Política sexual en tiempos de pandemia: mayo y junio 2020

♦ Políticas antigénero: SPW tiene el placer de anunciar la publicación del especial Derechos en riesgo: la cruzada antigénero en América Latina, una publicación con enfoque periodístico desarollada conjuntamente entre los medios digitales Wambra de Ecuador, Mutante de Colombia, Alharaca de El Salvador y LatFem de Argentina. El especial resume los principales resultados de los estudios de caso de Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador desarollados por el SPW en el marco de la investigación Políticas Antigénero en América Latina y los actualiza en relación al contexto actual de la pandemia, informando como esos grupos antigénero están actuando en medio al COVID-19 en relación a las políticas de género y sexualidad, pero también en relación a los procesos más amplios de desdemocratización que promueven. Además, el especial también ofrece como recurso visual una línea del tiempo que permite visualizar los hitos internacionales, regionales y nacionales más importantes sobre género y sexualidad en relación unos a otros.

♦ Autorxs invitadxs: Antes de continuar queremos llamarle la atención a nuestrxs lectorxs a los artículos escritos por Debjyoti Ghosh, Lorena Moraes, Bárbara Sepúlveda y Lieta Vivaldi Macho, quienes analizan episodios emblemáticos en el panaroma de la pandemia del COVID-19, así como a las reflexiones de David Paternotte sobre los límites del marco del “backlash” para examinar políticas antigénero. Queremos agradecer a todxs estxs autorxs por sus generosas contribuciones.

El escenario mundial del COVID-19

El escenario mundial de la pandemia del COVID-19 ha cambiado desde abril, pero la crisis está lejos de terminar. Se cuentan únicamente algunos países que parecen haber derrotado al virus: Islandia, Jordania, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Taiwán, Uruguay y Vietnam. Las curvas de transmisión también parecieren estar disminuyendo en los países de Europa que fueron más drásticamente afectados. Mientras tanto, el principal epicentro de la crisis ha sido relocalizado en las Américas, donde se encuentran muchos de los 20 países más afectados. Estados Unidos y Brasil son el peor escenario posible, sin embargo, al 20 de julio de 2020, los índices continúan su ascenso en Argentina, Colombia, México, Perú, Venezuela, y Nicaragua. Los índices de infección también estaban incrementando en India, Indonesia, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Más aún, la vulnerabilidad diferencial de las personas y grupos a la exposición y letalidad del COVID-19 se ha vuelto cada vez más aparente, como es ilustrado en al tener una mayor cantidad de casos de infección entre las personas latinas y negras en las Américas, o en la gente viviendo en situaciones precarias en otras regiones. El contagio del COVID-19 en poblaciones nativas en las Américas, particularmente en la región del Amazonas y en la Reserva Navajo en el Sudeste de Estados Unidos es un serio patrón que se ha vuelto cada vez más claro. Esta situación se remonta a la exposición sistemática de las personas autóctonas de las Américas a enfermedades letales a lo largo de la historia colonial y post-colonial del continente.

Significativamente, las tasas de infección han sufrido una resurgencia en Estados Unidos, Irán, Australia, el Reino Unido y otras locaciones específicas en Europa. Esto indica que, en la ausencia de una vacuna, la enfermedad continuará teniendo erupciones periódicas. Si bien la escala y la celeridad de las investigaciones de la vacuna para el COVID-19 son sin precedente (vea aquí), la Organización Mundial de la Salud ha dejado en claro que una vacuna finalizada no estará disponible por 12 a 18 meses. Incluso este plazo es considerado optimista por un grupo de expertos reunidos por The New York Times para la discusión del asunto.

Esto significa que el estado de anormalidad creado por el COVID-19 no desaparecerá rápidamente y que el impacto del virus seguirá entrecruzándose con las políticas de género y sexualidad. Como fué el caso de la primera edición especial de la Política Sexual en Tiempos de Pandemia del SPW, estas intersecciones serán exploradas a lo largo de las próximas páginas a través de los lentes de la economía, política y biopolítica. Trataremos estos dominios no de modo insular, sino como un prisma analítico integrado que nos ayude a ver mejor los significados entrecruzados y los efectos de la pandemia. Este número de nuestro jornal también se enfoca en cómo las fuerzas antiaborto y antigénero se están comportando, ofreciendo información sobre desarrollos positivos en relación a los derechos sexuales y de aborto que, sorprendentemente, también han tenido un lugar más allá de la sombra proyectada por el COVID-19.

COVID-19 y economía: pocos haces de luz y muchas sombras

El pronóstico de la OCDE para las 47 economías más grandes del mundo predice que en la mayoría de ellos las pérdidas del PBI serán de más del 8% en 2020. Por el lado positivo, sin embargo, transferencias de efectivo de emergencia fueron sorprendentemente adoptados por muchos países, tanto al Norte como al Sur del Ecuador, incluso contra la abierta resistencia de ciudadanos o políticxs. Aún mejor, los debates respecto a un Ingreso Básico Universal tuvieron un resurgimiento tanto a nivel nacional como internacional y puede devenir en direcciones positivas a futuro. Asimismo, han ganado tracción debates sobre la necesidad urgente de asegurar el acceso universal a la salud.

