Un año de COVID-19: la política sexual en tiempos de pandemia

Primeras palabras

Con el reto de ajustar nuestras lentes a las condiciones del COVID-19 en 2020, suspendimos nuestros boletines mensuales y empezamos una serie de Ediciones Especiales que buscan situar la política sexual en el escenario de la pandemia. En este nuevo formato editorial, el material recopilado y seleccionado fue organizado en relación a las dimensiones económicas del COVID-19 y las respuestas políticas de los Estados a la crisis. También identificamos y publicamos análisis relevantes que ven la pandemia como una crisis biopolítica y, sobre todo, examinamos sus efectos en la política sexual.

En marzo-abril de 2021, cuando se completó el primer año del brote de la pandemia en Brasil, pensamos que podría ser productivo hacer un balance de ese año, que, de hecho, no terminó, seleccionando y combinando contenidos de ediciones anteriores para ofrecer una visión general de este primer ciclo de la crisis del COVID-19 en relación con estos diversos ángulos y dimensiones.

¡Nuevo!

Con el fin de diseminar los resultados de los esfuerzos de investigación del proyecto Género & Política en América Latina (G&PAL), ofrecemos la serie de libros Políticas antigénero en América Latina publicada en febrero de 2020 en un nuevo formato. Los once estudios sobre las políticas antigénero en nueve países de la región, en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y sobre la genealogía del conservadorismo religioso fueran resumidos a artículos más cortos y están disponibles en línea. Accede aquí.

DESTACADOS

Autorxs invitadxs – En las tres Ediciones Especiales de 2020, contamos con el aporte de autorxs invitadxs que escribieron artículos especiales para el SPW analizando contextos y episodios emblemáticos del contexto pandémico, pero también cuestiones candentes sobre política sexual y género.

En la primera edición, Amaral Arévalo y Humberto Meza escribieron sobre cómo los Estados respondieron a la pandemia en El Salvador y Nicaragua, en el primer caso utilizando represión y arbitraje y, en el segundo, con base en una lógica negacionista que alineó al presidente Ortega con Trump y Bolsonaro.

En la segunda edición, Debjyoti Gosh trazó paralelismos entre las políticas de ley seca implementadas durante la pandemia en Sudáfrica e India. Lorena Moraes escribió sobre los problemas registrados en una encuesta nacional de prueba de COVID-19 en Brasil, incluido el acoso y la violencia contra profesionales en campo. Bárbara Sepúlveda y Lieta Vivaldi Macho informaron sobre la movilización feminista en Chile contra el nombramiento de la sobrina nieta de Pinochet como Ministra de la Mujer. También tradujimos un texto de David Paternotte sobre los límites del concepto de “backlash” para analizar las políticas antigénero.

En la tercera edición, Massimo Prearo examinó críticamente la cálida bienvenida a la declaración del papa Francisco hecha en un documental a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. En un mini anuncio interino que publicamos en septiembre, tradujimos el artículo de Andrea Domínguez sobre la nueva ola de pánico moral que estalló en relación a la pedofilia en América Latina en los meses de junio y julio. Este balance incluye el artículo de Bárbara Mendes y Pedro Pedro Barbabela sobre las candidaturas de las personas trans en las elecciones municipales brasileñas de 2020 (léa en portugués).

Las rutas letales de la pandemia

La primera ola del COVID-19 comenzó en China y se extendió por las llamadas economías centrales antes de extenderse a otras regiones. Sus efectos se han vuelto especialmente dañinos en los países del Sur global, especialmente en América Latina, que es hoy el epicentro de la pandemia, siendo Brasil el ejemplo más drástico de los impactos de la mala conducción de las respuestas estatales. Sin embargo, cuando se estaba finalizando esta edición, un artículo del New York Times (léa en inglés) señaló la posibilidad de que India esté siguiendo una ruta similar.

Entre junio y julio, a medida que se suavizaban las medidas de aislamiento en Europa, se empezó a hablar de una segunda ola en la región. En diciembre de 2020, un año después de que se registrara la primera infección del virus SARS-CoV-2 en Wuhan, el mundo tenía más de 74 millones de casos y 1,6 millones de muertes. África fue el único continente donde los impactos del COVID-19 se mantuvieron en niveles bajos (excepto en Sudáfrica), un patrón que captó la atención de epidemiólogos (ver aquí). En marzo de 2021, cuando alcanzamos la marca de más de 125 millones de casos y 2,7 millones de muertes a nivel mundial, ya se habla de una tercera ola o incluso de la posibilidad de que el COVID-19 se convierta en estacional, como otras epidemias de gripe.

A lo largo del año, un tema persistente fue la vulnerabilidad diferencial de personas y grupos en términos de exposición y letalidad del virus, evidenciada por el mayor número de infecciones tanto entre personas negras y latinxs negrxs en las Américas como entre habitantes de barrios marginales de otras regiones. El patrón diferencial de la epidemia también afecta especialmente a poblaciones indígenas, por ejemplo, en la región amazónica brasileña, pero también en comunidades de pueblos originarios de América del Norte, como sucedió en la reserva Navajo, en el suroeste de Estados Unidos. Esta tendencia revive el doloroso recuerdo de la exposición continua de los pueblos amerindios a enfermedades letales a lo largo de la historia colonial y poscolonial. Para conocer el estado actual de la pandemia, consulte aquí.

COVID-19 y la economía

La escala y velocidad de la crisis del COVID-19 están directamente vinculadas a las condiciones del capitalismo en el siglo XXI, es decir, a los efectos de las políticas neoliberales de las últimas cuatro décadas que han erosionado los derechos laborales y otras redes de protección social y deliberadamente promovieron formas de trabajo precario y la desfinanciación o privatización de los sistemas de salud. No sin razón, como señaló David Harvey, fueron los países menos neoliberales los que mejor respondieron a la crisis.

