Sexuality Policy Watch [ES]

La política sexual en tiempos de pandemia: marzo y abril

La política sexual en tiempos de pandemia: marzo y comienzo de abril de 2020

Fue un gran desafío elaborar el informe del SPW marzo-abril 2020 con motivo de la anormalidad, riesgos y pérdidas provocados por la vertiginosa propagación del virus SARS-CoV-2. En este contexto turbulento, pensamos que no sería suficiente compilar en las categorías habituales el volumen sustantivo de informaciones y análisis recopilados sobre los significados y efectos de la pandemia en relación con el género, la sexualidad, el VIH/sida y el aborto. Siendo así, optamos por organizar este material en un formato diferente, situando los diferentes temas en relación con las implicaciones del COVID-19 para la política, la economía, pero también en términos biopolíticos. Más aún, como la pandemia se instaló primero en las llamadas economías centrales (China, Europa y Estados Unidos) antes de extenderse por otros países y regiones, invitamos a lxs colaboradorxs del SPW a escribir sobre contextos que no han sido objeto de mayor atención, especialmente en Brasil. Empezamos por Nicaragua y El Salvador y agradecemos la generosidad de Humberto Meza y Amaral Arévalo por sus excelentes contribuciones.

COVID-19: excepcionalidad y desdemocratización

Desde enero, cuando el gobierno chino adoptó medidas extremas de confinamiento en Wuhan, la pandemia provocó en el mundo una semántica cuestionable de guerra al virus, dando a los Estados, en particular y a los incontables regímenes autoritarios existentes en general, justificaciones para ejercer el monopolio de la violencia, la arbitrariedad y la coerción política.

En Filipinas, Duterte autorizó la ejecución de quien infrinja las reglas de cuarentena. En Hungría, Orbán suspendió lo que todavía quedaba de las instituciones democráticas (haga click aquí para ver nuestra compilación en inglés). En Polonia, el partido Ley y Justicia fue en contra de la ley electoral a fin de instituir el voto por correo y mantener las elecciones presidenciales de mayo en una maniobra que fue denunciada por los opositores como un golpe de Estado en medio de la crisis del COVID-19. Asimismo, se ampliaron los poderes de coerción del Estado en Irán, Turquía, Israel, Rusia y Kirguistán (vea la compilación en inglés). En la India, el COVID-19 interrumpió las movilizaciones políticas contra la nueva ley de ciudadanía, las protestas contra la violencia civil ejercida contra la comunidad musulmana en varias ciudades, pero sobre todo le dio a Modi nuevos argumentos para el uso de la fuerza y la restricción de la libertad de prensa. En Uganda, el régimen de Museveni usó la pandemia para retomar la persecución de la población LGBT (vea aquí y aquí). América Central es otro escenario de abusos flagrantes, dado que se instalaron estados de excepción en El Salvador, Honduras y Guatemala. De modo más reciente, Ecuador suspendió el acceso a las garantías constitucionales. Están finalmente los contextos autoritarios de los que casi no se habla, como es el caso de Medio Oriente, y de las situaciones todavía más dramáticas de Palestina, especialmente Gaza (ver aquí), y de Cachemira, que se encuentran desde hace mucho en estados de excepción. Es preciso señalar que, aún en contextos donde no se registran colapsos democráticos radicales, la crisis del COVID-19 ha llevado al uso indiscriminado de la ley penal y de abusos por partes de las fuerzas de seguridad.

Entretanto, es fundamental recordar que, además de los líderes populistas y antidemocráticos que usan al COVID-19 para ampliar los poderes discrecionales, están los negacionistas como Trump, Boris Johnson, Lopez Obrador y Bolsonaro, quienes, en nombre de la economía y de otros argumentos, atacan y retrasan a las medidas de contención poniendo en riesgo a la población de sus países. Boris Johnson parece haber reconocido de modo más consistente las implicancias de la nueva realidad epidemiológico. Trump terminó cediendo a las presiones referidas a implementar la cuarenta, sin embargo, continúa amenazando con suspenderla y exonerar al doctor Fauci, quien coordina la respuesta sanitaria en los EEUU. Bolsonaro, por su lado, siguió su ruta tenebrosa. Incluso después de más de 1.000 muertes por COVID-19 en Brasil, Bolsonaro continúa irresponsablemente cuestionando la gravedad de la pandemia. Y, para mantener enfurecida a su base política, crea y fustiga enemigos; como, por ejemplo, el ministro de salud. Lo acompañan en ese sendero de insanidad tres autócratas indiscutibles: Nicaragua, los dictadores de Bielorrusia y de Turkmenistán. En la semana del 10 abril, después de la sustitución del ministro de salud, fue anunciado que las fuerzas armadas supervisarían la gestión de la crisis, lo cual anticipa un potencial giro autoritario en la respuesta a la pandemia.