En mayo, la Comisión Europea propuso un paquete post-recuperación de 750 billones de euros, mientras Alemania y Francia lanzaron un fondo conjunto de reconstrucción de 500 billones de euros; son propuestas que priorizarán la redistribución y la economía verde y, a principios de julio, 80 de las personas más ricas del mundo realizaron una declaración pública llamando a impuestos más altos para las grandes fortunas como una salida posible. En lo que respecta a respuestas biomédicas a la crisis, Costa Rica propuso dentro del alcance de la OMS una iniciativa para compartir la propiedad intelectual llamada C-TAP (por sus siglas en inglés, COVID-19 Technology Access Pool) para coordinar los resultados de las investigaciones y así crear una vacuna para al SARS-CoV-2. Otras medidas similares han sido propuestas en el Parlamento Europeo. Estas tendencias parecerien confirmar las predicciones de algunos observadores optimistas sobre los potenciales efectos positivos de la crisis del COVID dentro de los debates sobre políticas económicas y sociales.

Sin embargo, antes de que estas proposiciones transformativas sean realidad, las distorsiones y voracidad del capitalismo tardío siguen al mismo paso. En varios contextos, la crisis del coronavirus sirve como una cortina de humo para ocultar patrones ordinarios de explotación y destrucción ambiental. En Ecuador, por ejemplo, un importante derrame de petróleo –que coincidió con el incremento geométrico del total de muertos de la pandemia en Guayaquil– no recibió la atención mediática que podría haber recibido en otro momento, incluyendo la relación con cómo creó barreras adicionales para el tratamiento y prevención de poblaciones nativas afectadas por el COVID.

Casos repugnantes de incrementos excesivos de precios y corrupción fueron reportados durante la compra y venta de equipamiento médico para el COVID-19, así como noticias han puesto en evidencia cómo las corporaciones ven a la crisis simplemente como una oportunidad para vender productos y comprar bienes baratos (vea nuestra compilación). No menos sorprendente es la carrera desesperada por una vacuna –motivada por fines de lucro y por la obsesión con re abrir las economías nacionales- cuyo desarrollo se da en modos altamente problemáticos. Uno de estos ha sido el caso Moderna, la compañía con base en Estados Unidos que ha aumentado colosalmente el valor de sus acciones luego de reportar desarrollos positivos no verificados sobre su potencial producto. Unas semanas después, el Consejo Indio de Investigación Médica redujo los protocolos bioéticos a estándares mínimos en lo que respecta a experimentación clínica en humanos para acelerar el testeo de una vacuna producida nacionalmente. Si bien esta decisión provocó críticas inmediatas por investigadorxs, el mismo modelo minimalista puede ser adoptado por otros programas de desarrollo de una vacuna para el COVID, potencialmente exponiendo a miles de sujetos de estudio (cuya vulnerabilidad está potenciada por marcadores sociales, de casta, raciales y étnicos, de género y sexuales) a riesgos y coerción.

Mientras tanto, muchos reportes mediáticos y análisis académicos han ido apareciendo en relación con los efectos económicos del nuevo coronavirus en términos de la acentuación de las desigualdades y la disminución en los medios de subsistencia en regiones vulnerables, países con mayor pobreza y entre grupos sociales viviendo en situaciones de alta vulnerabilidad. La situación de migrantes (y, en particular, trabajadores migrantes no documentados) se ve dramáticamente impactada en términos de supervivencia económica, exposición al virus, y la escasez en el acceso a servicios de salud. A la vez, mientras secciones enteras de la economía no pudieron sobrevivir los confinamientos y cuarentenas, el vasto campo de centros de llamadas y plataformas digitales de depósitos y entregas han continuado con el mismo ritmo o incluso se han expandido durante la crisis. En este sector, los empleos no fueron perdidos, pero el trabajo desprotegido –del cual un gran porcentaje es de mujeres- encuentra a lxs trabajadorxs sobrecargadxs e hiper explotadxs, y más expuestxs que otros grupos a los riesgos de la transmisión del COVID-19 (vea una compilación). En LatFem, la investigadora feminista argentina, Flora Partenio, analiza el escenario latinoamericano y reporta sobre cómo lxs trabajadorxs se están movilizando políticamente más allá de las enormes constricciones.

Finalmente, los efectos económicos de la pandemia en las vidas de lxs trabajadorxs sexuales no se detuvieron. Desde abril, han sido publicados nuevos artículos sobre las dificultades económicas que afectan a las personas trabajando en la industria comercial sexual en Brasil, Puerto Rico, Tailandia y Estados Unidos. Al analizar este escenario acusciante, la Alianza Global Contra el Tráfico de Mujeres (GAATW por sus siglas en inglés), ha realizado un apremiante llamado a las instituciones anti-tráfico ya establecidas y a activistas a dar un paso hacia atrás y abandonar el mantra del tráfico como “esclavitud moderna” y unirse a la cada vez mayor demanda mundial por la busca de un cambio sistémico. La Red Global de Proyectos de Trabajadorxs Sexuales (NSWP por sus siglas en inglés) y UNAIDS han llamado a los gobiernos a asegurar a lxs trabajadorxs sexuales el acceso a medidas nacionales de protección social y prevenir la exclusión a las medidas de emergencia existentes para otrxs trabajadorxs, particularmente en aquellos países donde el trabajo sexual se encuentra criminalizado. Sin embargo, una colección de reportes mediáticos muestra que barreras enormes productos de la estigmatización moral e innecesarios requerimientos burocráticos han impedido a lxs trabajadorxs sexuales acceder a transferencias de efectivo de emergencia de COVID en Canadá, Francia, Tailandia y Japón. Por el contrario, The Guardian reportó a fines de abril que Nueva Zelanda, uno de los pocos países que han derrotado al COVID –donde la prostitución se encuentra descriminalizada por completo- lxs prostitutxs tuvieron fácil acceso a los fondos de emergencia de protección social.

