Diana Maffía
La posición de la Iglesia Católica no ha sido uniforme en América Latina en relación a los derechos humanos, como bien lo ilustra el diverso compromiso que sus representantes asumieron en relación a las sangrientas dictaduras de la segunda mitad del siglo XX. Desde las posiciones cercanas al marxismo que inspiraron formas novedosas de desarrollo teológico, hasta afirmaciones preconciliares que en lenguaje y acción emulan a la Inquisición, encontramos una Iglesia que acompaña los movimientos populares emancipatorios y también una que establece alianzas criminales con los genocidas. No es sencillo entonces responder cuáles son los cambios que en derechos humanos implica un papa latinoamericano. Pero quizás es más uniforme la postura en relación a los derechos sexuales y reproductivos, ya que incluso la Teología de la Liberación tiene posiciones tradicionales y misóginas sobre el papel de las mujeres y su autonomía.
Cuando en 1995 la ONU realizó la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, hubo un profundo quiebre geopolítico en las demandas. El liderazgo de los reclamos en derechos sexuales y reproductivos lo llevaba Europa, pero con una clausura sobre cualquier debate en relación a las diferencias económicas de las distintas regiones para responder a las obligaciones estatales que significaba la plenitud de esos derechos. América Latina, en cambio, llevaba el tema de la pobreza; y en la preparación de los contingentes de mujeres tuvo mucha incidencia la Iglesia Católica, que se negó a incluir las demandas de derechos sexuales y reproductivos. Allí se vivió entonces la tensión de no poder discutir los derechos al propio cuerpo y a la propia autonomía en contextos de pobreza y opresión. Una tensión que expresa la complejidad del continente en el reclamo de sus derechos, que atraviesa su feminismo con demandas de clase, de etnia, de color, de edad, y que no puede reclamar asépticamente derechos desencarnados.
El papa Francisco con sus gestos personales de austeridad pone en cuestión los privilegios desmesurados, reniega de la distancia de un protocolo costoso y estéril, produce un fuerte descentramiento del sujeto europeo como representante de la humanidad, llama a los sacerdotes a compartir las condiciones de vida de su grey, todos efectos que están conmoviendo a la comunidad católica sacudiendo un hábito que al criticarlo se muestra como injusto. También explicita que dos de las principales lacras no serán toleradas: el silencio y el encubrimiento frente a los escandalosos abusos sexuales, y la corrupción económica y alianzas mafiosas de las finanzas del Vaticano.
En relación a las mujeres, sin embargo, el actual papa reafirmó las críticas del Vaticano formuladas por su antecesor Benedicto XVI hacia la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas, que representa a más del 80 por ciento de las 57.000 monjas católicas en Estados Unidos. Se las acusó de tener “graves problemas doctrinales” y promover “temas feministas radicales incompatibles con la fe católica”, criticando especialmente su postura flexible en temas como anticoncepción y homosexualidad. Las monjas, que gozan de un amplio apoyo entre los católicos norteamericanos, tuvieron una entrevista con el actual director de la Congregación para la Doctrina de la Fe (ex Inquisición). El departamento doctrinal criticó a la Conferencia por desafiar a obispos y por permanecer “callada sobre el derecho a la vida”, diciendo que no había tenido una “visión bíblica de la vida familiar y la sexualidad humana” como tema central en su agenda.
Las monjas apoyaron la reforma de salud del presidente Barack Obama, en la que se incluye un seguro obligatorio de cobertura de métodos anticonceptivos, mientras que los obispos del país se opusieron a ella. Obispos que, es bueno resaltar, encubrieron graves casos de pedofilia y produjeron un enorme desgaste de la investidura religiosa ante la opinión pública. En su llamado de atención a las monjas para que permanecieran bajo la autoridad de los obispos, el Vaticano reconoce y resalta su trabajo pastoral con los pobres y enfermos.
Este episodio nos muestra con claridad el lugar de las mujeres en la iglesia, que por motivos dogmáticos no forman parte del sacerdocio y no participan por tanto en igualdad de condiciones con los varones en la interpretación de los preceptos bíblicos y las reglas pastorales. También muestra la reluctancia del actual papado a reconocer los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Y por último, ilustra la separación entre el tema de la pobreza y el de los derechos sexuales que casi 20 años después de Beijing sigue fracturado en los discursos pero trágicamente unido en los cuerpos de las mujeres de América Latina. Esta dicotomía entre el compromiso con los pobres y la oposición al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se expresa en el apoyo enfático del obispo Bergoglio a los llamados “curas villeros”, que trabajan en los asentamientos urbanos con aquellos olvidados de la política pública tales como los jóvenes sin educación ni empleo adictos al paco, y la oposición activa y simultánea al reconocimiento de derechos vinculados al cuerpo, los arreglos afectivos, las configuraciones familiares.
En Argentina el Episcopado tiene funcionarios que participan de las deliberaciones legislativas e incluso de reuniones con el poder ejecutivo para incidir en las normas y en su reglamentación y aplicación. Y esos funcionarios y sus asesores han presionado fuertemente para impedir que se legisle sobre derechos sexuales y reproductivos. Una vez promulgadas las leyes, presionan para que no se distribuyan los métodos anticonceptivos (y en algunas provincias lo han logrado, asociadas con sus gobernadores). Presionan a los profesionales médicos para que no se realicen los abortos que la ley contempla como no punibles, a los jueces para que reciban amparos a favor del “niño por nacer” y rechacen aquellos a favor de la interrupción del embarazo; y a los docentes para que no se aplique la enseñanza de educación sexual en las escuelas.
