Primeras Palabras

Desde julio, cuando publicamos nuestra última edición especial, como verán en este número, han sucedido muchas cosas. Ya sea en la pandemia o en el campo de la política sexual. Nuevamente, las páginas que siguen son bastante densas, pero recuerde que las sesiones son relativamente independientes y se pueden leer por separado. Para que sea más fácil de leer, ahora también ponemos a disposición la versión PDF de nuestra revisión (acceda y descargue aquí).

En esta edición, nos complace contar con cuatro colaboraciones destacadas. La primera de ellas es una entrevista exclusiva con el politólogo Massimo Prearo sobre la política anti-género del Vaticano, examinada desde el punto de vista del debate legislativo en Italia que devolvió la Ley Zan contra los delitos de odio a su etapa inicial de tramitación. También tenemos tres excelentes contribuciones en portugués.  Sandra Valongueiro, médica feminista de Pernambuco, produjo una excelente nota técnica sobre los trágicos indicadores de muerte materna en Brasil en el contexto del COVID-19. La socióloga Codou Bop nos trae una breve descripción de los impactos de género de la pandemia en Senegal. Y, finalmente un artículo de Françoise Girard, sobre las amenazas al derecho al aborto en los Estados Unidos (publicado originalmente en Ms Magazine). Agradecemos la generosidad de estas colaboraciones y también, una vez más la gentil colaboración de Akahatá para la traducción del informativo.

También recordamos que, en septiembre, se lanzó la versión en portugués de Políticas anti-género en América Latina: Estudios de caso – Versiones condensadas. Y, en octubre, en alianza con ABGLT, ANTRA, Ação Educativa, CLADEM, CONECTAS, IPAS y NUH-UFMG, publicamos el informe Ofensivas Anti-género en Brasil – Políticas de Estado, Legislación, Movilización Social, que recopila información sobre la conversión de eslóganes de campañas ideológicas anti-género en las políticas gubernamentales y normas legales. Ese informe fue enviado como subsidio al Especialista Independiente para Derechos Humanos, Orientación Sexual y Identidad de Género en el proceso de elaboración de los relatórios El Derecho a la Inclusión y Practicas Excludentes.

Buena lectura!

Equipo de SPW (Sonia Corrêa, Fábio Grotz e Nana Soares)

Estado de la Pandemia

Como ya se anunció en nuestras ediciones anteriores, la pandemia de COVID-19 no desaparecerá en el corto plazo. Después de cinco millones de muertes, su carácter sindémico es más que evidente. Hay nuevos brotes en países donde la pandemia parecía estar bajo control, como Rusia, Hungría, Vietnam e inclusive China, con un nuevo brote en Wuhan. Incluso gobiernos que tuvieron una respuesta excepcional, como Nueva Zelanda, ya han abdicado de la estrategia del “covid cero” para adoptar políticas de “convivencia con el virus” y contener situaciones muy fuera de la “normalidad”.

Afortunadamente, los avances en vacunación han mantenido al virus bajo control, al menos en cuanto a su gravedad, provocando que varios países relajen parcial o totalmente las medidas de excepcionalidad. En el momento en que hacemos este balance, solo dos países no habían iniciado sus campañas de vacunación: Corea del Norte y Eritrea. Donde hay suficientes vacunas, los encierros ahora dan paso a medidas de persuasión o incluso coerción, en mayor o menor grado, de personas que han decidido no vacunarse, con estados y empresas privadas que exigen certificados de vacunación (ver Sudáfrica, Zimbabwe, Brasil, Estados Unidos, Italia). Sin embargo, a nivel mundial, el acceso a las vacunas sigue siendo vergonzosamente desigual, lo que, a mediano plazo, compromete la eficacia de la vacunación porque, según un estudio publicado en Science, favorece la aparición de nuevas cepas resistentes a las tecnologías vacunales disponibles en la actualidad.

Además, los impactos de COVID-19 recién ahora están comenzando a investigarse consistentemente en función de las diferencias de clase, raza, etnia, edad y ubicación geográfica. En Brasil, un artículo publicado por la Revista Piauí, basado en un estudio de la Red de Investigación Solidaria, muestra cómo la letalidad causada por COVID-19 se distribuye en diferentes sectores del mercado laboral, revelando, sobre todo, que en todos ellos ser negro o ser mujer es siempre el mayor factor de riesgo. Para profundizar en esta discusión, recomendamos el video debate del Taller sobre Racismo y Salud, realizado por ABIA con la participación de Lúcia Xavier.

Finalmente, se empieza a disponer de evidencia biomédica sobre los efectos de la pandemia en términos de morbilidad a largo plazo, algunos de los cuales son graves, como la reducción de la capacidad pulmonar, la apnea del sueño y la fibrosis pulmonar, las arritmias y la miocarditis. Estas morbilidades son otra forma en que la pandemia permanecerá con nosotros durante mucho tiempo.

Vacilación ante la vacuna: patrones y efectos

Por primera vez desde 2020, América Latina ya no es el epicentro de la pandemia. Como se dijo, hay nuevos brotes en países donde la crisis parecía estar contenida, como Vietnam, que venía controlando muy bien los nuevos casos y muertes. Pero lo mismo ocurre en EE.UU., donde en septiembre volvió al nivel de 2.000 muertes diarias, y también en Rusia, donde se registran las peores cifras desde el inicio de la pandemia. En ambos casos, los brotes se explican por las altas tasas de vacilación por la vacuna.

En Rusia, solo un tercio de la población fue vacunada y las estadísticas oficiales son criticadas por la comunidad científica, que acusan al gobierno de no reportar datos nacionales. La desinformación contra las vacunas está tan extendida que YouTube, al anunciar la prohibición de todo el contenido antivacunas disponible en la plataforma, ha afectado a dos canales estatales, lo que ha llevado al gobierno de Putin a amenazar con bloquear YouTube en el país. En Estados Unidos se multiplican los argumentos religiosos contra la vacuna, el uso de tapabocas y los ataques a profesionales de la salud. Un informe del NY Times analiza este insólito escenario de repudio a las medidas de salud pública que vive el país campeón de la mortalidad por COVID-19, con más de 700 mil muertes.

Pero, como muestra el informe del video de la DW, el movimiento antivacunas está en todo el mundo y se ha ido radicalizando, desde Jamaica hasta los países europeos, especialmente en Europa del Este, donde se está produciendo un nuevo brote. La policía reprimió las protestas en Australia y Eslovenia, y en Italia se detuvo a líderes de extrema derecha en las manifestaciones. Francia es otro caso emblemático, ya que quienes rechazan los denominados “pasaportes de vacunación” han organizado sucesivas protestas que, repitiendo un patrón visto desde 2020, cuentan con el respaldo tanto de la derecha como de la izquierda. Para fomentar la vacunación, el gobierno suspendió las pruebas gratuitas de detección de COVID-19. Según Philippe Marlière, en un artículo para Open Democracy, la respuesta francesa a la pandemia no fue exactamente ejemplar y la política del “pasaporte de vacunación” tuvo muchos problemas. Pero, según el autor, al converger con la derecha en la resistencia a la vacuna, la izquierda legitima los discursos conspiracionistas y extremistas.

Además, el repertorio estético y el vocabulario progresista fueron apropiados por los movimientos antivacunas. En Colombia, como había sucedido en Estados Unidos en 2020, estos grupos han utilizado el lema feminista “mi cuerpo, mi decisión”. Y en septiembre, simultáneamente en Estados Unidos y Brasil, personas que se definen como “transvacunados” emergieron en protestas antivacunas y otras movilizaciones, como las marchas en apoyo a Bolsonaro el 7 de septiembre. Cuando el término se busca en Google, lo que aparece son sitios de venta cuya publicidad sugiere que sus productos son bromas, memes, mero sarcasmo. Sin embargo, esta ola no es neutral, pues tiene dos objetivos políticos muy bien definidos: promover el rechazo a la vacuna y el rechazo al transgénero, ya que el lema «Me siento vacunada/o» claramente busca descalificar la experiencia psíquico-corporal de identidad de género.

Finalmente, en Brasil, a pesar de la amplia aceptación popular de la vacunación, el repudio de la inmunización continuó siendo promovido abiertamente por Bolsonaro y sus cuadros. El 21 de octubre, el mandatario dijo en un programa en vivo, sin ningún tipo de vergüenza, que quien hubiera tomado las dos dosis de la vacuna podría haber contraído el virus del VIH. Este acto de discurso provocó un repudio político y social generalizado y Bolsonaro fue suspendido de YouTube durante una semana (conozca más sobre las repercusiones aquí). El mismo castigo se aplicó a los canales bolsonaristas que reeditaron el directo después de su suspensión.

El abismo de la desigualdad de las vacunas

Solo una minoría de países cumplió con la meta de vacunación establecida por la OMS hasta septiembre de 2021, con una desigualdad brutal según la región. En América Latina, 4 de cada 10 habitantes estaban completamente vacunados, lejos de lo ideal, pero muy por delante del escaso 4% de la población del continente africano completamente inmunizada en el mismo período. Al mismo tiempo, la evidencia científica, sumada al lobby de la industria farmacéutica hizo que la dosis de refuerzo se convirtiera en una realidad en gran parte del mundo. En Europa, mientras las personas mayores recibieron el refuerzo, 4 millones de personas inmigrantes indocumentadas aún no pudieron recibir sus primeras dosis.

Pero sobre todo, es necesario mencionar el rotundo fracaso de las iniciativas de distribución de vacunas a los países de ingresos bajos y medianos. Hubo tantas asimetrías que, como informa un artículo de Reuters, el Reino Unido recibió más dosis a través de mecanismos internacionales que Botswana. Un excelente informe, en inglés, de la Oficina de Periodismo de Investigación examina los obstáculos que enfrenta el mecanismo COVAX creado para superar estas desigualdades. La ausencia de una mayor inversión estadounidense fue sin duda una de ellas, pero también hubo una falta de análisis de los riesgos y cómo mitigarlos. Por ejemplo, ni siquiera se consideró que la distribución podría interrumpirse si India, un gran proveedor de insumos, priorizara la demanda interna. El objetivo inicial de COVAX era administrar 2 mil millones de dosis para septiembre de 2021, pero solo logró alrededor de 330 millones, lo que representa solo el 5% de las dosis aplicadas en todo el mundo.

