningún impedimento, aplicando el artículo 128 del Código Penal.
La recomendación del MPF fue: que se cumpla la ley y que los médicos no tengan miedo de atender la niña. El llamamiento hecho por por expertos del ámbito jurídico, médico y antropológico dio respaldo a los médicos del equipo del Hospital Universitario que es una referencia en el servicio de aborto legal.
“No es casualidad que estemos frente al caso de una niña de once años. Es, en efecto, el cuerpecito frágil al que se enfrenta a una medicina que tiene miedo de cuidarla. Necesitamos médicos y médicas con el valor de cumplir con su deber. Los médicos y las médicas saben cómo realizar un aborto de forma segura. El aborto es un procedimiento médico definido por la Organización Mundial de la Salud como procedimiento de bajo riesgo (…) Es una necesidad sanitaria (…) Necesitamos un poder judicial que no obstaculice la atención, que no intimide a los médicos”, dijo la antropóloga Débora Diniz en Globo News, un día antes del procedimiento,
La garantía de democracia sólo es posible cuando los poderes públicos son comprometidos con los derechos fundamentales y los derechos humanos. En línea con lo que dijo la antropóloga, necesitamos profesionales que demanden la garantía de esos derechos de las autoridades y que cuestionen el poder de las mismas cuando el es arbitrario y discriminatorio, cuan se ejerce al margen de la ley. Necesitamos cada vez más un periodismo comprometido, que tenga la valentía de llevar a cabo denuncias como ésta de modo a alterar las estructuras de una sociedad marcada, entre otras desigualdades, por la condición social, la raza y el género.
Agradecemos a Intercept, especialmente a nuestras compañeras Bruna de Lara y Tatiana Dias, por la oportunidad de trabajar de forma colaborativa, profesional y comprometida en el ámbito de los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Y agradecemos también a nuestras lectoras y lectores por el apoyo al Portal. Catarinas.
Publicado originalmente en Portal Catarinas e traducido por el equipo de SPW.