COVID-19: desdemocratización y oposición

En la edición especial marzo-abril del SPW, nuestra sección sobre COVID-19 y política hizo un breve recorrido sobre cómo la pandemia ha difundido una semántica de “guerra”, proveyéndole a los Estados distintas justificaciones para viejas y nuevas formas de vigilancia y violencia política. Desde ese, entonces, como se puede ver en una nueva colección de artículos compilados, este problema ha persistido o, incluso, se ha expandido.

Comenzando por China (donde los índices de infección parecieran estar ahora bajo control), las investigadoras feministas Cai Yiping y Ai Yu han hecho un minucioso análisis sobre cómo el COVID-19 causó la implementación de nuevos y sofisticados modos de vigilancia digital estatal que, acorde a su punto de vista, amplió patrones pre-existentes de coerción y represión. Este entorno doméstico no está desconectado con las geopolíticas de China a nivel regional y global. Mientras tanto, un gran número de críticxs, incluyendo a la feminista indiana Aruna Roy, denunciaron que en India la pandemia ha contribuido a la continua reducción de espacios democráticos. El carácter autoritario de las respuestas al COVID son también evidentes en otros países asiáticos, en particular Myanmar y Filipinas, pero también en Vietnam, donde la censura del Estado ha teñido negativamente los resultados positivos en salud pública fruto de las políticas del país frente a la pandemia.

Otros patrones similares de coerción y arbitrariedad también se han vuelto más flagrantes en Burundi, Kenya, Uganda y Zimbabwe, a medida que el COVID-19 avanza sobre África subsahariana. En Sudáfrica, el país más afectado en la región, se han preservado las condiciones democráticas, y se han adoptado políticas de salud pública no coercitivas. Sin embargo, también se han disparado múltiples casos lamentables de desalojos y extrema violencia policial en contra de trabajadorxs y migrantes. En África del Norte y a lo largo de la región MENA (Medio Oriente y Norte de África, por sus siglas en inglés) también ha continuado la intensificación de la coerción del Estado y el control político. En Algeria, por ejemplo, el control estatal relacionado con el COVID-19 paralizó la insurgencia que se estaba desarrollando desde principios del 2019.

En América Latina, las tendencias de desdemocratización propulsadas por las respuestas estatales al COVID-19 han persistido a lo largo de América Central (con excepción de Costa Rica), así como también en Bolivia y Venezuela. También podemos encontrarlas en medidas menos visibles adoptadas por las autoridades locales en muchos otros países. Los mismos patrones no son sustancialmente diferentes de los de Europa del Este – en particular Hungría y Polonia –, Rusia y Turquía. En estas regiones los líderes autoritarios populistas u otros actores estatales están, en muchos casos, usando la pandemia para fortalecer el control sobre la sociedad o, como una mera excusa para ejercer violencia. Sin embargo, un detallado comentario sobre cómo el Estado de Bosnia reaccionó al COVID-19 sugiere que hay también circunstancias donde los Estados responden a la pandemia con vigilancia policial como si fuera para mostrar que están haciendo algo, simplemente porque “carecen de la habilidad de preocuparse por sus ciudadanxs”.

Las respuestas estatales al COVID-19 en disputa

Mientras que la arbitrariedad y controles estatales más estrictos han persistido o sufrido una expansión desde abril, las protestas en contra de las políticas por el COVID-19 también han ganado visibilidad, particularmente luego de materializarse en Estados Unidos. Una lista incompleta compilada por Wikipedia muestra, de hecho, que, desde los primeros días de la pandemia, las insurgencias se han multiplicado a lo largo de todos los continentes. En varios países, comenzando por China, investigadorxs y profesionales de la salud han alzado sus voces para disputar la censura estatal de los datos sobre el COVID y/o demandar equipos de protección y mejores condiciones laborales, como se ve ilustrado por la huelga de trabajadoras de la salud en India. En el Sur global, en estas movilizaciones han participado principalmente trabajadorxs, migrantes y personas pobres, quienes protestan en contra de los efectos económicos y espaciales de los confinamientos y, en algunos casos, en contra de las duras medidas estatales de coerción y violencia policial.

Por contraste, en Europa y las Américas, lo que estalló luego fue algo completamente diferente: indignación y protesta en contra de las máscaras, cuarentenas, confinamientos y “economías cerradas”. En Berlín, el 16 de mayo, actores de extrema derecha e izquierda radical se unieron en una protesta en contra de la falta de libertad y el “estado de excepción”. Ese mismo día, en España, el partido de extrema derecha VOX fue a las calles, usando un lenguaje similar para protestar en contra de las políticas contra el COVID-19 implementadas por la administración socialista. Casi al mismo tiempo, grupos en contra de los confinamientos se hicieron escuchar en el Reino Unido.

En Estados Unidos y Brasil, las calles fueron tomadas por aquellxs que apoyan el negacionismo del COVID-19 de Trump y Bolsonaro, el enfoque darwinista social a la pandemia y su obsesión con una rápida “apertura de la economía”. Movilizaciones similares tuvieron lugar con un menor impacto en Canadá, México, Chile y Argentina. El panorama brasileño ha resultado ser tan espantoso como riesgoso. Bolsonaro alentó las movilizaciones, las cuales estuvieron peligrosamente entrelazadas con ataques al Congreso y a la Suprema Corte y llamados abiertos a un golpe militar. El presidente brasileño ha incluso participado a algunos de estos eventos.