Esta brecha de vacunas fue objeto de debate en la reunión del G-20 en Roma, que tuvo lugar cuando se estaba finalizando este boletín. Los jefes de estado del grupo fijaron como meta el 70% de toda la población mundial vacunada para julio de 2022 y se creó una Task Force de Financiamiento de la Salud, cuya prioridad será garantizar las condiciones para que se cumpla la meta.

La reunión también pidió la transferencia voluntaria de tecnología de ARNm para acelerar la producción de vacunas más efectivas. Según Reuters, esta propuesta tiende a congelar el debate sobre la suspensión de los derechos de propiedad intelectual (weiver), originalmente promovida por Sudáfrica e India y ahora apoyada por el gobierno de Biden. Como han señalado investigadorxs y activistas, como la Campaña Feminista por las Vacunas, esta suspensión no solo aseguraría una mejor respuesta global al COVID-19 sino que también contribuiría a igualar las discrepancias económicas y tecnológicas entre el Norte y el Sur. La dinámica geopolítica de la vacuna en curso desde 2020 (leer aquí recopilación del primer año de la pandemia), es interesante notar que, en Roma, el presidente de China, Xi Jinping, incluyó la adopción de la exención en su lista de ocho prioridades, en contraste con la renuencia de la mayoría de los líderes occidentales a aceptar la flexibilización.

Diferencias de género en el acceso a la vacuna

Como subrayamos en la última edición de este boletín, así como existen importantes discrepancias en el número de casos y la mortalidad al considerar las diferencias de raza, etnia, ingresos y lugar de residencia, también existen diferencias de género muy significativas en la cobertura de inmunización. Esta es una de las razones por las que el acceso a las vacunas también es una lucha feminista, y por eso recomendamos la serie de podcasts producida por Red DAWN, cuyo episodio de apertura es una conversación entre Sonia Corrêa y Gita Sen.

Hoy, cuando avanzan las campañas de inmunización en la mayoría de los países, las disparidades de género son más evidentes. Las razones son la desinformación sobre la vacuna, especialmente los rumores sobre los efectos negativos sobre la fertilidad (que han sido un problema en Gambia), el hecho de que las mujeres y las niñas necesitan el permiso de los esposos y los padres para vacunarse y, en muchos casos, la falta de priorización de mujeres en planes de inmunización. En Sudán del Sur, Gabón y Somalia, las campañas apenas han comenzado, pero las mujeres representan menos del 30% de las personas vacunadas. Asimismo, en India, que aplicó más de mil millones de dosis, solo el 37% de ellas se utilizó para vacunar a mujeres. Es importante llamar la atención sobre estas disparidades, ya que no desaparecerán incluso cuando se resuelva la brecha de vacunación entre países ricos y países de ingresos bajos y medianos, ya que están determinadas por normas culturales de género que no se transforman de la noche a la mañana.

La vacunación masiva también ha disparado los informes de cambios en los ciclos menstruales después de la aplicación de la vacuna. Aunque este es un efecto común en otros inmunizadores, simplemente se ignoró en los estudios que desarrollaron vacunas contra COVID-19, como detalla este informe en Al Jazeera. Recién ahora, 7 mil millones de dosis después, se crean los primeros grupos de trabajo para explorar esta relación.

Impactos de género de la pandemia, incluida la salud y los derechos sexuales y reproductivos

Además de las diferencias de vacunas entre hombres y mujeres, casi dos años después de que se detectaran los primeros casos de COVID-19 en China, es posible hacer un balance de los impactos de género de la pandemia en un sentido más amplio.

Desde 2020, estudios e informes de prensa advierten de un aumento de la violencia de género como consecuencia de las cuarentenas. Ahora se dispone de indicadores más consistentes que muestran que la llamada «epidemia silenciosa» fue extensa. En los Estados Unidos, los casos de violencia doméstica aumentaron un 8.1%; en Europa, a medida que disminuían los encierros, aumentaron los casos de feminicidio, una manifestación de «pérdida de control» con el fin del confinamiento, según activistas. En Camerún y Uganda, un tercio de las mujeres/niñas han sufrido violencia durante el confinamiento y otros países del continente africano, como Túnez y Cabo Verde, han puesto en marcha líneas de ayuda para mujeres en esta situación. Los efectos también fueron dramáticos en Senegal, como informó la socióloga y activista Codou Bop en un artículo exclusivo. En Asia, se pudo observar que con la cuarentena aumentaron los reportes de violencia causada por parejas o familiares, mientras que disminuyeron los de exparejas. Además, en América Latina, uno de los impactos de la pandemia fue un apagón en los registros de casos de feminicidio. Las cifras cayeron de 5400 a 1445, según el Mapa Latinoamericano de Feminicidios.

La pandemia también ha interrumpido el progreso de los últimos 25 años en la lucha contra el matrimonio infantil, como se puede ver en el informe COVID-19 y Matrimonio infantil, con una prevalencia alarmante en países del África subsahariana como Zimbabwe y Ghana. Y sus efectos fueron devastadores en materia de derechos sexuales y reproductivos. La ONU estima que 14 millones de mujeres ya no tienen acceso a anticonceptivos o servicios de apoyo para víctimas de violencia, y ni siquiera es posible evaluar correctamente los impactos de la suspensión de clases en términos de exponer aún más niñas y adolescentes a los riesgos de la violencia sexual. Solo en Perú, la pandemia ha revertido los avances de los cinco años anteriores, registrándose 15 mil embarazos de niñas.

Sobre todo, la pandemia tuvo un impacto dramático en los indicadores de muerte materna. Incluso si las cifras son muy desiguales en todo el mundo (el promedio mundial es de 211 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, pero alcanza las 415 en los países pobres y la asombrosa cifra de 1.100 en Chad y Sudán del Sur, mientras que es de solo 4 y 8 en Portugal y España), la gravedad de la situación llevó a la OMS a lanzar nuevas metas e hitos a alcanzar al 2025. En el caso de América Latina, los estudios regionales de CLACAI, que publicamos en la última edición, informan sobre la gravedad de la situación en varios países. Desde entonces, en el caso de Brasil, se han puesto a disposición datos actualizados que muestran que la situación, así como el panorama general de letalidad por COVID-19, es, de hecho, catastrófico.

Una nota técnica preparada por Sandra Valongueiro especialmente para el SPW informa que en Boa Vista (RO) el 50% de las gestantes infectadas con COVID-19 fallecieron, y este porcentaje es muy elevado en varias otras capitales. Esto se refleja en la Tasa de Muerte Materna (TMM) que, en Recife, en 2021, era de 148,7/100.000 nacidos vivos y en Río de Janeiro llegó a 201,7/100.000, en el caso de las mujeres negras la cifra asciende a 223/100.000. Para comprender la gravedad de estos indicadores, es necesario recordar que, desde la década de 2000, el promedio de la RMM nacional brasileña se situó en 50-60/100.000.

Las encuestas también muestran que la población LGBTTIA+ se vio afectada negativamente: además de los problemas de salud mental, el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas colocó a la población trans brasileña en una grave inseguridad alimentaria. Y los impactos epidemiológicos sobre esta población no se conocen en su magnitud real porque, como recordó Duda Salabert en una columna de Nexo, los registros oficiales no lo tienen en cuenta en sus marcadores. De hecho, la población LGBTTIA+ en su conjunto está experimentando un apagón en las políticas públicas. En los EE. UU., La investigación de Human Rights Campaign destacó los impactos económicos y la vacilación para vacunar en las personas LGBTTIA+, ambos agravados en las poblaciones negras, latinas y transgénero, también las más vulnerables a la infección. Un dato curioso es que, en el contexto de la pandemia, varios países levantaron las restricciones a los hombres homosexuales y bisexuales para donar sangre. Entre ellos: Portugal, Holanda, Israel, Argentina, Francia, Alemania, Reino Unido y ahora Australia está considerando cambiar estas reglas.

También es necesario mencionar los impactos del COVID-19 en la movilización social de grupos marginados, como la población LGBTTIA+, que tuvo que reinventar su vida y activismo, y las trabajadoras sexuales. En el caso de la comunidad LGBTTIA+, destacamos los efectos de las cuarentenas en organizaciones sociales y colectivos activistas que, además de brindar servicios e insumos, también son espacios seguros para la interacción social y el activismo (ver recopilación sobre el tema en Brasil, Pakistán y África meridional y oriental). En el caso de las trabajadoras sexuales, un excelente artículo de la revista digital In plainspeak sobre el contexto indio describe los impactos en esta población que incluyen, además de la baja salarial, la omisión en la atención de la salud y los impactos en la salud mental.

Economía y COVID-19

Como hemos subrayado, la otra cara de la crisis provocada por el COVID-19 es la económica. Si bien varios países ya han alcanzado tasas económicas prepandémicas, no hay duda de que muchos de los impactos de la crisis sanitaria serán a largo plazo. Un informe del Washington Post, por ejemplo, proporcionó pruebas contundentes de los brutales reveses sufridos por las mujeres en el mundo del trabajo: más de 54 millones de mujeres han salido del mercado laboral, y el 90% de ellas lo ha hecho definitivamente. En América Latina, fue evidente la intensificación de las desigualdades sociales, raciales y de género durante la pandemia. La alta informalidad laboral y la fragilidad de las políticas sociales pueden haber implicado dos décadas de regresión de las mujeres al mercado laboral, además de niveles crecientes de violencia y vulnerabilidad en las más diversas formas, como se vio en el apartado anterior.

El agravamiento de la crisis económica en la región ha intensificado los flujos migratorios hacia Estados Unidos, multiplicando también los conflictos, las deportaciones masivas de inmigrantes y las violaciones de derechos humanos en su contra a lo largo del proceso migratorio. La situación con los inmigrantes haitianos es particularmente grave, una nacionalidad que experimenta las tasas más altas de rechazo de solicitudes de asilo y que tiene las mayores posibilidades de deportación por antecedentes penales. El agravamiento de la crisis, como escribió la historiadora Edna Bonhomme en un artículo, muestra una vez más el alcance y la profundidad del racismo en la sociedad norteamericana. En este contexto, Human Rights Watch ha publicado un análisis de documentos internos del gobierno de Estados Unidos que demuestra la escalada del abuso físico y sexual en la frontera durante los últimos cinco años.