A mediados de 2020, un pronóstico de la OCDE predijo que, en las 47 economías más grandes del mundo, la caída del PBI sería superior al 8% en el año. Otros análisis registraron un marcado aumento de la desigualdad y una reducción de la calidad de vida en las regiones vulnerables, en los países más pobres y entre los grupos sociales que viven en un estado de alta precariedad. La situación de lxs migrantes (especialmente aquellxs sin papeles) se ha vuelto particularmente dramática en términos de supervivencia económica, exposición al virus, y falta de acceso a los servicios de salud.

Si bien sectores enteros de la economía fueron destruidos por el cierre y la cuarentena, las empresas de centros de llamadas, las plataformas de ventas digitales y los servicios de entrega continuaron o incluso se expandieron durante la crisis. En estos sectores no se perdieron puestos de trabajo, pero lxs profesionales sufrieron los riesgos de trabajar sin el equipo de protección adecuado, en jornadas laborales excesivas y sufriendo los riesgos de sobreexposición al COVID-19. En LatFem, Flora Partenio informó sobre cómo trabajadores de las plataformas digitales se están movilizando políticamente a pesar de las enormes restricciones en América Latina.

Además, en diversos contextos, la crisis del nuevo coronavirus ha servido de cortina de humo para ocultar patrones clásicos de explotación laboral y destrucción ambiental. En Ecuador, por ejemplo, un gran derrame de petróleo, que coincidió con el aumento exponencial del número de muertos por la pandemia en Guayaquil, no tuvo la atención mediática adecuada que hubiera tenido en otro momento.

En este escenario catastrófico, y en un porcentaje muy alto de países, las mujeres constituyen la mayoría de la fuerza laboral sujeta a regímenes precarios y, por lo tanto, fueron las más afectadas por el COVID-19. En Brasil, por ejemplo, constituyen el 82% del mercado laboral informal, y se concentran en el trabajo doméstico, la llamada economía del cuidado. No sin razón, la crisis económica provocada por la pandemia ha sido denominada shecession (“recesión de ellas”, en traducción libre), porque podría llevar a 453 millones de personas a la pobreza en 2030, de las cuales 279 millones serían mujeres (ver una recopilación).

Por otro lado, este drástico impacto diferencial de género ha dado mayor visibilidad y reconocimiento a la centralidad y trascendencia de la economía del cuidado. Esta dimensión ganó mucha visibilidad desde el inicio de la epidemia y ha sido objeto de numerosos artículos y debates. En uno de estos artículos, Helen Lewis enfatiza que el COVID-19 ha destacado ampliamente tanto la persistente división sexual del trabajo como la centralidad del cuidado. Las mujeres no solo están a la vanguardia de la respuesta sanitaria, sino que son en gran parte responsables de sustentar la vida y las personas en cuarentena. Debido a este escenario excepcional, la perspectiva feminista de la economía del cuidado ha entrado en los principales debates de la economía y, en algunos países, como Argentina, esta dimensión es ahora un componente de la política económica nacional (ver recopilación).

Al hacer una valoración del COVID-19 y la política sexual, otro aspecto no menor a considerar es que, debido al no reconocimiento y a la criminalización de la prestación de servicios sexuales, los efectos de la pandemia fueron dramáticos para lxs trabajadorxs sexuales de todo el mundo. Esto se ilustra en una serie de artículos y análisis sobre Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia, México, Tailandia, Bangladesh, Estados Unidos, Francia y España (ver recopilación). Al enfrentar esta crisis, el Proyecto de la Red Global de Trabajadoras Sexuales (NSWP) y ONUSIDA emitieron un llamado conjunto a los gobiernos solicitando que lxs trabajadorxs sexuales no sean excluidxs de los paquetes de protección económica, especialmente en aquellos países donde el trabajo sexual es criminalizado.

Sin embargo, varios informes también han demostrado que el estigma moral y los requisitos burocráticos injustificables han impedido que trabajadorxs sexualxs accedan a la ayuda de emergencia contra el COVID-19 en Canadá, Francia, Tailandia y Japón. Por el contrario, en Nueva Zelanda, uno de los pocos países que derrotó al COVID-19, y donde el trabajo sexual está completamente despenalizado, lxs prostitutxs pudieron acceder fácilmente a las medidas de protección social de emergencia. En marzo de 2021, en Brasil, que es el epicentro actual de la crisis, trabajadoras sexuales de Belo Horizonte salieron a las calles, protestando por no estar incluidas en la lista de prioridades de vacunación definidas por categorías ocupacionales. Por último, es interesante notar que, como aparente efecto de la crisis pandémica, los medios globales han abordado predominantemente a la prostitución como trabajo, abandonando el tratamiento moral que suele predominar en los artículos de prensa sobre este tema.

La economía política de las vacunas

Un capítulo ineludible de la economía pandémica se refiere a la compleja dinámica geopolítica y geoeconómica relacionada con las vacunas. En la primera edición del boletín de SPW en abril de 2020, hablamos sobre la frenética competencia entre las empresas farmacéuticas en su apuro por crear la primera vacuna, lo que en algunos casos implicó la falsificación de datos. A fin de año, llamamos la atención sobre la creación de la plataforma COVAX, establecida por la OMS para facilitar el acceso de los países más pobres a la inmunización, destacando los enormes desafíos para la producción, transporte y logística de vacunas. Para marzo de 2021, el esfuerzo de COVAX se estaba convirtiendo en una propuesta mucho más sólida de un tratado internacional destinado a garantizar respuestas de salud rápidas en situaciones de pandemia mundial.

