“Retrasen el embarazo” fue la recomendación del Ministerio de Salud de Brasil ante el número de muertes maternas que se duplicó de 2020 para 2021
En julio de 2020, un grupo de investigadoras/es en salud reproductiva publicó un artículo en el International Journal of Gynecologists and Obstetricians (disponible en portugués) sobre la elevada incidencia de muertes maternas derivadas por la pandemia COVID-19 en Brasil, que, para entonces, poseía un promedio 3,4 veces mayor en comparación con el resto del mundo. En abril de 2021, un estudio del Observatório Obstétrico Brasileiro COVID-19 (OOBr Covid-19), divulgado por la Folha de São Paulo el día 14 de abril, informó que en las primeras 43 semanas de pandemia en 2020 fueron registradas 449 muertes en Brasil, aproximadamente 10 muertes maternas en cada semana. Por otra parte, en las 13 primeras semanas de 2021, fueron registrados 289 óbitos, lo que significó un incremento de más del 100% (alrededor de 22,2 muertes maternas por semana).
Casi un tercio de esas muertes maternas pueden ser atribuidas a la falta de asistencia adecuada, en particular por la falta de camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) e intubación. Este cuadro es especialmente mortífero considerando las desigualdades regionales. En Pará [Norte de Brasil], por ejemplo, casi mitad (46%) de las embarazadas que murieron por COVID-19 no tuvieron acceso a cuidados intensivos. Se han registrado situaciones dantescas, como la administración criminosa de hidroxicloroquina inhalable en embarazadas y puérperas, lo que pudo haber llevado a la muerte de algunas. En el Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu, en Manaus. La “técnica experimental”, más bien comparada a un experimento nazi, fue realizada por una pareja de médicos que apoyan el “tratamiento precoz” [promovido por el gobierno brasileño] y violó todas las normas éticas y buenas prácticas nacionales e internacionales. Según la investigación de la Folha de São Paulo, solamente dos pacientes firmaron el acuerdo de consentimiento, de las cinco que fueron sometidas a la nebulización, y cuatro murieron. Todavía más aterrador es el hecho de que el video de una de las pacientes durante la nebulización está siendo utilizado como propaganda del tratamiento precoz aun después de su muerte por miembros del Ejecutivo en las redes bolsonaristas. El ministro de la Secretaria-General de la Presidencia, Onix Lorenzoni, fue uno de los principales propagadores del video que ya tuvo más de 132 mil visualizaciones.
Frente a esta obscenidad, el Secretario de Atención Primaria a la Salud, Raphael Câmara, – conocido por sus posiciones racistas, contra los derechos sexuales reproductivos, el repudio al término ‘violencia obstétrica’ – no hizo si no repetir lo que había dicho Marcelo Castro, Ministro de Salud del gobierno Dilma, cuando en 2015 eclosionó la epidemia de zika en Brasil y las relaciones entre el virus y la microcefalia se establecieron: que las mujeres se arreglaran como pudieran para no quedar embarazadas.
En la oportunidad, Dr. Castro declaró que “sexo es para novatos y reproducción es para profesionales”. Sonia Corrêa, en un artículo sobre la relación entre la crisis sanitaria entonces instalada y los derechos reproductivos, observó que esa declaración infeliz, escondían las pésimas condiciones de saneamiento y los problemas de funcionamiento y eficacia del SUS – que, en gran medida, explicaban la escala y efectos del brote de zika – y, al mismo tiempo, reiteraba la ideología clásica que, de un lado, atribuye a las mujeres la responsabilidad exclusiva por la reproducción y, del otro, restringe su autonomía sexual y reproductiva.
Corrêa también señaló el contraste flagrante entre esa declaración y la posición manifestada por el Ministro de Salud de Colombia con relación a los efectos reproductivos de zika y el derecho a la interrupción del embarazo en el contexto de la crisis. Esa discrepancia sería posteriormente confirmada por el estudio coordinado por la London School of Economics, cuyos resultados fueron publicados en el artículo “Analysing the intersection between health emergencies and abortion during Zika in Brazil, El Salvador and Colombia”. Esa investigación informa que no hubo inversión sustantiva del Ministerio de Salud o de las Secretarias estatales y municipales de salud para ampliar el acceso a contraceptivos en las áreas más afectadas durante la epidemia de zika en Brasil. Tampoco se registró un debate institucional decente sobre la posibilidad de interrupción de la gestación en una situación de emergencia sanitaria reproductiva. Todos los registros y debates sobre la defensa de la autonomía de las mujeres fueron promovidos por organizaciones feministas.
Es evidente que ese patrón nefasto no apenas se repite hoy, sino que es superado con creces. El número excesivo y creciente de muertes maternas registradas en Brasil desde 2020 debe ser contundentemente atribuido a la política de negligencia deliberada en la respuesta a COVID-19 que fue adoptada por el actual desgobierno y, por lo menos en algunos casos, el óbito fue causado por la política criminosa del ineficaz “tratamiento precoz”. No obstante, poco sabemos sobre cuales han sido los impactos de la pandemia en el número de abortos clandestinos e inseguros y sus efectos sobre la salud y vida de las mujeres. El caso de la niña de 13 años, víctima de violación y embarazada de 31 semanas – en condiciones decentes podría haber tenido acceso a un aborto legal – que murió en Medicilância (Pará) por complicaciones de COVID-19, es en ese sentido, apenas la punta de un iceberg que empezamos a explorar.
Imagen: Isma Gul Hasan, Quarantzine 03