Al otro lado del Atlántico, el Reino Unido está experimentando una crisis de abastecimiento generalizada, con la desaparición de artículos básicos. En opinión del columnista Hélio Schwartsman, más que la pandemia, estos efectos son el resultado de las mentiras contadas en la campaña del Brexit. En la isla, otro efecto invisible de COVID-19 fue el aumento de las desigualdades de género en el acceso a la tecnología. Con mayor vulnerabilidad social, las mujeres se han quedado rezagadas en la digitalización impuesta por la pandemia, conduciendo a lo que se ha denominado “pobreza digital”.

Finalmente, enfatizamos que muchos de los impactos económicos que sufren las mujeres están relacionados con las políticas de encierro adoptadas en todo el mundo. Luego del inicio de la pandemia, escribimos sobre el absurdo de la segregación por sexo/género como medida para contener el COVID-19, en su momento adoptada por gobiernos como Panamá y Perú. Más recientemente, Australia, que fue un país «modelo» en su respuesta, vio cómo sus casos aumentaban y se descontrolaban en la segunda mitad de 2021. En Melbourne, el «bloqueo más largo del mundo» cerró sectores con mayor participación femenina y dejó abiertas industrias dominadas por los hombres, como la construcción.

También se documenta una pérdida significativa de ingresos y un deterioro en el acceso a la atención médica entre las trabajadoras sexuales (lea sobre la situación en Singapur, EE. UU., África subsahariana y una compilación global de 2020 en el sitio web de NSWP), lo que ha llevado a activistas indios a exigir que las trabajadoras sexuales tengan acceso prioritario a las vacunas.

Y, por supuesto, hay contextos nacionales, donde la crisis ha sido aún más grave ya que la mala gestión de la pandemia se superpone con la mala gestión de la economía. Brasil es, una vez más, un caso icónico. La gestión de la negación de la pandemia fue motivada por la obsesión de mantener la economía funcionando a cualquier costo para servir a los intereses comerciales y asegurar las perspectivas electorales. Pese a la masacre resultante, el gobierno aún cuenta con el apoyo del 50% de las élites económicas que, desde 2019, han apoyado a Bolsonaro en nombre de reformas neoliberales extremas. Esto sucede incluso cuando el ministro de Economía no puede implementarlas, entre otras razones, porque las restricciones fiscales no son una prioridad para la base parlamentaria del gobierno. De esta combinación surge una segunda catástrofe: en Brasil, hay hoy, casi 20 millones de personas que padecen hambre y por primera vez en 20 años la inflación alcanzó los dos dígitos. En este sombrío escenario, una mujer negra pobre fue encarcelada durante 18 días por robar alimentos por valor de R$ 21,69 en un supermercado de São Paulo. Mientras tanto, gente muy rica derrocha el dinero “ahorrado” durante la pandemia consumiendo vorazmente en el mercado nacional del lujo que, entre 2020 y 2021, fue el más rentable del planeta.

Política: normalización, nuevas crisis, inestabilidad, incertidumbre

En nuestro último especial, escribimos que la “anormalidad” política generada por COVID-19 se estaba normalizando. Desde agosto, esto no solo no se ha calmado, sino que han estallado nuevas situaciones políticas extremas. El más grave de ellos fue, sin duda, la tumultuosa retirada militar estadounidense y el regreso de los talibanes al poder en Afganistán, que expuso serios problemas de incompetencia estratégica por parte de EE. UU. Y destacó también el (predecible) fracaso de los proyectos de democracia impuestos por la fuerza de las armas.

La crisis en Afganistán está fuera de las páginas principales, pero no debemos perderla de vista, ya sea por sus implicaciones geopolíticas o por sus efectos catastróficos en la vida de mujeres, niñas y minorías. No menos importante, la “caída de Kabul” ha reactivado reflexiones críticas, siempre necesarias, sobre las implicaciones de, sin pensarlo o no, acoplar la defensa de los derechos de las mujeres a las ambiciones geopolíticas. En una mirada retrospectiva, rescatamos un artículo de Sonia Corrêa sobre los derechos de las mujeres afganas, publicado en 2002.

Pero hay que decir que muchos otros contextos están hoy inmersos en una anormalidad extrema. En Etiopía, el conflicto armado en la región de Tigray persiste (obtenga más información aquí y aquí). En Sudán, un nuevo golpe militar pone en riesgo un enérgico proceso de redemocratización iniciado en 2019 y, en Túnez, el autogolpe del presidente Kais Said se está “normalizando”. Estas regresiones suenan, lamentablemente, a los estertores de la Primavera Árabe que celebró diez años en 2021. En África Occidental, un golpe militar derrocó al presidente Alpha Condé en Guinea, y en Asia, Camboya acaba de unirse a la lista de autocracias derivadas del COVID 19. En los regímenes autoritarios que han existido durante mucho tiempo, o la vida sigue su curso habitual o la arbitrariedad y la violencia han empeorado. Este es el caso de la política de tierra arrasada implementada por el régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua bajo la mirada silenciosa y cómplice de la izquierda global y, en especial, latinoamericana y brasileña.

Asimismo, en las llamadas autocracias electorales – India, Sri Lanka, Hungría, Polonia, Brasil, El Salvador, etc. – todo permanece más o menos como antes. En Brasil, la inflación permanente promovida por Bolsonaro y su base culminó en marchas de apoyo al gobierno el 7 de septiembre. La virulencia de las manifestaciones fue respondida con vigor por el STF y por sectores del Congreso. Pero esto no contuvo la agresividad, verborrea e insistencia en agendas antiinstitucionales del presidente y su entorno. Hay al menos dos novedades que mencionar en este grupo de países: en octubre, en la República Checa, el presidente Babis fue derrotado en unas elecciones en las que era favorito y el país se convirtió en un ejemplo de cómo derrotar a los populistas de derecha. En Filipinas, Duterte, ahora acusado de genocidio en la Corte Penal Internacional, ha declarado que no volverá a presentarse, lo que deja espacio para la oposición. Pero no tanto, ya que el presidente quiere convertir a su hija en su heredera política.

Y en las democracias estables también hay buenas noticias. Por primera vez en más de 60 años, la socialdemocracia vuelve al poder en los cinco países nórdicos. Más al sur de Alemania, la AfD (extrema derecha), a pesar de su fuerte presencia en la política digital, no obtuvo buenos resultados en las recientes elecciones parlamentarias. En otros cuadrantes, sin embargo, asistimos a la radicalización, la inestabilidad y la incertidumbre.

Comenzando por Francia, Eric Zemour, un racista, antifeminista y feroz crítico del multiculturalismo, entró en la carrera presidencial de 2022, hasta ahora en disputa entre Macron y Marine Le Pen. En Estados Unidos, el Partido Republicano dificulta la aprobación del megapaquete de conversión energética y política social propuesta por la administración Biden. Y la reciente victoria del candidato republicano a gobernador en Virginia y los resultados aún por definir en Nueva Jersey revelan el atractivo electoral de la agenda ultraconservadora más allá de Trump. Las fuerzas de extrema derecha también están intensificando, de una manera sin precedentes, las elecciones canadienses, Justin Trudeau, que anticipó la contienda, fue apedreado en un acto de campaña. (Conozca más aquí)

La inestabilidad y la incertidumbre son aún más evidentes en América Latina. En Ecuador y Perú, las elecciones presidenciales del primer semestre generaron escenarios tumultuosos. En el primer caso, el mandato de Guilherme Lasso, elegido en una elección intensa y compleja, está hoy políticamente amenazado por disturbios carcelarios, crisis económica pospandémica y también porque su nombre está en la lista de Pandora Papers sobre autoridades que invierten en impuestos. paraísos. En Perú, la crisis inicial del gobierno de Pedro Castillo examinada por Ángel Pineda continuó desarrollándose a pesar de sus reformas ministeriales.

Y, como informa un artículo de El País, la perspectiva de las elecciones que se celebrarán a partir de noviembre no es auspiciosa. Según este análisis, la única excepción sería Honduras, donde la oposición creada a partir del golpe de 2009 podría llegar al poder. Pero esto no garantiza que los problemas generados por la feroz economía extractiva se superen fácilmente. En el otro extremo, el 7 de noviembre, tuvo lugar con resultados predecibles la farsa electoral protagonizada en Nicaragua luego de que se produjera la destrucción sistemática de la oposición. Siguieron las elecciones legislativas argentinas que, según las tendencias registradas en las primarias de septiembre, presagian derrotas gubernamentales en 18 de los 24 distritos del país, pérdida de la mayoría en el Senado y muchos escaños en la Cámara de Diputados. La crisis económica, los problemas de gestión en la pandemia y, sobre todo, las fracturas internas en el oficialismo explican este pobre resultado de un gobierno que arrancó bien en 2019. En este escenario, el economista libertario Javier Milei, candidato a diputado, cuyo repertorio político ganó visibilidad y credibilidad está francamente alineada con el estilo y las posiciones de las nuevas derechas transnacionales.

En Chile, la primera vuelta de las elecciones presidenciales tuvo lugar el 21 de noviembre en un panorama altamente paradójico. Esta ronda electoral se produjo tras el levantamiento social de 2019, que desafió al neoliberalismo, derribó al gobierno de Piñera, impactó en el sistema político y abrió el camino a la reforma de la Constitución legada por la dictadura. La reforma es tá siendo conducida por una Convención, presidida por una mujer Mapuche, con paridad de género, y cuyos miembros son predominantemente independientes de los partidos políticos pero situados a la izquierda del espectro político.