Por otro lado, desde 2020, se han hecho evidentes muchos otros obstáculos al acceso universal a las vacunas, en particular, los “nacionalismos de vacunas” y, sobre todo, la primacía del lucro y la acumulación que sigue imperando en la producción farmacéutica. Esta última barrera se manifiesta en la tremenda resistencia de los países ricos a modificar las leyes de propiedad intelectual vinculadas a las vacunas y otros productos necesarios para garantizar una respuesta universal adecuada al COVID-19, propuesta por India y Sudáfrica en la OMC.

Luego, cuando estábamos finalizando este resumen anual, surgió otra tendencia perjudicial en relación con la distribución de vacunas. En Brasil, se empezó a privatizar el acceso a las vacunas cuando las grandes empresas empezaron a cabildear por nuevas leyes que permitan al sector privado comprar vacunas para sus empleadxs sin contrapartida del sector público (e incluso con una reducción de su impuesto sobre la renta). Como analiza Isabela Kalil, si se aprueban, estas leyes resultarán en un vergonzoso “apartheid sanitario” en un país que ahora es el epicentro de la pandemia mundial y donde su contención está totalmente fuera de control (lee en portugués).

Política durante COVID-19

Desdemocratización, negacionismo, resistencia

Desde el comienzo de la pandemia, se ha extendido por todo el mundo una semántica de la guerra que potencialmente justifica que los Estados adopten nuevas y antiguas formas de vigilancia y violencia para responder a la crisis. La pandemia ha agravado la tendencia de la erosión democrática que ha estado en marcha en muchos contextos en el transcurso de la última década. A lo largo de 2020, las intervenciones estatales coercitivas y las restricciones a la prensa, así como a la libertad de expresión y asociación, se han multiplicado en todo el mundo. En 80 países, donde vive el 51% de la población mundial, se registró la tasa más baja de libertad de expresión en 20 años. En este grupo destacan Rusia, India y Oriente Medio. Masha Gessen señaló que Estados Unidos también se incluirá en esta lista porque la administración de Trump de la información sobre COVID-19 fue muy similar a los métodos de desinformación utilizados por el gobierno soviético durante el desastre de Chernobyl. Además, en junio de 2020, al contener las protestas movilizadas por Black Lives Matter en Portland, el Departamento de Seguridad Nacional se ha comportado como policía política (ver aquí y aquí).

Asia

Según las investigadoras feministas Cai Yiping y Ai Yu, en China, el epicentro original de la pandemia COVID-19 contribuyó al uso de formas nuevas y sofisticadas de vigilancia digital estatal, lo que condujo a estándares aún más altos de coerción, represión y censura. Además, los artículos publicados por ProPublica y el NYT muestran que los sistemas de control de internet establecidos en 2014 se han utilizado desde los primeros momentos de la pandemia para censurar toda la información que abordaba la gravedad de la enfermedad. Así, no es de extrañar que, en la segunda mitad de 2020, las presiones políticas sobre Hong Kong se llevaran al extremo, culminando con la suspensión del mandato de cuatro parlamentarios prodemocráticos en noviembre, que llevaron al resto de lxs miembros del bloque a renunciar. Este hecho fue interpretado por algunxs observadorxs como el fin de la autonomía política garantizada al territorio en 1999.

También en India la pandemia ha significado la reducción de los espacios democráticos, que ya se estaban reduciendo como se hizo evidente en las brutales reacciones de la administración de Modi a fines de 2019 a las manifestaciones contra la enmienda a la Ley de Ciudadanía. La pandemia también ha provocado la estigmatización y persecución de musulmanes y ha agravado las medidas arbitrarias contra las voces de la sociedad civil india y de organizaciones internacionales. En septiembre, Amnistía Internacional suspendió sus actividades en el país después de que le congelaran su cuenta bancaria. Los controles establecidos en respuesta al COVID-19 también han empeorado las condiciones políticas en Cachemira y Assam, áreas que durante mucho tiempo han estado sujetas a un “estado de excepción”.

También se han registrado actos autoritarios justificados por la pandemia en otros países asiáticos, como Filipinas, donde el presidente Duterte autorizó a las fuerzas de seguridad a disparar contra personas que desobedecieran las normas de encierro. En Sri Lanka ha habido un franco endurecimiento del régimen político desde mediados de 2020. Lo mismo sucedió en Myanmar, donde en marzo de 2021 se produjo un nuevo y sangriento golpe militar. En Vietnam la censura estatal ha comprometido gravemente los impactos positivos en la salud pública de las políticas para combatir la pandemia en el país.

África Sub-sahariana

A medida que se extendió el COVID-19, incluso cuando sus impactos no fueron tan extensos y dramáticos como en otras regiones, se registraron patrones de coerción y arbitrariedad en Burundi, Kenia, Uganda (especialmente contra las personas LGBTTI) y Zimbabwe (ver recopilación). En Sudáfrica, el país más afectado por el COVID-19, mientras se mantuvieron las condiciones democráticas y se adoptaron políticas de salud pública no coercitivas, se multiplicaron los episodios de desalojo y violencia policial extrema contra trabajadorxs e inmigrantes.

Región MENA

En el norte de África y Oriente Medio, la intensificación del estado de coerción y control políticos también fue sorprendente. En Argelia, por ejemplo, el control estatal del COVID-19 ha paralizado la insurgencia en curso desde principios de 2019. En Egipto, por primera vez desde que el general Sisi llegó al poder en 2013, hubo protestas generalizadas en todo el país, que han sido reprimidas violentamente.

