El 23 de mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo circular un comunicado en el que denuncia su dramática crisis financiera por la que ha suspendido las visitas de país previstas para este año, así como sus sesiones de julio (159) y octubre (160). También prevé despedir al 40% de su personal cuando venzan sus contratos el próximo 31 de julio.
Para los movimientos de derechos humanos de la región, y especialmente para la Coalición de Organizaciones LGBTTTI con trabajo en la Organización de Estados Americanos (OEA) de la que Akahatá es parte, esta es una noticia dramática.
La CIDH es el único sistema de derechos humanos del mundo que cuenta con una Relatoría especializada en los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Creada en 2013, la Relatoría ha hecho un trabajo de gran importancia apoyando nuestras denuncias y documentando las violaciones a nuestros derechos, como en el Informe sobre violencia contra personas LGBTI en América (2015).
En sesiones como las que este año no van a ocurrir, tuvimos la oportunidad de sentar a los estados a la mesa de discusión sobre aspectos particulares de los derechos de las personas LGBT como la situación de las que están privadas de su libertad, lxs que son niñxs y adolescentes, afrodescendientes o indígenas; migración forzada y persecución a defensorxs LGBT; derechos económicos, sociales y culturales de personas trans o la situación de las personas intersex. En los últimos diez años, como colectivo organizamos además 27 audiencias para tratar situaciones de países o subregionales específicas.
Entre el personal que la CIDH se verá obligada a despedir hay muchas personas capacitadas y comprometidas con los derechos humanos, que siempre trabajaron muchas más horas de las que determinaba su contrato y que aún así nunca lograron responder a todas las quejas que recibían por violaciones a los derechos humanos porque siempre fueron muchxs menos de lxs necesarixs. Con un 40% menos de personal, es probable que la CIDH pase de la lentitud a la inoperancia. Y nosotrxs de la espera prolongada a la desprotección completa.
Según su declaración de recursos financieros 2015, la CIDH – uno de sus principales órganos de derechos humanos – absorbe apenas el 6% del presupuesto total de la OEA (mientras que el Consejo de Europa le asigna el 41.5% de su presupuesto a los derechos humanos). De los Estados miembros de la OEA, solo hicieron aportes específicos a la CIDH en 2015 Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
Como activistas de derechos humanos somos críticxs de muchos aspectos, históricos y presentes, del funcionamiento de la CIDH. Sin embargo, creemos que desfinanciar y reducir a la inoperancia a los órganos que vigilan el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los estados nunca es la solución. La CIDH necesita más participación y más recursos para que podamos exigirle más y mejores respuestas, nunca menos. También es preocupante la disparidad del presupuesto utilizado por las distintas Relatorías según el detalle de 2014 – que no estaba disponible para 2015: un 34% para la Relatoría de Libertad de Expresión mientras que ninguna de las otras nueve supera el 10% y la Unidad sobre derechos económicos, sociales y culturales consume apenas el 3.5% del presupuesto para las Relatorías.
En un momento en que la región es testigo de cambios políticos que ponen en serio riesgo los derechos humanos de grandes sectores de la población, necesitamos más que nunca sistemas de derechos humanos independientes y fuertes. En este momento no hay otro sistema de derechos humanos para toda la región y el contexto hace cada vez más difícil pensar que pueda surgir uno en el futuro próximo. Sin la CIDH – o con «la mitad de la CIDH» – una vez más, perdemos los pueblos.
Hacemos un llamamiento
- Al Secretario General de la OEA para que evalúe seriamente el funcionamiento de las estructuras de la CIDH y aplique los recortes presupuestarios sobre aquellas cuya funcionalidad actual sea menor.
- A Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y Uruguay que incrementen sus aportes específicos a la OEA.
- A los restantes estados miembros de la OEA a que en la próxima Asamblea General (11 al 13 de junio en República Dominicana) se comprometan a hacer aportes financieros específicamente a la OEA.
- A todas las organizaciones de derechos humanos, colectivos, movimientos, asociaciones profesionales, partidos políticos y ciudadanxs comprometidxs a pedirle a sus gobiernos que apoyen económicamente a la CIDH para que continúe velando por la plena realización de todos los derechos humanos para todas las personas en el continente americano.