Pero a principios de octubre, las encuestas empezaron a mostrar que José Antonio Kast, el candidato de extrema derecha, había tomado la delantera de la campaña. Si, por un lado, esto contrasta abiertamente con la composición y el programa de la Convención, por otro lado refleja la polarización histórica del país desde el retorno a la democracia. Pero sobre todo el desempeño se explica también por la inversión sistemática que ha hecho, desde 2017, para llegar al poder, como lo reportan un estudio de CIPER y el estudio de caso chileno de la pesquisa G&PAL.

El las elecciones del 21 de noviembre, como ya había ocurrido en el plebiscito para la nueva Constitución, la participación fue muy baja, inferior al 50%, lo que refleja el alto nivel de descrédito de la política, uno de los principales factores que benefician a los políticos de derecha y a los outsiders. El resultado final expresó tanto la polarización como esta desconfianza. En efecto, Kast fue el más votado con un 28 por ciento de las papeletas, seguido de Gabriel Boric, el candidato de la izquierda, con un 25 por ciento.  En la tercera posición, sin embargo, con un 17 por ciento llegó Franco Parisi, un economista populista antipolítico que ni siquiera pisó Chile durante la campaña, porque está sujeto a un caso judicial no resuelto de subsidio familiar post divorcio. Sus votos pueden correr fácilmente hacia Kast. Para la segunda vuelta, el 19 de diciembre, las fuerzas democráticas chilenas tienen el reto de aglutinarse rápidamente en un frente lo suficientemente fuerte como para evitar que otro líder de extrema derecha llegue al poder en Sudamérica. (Lea más sobre el escenario chileno aquí, aquí y aquí).

La política se encuentra con la biopolítica en la catástrofe brasileña

Desde nuestro primer especial, hemos estado haciendo lecturas biopolíticas de la pandemia para analizar cómo su gestión ha activado o incluso actualizado los dispositivos estatales de vigilancia y gestión poblacional a gran escala. En el número de junio de 2020, prestamos especial atención al debate suscitado por el controvertido artículo del filósofo italiano Giorgio Agamben sobre el uso estatal de la pandemia para justificar estados de excepción. Pero en ese momento también notamos que esta lectura clave, aunque necesaria, no debería borrar los efectos lógicos y biopolíticos de las estrategias de inmunidad colectiva que, en ese momento, se estaban adoptando en Brasil, EE. UU., Reino Unido, Suecia y México para “salvar las economías” y, por razones políticas, por las autocracias que gobiernan Nicaragua, Bielorrusia y Turkmenistán.

Este entendimiento era ineludible para cualquiera que mirara el escenario inicial de la pandemia desde Brasil, país donde, como dijo al mismo tiempo el médico Arnaldo Litchenstein, director del Hospital das Clínicas de la USP, la forma en que el gobierno federal respondió a la crisis era una política eugenésica. Algunas voces reaccionaron a la declaración sugiriendo que era exagerada. Desde entonces, los demás países de la lista mencionada cambiaron sus políticas o se retiraron de las noticias, pero las acciones del gobierno de Bolsonaro continuaron guiadas, aunque no siempre explícitamente, por la lógica neodarwinista de supervivencia del más apto o negligencia deliberada.

En abril de 2021, cuando el costo humano de la pandemia ya alcanzaba las 400.000 muertes, se instaló en el Senado la Comisión de Investigación Parlamentaria COVID-19 para investigar episodios de corrupción en la compra de la vacuna COVAXIN. Sin embargo, como sería previsible en las condiciones brasileñas, el trabajo del CPI sacó a la luz una profusión de evidencias indiscutibles de que el gobierno federal y un sinnúmero de agentes privados en el campo de la medicina habían respondido a la pandemia de manera de “dejar morir”. Si bien en varios países se han denunciado e investigado problemas de corrupción e ineficiencia en la conducción de políticas en respuesta al COVID-19, Brasil parece ser un caso único en el que las instituciones políticas destriparon sistemáticamente significados y efectos nocivos de una modalidad peculiar de la gestión de la pandemia.

En octubre, cuando la Comisión terminó su trabajo, se habían perdido más de 600.000 vidas, la mayoría de ellas, de personas cuya vulnerabilidad a la pandemia se vio agravada por la edad, las comorbilidades y la clase, raza, etnia o lugar de residencia. La evidencia que ha sacado a la luz el CPI, particularmente en el caso de las conductas adoptadas por Prevent Senior, nos dice que la afirmación del Dr. Litchenstein no fue desproporcionada, sino premonitoria. Sin embargo, en la etapa final de redacción del informe del CPI, el uso del término “genocidio” para nombrar el impacto diferenciado del COVID-19 en los pueblos indígenas fue objeto de un acalorado debate entre lxs senadorxs y en la sociedad misma. El texto final no utilizó el término, pero adoptó el lenguaje relacionado de “crimen de lesa humanidad” (en el caso de los pueblos indígenas) y “epidemia seguida de muerte” (en el caso de la población en su conjunto). Estas secciones del informe serán llevadas a la Corte Penal Internacional, además de otras seis acciones incriminatorias por parte del gobierno de Bolsonaro ya recibidas por ese tribunal. El informe también acusa al presidente y a varios otrxs funcionarixs estatales de otros 22 delitos que deben ser investigados por la justicia brasileña.

Debido a los juegos dudosos e inciertos que dominan la dinámica política nacional, muchas voces han planteado preguntas legítimas sobre el alcance y el castigo de estas violaciones de derechos humanos y otros delitos. Sin embargo, la ejemplaridad de los resultados de las investigaciones realizadas por el Senado, incluso más allá de las fronteras brasileñas, no deben minimizarse. En nuestra opinión, no es trivial que el titular del Washington Post del 22 de octubre fuera: «Si Bolsonaro puede ser acusado de delitos, ¿se aplica lo mismo a Trump?»

Política sexual en la pandemia

Ofensivas antigénero

Desde mediados de 2021, las ofensivas anti-género parecen desprenderse de la dinámica de la epidemia para volver a su ritmo habitual más directamente vinculado a la política. Y, como veremos a continuación, entre agosto y octubre, el movimiento político del neoconservadurismo y la derecha fue intenso. Y es bastante notable que el significado y los efectos de COVID-19 no hayan ganado mayor visibilidad en muchos de los eventos que se enumeran a continuación, incluso cuando involucran a países muy afectados por la pandemia. En esta sección también se examinan con mayor detalle las luchas movilizadas por el feminismo “crítico de género” y se hace una revisión sucinta de ofensivas específicas contra las leyes y las políticas públicas.

Movimientos transnacionales

En septiembre, el Papa Francisco visitó Hungría y Eslovaquia y, en este último país, en conversación con un grupo de jesuitas, repitió recomendaciones sobre el acogimiento pastoral de los homosexuales y, al mismo tiempo, reiteró sus críticas al «género» que, según él, es un concepto abstracto que “ejerce una fascinación diabólica porque no se encarna”. Ese discurso tuvo la dirección correcta: el debate parlamentario en curso en Italia sobre la ley Zan sobre delitos de odio y contra la discriminación. Como señaló Massimo Prearo en una entrevista exclusiva, la ley se paralizaría un mes después, incluso como resultado de un argumento legal presentado por el Vaticano. Tras el paso del Papa, se celebró en Budapest la IV Cumbre Demográfica promovida por el gobierno húngaro desde 2018 para debatir sobre el descenso de la fecundidad en Europa y el “problema de la migración”.

En octubre, Marine Le Pen también estuvo en Budapest para discutir con el primer ministro Orbán las “imposiciones” de la Unión Europea que, según ambos, violan la “identidad constitucional de sus países” y, muy posiblemente, la Convención de Estambul estaba en el calendario. Otra conexión importante entre los dos países es el convenio de colaboración firmado por el Collegium Intermarium – una universidad creada por la organización ultracatólica polaca Ordo Iuris – con el Institut de Sciences Sociales, Économiques et Politiques (ISSEP), fundado por Marion Marechal, Le Sobrina de Pen. En Polonia, el Collegium celebró su primer aniversario con una conferencia sobre el tema de la “cancelación”. No menos importante, justo antes de la Cumbre del G-20, Vladimir Putin pronunció un extenso discurso sobre las condiciones geopolíticas y la economía global en el debate del Valdai Club, en el que se dedicaron varios párrafos al «problema de género», especialmente contra el género en la educación de identidad de género infantil y afirmando que “la ideología de género es un crimen de lesa humanidad”.

El movimiento también fue intenso en América Latina. Desde principios de 2021 representantes de VOX, el partido español, han estado visitando la región para reunir adhesiones a la Carta de Madrid. En agosto, su líder Santiago Abascal se reunió con miembros del PAN y PRI en México, y los hechos provocaron fuertes reacciones y polémica. Este episodio tan visible animó a la prensa a mapear con mayor precisión los contornos de la plataforma iberoamericana de extrema derecha que se está materializando en la región.

Brasil tuvo otro período de hiperactividad. A fines de septiembre, Bolsonaro, que en julio había acogido a una líder de AfD, habló (fuera de la agenda oficial) con dos activistas alemanes contra las vacunas. Según DW, la pareja, que también se reunió con la ministra Damares Alves, está bajo vigilancia estatal alemana por propagar teorías de conspiración. Antes de eso, en preparación para las marchas del 7 de septiembre, el club estadounidense ultraconservador CPAC se reunió nuevamente en el país con la participación de decenas de funcionarios gubernamentales, activistas brasileños y actrices/actores de fuera del país (más información aquí). En el evento, que tuvo la libertad como lema principal, el feminismo, el aborto y la identidad de género en la infancia fueron blanco de virulentos ataques.

En octubre, el Financial Times informó que Digital Acquisition Corporation, una empresa propiedad del diputado bolsonarista Luis Felipe de Orleans e Bragança, está aprovechando los fondos para la plataforma digital que está creando Donald Trump. Y, poco después, durante el G-20, cuando Bolsonaro fue aislado de sus pares (más información aquí), cometió furcios y cometió agresiones contra periodistas. Itamaraty anunció que realizará una visita oficial a Rusia en noviembre de 2021.