América Latina

Aunque con menor intensidad que en otras regiones, también se han registrado en América Latina medidas autoritarias y arbitrarias. El ejemplo más llamativo fue el de El Salvador, analizado por Amaral Arévalo, pero también en otros países centroamericanos (a excepción de Costa Rica), como Honduras y Guatemala, pero también Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y Panamá. donde la población en general o grupos específicos fueron sometidos a la violencia estatal justificada como una lucha contra la pandemia.

Europa y Turquía

La intensificación de la arbitrariedad, la coerción y la censura también han ocurrido en Europa del Este, particularmente en Hungría, Polonia, Rusia y Turquía, países cuyos regímenes son conocidos por sus rasgos autoritarios. Un comentario que invita a la reflexión sobre cómo reaccionaron los líderes de Bosnia al COVID-19 sugiere que, en varios contextos, los Estados respondieron a la pandemia utilizando métodos policiales y autoritarios simplemente para demostrar que estaban “haciendo algo”, pero también porque no tenían la “capacidad efectiva para cuidar a sus ciudadanos”.

Excepciones

En este lúgubre transfondo, es fundamental mencionar que algunos países escapan a esta descripción. Estos son contextos en los que las respuestas exitosas a la epidemia no implicaron efectos desdemocratizantes. El ejemplo más citado desde el año pasado fue Nueva Zelanda, pero Alemania, Argentina, Barbados, Corea del Sur, Dinamarca, Islandia, Noruega, Portugal y Taiwán deben ser mencionados.

Negacionismo: la otra cara de la respuesta al COVID-19

Entre marzo y julio de 2020, los debates intelectuales sobre la pandemia, especial pero no exclusivamente en el contexto europeo, se han centrado fuertemente en los estados de excepción, arbitrariedad y securitización como los principales rastros de las respuestas estatales a la crisis (ver la sección posterior COVID -19: implicaciones biopolíticas). Sin embargo, debe decirse que, incluso cuando la pandemia ha impulsado el autoritarismo y la arbitrariedad en muchos contextos, esta tendencia coexistió con otra línea de respuestas estatales guiadas por la minimización de la escala de la pandemia, el boicot sistemático a las medidas de prevención (como encierros, aislamiento social y mascarillas) e incluso la desacreditación de las vacunas. Como se sabe, al enfrentar la pandemia, varios líderes tomaron la opción deliberada de no controlar la enfermedad como una forma de lograr rápidamente la “inmunidad de rebaño” y preservar la economía (así como la “libertad individual” en sus propias versiones). Esta posición negacionista también fue utilizada por algunos de estos líderes como una estrategia para complacer a su base política y preservar el poder a cualquier costo.

Este tipo de respuesta, de manera bastante significativa, fue adoptado por regímenes ideológicamente dispares. A la derecha del espectro político, la lista incluye a Trump en Estados Unidos, Boris Johnson en el Reino Unido, Bolsonaro en Brasil, Lukashenko en Bielorrusia y la dictadura de Turkmenistán (ver una recopilación). A la izquierda, por así decirlo, se encuentran el gobierno populista de López Obrador en México, el régimen autoritario de Ortega en Nicaragua y las pautas laissez-faire inicialmente adoptadas por el gobierno socialdemócrata sueco, que, en los primeros días de la pandemia sería citado por miembros de la administración de Bolsonaro como modelo a seguir. También cabe señalar que tanto Bolsonaro como López Obrador (AMLO) han afirmado que “su gente” resistiría biológicamente al virus como una forma de restar importancia a los peligros del COVID-19. Según Bolsonaro, “los brasileños son muy resistentes porque nadan en alcantarillas y no se enferman” y, en opinión de AMLO, los antepasados de los mexicanos de hoy han sobrevivido a muchas otras epidemias en el pasado.

En abril, Boris Johnson desarrolló una condición grave de infección por SARS-CoV-2; luego de esta experiencia personal, se cambiaron las políticas del país y se adoptaron fuertes restricciones y medidas preventivas. Estas reglas se suavizaron entre julio y diciembre, pero se volvieron muy rígidas nuevamente después del aumento de la variante inglesa del virus en la segunda mitad del año. Debido a la alta letalidad del COVID-19 en el país, Suecia también cambiaría su respuesta. En México, la capacidad técnica de la salud pública parece haber contenido de alguna manera los impactos de la posición negacionista del presidente.

Sin embargo, en otros países, el negacionismo continuó su curso con efectos bastante desastrosos. En Estados Unidos, esta ruta se vería interrumpida por la derrota electoral de Trump. Pero, en Brasil, donde cuatro ministros de salud han ocupado el cargo desde abril de 2020, la negación está plenamente viva en los actos de habla presidenciales. Y, como muestra la décima edición del Boletín Derechos en la Pandemia, elaborado por Conectas Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigaciones en Derecho en Salud (CEPEDISA), también se puede rastrearla en una serie de medidas tomadas por el gobierno federal. El resultado ha sido catastrófico: 350 mil muertes, el colapso de la salud en varios estados, la aparición de nuevas variantes de COVID-19 -más infecciosas y quizás más letales- y el riesgo de un colapso funerario, que podría generar graves implicaciones para la contaminación del suelo y el agua por otros patógenos. Brasil se ha convertido, de hecho, en el foco de pandemia más terrible de todo el planeta (ver una recopilación).