Estas olas de protestas en nombre de la libertad y en contra de la “coerción y represión estatal” resultan muy relevantes desde una perspectiva de políticas de género y sexuales. En casi todos los casos, fuerzas antiaborto y antigénero fueron parte de las protestas, por no decir que fueron sus líderes principales. Más aún, las motivaciones declaradas se superponen de modos complejos y paradojales con nuestras propias opiniones críticas relacionadas con el potencial autoritarismo permanentemente ocultado bajo la arquitectura de la democracia liberal. Finalmente, como también ha sucedido con las campañas antigénero de la última década, los métodos de reunión y semánticas de las movilizaciones imitan abiertamente e invierten nuestros propios repertorios de protestas, como se ve ilustrado con el slogan “mi cuerpo, mis reglas”, utilizado por las manifestantes en Estados Unidos. Alrik Schubotz, colaborador de SPW, realizó un comentario sobre la cacofonía vista en Berlín; citó un artículo publicado en la revista Die Zeit que subraya cómo las paradojas y complicaciones del panorama de la pandemia postula un desafío tanto para los liberales como para la izquierda para atreverse a clarificar de modo más preciso sus parámetros epistemológicos y éticos en relación con los significados y efectos del COVID-19, así como con las políticas en general.

COVID-19 se encuentra con Black Lives Matter

En junio, sin embargo, una nueva ola de protestas se extendió a lo largo del panorama político global, también dirigido a la represión estatal, pero cargando un significado completamente diferente. Estamos hablando por supuesto de Black Lives Matter (las Vidas Negras Importan) realizando un levantamiento en contra de la violencia policial racial en Estados Unidos, el cual se encuentra firmemente situado en el laberinto más amplio que es el trasfondo de la pandemia. El brutal asesinato de George Floyd en Mineápolis, el cual dio desencadenó la rebelión, se encuentra profundamente entrelazado con la dificultad económica que él estaba sufriendo por la crisis del COVID-19. El levantamiento se superpuso y superó las protestas en contra de los confinamientos e inspiró movilizaciones en otros países, más allá de las restricciones por la pandemia. Más fundamentalmente, la violencia policial racial – la cual es objeto, una vez más, de los movimientos negros estadounidenses- es una constante manifestación de la brutalidad del Estado perpetrada por regímenes liberales democráticos. Esta es la misma violencia que, en otros lugares, ha sido activada o facilitada por la pandemia. Finalmente, y tal vez más críticos, son los efectos combinados del COVID-19 y el levantamiento de Black Lives Matter, los cuales han transformado el panorama político del país, creando las condiciones para que Trump sea derrotado en las elecciones presidenciales de 2020. Los significados e impactos de tal derrota no estarían confinados por las fronteras estadounidenses.

Sin embargo, aún hay sombras sobre el horizonte. Basta con recordar que en el pico de las protestas, Trump y un senador republicano hicieron un llamado abierto al uso de las Fuerzas Armadas para reprimir a las masas en las calles, despertando críticas desde diversos frentes, incluyendo el militar. Un artículo reciente en The Nation analizó estos eventos, repasando otros momentos críticos en las políticas contemporáneas de Estados Unidos, tales como 9/11 y las rebeliones de 1971 en contra de la guerra de Vietnam, donde se realizaron llamados similares. También recuerda que el deseo de Trump de utilizar el poder de emergencia de la presidencia estadounidense no ha decaído precisamente:

América podría estarse enfrentando a una tormenta perfecta tan peligrosa como 9/11: una pandemia incontrolable, un reservorio de poder presidencial no explotado, un Congreso irresponsable y unas cortes letárgicass. El único control que queda sobre la presidencia de Trump sería la gente, ya sea en las cabinas electorales o en las calles.

Una compleja ecuación desafía entonces a Black Lives Matter y otras fuerzas progresistas en la sociedad estadounidense, la cual puede aplicar también a otros contextos: ¿cómo encontrar el equilibrio entre la urgencia política de estar en las calles con el imperativo impuesto por la pandemia a la protección mutua en un contexto donde las infecciones del COVID-19 siguen aumentando?

COVID-19 como biopolítica: configuraciones y efectos

Como fue delineado por la primera Edición Especial de SPW, el COVID-19 es una crisis biopolítica que simultáneamente reactiva y amplifica la lógica de gobernabilidad y técnicas científicas para un control a gran escala de la población y para disciplinar y vigilar cuerpos sociales e individuales (como fue teorizado por Foucault en los setenta). Para ilustrar lo que esto significa, en la colección de material que hemos compilado para esta edición, un artículo publicado en Global Voices analiza cómo la respuesta estatal arbitraria a la pandemia en Zanzibar se remonta a estructuras coloniales racializadas y modalidades de vigilancia y control de plagas, criminalidad y disenso político.

Tan pronto como la escala de la pandemia fue reconocida y se adoptaron políticas de contención, comenzaron a circular un sinnúmero de reflexiones críticas que dieron mucho que pensar sobre las biopolíticas del coronavirus. Dentro de estas primeras reflexiones un artículo de Giorgio Agamben que interpretaba a la pandemia como una invención para justificar las “medidas de los estados de excepción” desató una variedad de críticas y respuestas. Estas no agotaron los debates político-filosóficos sobre el tema, pero definitivamente contribuyeron a esclarecer las maneras en las que el COVID-19 se ha manifestado como biopolíticas.