En el mismo período, se intensificó la diplomacia paralela que se viene desarrollando desde principios de 2021, cuando el gobierno de Bolsonaro se convirtió en el nuevo líder de las agendas conservadoras lanzadas por el gobierno de Trump. Como en Hungría, donde esta línea de política exterior la lidera Katlin Novak (Ministra de Familia), en Brasil es Angela Gandra, Secretaria Nacional de la Familia, quien lidera estas iniciativas. A principios de septiembre, aunque estaba de vacaciones, Gandra pasó por Portugal y luego, en España, asistió a una reunión de líderes políticos católicos y se reunió con un juez conservador del Tribunal Constitucional. Luego, en Ucrania, estuvo en el famoso Desayuno de Oración, que reunió a una amplia gama de actores de derecha y anti-LGBTTIA+ (lea el artículo de Jamil Chad que cubre todo este viaje). También en septiembre, Gandra participó virtualmente en el webinar de la Red Política de Valores (PNV) para evaluar una década de políticas familiares en Hungría.

En octubre, Gandra y Damares participaron como líderes del llamado Consenso de Ginebra en una ceremonia organizada por el gobierno guatemalteco para marcar la adhesión del país al documento. También estuvieron en Ginebra para una serie de actividades diplomáticas: encuentro con países de la Comunidad Portuguesa de Lengua, audiencia con el director de la OMS, visita al ACNUR, encuentro con el canciller húngaro y un panel coordinado por la OIT con la participación de los gobiernos de Hungría y Polonia para discutir la cuestión de la conciliación del trabajo y la familia. Y, en una reunión que realizo en la Misión Permanente de Brasil para conmemorar un año del lanzamiento del Consenso, se anunció la adhesión de la Federación de Rusia al grupo.

Enfrentamientos movilizados por corrientes feministas anti-género

Mientras todo esto sucedía, se desarrollaban fuertes controversias, movilizadas por corrientes feministas “críticas del género”. Como se mencionó en ediciones anteriores, estas tensiones no son nuevas, pero han ido ganando escala e intensidad desde 2020 en España, Reino Unido, Italia, Australia y también en Latinoamérica, especialmente en México. No es posible resumir aquí la multiplicidad y contenido de todos los enfrentamientos que se han producido en esta ecología en los últimos meses en todos estos cuadrantes. Pero sí ofrecemos información un poco más detallada sobre lo que viene sucediendo en España y Reino Unido, cuya visibilidad es mayor y cuyos efectos globales son más evidentes.

En España, estas tensiones se han desarrollado sobre todo en relación con los partidos de izquierda (PSOE y PODEMOS) y están relacionadas con los debates legislativos. Ganaron grandes proporciones el año pasado en los debates sobre la Ley de Identidad de Género. En junio, a pesar de muchas tensiones, la ley fue aprobada por el Consejo de Ministros y remitida al Parlamento. Pero en el proceso en curso, que implica numerosas consultas, incluso con la sociedad civil, las feministas anti-género han retomado las protestas contra el contenido de la legislación y la decisión del PSOE de apoyarla.

En el Reino Unido, los frentes de conflicto son múltiples, más complejos y mucho más agudos. Hay choques en el ámbito de las políticas públicas de identidad de género, crecientes tensiones en el contexto académico que involucran el derecho a la libertad de cátedra, choques en materia de lenguaje inclusivo, debates en el ámbito político-partidista y, más recientemente, una nueva red LGBTTIA+ alineada ha surgido con estas corrientes feministas. Algunos de estos enfrentamientos, especialmente en el ámbito académico, han sido bastante extremos. No menos importante, hasta hace unos años, estas controversias eran tema de la prensa sensacionalista, pero hoy están en la agenda de los grandes medios, que las han tratado de una manera muy problemática. La recopilación de lo que hemos reunido sobre el Reino Unido está organizada para que las lectoras y los lectores puedan obtener una visión más precisa de estos muchos campos de batalla por sí mismos.

Pero centrémonos brevemente en los problemas y debates que involucran a los medios británicos, ya que repercuten muy rápidamente en otros contextos. Y también porque el tratamiento dado por estos medios a tales enfrentamientos, especialmente la línea adoptada por The Economist, ha asociado los conflictos de género con el “sesgo totalitario de la izquierda”, reproduciendo, sin la menor vergüenza, argumentos de la más extrema derecha. sobre “marxismo cultural”, “cultura woke” y “cancelación”. Esta línea editorial es inaceptable en el caso de un medio que pretende ser la voz del liberalismo político.

El 7 de septiembre The Guardian publicó una larga entrevista a Judith Butler, titulada “¿Necesitamos repensar la categoría mujer?”. Unas horas más tarde, se eliminó la pregunta sobre el feminismo antigénero en la que Butler hizo una conexión entre estas posiciones y la política actual de extrema derecha. El periódico alegó razones técnicas que fueron cuestionadas por la persona que entrevistó a Butler. La censura provocó muchas reacciones, como el artículo de James Factora. En octubre, en lo que parece ser un remedio al error, el diario publicó un extenso texto de filósofa en el que reitera la posición expresada en la entrevista en los siguientes términos: “No tiene sentido para las ‘críticas de género’ feministas aliarse con poderes reaccionarios que apuntan a personas trans, no binarias y queers. El momento de la solidaridad antifascista es ahora”.

Si realmente se trata de reparación, la actitud de The Guardian es, sin embargo, excepcional, porque como analiza el reciente artículo de Tara John en CNN, la prensa británica no ha sido exactamente equilibrada en su tratamiento de estos debates y enfrentamientos. Un ejemplo de esto es la “carta” publicada por la BBC en octubre en la que una autora del campo feminista anti-género relata episodios en los que mujeres lesbianas habrían sido obligadas a tener relaciones sexuales con personas trans calificadas de “personas viles”.

Como informa significativamente The Guardian en la historia del 4 de noviembre, incluso después de numerosas reacciones, incluida una carta firmada por 20.000 personas, la BBC se mostró reacia a reconocer el carácter transfóbico del texto y solo más tarde eliminaría parte del contenido. Antes, sin embargo, la “carta” fue publicada por BBC Brasil, siendo rápidamente criticada por Bia Pagliarini. Pero la BBC no hizo ningún movimiento para garantizar el principio contradictorio, dejando espacio para que las voces trans impugnen el asunto en el propio medio.

Finalmente, para comprender la genealogía de estos complicados campos de batalla, recomendamos un texto de la feminista Sara Ahmed que dialoga y amplifica los argumentos desarrollados por Butler en el artículo de The Guardian. Ahmed rescata largos ciclos de debates feministas sobre género, pero también identifica convergencias problemáticas entre las posiciones de las corrientes de “género crítico” y el conservadurismo de género.

Ofensiva en todos lados

Teniendo en cuenta el entorno global anti-género descrito anteriormente, no es sorprendente que desde agosto haya habido muchos objetivos para las ofensivas anti-género. Comenzando en los Estados Unidos, en la primera mitad del año, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe sobre una ola sin precedentes de ataques contra los derechos trans en las legislaturas estatales. En octubre, Texas se unió a otros siete estados para prohibir a las niñas transgénero participar en deportes femeninos. Además, las ofensivas contra la educación sexual han adquirido nuevos contornos dirigidos más directamente a cuestiones de diversidad sexual. Para ilustrar un efecto reciente de estos ataques, según un artículo del New Yorker, la campaña victoriosa del republicano Glenn Youngkin en Virginia tuvo como objetivo la vacilación para regresar a la escuela después de la pandemia; lo que el conservadurismo considera una intrusión de la teoría crítica de la raza en los planes de estudio; y respeto por las normas de género fluidas en las escuelas públicas.

En este sentido, no es trivial que lo mismo esté sucediendo en India donde, como en EE. UU., El repudio del conservadurismo moral a la educación sexual se remonta a mucho tiempo atrás. En octubre se informó que un nuevo manual para maestros que brinda orientación sobre cómo abordar cuestiones relacionadas con la fluidez de género en el entorno escolar fue atacado por un conocido sitio web nacionalista hindú.

En Europa del Este, el Tribunal Constitucional de Bulgaria, después de más de un año, dictaminó que la ratificación del Convenio de Estambul sería inconstitucional, como había propuesto el Ejecutivo, y afirmó además que el término “género” siempre debe interpretarse como sexo. En Polonia, donde la ofensiva anti-género es sobre todo un repudio a las sexualidades diversas, las llamadas regiones libres de personas LGBTTIA+, que fueron sancionadas por la Unión Europea, amenazan con abandonar la Unión. Y, en Hungría, donde el clima es similar, el organismo regulador de los medios aumentó la censura de los contenidos LGBTTIA+.

En Francia, mientras tanto, el lenguaje neutro o lenguaje inclusivo de género vuelve a causar furor. El año pasado se presentó en la Asamblea una disposición legal que prohibía su uso. Incluso antes de que se debatiera, el ministro de Educación emitió una ordenanza que prohibía el uso de términos inclusivos de género en el sistema educativo público. Ahora, el lanzamiento de una nueva edición del famoso diccionario Petit Robert, que incorpora el pronombre inclusivo de género (iel), ha provocado una nueva ronda de ataques por parte de las autoridades estatales.

En Brasil, un informe reciente elaborado por organizaciones de la sociedad civil examina cómo la ideología de género se está traduciendo sistemáticamente en políticas públicas. Un giro crucial en esta dirección es el establecimiento de políticas centradas en la “familia”, y en octubre, el MMFDH realizó varias actividades relacionadas con esta nueva directriz (además de las actividades internacionales ya reportadas).

Hay nuevas resistencias en el poder judicial a que las mujeres trans recurran a la ley Maria da Penha que responde a violencai contra las mujeres. El Ministerio de Educación declaró que no admitirá “cuestiones de género” en los libros de texto y, en varios estados, avanza la aprobación de leyes que autorizan la educación en el hogar (que también se justifica por proteger a los niños contra la “ideología de género”). Y, en las trincheras de las batallas lingüísticas, la Secretaría Nacional del Audiovisual prohibió por decreto el uso de lenguaje inclusivo en los avisos públicos para acceder a la financiación. Y, aún más preocupante, la ciudad interior de Bauru, en São Paulo, inauguró una batalla contra los baños inclusivos de género que imita lo sucedido en Carolina del Norte (EEUU) en 2017. El gobierno municipal, liderado por una alcaldesa negra de extrema derecha, respondió a una denuncia hecha por una cliente e impuso una multa a McDonalds por los baños de género neutro instalados en su tienda local. La denuncia hecha decía que McDonald es una «corporación comunista y globalista que impone la ‘ideología de género’ a la sociedad brasileña».  El argumento legal utilizado por el ayuntamiento fue que los aseos infringían una norma local para edificios públicos. Lamentablemente, McDonald ha cedido y ha renunciado a su política inclusiva de género en relación a los baños.