En la superficie, estas posturas negacionistas parecen oponerse a los modelos de vigilancia y control, que potencialmente derivan en estados de excepción relacionados con la pandemia. Pero, como señaló Sonia Corrêa en un ensayo, ambos marcos implican la gestión estatal de los seres y poblaciones humanas como seres biológicos. Ambos son, por lo tanto, fundamentalmente biopolíticos. En el caso de la posición negacionista, la figura de la “inmunidad colectiva” que se encuentra en sus núcleos implica la suposición de que la pandemia puede seguir su curso natural: incluso aunque mueran muchas personas, las más fuertes sobrevivirán la economía se habrá salvado. En una entrevista con The Nation, Judith Butler describió críticamente esta suposición como una estrategia de negligencia deliberada de un enfoque neodarwiniano anclado en la ideología del siglo XIX de la “supervivencia del más apto”. Llevando este mismo argumento más allá, en su aguda crítica a la conducta de Bolsonaro, el médico brasileño Arnaldo Lichenstein ha agregado correctamente que, en condiciones de pandemia, el neodarwinismo significa sin rodeos eugenesia.

Contestaciones paradójicas

A lo largo de 2020, mientras se producía un aumento de la arbitrariedad y el autoritarismo, también han surgido protestas paradójicas. En el Sur global, las movilizaciones populares involucraron principalmente a trabajadorxs, migrantes y personas pobres que protestaban contra los efectos económicos y espaciales impuestos por los bloqueos y, en algunos casos, contra las formas severas de coerción y violencia estatal. En China, investigadorxs y profesionales de la salud impugnaron la censura estatal de los datos del COVID-19 y exigieron equipos de protección y mejores condiciones de trabajo. También ha estallado una huelga de trabajadoras de la salud en la India. En Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd el 25 de mayo, surgieron las masivas manifestaciones de Black Lives Matter, que, aunque no asociadas directamente al COVID-19, se convertirían en uno de los hechos políticos más importantes del panorama estadounidense y mundial del 2020 (leer más).

Sin embargo, un poco más tarde, en América y en Europa, comenzó una serie diferente de protestas que impugnaban las cuarentenas, los encierros, la distancia social y el uso de máscaras. Mientras que en Estados Unidos y en Brasil estas calles fueron tomadas por simpatizantes de Trump y Bolsonaro, manifestaciones similares utilizaron el mismo repertorio, aunque con menor impacto, en Canadá, México, Chile y Argentina (ver recopilación).

En los Estados Unidos, a partir de julio de 2020, estas manifestaciones se convertirían en protestas provocadas por QAnon. Esto se superpuso con la dinámica electoral, perfilándose en modos bastante intensos antes de culminar en el motín del Capitolio del 6 de enero de 2021 (ver recopilación).

En Brasil, el escenario también fue grotesco y políticamente peligroso. Entre mayo y junio de 2020, estas protestas se enredaron con un clima de golpe de Estado, ya que Bolsonaro alentó y participó en manifestaciones que pedían una intervención militar. Desde entonces, a pesar de los altibajos, estas protestas contra el bloqueo no han disminuido. Incluso en las condiciones catastróficas de principios de 2021, la base de votantes de Bolsonaro sigue siendo negacionista y se opone a las medidas preventivas, abogando por el llamado “tratamiento temprano” con cloroquina e ivermectina -cuya ineficacia y riesgos han sido demostrados repetidamente- y promoviendo las actitudes antivacuna.

Protestas similares estallaron en Europa reuniendo a actores políticos ubicados en lados opuestos del espectro. Comenzaron en el verano y continuaron proliferando cuando la segunda ola pandémica llevó a varios Estados a adoptar nuevas medidas restrictivas.

En casi todas estas protestas estuvieron presentes fuerzas antiaborto y antigénero y, en algunas de ellas, fueron sus principales líderes. Como sucedió con las campañas antigénero de la última década, el repertorio utilizado en estas manifestaciones replica e invierte el lenguaje y las imágenes utilizadas en las protestas feministas, LGBT+ y de izquierda. Esto queda notablemente ilustrado por el uso del lema “mi cuerpo mis reglas” por parte de mujeres que protestan contra el uso de mascarillas en los Estados Unidos. Alrik Schubotz, uno de los colaboradores de SPW, al analizar la cacofonía en juego en las protestas de Berlín, observó que estos patrones contradictorios desafían tanto a lxs liberales como a la izquierda a aclarar con mayor valentía y precisión sus parámetros éticos y epistemológicos en relación con el significado y efectos del COVID-19.

COVID-19: Implicaciones biopolíticas

Desde el principio, la pandemia se abordó inevitablemente como una crisis biopolítica. Los tres números especiales de 2020 han dedicado una sección específica a este modo de interpretar el COVID-19, así como las respuestas estatales y sociales. En el último número, publicado en diciembre, notamos que la pandemia implicó un cambio interesante en lo que concierne a quienes interpretan la crisis como biopolítica. En gran medida, hasta 2020, la biopolítica fue un marco utilizado principalmente en ciertas áreas de producción de conocimiento académico que han prosperado al debatir la pandemia a lo largo del año. Pero la pandemia parece haber transportado estas lentes a los vehículos convencionales y otras esferas del debate público. Una ejemplo sorprendente es, por ejemplo, el artículo de Christopher Caldwell “Conoce al filósofo que intenta explicar la pandemia“, publicado por el New York Times en agosto de 2020, que está dedicado a traducir las controvertidas posiciones de Giorgio Agamben sobre las respuestas del estado italiano al COVID -19 a la audiencia estadounidense. Aún más significativo fue el comentario “Offline: COVID-19 – Una crisis de poder“, firmado por Richard Horton, editor de The Lancet, en el número de octubre de la revista, que incluye la siguiente elaboración:

Seguimos viviendo en esta era de gobernabilidad, donde las acciones individuales son moldeadas por el poder que reclama su legitimidad en la verdad científica. La salud pública se desarrolló en medio de estas corrientes sociales y políticas. Los gobiernos vieron la salud de las poblaciones como la base para proteger y aumentar las fuerzas económicas productivas del Estado.