Dentro de estas ricas y provocadoras reflexiones, vale la pena resaltar el ejercicio realizado por Philipp Sarasin, quien recaptura y diferencia entre las dos modalidades foucaltianas de gobernar los cuerpos sociales para contener las enfermedades y “hacer vivir y dejar morir”. Como recupera Sarasin, la primera elaboración foucaultiana fue el modelo “leproso” de confinamiento estricto, aislamiento, vigilancia y castigo. El segundo fue el “modelo viruela”, el cual se basa en observación estadística, medidas de incidencia sobre la enfermedad e inoculación. Este incluye la vigilancia, pero también implicaba y precisaba el cumplimiento de tanto los individuos como las sociedades. En otras palabras, un modo de gobernar plagas más acorde a la lógica liberal de regulación estatal.

El marco conceptual de Sarasin es analíticamente productivo, porque permite una cartografía más detallada de las biopolíticas de la pandemia del COVID-19. Poniéndolo en práctica vemos cómo, en un alto número de casos, el COVID-19 ha implicado efectivamente la adopción de estrictas medidas de contención de arriba hacia abajo, las cuales dieron lugar casi inmediatamente a poderes excepcionales y, eventualmente, violencia estatal. En otros contextos, sin embargo, las respuestas han sido seguidas por un modelo ideal establecido por las respuestas a la viruela: juntar la información epidemiológica, modulación y confinamiento y aislamiento social “consensuado”. Por decirlo de otro modo, un estado de emergencia sanitario no necesariamente deriva en un “estado de excepción”.

Luego, inspirada por las reflexiones de Roberto Sposito y Judith Butler, Sonia Corrêa sugirió (en el #DawnTalks: Feminist Perspectives on COVID) que otra configuración debe ser añadida a esta cartografía, para entender mejor qué es lo que está sucediendo en Brasil, Estados Unidos, Suecia y Nicaragua (entre algunos otros países) donde lo que prevalece es la promoción de la inmunidad, mayormente a través de negligencia deliberada. Estas prácticas y actos comunicativos reviven las concepciones neo-darwinistas de la supervivencia del más apto relacionadas con la competencia capitalista y la dispensabilidad de los cuerpos trabajadores y “no productivos”. Las improntas eugénicas de esta visión son también flagrantes, como fue denunciado contundentemente por el médico brasileño Arnaldo Litchenstein en su dura crítica a la conducta de Bolsonaro ante el COVID-19.

Género y sexualidad: implicancias y efectos

Idealmente, para mapear minuciosamente lo que implica el COVID-19 como biopolítica para el género y la sexualidad, los distintos modos de cómo la pandemia fue gobernada -que fueron previamente delineados- debieran ser sistemáticamente vistos a través de estos lentes. Lamentablemente, ese es un ejercicio mucho más complejo del que podemos realizar aquí. Lo que sigue a continuación es una vista panorámica de lo que parecieren ser por el momento los aspectos más evidentes de la pandemia en términos de espacialización y estigmatización/ataques a “los otros” como vectores.

Espacialización: Violencia y soledad

Hace dos meses nos concentramos en la adopción de reglas de segregación en función del género para contener el contagio del coronavirus. En esta edición, nuestro foco está puesto en los confinamientos y los límites.

Antes de analizar cómo esto se pone en juego específicamente en los campos del género y la sexualidad, queremos recordar a lxs lectorxs que, desde abril, uno de los impactos más potencialmente trágicos relacionados con el COVID-19 refiere a lo que está sucediendo en las prisiones, particularmente en aquellos países que son paladines de la encarcelación. Esta potencial masacre es un craso ejemplo de necropolíticas y, como es sabido, la vulnerabilidad de lxs presidiarxs se cruza con indicadores de raza, etnicidad, género y sexualidad. Los indicadores a nivel mundial de infección y mortalidad en las personas encarceladas no se encuentran disponibles, pero la información obtenida de países específicos es muy preocupante. El 16 de mayo, las agencias de la ONU hicieron un llamado a la adopción urgente de tanto políticas de salud pública como de medidas de excarcelación. Como muestra Wikipedia, algunos países han liberado presidiarxs formalmente, pero una declaración del Human Rights Watch informa que las políticas y las decisiones de las cortes en ese aspecto se enfrentan a muchos obstáculos y que el porcentaje de liberación de presxs ha sido muy bajo (5 por ciento).

Yendo a los impactos de la cuarentena y aislamiento social de los últimos dos meses sobre el género y la sexualidad, se ha ido acumulando evidencia de indicadores atroces de violencia de género debido al confinamiento doméstico, y es ahora visto como una pandemia oculta. Esta inquietante realidad no fue creada por las biopolíticas del COVID-19, sino que fueron sacadas a la luz por los efectos de espacialización estricta y confinamiento en el hogar ya sea forzado o voluntario.

El aislamiento en el hogar por el COVID-19 deja una vez más en claro que las relaciones de poder de los géneros permanecen extremadamente desiguales, revelando considerablemente que la vida familiar y la domesticidad no son el reino del amor y cuidado presentado por las ideologías conservadores seculares y religiosas.

Las cuarentenas y el aislamiento social también han propulsado violencia y otros efectos negativos sobre personas cuyo género y sexualidad no conforman con la normalidad hetero-cis dominante (vea una compilación). Estos riesgos y abusos fueron abordados ya en abril por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta alerta fue replicada por organizaciones LGBTQI y los medios de comunicación especializados, pero el problema no acumuló tanta visibilidad como la violencia en contra de las mujeres, incluso cuando hay fuertes indicaciones que es igual de urgente y letal, como sugieren los aumentos en el número de suicidios en jóvenes queer.

