La Argentina sin Rubro. Discusiones sobre trata, prostitución y trabajo sexual
Carolina Justo von Lurzer y Santiago Morcillo*
El pasado martes 5 de julio 2011, la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner desde el Salon de la Mujer en la Casa de Gobierno anunció la promulgación del decreto 936/11 por que el se prohibe la publicación de avisos que promuevan la oferta sexual en medios de comunicación. En Argentina, varios periódicos de alcance nacional y local contaban entre sus espacios de publicidad con segmentos específicos para la oferta de servicios sexuales que desde hace tiempo eran observados por varias organizaciones de mujeres como espacios en los que se encubrían redes de explotación sexual y trata de personas. De hecho, antes de la promulgación del decreto, algunos medios provinciales ya habían decidido dejar de publicitar este tipo de servicios, y en el congreso se estaban impulsando proyectos de ley con objetivos similares al del decreto.
La medida se fundamentó en dos cuestiones de fondo: por un lado la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual – que encuentra su asidero normativo en la ley 26.364 – y, por otro lado, la lucha contra las distintas forma de violencia ejercida contra las mujeres – que tiene su expresión en la ley 26.485. Luego de su promulgación se pusieron nuevamente en escena un conjunto de debates sobre la regulación de la oferta y demanda de sexo por dinero donde se expresaron no sólo las y los actores políticos y las organizaciones feministas, sino también las organizaciones de las propias trabajadoras sexuales y de las mujeres en situación de prostitución.
En ese marco, el Grupo de Estudios sobre Sexualidades (GES) del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, organizó una charla para abrir el debate sobre las políticas públicas relativas a prostitución, explotación sexual, trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual y trabajo sexual. Participaron como panelistas dos legisladoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Diana Maffía y Laura García Tuñón-; Elena Reynaga, presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR, perteneciente a la Central de Trabajadores de la Argentina) cuyas activistas se definen como trabajadoras sexuales; y Graciela Collantes, en representación de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMMAR Capital Asociación), cuyas activistas se definen como mujeres en situación de prostitución y no consideran a esta actividad como un trabajo sino como un modo de explotación sexual.
Los disparadores para la discusión se orientaron a indagar en las implicancias políticas de la prohibición de publicar avisos de oferta sexual y debatir acerca de las modalidades de intervención que debería llevar adelante el Estado en relación con el mercado del sexo. Del intenso debate – que se extendió por más de dos horas – queremos dejar planteadas algunas cuestiones representativas de la orientación de la discusión en Argentina hoy.
Por un lado, se plantearon un conjunto de acuerdos: todas coincidieron en criticar la ausencia de políticas públicas destinadas a las mujeres en situación de prostitución y trabajadoras sexuales; también se señaló la omisión de consulta o diálogo con las organizaciones de trabajadoras sexuales y mujeres en situación de prostitución en los casos en los que se toma alguna medida vinculada a la oferta y demanda de sexo – como el decreto que dió origen a este debate-; finalmente, se planteó la necesidad de distinguir entre las diversas modalidades de inserción en el mercado del sexo -trata, explotación sexual, trabajo sexual- y el diseño de políticas específicas para cada sector. En este punto en particular, se reconocieron las dificultades que acarrea la homogeneización de las diferentes modalidades de ofera sexual bajo la figura de la trata con fines de explotación sexual.
Para Elena Reynaga dos de los problemas que complejizan esta situación son la corrupción policial y la falta de regulación del trabajo sexual, ambos impiden la luchan contra la trata y a la vez exponen a las trabajadoras sexuales al maltrato. A su vez, Graciela Collantes señaló que esta vulnerabilidad se sostiene en buena medida gracias a los códigos contravencionales (que rigen en cada provincia). Aunque en Argentina la prostitución por cuenta propia no se halla penada a nivel nacional, estas legislaciones locales habilitan los arrestos y las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad en tanto se sustentan en figuras ambiguas como la “prostitución escandalosa” o suponen fuertes restricciones a la oferta de sexo en el espacio público.
Por otra parte Diana Maffia criticó la posición de algunos medios que pretenden, bajo la excusa de ver cohartada su libertad de expresión, defender su interés de lucro afianzando la objetificación de las mujeres. La leguisladora señaló la importancia de luchar contra las imágenes de las mujeres que se proponen en los avisos de servicios sexuales a las cuales calificó como degradantes y culpables de aumentar la estigmatización.
Para Laura García Tuñon, las prohibiciones no son soluciones eficaces, pues el Estado debe legislar para todas las mujeres brindando políticas apropiadas a cada una más allá de cómo quiera reconocerse (sea como trabajadora sexual o como mujer en situación de prostitución).
Algunos de los puntos que suscitaron debate tuvieron que ver con los efectos de la prohibición de publicar avisos en tanto podría generar una mayor clandestinización y por ende hacer más complejo el rastreo de las redes de trata y a la vez incrementar los riesgos para las trabajadoras sexuales. En este sentido, se planteó el interrogante sobre cuáles eran las herramientas con que contaba el Estado para intervenir eficazmente en esta cuestión, sin generar más daños a las personas que ofrecen servicios sexuales por su cuenta.
A su vez, esto último llevó, sobre el final de la jornada, a reabrir al debate (aún no zanjado ni en el feminismo ni en el ámbito académico) sobre la posibilidad de considerar la venta de sexo como un trabajo. Es en esta discusión que se hacen presentes las concepciones de la sexualidad que subyacen a los distintos planteos: ¿es el sexo algo pasible de ser transformado en mercancía o esta transformación implica – indefectiblemente – la degradación de quien vende su sexo?. Y también esta discusión supone pensar cuál es el papel del Estado frente a la sexualidad -y particularmente frente a las sexualidades de las mujeres o subalternizadas-, ¿debe intervenir el Estado para tutelar estas sexualidades? ¿Son efectivas las herramientas de punición para luchar contra las formas de estigmatización o terminan teniendo un efecto paradojal y sosteniendo las divisiones hegemónicas entre la buena y la mala sexualidad?. Tal vez lo más importante del debate no haya sido encontrar respuestas definitivas -sin por ello desmerecer el papel findamental que tienen los consensos a los que se arribó- sino alimentar la reflexión sobre estas preguntas fundamentales.
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*Grupo de Estudios sobre Sexualidades del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (CONICET – UBA – IIIGG – GES)