Tal reconocimiento no es precisamente trivial en una revista que constituye la principal referencia del pensamiento biomédico y de salud pública convencional. Los lentes de lectura biopolítica de estas otras esferas de la escritura y el lenguaje son, de hecho, bienvenidos porque el COVID-19 ha actualizado y, en ciertos casos, ha radicalizado los dispositivos gubernamentales, tecnológicos y científicos para la gestión a gran escala del cuerpo social (le corps social). Como se verá en el siguiente apartado, también ha reactivado el conocido patrón de convertir a personas y grupos sociales, especialmente los más vulnerables, en “vectores nocivos” de infección que hay que controlar o incluso eliminar.

Efectos biopolíticos

Al comienzo de la pandemia, Richard Parker al comentar sobre la falta de testeos para el COVID-19 en Brasil señaló que, como sucedió durante la epidemia de VIH/SIDA, la respuesta al COVID-19 podría fácilmente impulsar discursos y prácticas destinadas a culpar, estigmatizar y producir violencia contra los “otros”. Y, de hecho, esto ya estaba sucediendo en todo el mundo.

En India, lxs profesionales de la salud y los grupos vulnerables como lxs dalits, las personas con discapacidad, las mujeres y, sobre todo, la población musulmana, se convirtieron muy rápidamente en blanco de diversos ataques. En China, las trabajadoras sanitarias de primera línea tuvieron la cabeza afeitada obligatoriamente. En innumerables países, las personas que no cumplieron con las reglas de cuarentena han sido sometidas a coerción y violencia estatales, incluida la violencia letal, como fue el caso en Filipinas.

Otra característica marcadamente biopolítica de la pandemia es la vulnerabilidad diferencial. Como lo subraya Judith Butler, por un lado, el virus expuso nuestra precariedad compartida, por otro, sin embargo, sus riesgos y efectos, ya sean patológicos, sociales o políticos, han sido radicalmente diferenciales al tener en cuenta la edad, el estado de salud, la raza, etc. Se deben considerar el género, la orientación sexual, la identidad de género, la etnia, la casta, la clase y el lugar de residencia. Esta vulnerabilidad diferencial se ilustra trágicamente por el hecho de que la primera mujer que murió de COVID-19 en el estado de Río de Janeiro fue una trabajadora doméstica de 63 años, por lo tanto en riesgo, expuesta al virus por su empleadora quien había sido infectada en un viaje a Italia.

No menos importante, COVID-19 implicó la adopción de viejas y nuevas modalidades de distanciamiento o segregación espacial. La primera modalidad para abordar es el confinamiento doméstico obligatorio o las cuarentenas que resultaron en un marcado aumento de la violencia de género, incluida la violencia sexual, especialmente contra niñxs y adolescentes, e incluso asesinatos (ver recopilación). Para julio de 2020, los medios masivos ya estaba nombrando este fenómeno como la “epidemia invisible” de violencia de género. Sin embargo, a la hora de analizar los efectos del encierro hay que considerar otras situaciones, como el malestar y la violencia que experimentan las personas LGBT+ que fueron obligadas por la pandemia a regresar a los hogares de sus familias donde no son bien tratadas. Y no olvidemos que los efectos de la pandemia son aún más drásticos en el caso de las personas encarceladas.

Por último, en algunos países de América Latina – Panamá, Perú y la ciudad de Bogotá – los gobiernos adoptaron criterios de sexo/género para determinar quién podía salir de casa cada día de la semana para evitar aglomeraciones. En el artículo que escribió sobre esta preocupante nueva tendencia, Sonia Corrêa señaló que las reglas de segregación basadas en sexo/género cosifican el determinismo biológico del dimorfismo sexual, colocando inmediatamente a las personas no binarias en mayor riesgo y vulnerabilidad frente a la coerción estatal. También contribuye a cristalizar el llamado “orden natural” de sexo/género, reactivando las capas culturales profundas sobre las que se fundamenta la división sexual del trabajo y las desigualdades entre hombres y mujeres.

Debates intelectuales

Desde el principio, las características biopolíticas de la pandemia fueron objeto de un intenso debate intelectual que fue motivado en gran medida por las críticas antes mencionadas a Giorgio Agamben en relación con lo que él veía como una respuesta duramente arbitraria del Estado italiano al COVID 19. En un breve artículo, publicado en marzo de 2020, el filósofo interpretó la pandemia como una “invención” destinada meramente a justificar la “excepcionalidad de las medidas estatales”, lo que provocó una serie de reacciones y críticas.

Entre estas diversas reflexiones que dan mucho que pensar, nos gustaría destacar el ejercicio desarrollado por Philipp Sarasin. En su artículo, Sarasin se remonta a Foucault para identificar y diferenciar las dos modalidades de regulación estatal de los organismos destinados a contener las enfermedades o, en términos de Foucault, a “hacer vivir y dejar morir”. En nuestra opinión, la perspectiva de Sarasin es analíticamente productiva porque describe cartografías más matizadas de cómo la pandemia de COVID-19 se manifiesta como biopolítica. En su mapeo, la pandemia ha llevado, de hecho, a medidas verticales de contención y vigilancia estricta, que potencialmente pueden traducirse en poderes excepcionales y, eventualmente, en violencia estatal. Sin embargo, como él argumenta, en otros contextos las respuestas fueron guiadas principalmente por el “modelo de respuesta a la viruela” de Foucault basado en métodos de medición epidemiológica agregada, modulación, confinamiento y aislamiento social “consensuado”. En opinión de Sarasin, si bien esta modalidad también se desarrolla en los “estados de salud de emergencia”, esto no implica que se conviertan automáticamente en “estados de excepción”.