En el webinar #DawnTalk mencionado previamente, la feminista mexicana lesbiana Gloria Careaga, miembro del comité directivo de SPW, remarcó que además de la discriminación y abuso a los que pueden estar expuestas las personas queer en sus hogares, también dependen fuertemente de redes sociales de apoyo y, por lo tanto, pueden tener experiencias muy negativas con el aislamiento social. Hay un caso coreano que puede que ilustre con claridad esto. En mayo, se vio un nuevo brote de COVID-19 en una zona de bares en Seúl, el cual causó un pánico social en contra de la comunidad LGBT. Un hombre gay que había sido identificado como uno de los transmisores del virus fue entrevistado por la prensa. Él se arrepintió públicamente de haber roto las reglas de aislamiento social, pero, al hacer eso, también explicó que dejó su hogar de modo indebido por su profunda soledad y que un bar era el único lugar donde podía encontrar compañía.

“Otrxs como portadores”

Nuestra Edición Especial de marzo-abril también ofreció un bosquejo de cómo el COVID-19 estaba creando estigmas y alimentando acusaciones en contra de los imaginarios humanos portadores del virus. Este sendero comienza con “lxs chinxs” para luego trasladarse a la gente mayor, gente con enfermedades crónicas (incluyendo personas viviendo con VIH/sida), profesionales de la salud, migrantes, inmigrantes y refugiadxs, así como aquellas personas que viven en áreas urbanas donde el aislamiento físico resulta dificultoso o imposible.

Desde ese entonces, estas categorías han permanecido dando vueltas dentro de la atmósfera biopolítica de la pandemia y diferentes “otrxs que deben tener la culpa” entraron en juego. En Estados Unidos, un oficial de alto rango de la administración de Trump declaró que las altas tasas de mortalidad en personas negras pueden ser explicadas por la “raza”. Más tarde, cuando en Brasil ganó visibilidad el alto índice de infecciones entre personas indígenas, una ciudad en el estado de Tocantins bloqueó la entrada a nativos brasileños limítrofes. Y, como fue mencionado más arriba, un brote de COVID-19 en la zona de bares gay en Seúl causó una ola de flagrante homofobia.

En este pesado panorama, la acusación realizada por nacionalistas hindúes que colocaba a lxs musulmanxs como lxs principales portadorxs del COVID-19 en India, es finalmente el trasfondo más preocupante en ganar una mayor visibilidad global a lo largo de los últimos dos meses. Este ataque biopolítico agrega una nueva capa de brutalidad a la constante y despiadada xenofobia y violencia perpetrada por el regimen de Modi (y nacionalismo hindú, en líneas generales) en contra de la comunidad india musulmana. Como es bien sabido, desde diciembre que la comunidad ha luchado valientemente por el pleno derecho de ejercicios como ciudadanos, como se ve ilustrado por la corajuda resistencia organizada por musulmanas en Dheli entre enero y marzo 2020.

Como muestra un informe del IDS, si bien India es el ejemplo más extremo, no es el único lugar donde comunidades religiosas minoritarias son ahora atacadas por “vectores” del SARS-CoV-2. Otras tendencias similares han sido identificadas en Pakistán, Iraq y Uganda. Estas dinámicas perversas buen ser leídas a través de la perspectiva de libertad de credo, o, inversamente, de intolerancia religiosa y discriminación. Es sin embargo importante recordar, en este contexto, que raza y religión fueron (y son) constantemente superpuestas en categorías taxonómicas biopolíticas de segregación y jerarquización, como fue el caso con lxs morxs y, en particular, con los judíxs a principios de la Modernidad europea. Dada la implicación de las religiones con las políticas de género y sexo, es importante no perder de vista este trasfondo.

COVID-19: políticas antigénero y antiaborto

La Edición Especial de marzo-abril citó el análisis de la periodista de openDemocracy Clare Prevost, en donde postula que el estado de anormalidad disparado por la pandemia crea condiciones favorables para que las fuerzas conservadoras refuercen los tradicionales roles de género y dimorfismo sexual, así como también los ataques al feminismo, aborto y diversidad sexual. Lo que ha sucedido desde ese entonces parece confirmar sus predicciones. En esta sección le prestamos atención a estas tendencias subyacentes, analizando cómo los actores religiosos e instituciones se están comportando en relación a la pandemia y cuáles fueron las acciones tomadas por actores estatales y seculares (incluso al día de la fecha no es tan fácil hacer estas distinciones).

Cómo se están comportando los actores cristianos

Como en el periodo marzo-abril, las voces religiosas conservadoras (simultáneamente involucradas en campañas antigénero y antiaborto) continuaron disputando puntos de vista científicos, así como la información respecto al COVID, diseminando posiciones que lo describen como una conspiración o castigo divino (vea aquí). Respecto a los efectos de estas narrativas, un artículo de The Guardian muestra de modo preocupante que la mayoría de lxs estadounidensxs religiosxs cree que la pandemia es en efecto un mensaje divino. Además, en Estados Unidos y en Brasil, han persistido disputas relacionadas con el cierre de las iglesias, llevando a la flexibilización de las reglas de distanciamiento social, como fue el caso en California de la decisión tomada por la Corte Suprema de los Estados Unidos y en São Paulo de la decisión del Tribunal de Justicia del estado.