El poder de la Iglesia en Argentina se debilitó por sus antagonismos con el poder ejecutivo en la persistente denuncia de la pobreza, y posibilitó el avance de leyes progresistas como la de matrimonio igualitario y la de identidad de género. Pero la entronización de Francisco significó un acercamiento explícito de la presidenta al Vaticano, que tuvo como inmediata consecuencia la visita del nuevo Arzobispo de Buenos Aires (que reemplaza a Jorge Bergoglio en este cargo) para pedir que no se avance con la reforma del Código Civil que contemplaba una ampliación del derecho de filiación para las parejas tanto en la adopción como en el uso de técnicas de reproducción asistida, derechos ambos que alcanzan la ampliación de las familias bajo la ley de matrimonio igualitario.
En la sociedad argentina, el impacto de la elección de Francisco es muy fuerte y está acompañado por una enorme cobertura en los medios de comunicación. La población es tradicionalmente católica pero con poco compromiso por las observaciones doctrinales. El hecho de que el nuevo papa expresara una postura opositora políticamente al gobierno nacional mientras se desempeñaba como Arzobispo, tiñe este impacto comunicativo de otras intenciones en la tensión de poder en un año electoral. De hecho, los principales alfiles políticos del ejecutivo nacional tuvieron una reacción muy crítica ante la elección de Francisco, y luego debieron desdecirse cuando la Presidenta Cristina Kirchner elogió y acompañó el proceso de entronización.
Un antagonismo explícito de Bergoglio con la ley de Matrimonio Igualitario que permitió la unión de parejas homosexuales, fue un punto de contraste muy fuerte entre la política de apertura del kirchnerismo con los derechos de la diversidad y la demonización de la homosexualidad que hizo la jerarquía eclesiástica. En cambio, dado que la propia Cristina Kirchner impide el debate del derecho al aborto legal, este no es un punto de fricción y por el contrario, es un reaseguro para la oposición de la iglesia a la ampliación y ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
En este contexto, que Abuelas de Plaza de Mayo (que nunca tuvo un acercamiento a Bergoglio en Argentina, y fue una de las instituciones críticas a su asunción) haya visitado al papa , sólo indica la expectativa de que el Vaticano abra sus archivos y permita el acceso a la información de la iglesia sobre los años sangrientos de la dictadura. Algo que en Argentina nunca se hizo, a pesar incluso de los juicios por delitos de lesa humanidad.
La iglesia es muy desigual en la sanción a sus ministros, como puede verse en tres casos emblemáticos:
El sacerdote católico Christian Von Wernich fue condenado por el Tribunal Oral Federal número Uno de La Plata a reclusión perpetua por haber participado en 7 homicidios, en 31 delitos de tormento (o sea que torturaba a sus víctimas) y en por lo menos 42 privaciones ilegales de libertad (participó en el secuestro de muchas de sus víctimas).Carlos Rozanski, presidente del tribunal, subrayó que los crímenes de este cura fueron “delitos de lesa humanidad” cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar entre 1976 y 1983, en la dictadura militar argentina. A pesar de la sanción, Von Wernich goza del privilegio de ejercer el ministerio sacerdotal.
Julio César Grassi es un sacerdote católico, director de una Fundación llamada “Felices los Niños” que alojaba niños separados de sus familias, y fue denunciado por algunos de esos menores por abuso sexual. La causa contra Julio César Grassi se inició en 2002 y llegó a juicio en 2009. Se lo acusó por 17 hechos de abuso sexual y corrupción de menores en perjuicio de tres chicos de la Fundación que conducía. Fue condenado a 15 años de prisión. Solicitó la prisión domiciliaria que implicaba impedimento de contacto con la Fundación, pero incumplió las restricciones. Grassi mantiene el privilegio de dar misa y ejercer el ministerio sacerdotal.
Nicolás Alessio se ordenó sacerdote el 3 de diciembre 1981. Desde entonces ejerció un ministerio con fuerte compromiso pastoral. En 2010 se lo acusó por impartir el sacramento del matrimonio, en forma contraria a lo que dice la doctrina católica. Concretamente, por haber casado a parejas del mismo sexo o divorciadas (según sostuvo el Obispado de Córdoba, donde ejercía su ministerio). El Vaticano, a través de la Congregación para el Clero, decidió el 6 de febrero de 2013 que Alessio ya no tenga más los derechos propios del sacerdocio. Por incluir dentro del ministerio de la fe a homosexuales y divorciados, el Vaticano le quitó el estado clerical, por lo cual dejó de estar en la lista de curas católicos. Desde el 6 de febrero de 2013, ninguna de sus acciones tendrá legitimidad en el marco del dogma de fe.
El tratamiento de estos casos muy resonados en la opinión pública ilustra los compromisos de la jerarquía católica – casi siempre antagónicos de los movimientos sociales emancipatorios en materia de sexualidad y autonomía personal- y nos recuerda que el esfuerzo tranformador es tan necesario como antes de la entronización del papa Francisco. La política de austeridad y la visibilización del Sur global que encarna Francisco de ninguna manera implica un avance en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en nuestra región. Es necesario tejer estrategias múltiples y variadas para sostener avances y ganar terrenos frente al nuevo papado.