Luego, cuando se estaba finalizando este resumen anual, tuvimos acceso al artículo “La pandemia de COVID y la teoría social: socialdemocracia y salud pública en la crisis”, escrito por la feminista británica Sylvia Walby, que agrega matices adicionales a esta cartografía. Walby revisa críticamente los debates en curso sobre el COVID-19 y la biopolítica. Pero, al examinar el lugar y el significado de la ciencia en las condiciones políticas contemporáneas, cuestiona algunas de las conexiones establecidas por Foucault entre el conocimiento científico y el poder, ofreciendo nuevos ángulos para la interpretación del COVID-19 como una “crisis”. Sobre todo, como indica el título, Walby introduce en el debate el paradigma de la “socialdemocracia” como contrapunto a los patrones autoritarios de gestión pandémica, que, según ella, siempre deberían pensarse como una ramificación del neoliberalismo.

Política sexual en el panorama del COVID-19

Políticas antigénero

Desde el inicio de la pandemia, los ataques de las fuerzas antigénero y antiaborto, así como los regímenes políticos a las que están asociadas, no se han calmado. En el período comprendido entre marzo y abril de 2020, las voces religiosas conservadoras (generalmente involucradas en campañas contra el género y el aborto) ya estaban impugnando análisis y datos científicos sobre el COVID-19 y propagando interpretaciones de la pandemia como una conspiración o un castigo divino. En Estados Unidos y Brasil, casi de inmediato, estallaron disputas políticas y legales en torno al cierre de iglesias que, en ambos países, sigue siendo objeto de un intenso debate (aquí y aquí).

Estas fuerzas también han utilizado la pandemia como una oportunidad para atacar la legislación de género y crear barreras adicionales a los derechos y servicios de aborto, especialmente en América Latina. Líderes católicos en Argentina interpretaron el COVID-19 como un castigo por los esfuerzos para legalizar el aborto y, en México, por el radicalismo feminista y los derechos a la diversidad sexual aprobados. Las iglesias evangélicas también distribuyeron folletos que enseñaban a las mujeres a comportarse como buenas esposas durante la cuarentena.

En Israel, el rabino Meir Mazzur declaró que la epidemia era un castigo para los desfiles del orgullo gay y, en Europa, el catolicismo conservador relacionó la propagación del virus con el llamado “invierno demográfico” en referencia a la caída de la fertilidad. En Polonia, donde ahora hay ciudades que prohíben la presencia de personas LGBT+, el Partido de la Justicia también ha utilizado la pandemia para aprobar rápidamente una prohibición total del aborto. En los Estados Unidos y Brasil, las fuerzas antigénero manifestaron su ideología anti-intelectual contundente al apoyar actos de discurso presidenciales que descalifican la gravedad de la pandemia y antagonizan a lxs científicxs.

En el ámbito de las cruzadas contra el género, sin embargo, una novedad de 2020 es que las voces feministas que se oponen firmemente al género, la perspectiva queer y los derechos trans han ganado un espacio sustancial y una mayor visibilidad política. Estos puntos de vista feministas están poniendo en peligro las pautas de la política de identidad de género del Reino Unido. Se están produciendo enfrentamientos aún más feroces en España, donde una nueva ley de identidad de género propuesta por Unidas Podemos no logró llegar a un consenso dentro del PSOE (que lidera la coalición de gobierno) y ahora es objeto de un debate intenso y desagradable (ver recopilación).

En junio de 2020, los ataques feministas contra personas trans ganaron una nueva escala cuando J.K. Rowling, autora de la serie de libros de Harry Potter, hizo declaraciones abiertas contra el uso de baños femeninos por parte de mujeres trans. Sin pretender agotar los orígenes, motivaciones e implicaciones de estas duras controversias en curso, recomendamos el ensayo de Laurie Penny, la entrevista de Judith Butler para New Statesman y el artículo de Alyosxa Tudor en el blog de LSE Engenderings, los cuales ofrecen reflexiones profundas respecto a estos novedosos frentes sobre políticas anti-género.

Finalmente, como ya se mencionó, las fuerzas antigénero vinculadas al neoconservadurismo religioso y la derecha se involucraron en protestas negacionistas contra los encierros, el distanciamiento social, el uso de máscaras y las vacunas. En las protestas contra el encierro, la nueva formación conocida como QAnon se hizo prominente en Estados Unidos y promovió teorías de conspiración que vinculaban la pandemia y las vacunas contra el COVID-19 con las supuestas estrategias de las élites globales y la pedofilia. Estos discursos, así como otras tendencias políticas digitales relacionadas, se han extendido mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos (ver recopilación). Estas dinámicas se analizaron más de cerca en el mini anuncio de SPW publicado en septiembre (lee aquí y aquí).

Posteriormente, cuando las vacunas comenzaron a mostrar resultados positivos, las fuerzas anti-vacunas religiosas estadounidenses comenzaron a argumentar en contra de su uso porque contendrían tejido fetal derivado de procedimientos de aborto (argumento principalmente católico), o de lo contrario, las vacunas serían portadoras del VIH (argumento principalmente evangélico). También se han difundido rumores sobre la falta de seguridad de las vacunas, sus efectos secundarios y sobre la ciencia supuestamente inescrupulosa. Esta propaganda revitalizó trasfondos previamente existentes de sentimientos anti-vacunas en Estados Unidos, Brasil y Europa, al obstaculizar las campañas de inmunización. En este escenario, Brasil vuelve a ocupar un lugar peculiar, porque estas conspiraciones y narrativas de pánico fueron propagadas por las autoridades públicas, incluido el presidente, quien declaró sin rodeos que no se vacunaría porque la vacuna podría convertir a la gente “en un chimpancé … o un cocodrilo … o la voz de un hombre podría volverse como la voz de una mujer”.