Sin embargo, en América Latina, la noticia más preocupante proviene de Chile, donde dos diputados del partido de José Antonio Kast mismo antes del proceso electoral hayan enviaron una solicitud formal a la Universidad de Chile solicitando información sobre el campo de los estudios de género. Esta demanda sugiere que podremos presenciar una escalada regional de ofensivas a la producción de conocimiento en género y sexualidad en el contexto regional.

Ofensivas Anti-LGBTTIA +

Desde agosto, existen pocos registros de avances en relación a los derechos de la población LGBTTIA +. Las ofensivas fueron mucho más vivas, aunque con distinta intensidad. Como vimos en la sección anterior, las agresiones a los derechos de las personas trans son ahora una parte clave de las políticas anti-género en muchos países. Es, sobre todo, flagrante que estas ofensivas hayan ganado relevancia en el juego político internacional, un ejemplo de lo cual es la intensificación de las fricciones entre Polonia y la Unión Europea.

En Europa y África subsahariana, hay países que revisan la legislación para proteger a la población LGBTTIA+ o establecen o aumentan su discriminación y criminalización. Pero las ofensivas, por supuesto, no solo tienen lugar a nivel de políticas estatales. También ocurren en las esferas cotidianas y crean un contexto de creciente vigilancia, autocensura y represión. Un ejemplo es el caso de un profesor de secundaria en Missouri (EE.UU.) A quien se le “recomendó” quitar una bandera arcoíris del aula y firmar un documento comprometiéndose a no tocar temas de género y sexualidad.

OutRight Action International ha publicado un excelente informe sobre la censura de sitios web y contenido LGBTTIA+ en seis países: Indonesia, Irán, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia y Arabia Saudita, encontrando que Irán es el país con el mayor número de sitios web bloqueados. Puede encontrar más información sobre el informe y sus repercusiones en los informes Open Democracy y Openly News.

Otra agenda que ha ganado visibilidad en los últimos meses son las movilizaciones por la prohibición de las “terapias de conversión” destinadas a “curar” a las personas LGBTTIA+. Como señala el informe de Volcánicas, estas prácticas en América Latina y otras regiones son en realidad formas de tortura. Un buen artículo de Openly News, en inglés, rescata la historia de estos “tratamientos”, que ahora están prohibidos en 13 países, incluido Brasil. Sin embargo, como muestra un artículo en Folha de S. Paulo, el brazo brasileño de Exodus, una organización con afiliación evangélica y que es una referencia para la “cura gay”, va viento en popa aquí. Más aún que en el país de origen, Estados Unidos, donde los “ex-ex-gays” tiraron la toalla. Para obtener más información sobre Exodus, vale la pena ver el documental recientemente publicado «Pray Away«, disponible en Netflix.

Europa

En Hungría, la ley que prohibió los materiales que abordaban la homosexualidad y la transgeneridad en las escuelas, aprobada en junio, ya tiene sus repercusiones, como la prohibición de cualquier libro infantil con temas LGBTTIA+ y la calificación de películas que abordan la población LGBTTIA+ de manera positiva como inadecuado para personas menores de 18 años. Las ofensivas anti-género y anti-LGBTTIA+ arraigadas en el país tienen eco en naciones vecinas como Lituania y Rumania, donde políticos nacionalistas y de extrema derecha también impulsan leyes homofóbicas, foco de protestas durante el último desfile LGBTTIA+ en el país.

Otro bastión de las ofensivas anti-LGBTTIA+, Polonia está experimentando un momento turbulento en relación con sus regiones “libres de LGBT”. Al sufrir amenazas de sanciones económicas por parte de la UE y el Consejo Europeo, al menos tres municipios revocaron la absurda clasificación. Pero el gobierno nacional de Mateusz Morawiecki respondió rápidamente señalando una posible ruptura con el bloque europeo. Su argumento es el mismo que presentaron Le Pen y Orban en su reciente reunión: varios artículos de los tratados de la UE violan la Constitución polaca. Los analistas entrevistados en un artículo de Folha creen que la ruptura es poco probable, pero que estas tensiones de hecho socavan la cohesión de la Unión Europea (lea más sobre Polonia en los artículos publicados en BBC, Openly y DW).

En Bulgaria, un centro de apoyo para personas LGBTTIA + fue atacado por un activista de extrema derecha. Desde la vecina Turquía llega la noticia de que, si no es un avance, al menos ofrece algo de aliento: los 18 estudiantes que habían estado presos desde 2019 por participar en un Desfile LGBTTIA+ fueron liberados. Es importante decir, sin embargo, que en Europa Occidental también se están llevando a cabo ofensivas anti-LGBTTIA+. En Italia, como se mencionó anteriormente, el Senado ha devuelto el proyecto de ley de delitos de odio a su etapa inicial (ver entrevista de Massimo Prearo). En España, a su vez, hubo una manifestación neonazi en Chueca, el barrio LGBTTIA+ de Madrid.Ásia

Asia

Comenzando con China, el país ha sido escenario, en los últimos meses, de importantes ataques contra masculinidades no hegemónicas y refuerza el control sobre las personas LGBTTIA+. La ofensiva contra los «hombres afeminados«, ahora prohibida en la televisión china, fue anunciada por la Agencia Nacional de Radio y Televisión y es parte de una reformulación en los medios de comunicación del país en nombre del «crecimiento saludable de la industria y la juventud» (ver texto en Global Voces sobre el tema). Los términos utilizados del universo LGBTTIA+ fueron censurados en las redes sociales del país, así como las cuentas de activistas que abogan por la inclusión del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Código Civil. No menos importante, una importante universidad de Shanghai está, sin ninguna justificación, catalogando a todos sus estudiantes «no heterosexuales».

Una buena historia en The Diplomat subraya la resistencia del movimiento chino LGBTTIA+ en este contexto confuso y también destaca el papel de los activistas en otros países, como Corea del Sur y Taiwán. En este último país, informa el mismo artículo, los activistas luchan por aumentar la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobado en el país en 2019 pero que aún enfrenta la resistencia de la población. Por otro lado, cabe destacar un caso trágico ocurrido en Corea del Sur en el primer semestre del año: un soldado del ejército fue destituido tras una cirugía por reasignación de género. El despido fue anulado, pero demasiado tarde ya que se había suicidado. Y en Japón, un hombre trans está demandando al estado por el derecho a la identidad de género sin un procedimiento quirúrgico, en un caso que ha reavivado el debate sobre los prejuicios de la ley japonesa hacia las personas trans.

En Asia Central, los ataques homofóbicos en Kazajstán y Azerbaiyán han movilizado a activistas que intentan fortalecer el movimiento pro-LGBTTIA+ en la región. Un buen texto de Camila Arquette publicado en Global Voices recopila la legislación de los países de la región y reflexiona sobre el papel que puede jugar el activismo LGBTTIA+ en el cambio de estos hitos. Y debe mencionarse que el regreso de los talibanes al poder en Afganistán también tiene graves implicaciones para las personas cuyo género y sexualidad no se ajustan a las normas vigentes, un tema ausente en los debates internacionales centrados en los impactos en las vidas de mujeres, niñas y minorías étnicas.

Africa Subsahariana

Se vislumbran importantes cambios legislativos en varios países. En Botswana, una de las pocas naciones de la región donde la homosexualidad está despenalizada, se intentó revertir la ley de despenalización aprobada en 2019. La votación se pospuso y no hay una fecha fija para que esto suceda.

Sin embargo, la situación es aún más grave en Ghana, donde la homosexualidad ya es un delito y los ataques a personas LGBTTIA+ son frecuentes. Como ya hemos informado, en mayo un grupo de activistas reunidos en una casa fueron arrestados, detenidos durante mucho tiempo y siguieron siendo hostigados después de su liberación. Desde julio, se ha estado discutiendo un proyecto de ley que aumenta el castigo por la homosexualidad, castiga el “activismo pro-LGBT” y fomenta las “terapias de conversión”.

La propuesta cuenta con un amplio apoyo de la población de Ghana, así como de la Iglesia Anglicana del país, que incluso entró en conflicto con la jerarquía británica que condena la ley. Las iglesias son los principales patrocinadores del proyecto, que utiliza valores religiosos para defender un mayor castigo. Sorprendentemente, el presidente Nana Akufo-Addo, quien ya declaró que el matrimonio entre personas del mismo sexo nunca sería aprobado en su mandato, pidió tolerancia en el análisis del proyecto de ley.

No solo en Ghana las iglesias cumplen este papel de incitar a la homofobia y la transfobia, como muestra esta buena recopilación en inglés. Esto también ha llevado a la coerción y la censura, como en Kenia, donde el documental «I Am Samuel» sobre la vida de un hombre gay fue censurado por la Junta de Clasificación de Películas de Kenia en septiembre. La película, que utiliza doctrinas cristianas para defender el matrimonio entre personas del mismo sexo, fue acusada de blasfemia y una afrenta a la Constitución. Cabe recordar que hace tres años también se censuró en el país una novela de temática LGBTTIA+. Lea la carta del director sobre la censura aquí.

América Latina

Por primera vez, la Corte Constitucional del Perú se pronunciará sobre el derecho a la identidad de una persona intersexual. El caso de Eidan -un joven que fue registrado erróneamente del sexo femenino, lo que resultó en la denegación de atención médica, promete ser un importante hito jurisprudencial. La acción incluye, además de cambiar el nombre y documento de acuerdo con su identidad de género, la demanda de que se declaren inconstitucionales las limitaciones al acceso a la salud por razón de sexo legal. La abogada de Eidan detalla el caso en una entrevista. Cabe recordar que, recientemente, se abrió una investigación contra el juez Javier Vela por su declaración de que la homosexualidad es un “problema psicológico” y una “anormalidad”.

