La intervención fue en Nico Pérez y la mujer falleció este sábado en Maldonado.
La ley que despenalizó el aborto, aprobada en 2012, prevé que las mujeres pueden interrumpir su embarazo en el sistema de salud hasta la semana 12 de gestación del feto. Sin embargo, la joven que falleció cursaba 19 semanas de embarazo. La mujer, oriunda de Piriápolis y madre de una niña de cuatro años, llegó al hospital de Maldonado el 29 de enero, informó el semanario La Prensa. «Ingresó con una infección generalizada con punto de partida en el aparato genital. Pueden ser muchas las causas de esta infección, entre ellas, la interrupción del embarazo hechas en forma que no se debe», informó a El Observador la directora departamental de salud de Maldonado, Mónica Otormín.
La joven falleció el sábado 20 de febrero y si bien nunca pudo declarar ante la Justicia, que investiga el caso desde que realizó la primera consulta médica en la localidad de Batlle y Ordóñez, junto a Nico Pérez, su pareja aseguró a los médicos fernandinos que se practicó un aborto en esa localidad. De todas maneras, ingresó a Maldonado con el feto aún en su cuerpo. En el hospital fernandino se le realizaron cinco intervenciones quirúrgicas pero finalmente falleció producto de la infección generalizada.
La jueza de Florida, María Fernanda Morales, solicitó a la Policía la declaración de un médico al que la pareja de la joven señaló como autor del aborto, a comienzos de febrero. El médico declaró que atendió a la joven en su casa, pero negó haberle practicado un aborto, informaron fuentes del caso a El Observador. Pocas horas después de que la joven ingresara al hospital de Maldonado, la jueza de Florida pidió al juez fernandino Gerardo Fogliacco que le envíe un informe forense sobre la situación de la paciente y su historia clínica.
El primer informe forense asegura que se le practicó «un aborto criminal», agregó otra fuente. Así se le denomina a los abortos realizados por fuera del sistema de salud. El segundo informe forense, se realizó tras su muerte.
Organización critica el servicio
La encargada del programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, Ana Visconti, recordó a El Observador que desde que existe la ley, nunca hubo una muerte por interrupción temprana del embarazo. «Nos referimos a interrupción cuando la mujer consulta antes de las 12 semanas, realiza la consulta con el equipo multidisciplinario, y luego de cinco días de reflexión se le indica la medicación y los controles anteriores», explicó Visconti. Por aborto clandestino hubo una muerte en 2013.
La asociación Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) manifestó ayer su preocupación por ambas muertes. «Es particularmente preocupante que el departamento de Maldonado registre casos de embarazos no deseados que fueron interrumpidos superando los tiempos de gravidez de 12 semanas estipulados por la ley. Recordemos el procesamiento con prisión de una mujer por practicarse un aborto de estas características en 2015. ¿Por qué los servicios de interrupción voluntaria del embarazo no fueron referenciales para dar respuesta a tiempo a estas mujeres que transitaron por embarazos no deseados? Una fue procesada con prisión, otra acaba de fallecer», expresó Mysu.