Como argumentó Claire Prevost en un artículo publicado en openDemocracy en marzo de 2020, el estado de anormalidad y emergencia que el COVID-19 instaló en el planeta parecía estar creando condiciones muy favorables para que las fuerzas antigénero y antiaborto difundan sus agendas, llamen al cierre de fronteras, pero también para ganar un mayor control sobre el poder de los Estados -en aquellos contextos donde ya están instalados- o planificar el futuro uso electoral de las tragedias derivadas de la epidemia. Luego, en The Nation, Benjamim Teiteulbaum recuperó la percepción sobre el significado de la pandemia expresada por dos figuras principales de la política de derecha global: Alexandr Dugin (conocido como el gurú de Putin) y Steve Bannon. Como informa el artículo, aunque Dugin y Bannon discrepan radicalmente sobre el papel de Occidente y Estados Unidos en el sistema mundial, ambos consideran que la pandemia potenciará los cambios sistémicos que pueden posibilitar sus visiones y propuestas políticas, que se basan en un crudo repudio a la modernidad en sus múltiples manifestaciones.

Otros hechos relevantes

A pesar del contexto global sombrío, complejo y muy incierto en condiciones de pandemia, otros eventos relevantes y positivos tuvieron lugar en el panorama de la política sexual de 2020 que también merecen nuestra atención.

En mayo de 2020, Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Posteriormente, sin embargo, la misma Corte emitió otra decisión sobre la objeción de conciencia, que puede crear obstáculos para la implementación de la ley.

El 15 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión histórica a favor de la no discriminación en el mercado laboral, que incluye la orientación sexual y la identidad de género. Dos semanas después, el día 29, la Corte también declaró inconstitucional la ley de Louisiana que impedía el funcionamiento de las clínicas de aborto, excepto en condiciones muy estrictas.

En Brasil, las fuerzas que se oponen al género en la educación, incluido el movimiento Escola Sem Partido, sufrieron varias derrotas cuando la Corte Suprema reafirmó la constitucionalidad de los planes de estudio de género en la educación.

En Europa, la legislatura alemana aprobó la prohibición de la publicidad y la práctica de terapias de conversión sexual en menores. Más tarde, más de 60 miembros del Parlamento Europeo pidieron la prohibición de tales prácticas en toda Europa.

En junio, Víctor Madrigal, experto independiente de la ONU en protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, publicó el informe sobre las “Prácticas de la llamada “terapia de conversión””.

Además, varias discusiones relevantes y algunos resultados positivos sobre género y sexualidad tuvieron lugar en las sesiones de junio-julio y septiembre del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando fueron aprobadas las resoluciones sobre la Eliminación de la Discriminación contra Mujeres y Niñas, la Eliminación de la Mutilación Genital Femenina y la eliminación de la discriminación racial y de género en el deporte.

En septiembre, también se presentó una declaración conjunta sobre el derecho al aborto con motivo del 28 de septiembre. Y, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, se dedicó una sesión especial para conmemorar el 25 aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, cuando 82 Estados firmaron una declaración que reafirma los compromisos de 1995.

A principios de diciembre, el gobierno de Fernández cumplió su promesa electoral y presentó un nuevo proyecto de ley que pedía la reforma de la ley del aborto en Argentina. El 10 de diciembre, la ley fue aprobada por la Cámara con 131 votos a favor y 117 en contra y remitida al Senado donde, el día 30, se aprobó la propuesta. Esta votación fue una victoria notable para la tenacidad feminista en la defensa del derecho al aborto en Argentina y América Latina en términos más generales (ver recopilación).

Política vaticana: hechos dispersos, una misma trama

También han ocurrido hechos significativos en la política del Vaticano. A principios de octubre de 2020, el papa Francisco I publicó su nueva encíclica llamada “Fratelli Tutti”. Dos meses después se anunció la creación del Concilio para el Capitalismo Inclusivo con el Vaticano, plataforma que reúne a grandes corporaciones e instituciones filantrópicas como las Fundaciones Ford y Rockefeller (ver recopilación). A finales de noviembre, El País informó que Francisco I, tras crear 73 nuevos cardenales, tiene ahora el mando del colegio cardenalicio que elegirá a su sucesor. Además, entre la publicación de la nueva Encíclica y el artículo de El País, se conoció la noticia de que el papa se había pronunciado a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el documental “Francesco”, dirigido por Evgeny Afineevsky. La noticia tuvo una acogida generalizada y efusiva en los medios de comunicación y entre activistas LGBT + e incluso feministas.

Al comentar sobre el episodio, el politólogo Massimo Prearo publicó una nota en Facebook que luego se convertiría en un artículo para SPW. Posteriormente, Sonia Corrêa revisó el episodio en relación con otros hechos relevantes del período, incluidas las elecciones estadounidenses. Ambos análisis ofrecen elementos para comprender mejor por qué la condena del matrimonio entre personas del mismo sexo proclamada por Francisco en marzo de 2021 no debería sorprender.

Sexualidad y arte

Para esta edición, que retoma el primer año de la pandemia, presentamos ‘Diva’, obra de la artista brasileña Juliana Notari, que desató intensos debates a finales de 2020, con amplia repercusión internacional. También recuperamos el contenido de Sexualidad y Arte presentado en las tres Ediciones Especiales anteriores sobre las obras de la inglesa Anna Dumitriu, la brasileña Ventura Profana y el argentino Léon Ferrari.

‘Diva’: vulva y herida, por Juliana Notari

El implacable desafío de la religión, por Léon Ferrari

Género, sexualidad y religión, por Ventura Profana

Anticuerpo diseñado, por Anna Dumitriu