Violencia de género

Durante los últimos tres meses, el activismo feminista ha logrado movilizarse contra la violencia de género. Comenzando por los Estados Unidos, donde Andrew Cuomo, entonces gobernador de Nueva York, renunció luego de acusaciones de acoso sexual (lea en Nexus; Openly, Huff Post). Otra figura de renombre, el cantante R. Kelly, fue finalmente condenado por abuso sexual y crimen organizado, una decisión considerada un hito en particular para los activistas negros. #MeToo también lanzó una medida para cerrar la fraternidad universitaria Phi Kappa Psi en la Universidad de Kansas después de un caso de violencia sexual. Y en el Reino Unido, una investigación periodística de Al Jazeera examinó las denuncias de acoso sexual en la Universidad de Oxford y otras instituciones educativas.

Pero las movilizaciones también son intensas en África. En Costa de Marfil, las feministas han iniciado una campaña importante para apoyar legalmente a la mujer que acusa de violación al ministro de Reconciliación, Kouadio Konan Bertin, manteniendo viva la conversación sobre violencia y acoso en los medios de comunicación y el debate público. En Túnez comenzó el juicio del diputado Zouheir Makhlouf, un caso simbólico del #MeToo del país. El juicio fue objeto de feministas, cuyo lema era “Mi cuerpo no es un espacio público”. En Uganda, los movimientos feministas finalmente lograron que se derogara la ley “anti-pornografía” de 2014, que prohibía incluso la minifalda u otras prendas.

Lo mismo ocurre en Asia. En India, las mujeres luchan por criminalizar la violación merital, que todavía se encuentra en un limbo legal. En Azerbaiyán, las feministas salieron a las calles exigiendo respuestas del gobierno a la explosión de casos de feminicidio, y en Bangladesh ocuparon Internet contra la misoginia en la prensa.

Pero también hay dificultades que mencionar. La periodista y activista china Sophia Huang Xueqin, que escribió un informe sobre los casos de acoso y agresión sexual contra mujeres periodistas en el país, desapareció en septiembre. Activistas de derechos humanos afirman que fue detenida por “activismo político” y la detención fue confirmada por la policía (leer más sobre el caso, sobre el problema de la violencia doméstica en el país y sobre el silenciamiento de activistas feministas). Más recientemente, las publicaciones sobre la estrella del tenis Peng Shuai también han sido censuradas en la prensa después de que acusó al ex viceprimer ministro Zhang Gaoli de obligarla a tener relaciones sexuales.

En Afganistán, la activista Frozan Safi fue probablemente la primera defensora de los derechos de las mujeres asesinada por los talibanes después de su regreso al poder. Regresando a Europa, las feministas también están siendo atacadas por estados de Bielorrusia y Bulgaria. El gobierno de Bielorrusia va a cerrar ONGs y albergues de referencia para mujeres víctimas de violencia y en Bulgaria, como ya hemos mencionado, la ratificación del Convenio de Estambul fue considerada inconstitucional. En nuestra última edición señalamos que Turquía, donde se adoptó la Convención, ya no es uno de los países signatarios.

En América Latina, en Uruguay, la nueva guía de acción para policías en casos de violencia intrafamiliar y de género comenzó a exigir prueba de violencia. Y, en Brasil, la ley Maria da Penha, que desde su aprobación en 2006 ha sido objeto de propuestas de modificación, sigue siendo objeto de debate. Uno de ellos, ya mencionado, se refiere al acceso de las mujeres trans a la ley (lea en Istoé). Y, en un país donde el número de feminicidios, especialmente entre mujeres negras, sigue creciendo, la diputada estatal Jessé Lopes (PSL-SC) compartió con orgullo la foto del encuentro con Marco Antonio Heredia Viveiros – el exmarido casi mata a Maria da Penha. Según el diputado, la versión de Viveiros sobre el crimen es “intrigante”.

Violencia sexual en contextos humanitarios

Un informe explosivo, elaborado por un panel independiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), identificó más de 80 denuncias de abuso sexual durante el brote de ébola en la República Democrática del Congo. Al menos 20 miembros del personal de la OMS fueron identificados como involucrados en la perpetración de la violencia, que incluyó ofertas de trabajo a cambio de sexo y abortos forzados. Tedros Ghebreyesus, director general de la OMS, se disculpó y anunció un plan para combatir el abuso sexual por parte de sus trabajadores.

El escándalo, condenado por el presidente de la República Democrática del Congo, provocó que la Unión Europea suspendiera la financiación de la OMS en el Congo hasta que se presentaran garantías de castigo para los responsables y nuevos mecanismos de protección. Queda por ver si este escándalo hará que el organismo de Naciones Unidas tome medidas realmente efectivas contra este crimen, ya que ni siquiera es la primera vez que surgen acusaciones de este tipo: solo este año, ha habido denuncias de abusos sexuales por parte de trabajadores humanitarios también en la República Centroafricana y Mozambique.

Política sexual: finalmente las buenas noticias

Si has llegado hasta aquí, has hecho bien, ya que también hay motivos para celebrar. Y comencemos con los derechos sexuales y reproductivos. Francia garantizó el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos a todas las mujeres de hasta los 25 años, y España amplió la fertilización in vitro gratuita para mujeres solteras y LGBTTIA+. En Asia, Indonesia finalmente ha abolido la «prueba de virginidad» para las mujeres que quieren unirse a las fuerzas armadas, y en Malasia, un ginecólogo ha creado un condón unisex, que llegará al mercado en diciembre.

Extendiendo estos derechos al ámbito de la reproducción social, el Estado argentino, como ya es el caso de Chile y Uruguay, incorporó una reivindicación histórica del movimiento de mujeres que cobró fuerza en la pandemia. A partir de ahora, el tiempo dedicado al cuidado de los hijos se reconoce como tiempo de trabajo a considerar en la jubilación.

En el campo de los derechos LGBTTIA+, comencemos por la ONU. El Experto Independiente de Naciones Unidas en Protección contra la Violencia y la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, Víctor Madrigal-Borloz, publicó la segunda parte de su informe sobre los ataques de género en el mundo: “Prácticas de exclusión”. También en el marco de los mecanismos internacionales de derechos humanos, 53 Estados solicitaron que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopte medidas para proteger los derechos humanos de las personas intersexuales.

En Uganda, donde la homosexualidad está criminalizada, la activista Cleopatra Kambugu ha logrado emitir nuevos documentos que respetan su identidad de género. En Colombia, Mike Durán, quien no se identifica con el género masculino o femenino, fue la primera persona en registrarse oficialmente como “T”. En Nepal, la tercera opción de género ingresó al Censo Nacional, y en los Estados Unidos, una persona intersexual recibió un tercer marcador en su pasaporte. En Taiwán, la comunidad LGBTTIA + celebró justificadamente un hito: el Tribunal Administrativo falló en contra de las intervenciones quirúrgicas obligatorias para lograr un cambio legal de género.

Otras buenas noticias vinieron de Suiza, que votó a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo por un amplio margen en un referéndum celebrado en septiembre. Igualmente histórico, aunque aún no aprobado, es el nuevo código de familia cubano, que abre la puerta al matrimonio igualitario al eliminar la definición de matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. A fines de octubre, Estados Unidos finalmente eliminó una ley discriminatoria y ahora las personas viudas en relaciones del mismo sexo también tienen derecho a acceder a los beneficios del cónyuge fallecido.

Al llegar a América Latina, dos estados mexicanos, Sonora y Querétaro, también legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, se inauguró la primera unidad de salud dedicada a las personas trans en la Ciudad de México y, por primera vez, se registró como tal a lxs niñxs nacidos de dos madres. En Argentina, la historia de Luana, la primera niña trans en obtener sus documentos de acuerdo a su identidad de género luego de la aprobación de la ley de 2012, se convirtió en película. Finalmente, celebramos la instalación de un Comisión Parlamentaria de Investigación para investigar la violencia contra las personas trans y travestis en la ciudad de São Paulo, la primera iniciativa de este tipo en el país donde más personas más trans son asesinadas.

Aborto: amenazas y avances

A pesar de importantes avances que se comentarán luego, el escenario del derecho al aborto estuvo marcado, entre agosto y octubre, por retrocesos bastante significativos en Estados Unidos, que tienen un gran potencial de repercusión global. Pero también por las señales preocupantes provenientes de China. En Estados Unidos, a principios de septiembre, la Corte Suprema rechazó una acción de inconstitucionalidad contra una ley aprobada en el estado de Texas que prohíbe la interrupción del embarazo después de seis semanas, descartando excepciones incluso para casos de violación e incesto. Desde septiembre, la ley fue suspendida y reactivada por el circuito regional de Justicia Federal, y la Corte Suprema comenzó a debatir la decisión final sobre el caso en la primera semana de noviembre (leer más aquí, en inglés). La nueva ley no castiga directamente a las mujeres, pero establece una línea directa que ofrece a las personas que ayudan a las mujeres que tienen abortos recompensas de al menos $ 10,000. La analogía con el modelo del salvaje oeste de cazar criminales es tan fuerte que fue utilizada por el juez Roberts, presidente de la corte, en un debate con el Fiscal de Texas (artículo en inglés) en la primera sección de la discusión final de la ley.

La decisión de la Corte sobre esta ley draconiana podría ser, según los defensores de los derechos reproductivos, otro paso firme hacia la posible revocación de la decisión Roe Vs Wade de 1973 que despenalizó el procedimiento. En nuestra compilación destacamos la enérgica condena de la jueza Sotomayor a la decisión y una breve valoración de la jurista brasileña Eloisa Machado sobre las implicaciones de la ley.