Considerando esta ola inequívoca de autoritarismo y arbitrariedad es urgente visibilizar las políticas exitosas de respuesta a la epidemia que, aparentemente, no implican desdemocratización como son los casos de Alemania (vea aquí en portugués), Argentina, Barbados, Corea del Sur, Dinamarca, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal y Taiwán. Si bien otros factores debieran ser tenidos en cuenta, es interesante observar que este grupo de países es mayoritariamente gobernado por mujeres. Es bueno recordar que esta evidencia no debe ser esencializada: no todas las mujeres gobernantes están llevando adelante una respuesta efectiva a la pandemia o respetando la democracia y los derechos humanos. En Bolivia, por ejemplo, se adoptó un estado de excepción no declarado.

Es también fundamental conocer y difundir las recomendaciones hechas a los Estados por los sistemas regionales e internacionales y las organizaciones de derechos humanos, subrayando que los derechos humanos no sean violados por las acciones de respuesta a la pandemia y recordando que, en situaciones de excepción, las personas y los grupos que ya padecen la desigualdad y la discriminación son las primeras víctimas de la violencia de Estado.

COVID-19: capitalismo, género y sexualidad

La escala y velocidad de la crisis COVID-19 no pueden ser entendidas si hacer referencia a las condiciones del capitalismo en el siglo XXI: intensificación de la circulación de capitales, bienes y personas, cadenas globales de producción cada vez más interrelacionadas entre sí y con China, más específicamente Wuhan, y elevados patrones de desigualdad. Es importante recordar que los primeros síntomas mundiales de la pandemia fueron económicos y financieros, no sanitarios, dado que la epidemia empezada en China afectó al mundo entero, ya desde enero.

Por otro lado, sus drásticos efectos deben ser atribuidos a las consecuencias de las políticas neoliberales en términos de desfinanciamiento y/o privatización de los sistemas de salud pública, erosión de los derechos laborales y demás redes de protección y precarización del trabajo. Un rasgo paradójico del escenario actual es, como bien lo analizó Angela Alonso (lee en portugués), que en el caso de que se quisiera evitar catástrofes humanitarias y económicas, los gobiernos ya no podrían continuar siguiendo ciegamente al catecismo neoliberal. Por ejemplo, en el caso de que los sistemas públicos de salud fuesen más robustos, la respuesta sanitaria al COVID-19 hubiera sido mucho más eficaz, el virus posiblemente menos letal, los servicios de salud sexual y reproductiva –inclusive para el VIH/sida- no estarían afectados por la aparición de la pandemia (un tema que será examinado a continuación). Como observa David Harvey, los países menos neoliberales fueron los que respondieron mejor a la crisis en términos sanitarios.

Sobre todo, no veríamos la destrucción de la supervivencia económica de millones de personas que viven del trabajo informal y precarizado, producto de la epidemia. Entre esas personas, como es sabido, las mujeres son, en muchos países, mayoría. En Brasil, por ejemplo, Hildete Pereira (lee en portugués) observa que el 82% de los puestos creados en el mercado informal en los años recientes, la mayoría de ellos en servicio doméstico, son ocupados por mujeres, que, tanto en Brasil, como en otros países, están desapareciendo rápidamente. En este sentido son muy bienvenidas las medidas de emergencia de protección social para trabajadorxs informales, que benefician a las mujeres jefas de familia que fueron adoptadas por el Congreso brasilero, así como las políticas argentinas de género en respuesta a la pandemia (ver aquí y aquí).

Dentro del conjunto de artículos y análisis que circuló sobre el impacto de la pandemia en términos de género, el texto más completo sea tal vez el de Helen Lewis, en la revista The Atlantic, que recupera, críticamente, lo que sucedió en otras epidemias recientes, como la de ébola y la de zika y enfatiza cómo los desequilibrios de la división sexual del trabajo agravan los efectos perjudiciales del COVID-19. Como subraya Lewis, la pandemia está visibilizando tanto la persistente división del trabajo sexual como el papel central que ocupa en la economía del cuidado. Las mujeres no sólo están en la primera línea, sino que son mayoritariamente responsables de la manutención de las personas en situación de cuarentena. Esta centralidad, hasta ahora velada por la primacía de la economía de las cosas fue tematizada por Débora Diniz, Rita Segato y Alain Touraine y ha sido enfatizada en varios documentos feministas y del Sistema ONU sobre los impactos en términos de género del COVID-19 (aquí y aquí).