Mientras que los episodios relatados previamente se refieren a voces y denunciantes del lado evangélico, lxs católicxs no se han quedado calladxs tampoco. En España, un obispo declaró que, dado que la vacuna del COVID-19 utilizará material genético fetal, debiera ser abominada. En el Reino Unido, otro prelado católico atacó la normativa que le permite a las mujeres emplear técnicas abortivas médicas en sus hogares. Y, en Kenya, los obispos católicos renovaron sus ataques con la educación sexual integral. Luego, la Virgen voló sobre países afectados por el COVID-19. A finales de marzo la Fuerza Aérea Italiana voló a la estatua de la Virgen María sobre el país. Poco después, la virgen patrona de Costa Rica, La Negrita, sobrevoló por el país. En mayo, El Salvador y Colombia pudieron ver las visitas áreas de la Virgen de Fátima (vea al final de la compilación).

En Latinoamérica, estos vuelos de las Vírgenes han evocado de modo craso a la tradición marianista que mantiene antiguas asunciones católicas sobre las mujeres como devotas y obedientes esposas y madres. Vale la pena mencionar el hecho de que la Virgen que voló sobre Colombia y El Salvador era portuguesa. Estos eventos pueden ser explicados por la presencia en estos países de feroces grupos ultra-católicos antiaborto y antigénero, tales como los Heraldos del Evangelio u otra ramificación de la ahora extinta organización brasileña ultra-católica Tradición, Familia y Propiedad (TFP). En línea con la tradición portuguesa fascista, la hagiografía de la TFP retrata a la Virgen de Fátima como un “escudo contra el comunismo”. Desde el 2018, a medida que la política de derecha arrasó la región, estas corrientes ultra-católicas fueron ganando mucho poder político y estabilidad. Como fue analizado en el reporte de la EPF Cruzados Modernos en Europa (Modern-Day Crusaders in Europe), las ramas europeas de la TPF también han estado extremadamente activas en los años recientes, particularmente en Polonia y otros países de Europa del Este.

En último lugar, pero no por ello menos importante, a finales de junio, el Vaticano presentó su nuevo Directorio de Catequesis, el cual incluye algunas menciones al respecto de género e identidad de género. Una de estas, si bien formulada con un lenguaje más delicado que el que viene siendo usado en documentos previos, reitera la histórica posición de la Iglesia católica: “según tal posición, la identidad de género, ya no sería un dato original que la persona debe acoger y llenar de sentido, sino una construcción social que se decide autónomamente, desvinculada completamente del sexo biológico. El hombre niega la propia naturaleza y decide creársela él mismo. Sin embargo, según el relato bíblico de la creación, el ser humano ha sido creado por Dios como varón y mujer.”

Políticas estatales y actores seculares

Como predijo Prevost, la pandemia no le está impidiendo a los gobiernos o a otros actores estatales conocidos por su ideología antigénero el promover nuevas leyes o poner en prácticas políticas que lleven a la abolición del “género”. Por el contrario, les ha dado nuevas oportunidades para fomentar aún más estas guerras.

En Polonia, a medida que el país se aproxima a sus elecciones presidenciales, los discursos oficiales del gobierno del partido oficialista PiS y sus aliadxs contra aquello que denominan “ideología LGBT” han ido en aumento. Como se ve en un mapa que ha contado con amplia difusión en internet, un tercio del territorio polaco se considera ahora “zona libre de LGBT”. En la Universidad de Silesia estalló un violento conflicto entre estudiantes y un orador agresivamente antigénero. A la vez que esta edición especial estaba siendo terminada, el PiS ganó las elecciones por un pequeño margen de votos.

Además, en el país vecino, Hungría, a principios de mayo, el Parlamento (siguiendo el camino marcado por Bulgaria en 2019) votó en contra de la ratificación de la Convención de Estambul. Poco tiempo después, aprobó una ley que define al género como sustentado por los cromosomas y suspende los derechos existentes a la identidad social. Esto fue seguido por la aprobación de una legislación similar por el Senado Rumano que, sin embargo, todavía precisa de la sanción presidencial para que sea puesta en práctica.

Mientras que Europa del Este sigue siendo un núcleo de las batallas de género, una campaña regional en contra de la convención de Estambul también está tomando forma y puede, potencialmente, afectar a otros países europeos. De hecho, incluso ahora en el Reino Unido donde los ataques al género estaban relativamente ausentes, el debate de normativas respecto a los derechos de identidad de género está virando problemáticamente. Un feroz debate también está teniendo lugar en España, el cual muestra cómo las posiciones respecto al género y la identidad de género están preocupantemente desdibujando los límites entre la izquierda y la derecha, así como entre puntos de vista feministas y ultra-conservadores religiosos.

Pasando a América, justo antes de que la Corte Suprema de los Estados Unidos emitiera una decisión innovadora respecto a la identidad de género y discriminación laboral, la administración de Trump presentó una orden ejecutiva que elimina a la identidad de género de la lista de motivos injustificados para la discriminación en el cuidado a la salud. En Brasil, en mayo, cuando la Corte Suprema decretó como inconstitucional a una ley municipal de educación antigénero (vea más abajo), el presidente Bolsonaro reaccionó tomándose una foto con un cura y niñxs en edad escolar, y declaró que se aprobaría rápidamente una ley antigénero. No mucho después, una provisión fue presentada en el Congreso brasileño cuyo contenido no se diferencia demasiado de las legislaciones húngaras y rumanas previamente mencionadas.