Pero Texas no es el único estado con propuestas regresivas sobre el derecho al aborto. Los legisladores conservadores de Ohio han presentado un proyecto de ley aún más draconiano, uno que prohíbe el procedimiento en cualquier momento durante el embarazo. Un informe del Instituto Alan Guttmacher informa que entre enero y junio de 2021, se introdujeron 561 restricciones al aborto, incluidas 165 que exigen la prohibición del acceso, en 47 estados. En total, 106 se convirtieron en ley. Estos retrocesos relacionados con la autonomía reproductiva no son aislados, sino que están asociados a retrocesos legales en relación con los derechos LGBTTIA+ y los derechos electorales de la población negra. En diciembre, la Corte Suprema debatirá el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization bajo la ley de Mississippi. Según Françoise Girard, esta decisión es otra potente amenaza para el derecho al aborto en Estados Unidos, un riesgo también analizado por Margareth Talbot en el New Yorker.

En China, el gobierno anunció, a finales de septiembre, que el plan de política dirigido a mujeres y niños establece que, durante la próxima década, el acceso al aborto estará restringido a los casos con indicación médica. El cambio de política está directamente asociado con la dinámica del envejecimiento de la población y la reducción de la tasa de natalidad que, ya en 2013, había dado lugar a un enfoque más flexible de la política del hijo único. Lea aquí nuestra recopilación de noticias y análisis sobre la nueva política china.

Desde un punto de vista histórico, esta confluencia entre los poderes que disputan la hegemonía económica global en materia del derecho al aborto no es precisamente trivial. Esto se debe a que las trayectorias subyacentes a la expansión del acceso al aborto legal y seguro, que actualmente está amenazado en ambos países, son distintas, por no decir opuestas. En Estados Unidos, el derecho al aborto fue el resultado de las luchas por la autonomía reproductiva de las mujeres que se remontan a fines del siglo XIX. En China, la criminalización del aborto se flexibilizó para cumplir con los objetivos de la política de control de la fecundidad establecida a finales de los años 1970, cuyos rasgos coercitivos siempre han sido objeto de críticas feministas. Hoy, sin embargo, el gobierno chino comparte la misma preocupación por la caída de la fertilidad expresada por las fuerzas antiaborto neoconservadoras occidentales que, por otro lado, tienen al Partido Comunista Chino como uno de sus principales objetivos ideológicos.

Si bien existen diferencias en las motivaciones y fundamentos que forman las respectivas posiciones, en ambos casos se expropian los derechos de las mujeres y de las personas que deciden sobre la procreación, ya sea en beneficio de la lógica estatal o en nombre de un mandato moral basado en la religión cristiana. Se necesitan con urgencia una investigación y una reflexión más sistemáticas para comprender mejor esta convergencia inusual.

Al mismo tiempo, el campo de las disputas sobre el derecho al aborto continúa aumentando en muchas otras áreas. Por ejemplo, en América Latina, donde una vez más merece destacarse la estrategia farmacológica utilizada por los grupos antiaborto: la llamada “píldora de reversión del aborto”, que fue objeto de una extensa investigación por parte de Open Democracy. Otras iniciativas, apoyadas por la organización estadounidense Heartbeat, que realizan publicidad engañosa y ofrecen refugios a mujeres embarazadas vulnerables para convencerlas de que no interrumpan su embarazo, fueron investigadas por El País.

También existen amenazas y retrocesos a registrar en los escenarios legislativos y de políticas de salud. En Brasil, por ejemplo, el 100% de los proyectos de ley presentados a la Cámara de Diputados en 2021 están en contra del aborto legal y comenzaron a surgir propuestas legislativas municipales para promover campañas contra el aborto y los métodos anticonceptivos, como la Semana por la Vida aprobada por la Cámara Municipal de Fortaleza. También hubo denuncias de que, en el interior de São Paulo, los planes de salud privados exigen autorización del marido para la implantación del DIU. Estas medidas inconstitucionales provocaron indignación y demanda por parte de los organismos reguladores y fiscalizadores.

En Uruguay, el número de abortos legales se redujo en 2020 por segundo año consecutivo. Si bien esta caída se espera después de la legalización, según la prensa y las organizaciones feministas esta caída puede haber sido provocada por la crisis del COVID-19, pero también por formas sutiles de resistencia al aborto que ganaron terreno con la elección de un gobierno conservador en 2019. MYSU ha publicado una nota técnica detallada sobre el problema. Además, el parlamento debate un proyecto de ley para asegurar el entierro o cremación de los mortinatos que, como observa Paula Delgado en un artículo publicado en la revista Búsqueda, podría incrementar las amenazas al derecho al aborto. Peor aún, a principios de noviembre el médico que coordina el área de salud sexual y reproductiva de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) fue acusado de haber coaccionado a una mujer para que no abortara.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele, el más reciente autócrata regional, retiró del proyecto de reforma constitucional la posibilidad de legalizar el aborto terapéutico, revelando su afinidad con sectores religiosos conservadores, según informa La Mala Fe. Y, en México, se asistió a un escenario deplorable en la movilización convocada por fuerzas antiaborto contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia que despenalizó el aborto (y que se analizará a continuación). Durante la marcha, se realizó un examen de ultrasonido a una adolescente embarazada. Esta actuación indecorosa fue condenada por organizaciones feministas, por la prensa y fue objeto de una nota de repudio emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También provocó rechazo el caso de una niña boliviana de 11 años que, embarazada luego de ser violada sistemáticamente durante meses por un familiar, inició el protocolo de las drogas garantizado por ley para interrumpir el embarazo, pero no lo completó. Motivo: presión de la Iglesia católica y movimientos conservadores.

Y, en AL, hay también notícias buenas que han tomado otro rumo en razón de desarrollos recientes. En Chile, la Cámara de Diputados aprobó en septiembre la propuesta de legalización del aborto hasta la semana 14 de embarazo para ser discutida en el Parlamento. Esa importante decisión, sin embargo, llevará mucho tiempo en el Legislativo y que ahora se ve amenazada por los resultados electorales del 21 de noviembre que han hecho girar la la composición del Congreso tmabién a la derecha. Y, en Colombia, la acción que interpuso Causa Justa ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la criminalización debe ser resuelta muy pronto – este artículo del diario El Tiempo informa sobre el estado del debate. Sin embargo, al iniciar el juicio la Corte suspendió la fecha límite porque uno de los magistrados se declaró impedido para votar. Este tecnicismo puede leerse como una dilación deliberada, en particular porque las presiones antiabortistas contra la Corte han aumentado en los últimos meses. Pero sigue la expectativa de que el debate pueda ser retomado aún en 2021.

Llamamos la atención sobre dos excelentes recursos para analizar los retrocesos al derecho al aborto. La objeción de conciencia (OC) es hoy en día uno de los mayores obstáculos para el ejercicio del derecho al aborto en todo el mundo, incluso en los casos legales. En este sentido, el Mapa Global de Reglas de OC, elaborado por la red argentina REDAAS, es un recurso excepcional para la investigación y el activismo. El segundo recurso es otra historia panorámica de El País sobre el estigma del aborto que escuchó la experiencia de las mujeres que abortan en condiciones clandestinas o bajo coacción.

Finalmente, al cerrar esta edición, el caso de una joven polaca que falleció por falta de atención médica personificó los dramas y tragedias vinculados a la legislación que prohíbe la práctica. Según activistas, esta es la primera muerte después del endurecimiento de la ley del aborto en el país europeo a principios de este año. Luego de las protestas en todo el país, el Ministerio de Salud emitió instrucciones que garantizan el derecho al aborto para gestantes en riesgo.

Pero también hay buenas noticias

En México, la Corte Suprema de Justicia despenalizó el procedimiento al considerar inconstitucional una ley estatal que penaliza el aborto, dando un nuevo paso importante para garantizar la autonomía reproductiva en América Latina. La Corte también ha emitido una decision muy relevante, desde un punto de vista regional,  sobre los limites de la objeción de consciencia. La decisión siguió a una directiva de la Fiscalía Federal que ordenaba a los poderes judiciales locales que revisaran lo antes posible las condenas de las mujeres encarceladas o acusadas. Obtenga más información sobre la decisión aquí y aquí.

Y, incluso en Brasil, donde las condiciones ahora son decididamente muy desfavorables, el un proyecto de ley presentado en el Ayuntamiento de Recife para la adopción de una campaña de repudio al aborto, en la línea de la ley aprobada en Fortaleza, fue rechazada por la Cámara de Consejales. Igualmente alentadora fue la condena de un Hospital del estado de São Paulo por violación de la confidencialidad médica en el caso de una mujer que, con dolor y en trabajo de parto, fue denunciada a la policía por autoaborto. Asimismo, en Uruguay, las amenazas de retroceso mencionadas anteriormente han sido respondidas con vigor por el movimiento por el derecho al aborto, como se puede apreciar en el informe de la conferencia de prensa que se llevó a cabo el 4 de noviembre.

Y hay buenas noticias de otros continentes. En Benín, el Parlamento aprobó la ampliación del acceso al aborto legal, un avance celebrado por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y analizado por la antropóloga Ramatou Ouedraogo. Y en San Martino, el derecho al aborto fue aprobado con amplia ventaja en referéndum. Aunque el país es muy pequeño, la votación es importante porque deja atrás una de las últimas legislaciones radicalmente punitivas de Europa occidental (quedan Andorra y Malta), pero también por la cercanía e influencia del Vaticano.

Finalmente, la BBC publicó una gran historia sobre una serie histórica de encuestas de opinión realizadas por IPSOS sobre posiciones sobre el aborto entre 2014 y 2021. Los resultados muestran, de manera muy significativa, que el apoyo al derecho al aborto está, en promedio, estabilizado. Pero se ha ido expandiendo en países donde las leyes son más restrictivas o donde hoy existen fuertes ofensivas contra cambios legales y jurídicas o con miras a revertir leyes existentes, por ejemplo, en Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Hungría, Italia, Malasia, México, Perú, Polonia e incluso Rusia.

Finalmente, registramos las celebraciones organizadas para el 28 de septiembre (Día de Lucha por la Despenalización del Aborto). Compartimos el boletín de la Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro con informes de las acciones tomadas en todo el mundo. También recomendamos el artículo de Mariana Carbajal en la Página 12 sobre los orígenes de la fecha.

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