por Jaime Barrientos
Chile comienza el año 2018 con la visita del Papa Francisco. El país recordaba la anterior visita de Juan Pablo II quien, en pleno periodo militar, convocó a millares de personas en las calles de todo el país que salieron en masa a recibir al pontífice.
Sin embargo, este 2018 las cosas serían totalmente distintas respecto a aquella anterior visita. La Iglesia Católica chilena recibiría al actual pontífice en medio de una grave crisis de credibilidad, debido al manejo, por parte de la jerarquía, de las denuncias de abusos sexuales por parte de sacerdotes. La crisis alcanzaría su peak cuando, en mayo del 2018, toda la jerarquía sería llamada al Vaticano para reflexionar sobre la crisis y sus alcances. Hasta esa fecha, jamás la Iglesia Catolica chilena había vivido momentos tan bajos. Días después de este encuentro, los 34 obispos presentarían una carta de renuncia al Papa.
La mayoría de los chilenos recuerda el rol importante y fundamental que jugó la Iglesia Católica durante la Dictadura, protegiendo a muchos hombres y mujeres perseguidos por los militares. Una vez retornados a la democracia, la Iglesia jugó también un rol importante en la vida social y política nacional, muchas veces ralentizando los avances en materia de derechos. La Iglesia era vista como un interlocutor válido y legítimo por la clase política gobernante, ya que muchos políticos recibieron protección y apoyo por parte de ella en la época de Pinochet. Así, sucedió desde los 90´ hasta la aprobación de la ley de divorcio en el 2004. La Iglesia era apreciada, escuchada y sus argumentos, muchas veces usados para el debate público nacional. Sin embargo, ese mismo año 2004, se presentaron diversas denuncias contra el sacerdote Fernando Karadima, líder espiritual y formador de muchos jóvenes de la clase alta del país. De allí en adelante, lentamente, diversas denuncias comienzan a ser hechas contra sacerdotes. Algunas alcanzaban visibilidad pública, la mayoría no.
Y llegamos al 2018 y el país comenzó a escuchar, de forma paralela al movimiento #MeToo liderado por mujeres estudiantes universitarias, un conjunto de nuevas denuncias contras diversos sacerdotes en todo el país. Siguen los maristas, aparecen igualmente algunos jesuitas cuestionados. En fin, las denuncias siguen y siguen. A la vez, se cuestiona el manejo de dichos casos por parte de la jerarquía. Se habla con fuerza por primera vez de encubrimiento. Se critica cómo el Papa afronta la situación de un conocido Obispo, Juan Barros, acusado de encubrir al sacerdote Karadima, cuando se le pregunta sobre ello en su visita a Chile.
Paralelamente, el mismo 2018, la actriz transgénero Daniela Vega, protagonista del film “Una mujer fantástica” encumbra al país en las premiaciones de Hollywood, cuando Chile por primera vez en su historia gana un Oscar al mejor film en lengua extranjera. Lo “trans” pasa a ocupar primeras planas de periódicos, TV y radio. La visibilidad de las personas transgénero está por todos lados y se discute una ley de identidad de género. Y, la Iglesia que poco había participado del debate reciente en materia de argumentación pro/contra leyes, se pronuncia sobre el tema trans. El Obispo de la ciudad de Santiago, máxima figura de la jerarquía de la Iglesia Católica en el país, Ricardo Ezzati, declara, cuando se le pregunta en relación al derecho de las personas trans de cambiar su nombre y sexo legal, que “más allá del nominalismo, hay que ir a la realidad de las cosas. No porque a un gato le pongo nombre de perro comienza a ser perro (…) El tema fundamental no es simplemente la edad, es algo más profundo.” Las críticas de todas partes arrecian, fulminando al obispo quien días después intenta retractarse y explicarse. Incluso, desde dentro mismo de la iglesia, se critica su poco tacto y su torpeza en este tema. Un poco tiempo después, la Fiscalía Nacional que investiga las denuncias contra sacerdotes, lo cita a declarar como imputado por encubrimiento de abuso sexual. Este sería uno de los momentos más duros que la Iglesia Católica chilena jamás pensó vivir. La máxima cabeza de la Iglesia Católica chilena está siendo investigada y cuestionada.
En el mismo tiempo, el fiscal que investiga las denuncias de abusos sexuales en la Iglesia chilena casos contra sacerdotes, declara que se habrían destruido pruebas contra casos de abusos. En otras palabras, el encubrimiento habría seguido un método y habría sido organizado.
Hasta ahora, año 2018, según un reciente catastro entregado por la Fiscalía Nacional, habría un total de 158 obispos, sacerdotes y laicos que han sido o están siendo investigados por abusos sexuales en Chile desde 1960. Asimismo, la Fiscalía declara que tiene constancia de un total de 266 víctimas, 178 de ellas niños, niñas y adolescentes de abusos sexuales por miembros ligados a la Iglesia Católica, y mantiene abiertas 36 investigaciones, mientras que 108 ya terminaron.
La Iglesia Católica chilena vive sus momentos más bajos. El silencio es casi total. La Fiscalía sigue investigando y haciendo un conjunto de diligencias requeridas para el proceso. Además, las críticas negativas contra la Iglesia son relativamente unánimes en el país y, por primera vez, el país asiste atónito a una Iglesia muda. Algunos sacerdotes piden una renovación total de la jerarquía. El Papa aún no decide sobre la situación de varios de los obispos que presentaron su renuncia en su visita al Vaticano en mayo.
El país no obstante sigue su camino. El 2018 asume Sebastián Piñera (centroderecha) por segunda vez el mandato del país. El país avanza en políticas neoliberales. Asimismo, se discute la aprobación estos días de la ley de identidad de género y las mujeres organizadas demandan un ampliación de la ley de aborto por tres causales, mientras la Iglesia Católica que, anteriormente tanto se opuso en materias de derechos, hoy en día no logra levantar la cabeza, articular voz y oponerse a estos nuevos avances en materia de derechos para chilenos y chilenas.
Pase lo que pase, luego de esta crisis, la Iglesia Católica chilena jamás volverá a ser la misma y nunca volverá a habitar el lugar que ocupó antes en la vida nacional.
Chilenos y chilenas esperamos con ansiedad cambios y somos conscientes que la geografía social y política del país, con una Iglesia desprestigiada y deslegitimada, jamás volverá a ser la misma.
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Jaime Barrientos es doctor en Psicología Social y actualmente Profesor Asociado de la Facultad de Psicología en la Universidad Alberto Hurtado. Sus temas de investigación se centran en la violencia homofóbica, el impacto de los prejuicios y la discriminación en la salud mental de gays, hombres y lesbianas. Además, ha realizado investigaciones sobre MSM y MtF en Chile y también ha adaptado y validado diferentes medidas sobre la violencia homofóbica en el país. Su más reciente libro es La violencia homofóbica en América Latina y Chile (El buen aire, 2015).