El panorama mundial es también atroz en lo que respecta al aborto. Ojo Público analiza cómo, en México, a medida que crecen los índices de infecciones por el COVID porque no se adoptó ninguna medida de respuesta nacional consistente, el derecho al aborto se ha vuelto el principal blanco de las fuerzas conservadoras seculares y religiosas. Como fue reportado ampliamente por la prensa, la administración estadounidense ha hecho más ataques a la OMS y a la propia ONU. El director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) envió una carta al Secretario General, solicitando que la recomendación para el sustento de servicios relacionados con los derechos reproductivos durante la pandemia sea eliminada de los protocolos de las agencias de la ONU. Del mismo modo, obedeciendo a una orden dada por Bolsonaro en Twitter, el general a cargo de ser el ministro interino de salud en Brasil, despidió a lxs coordinadorxs a cargo del Programa Nacional de Salud de la Mujer porque firmaron un protocolo técnico recomendando que los servicios sexuales y reproductivos debieran ser preservados en las políticas nacionales de respuesta al COVID-19.

Brasil es también, lamentablemente, un sitio privilegiado para examinar cómo las fuerzas antigénero y antiaborto están dejando al margen la crisis del COVID-19 y moviéndose abiertamente hacia el extremismo político. A fines de abril, un grupo bolsonarista autodenominado los “300 de Brasil” levantaron campamentos en la Explanada de los Ministerios en Brasilia. Una de sus líderes fue Sara Winter, la activista ex-femen renacida en ultra-católica quien, desde 2014, ha sido una voz principal en Brasil en los movimientos antiaborto y antigénero (obteniendo también un cierto grado de notoriedad internacional). En una entrevista con la BBC, Winter declaró que su grupo estaba armado, y una foto de ella con dos pistolas ilustró la historia. A finales de mayo, los 300 de Brasil atacaron la Corte Suprema de Brasil con fuegos artificiales. Inmediatamente después, Sara desafió públicamente al juez a cargo de la investigación sobre las conductas anti democráticas de lxs bolsonaristas. Más tarde, en junio, fue arrestada y se encuentra por el momento bajo vigilancia electrónica en prisión domiciliaria. Su trayectoria es una poderosa historia sobre cómo la ideología antiaborto y antigénero puede transformarse fácilmente en neo-fascismo.

COVID-19, género y sexualidad: ¡Finalmente buenas noticias!

A pesar de las sombras que actualmente se ciernen sobre el mundo debido a los efectos de la pandemia del COVID-19, también hay buenas noticias a reportar en algunos dominios, la mayoría de ellos resultado de diversas decisiones en las Cortes Supremas de varios países.

En África, el 27 de junio, cuando su Parlamento votó por la descriminalización de la homosexualidad, Gabón se convirtió el séptimo país en eliminar las leyes que castigan las relaciones entre personas del mismo sexo en África Subsahariana en los últimos años, los otros son Sudáfrica, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, Angola y Botswana.

El mes anterior, el 26 de mayo, Costa Rica se volvió el primer país de Centroamérica en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este tema fue central en la carrera presidencial en el 2018, un hito en las campañas antigénero del país cuando el pastor evangélico candidato Fabricio Alvarado viró su ataque a la Opinión Consultativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual había sido específicamente solicitada por el país. Subsecuentemente, la Corte de Costa Rica hizo una declaración respecto a la objeción de conciencia que podría crear obstáculos para la completa implementación del matrimonio igualitario. Los resultados de este fallo deberán, por lo tanto, ser supervisados minuciosamente.

Más tarde, el 15 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos también hizo un fallo histórico a favor de la no discriminación en el trabajo basada en identidad de género y orientación sexual. Dos semanas más tarde, el 29 de junio, también decretó como inconstitucional la ley de Louisiana que impide las operaciones en las clínicas de abortos, a excepción de condiciones muy restringidas. Mientras estas resoluciones debieran ser festejadas, varixs analistas aportan que los votos decisivos vinieron de los jueces conservadores de la Corte, quienes se colocan a favor de los derechos de las personas LGBTI y al derecho al aborto únicamente de modo formal.

Mientras tanto, en Brasil, el movimiento Escuela Sin Partido –el cual es también antigénero- sufrió varios retrocesos dada la resolución de la Corte Suprema de reafirmar la constitucionalidad de la inclusión del género en la educación, y votó unánimemente en contra de las leyes municipales de Novo Gama, Ipatinga y Cascavel. Estos fallos también establecen que el abordaje del género y la sexualidad en la educación pública es deber del Estado.

En Europa, la legislatura alemana aprobó una prohibición a los anuncios y práctica de terapia de conversión sexual para menores el 8 de mayo. Alemania se suma a Brasil, Ecuador, Malta y Taiwán en la lista de países que han prohibido esta denominada práctica terapéutica. Y, el 10 de julio, Instagram y Facebook se adhirieron a una política global de censurar contenido relacionado con la conversión sexual. En este campo particular, otro hito que debiera ser resaltado fue el lanzamiento del Informe sobre Prácticas de la Denominada “Terapia de Conversión”, elaborado por el Experto Independiente de la ONU en protección contra la violencia y discriminación basada en orientación sexual e identidad de género.

Despedida

El COVID-19 es, principalmente, un momento de pérdida y duelo. Y, por lo tanto, lamentamos profundamente las más de 500 mil vidas perdidas desde enero, 72 de ellas en Brasil, el país en el que vivimos. También queremos rendir homenaje a nuestra compañera colombiana, Katherine Cuellar Bravo, una joven investigadora feminista quién nos dejó en mayo.

Sexualidad y Arte

SPW destaca el trabajo de la artista brasileña Ventura Profana sobre raza, sexualidad y género.

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