Volviendo a los impactos sobre el mercado informal de del trabajo, es preciso recordar que en todo el mundo están siendo dramáticos para las personas involucradas en el trabajo sexual cuyas actividades son predominantemente informales y precarias. Identificamos un amplio conjunto de noticias y análisis sobre los impactos negativos en la caída de la demanda en Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia, México, Tailandia, Bangladesh, Francia y España (vea aquí nuestra compilación en portugués/español e inglés). Por un lado, este tratamiento dado por la prensa nos dice que, después de varias décadas de lucha de lxs trabajadorxs sexuales, la prestación de servicios sexuales está siendo reconocida, al menos por la prensa, como “trabajo” y ya no más como “degradación moral”. Por otro lado, el repudio de los sectores conservadores y feministas a ese reconocimiento se convertirá, posiblemente, en un obstáculo para la implementación de medidas estatales de protección social a lxs trabajadorxs sexuales. A modo de ilustración podemos ver lo que pasó en Brasil, donde la primera versión de una cartilla sobre los riesgos del COVID-19, publicada por el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, recomendaba a lxs trabajadorxs sexuales optar por la oferta de servicios virtuales. Sin embargo, apenas el material ganó visibilidad en los medios de comunicación, otra cartilla fue publicada en la cual ese y otros contenidos fueron eliminados

COVID-19: Implicaciones biopolíticas

El COVID-19 y sus efectos también deben ser leídos en términos de la biopolítica. Como sucedió en pandemias anteriores, ésta activa, actualiza, y, se puede decir, radicaliza los aparatos y dispositivos gubernamentales, así como también los científicos y tecnológicos para la gestión de la población a gran escala y para el disciplinamiento y vigilancia del cuerpo social y cuerpos individuales. Esto es, los dispositivos de estatización de lo biológico, como los teorizados por Foucault, se entrelazan con los aparatos políticos y legales de coerción. Este enfoque foucaultiano ha inspirado innumerables y provocadoras reflexiones críticas sobre el COVID-19 en las últimas semanas, entre ellas una exquisita entrevista ficcional con el maestro de la biopolítica, realizada por Clare O’Farrel (en inglés).

Dentro del registro biopolítico, el COVID-19 inevitablemente evoca los efectos de otras epidemias, como la de sífilis o el brote reciente de zika, y, sobre todo, la historia política del VIH/sida dado que potencialmente convierte a personas y grupos sociales en vectores de infección que deben ser controlados, y, de modo extremo, eliminados (vea una compilación en portugués, español e inglés).

En esta ocasión, Richard Parker, presidente de ABIA, escribió sobre la falta de tests para el COVID-19 en Brasil. En su artículo señaló que, así como sucedió en el caso del sida, la respuesta al COVID-19 puede fácilmente reeditar discursos y prácticas que culpabilizan, estigmatizan y producen violencia contra adultxs mayores y portadorxs de enfermedades crónicas; esto incluye personas viviendo con VIH/sida, en particular en contextos de populismo autoritario como es el de Brasil o de los EEUU. Analizando el contexto indio, la feminista Gita Sen menciona la estigmatización de profesionales de la salud (quienes están más expuestos a la infección) y grupos vulnerables como lxs Dalits, personas con discapacidad y mujeres pobres. En China, mujeres profesionales de la salud que trabajan en la primera línea de contención fueron rapadas de modo obligatorio. En innumerables países, personas que no cumplen las reglas de la cuarentena, quienes, en general, son las más pobres y marginales, son acusadas de irresponsables y son más vulnerables a las medidas de coerción y violencia de Estado (inclusiva la violencia letal, como en Filipinas).

Otro rasgo biopolítico de la pandemia es, entonces, la vulnerabilidad diferencial. Como señala Judith Butler, el virus explicitó nuestra precariedad compartida como humanos, mas sus riesgos y efectos, sean patológicos, sociales, o políticos, son radicalmente diferentes cuando son considerados la edad, estado de salud, raza, etnia, casta, clase y lugar de vivienda. Esta vulnerabilidad diferencial es, trágicamente, ilustrada por la primera víctima mujer del COVID-19 en el Estado de Río de Janeiro: una trabajadora doméstica de 63 años, por lo tanto, grupo de riesgo, expuesta al cuidar a su patrona quien había sido infectada en un viaje a Italia.

No menos importante, el COVID-19 ha tenido implicancia en las lógicas y efectos problemáticos de la segregación espacial, como la tecnología biopolítica de la gestión del cuerpo social. Cronológicamente, una primera señal de esos efectos fue el aumento inmediatio de la violencia de género, incluyendo asesinatos; dado que las mujeres están confinadas nuevamente a los espacios domésticos (vea aquí y aquí).  Las primeras noticias vinieron de China, para rápidamente proliferar por todo el mundo. Ese crecimiento de la violencia de género deja expuesto la falta de seguridad del universo doméstico (de la familia) en contraposición de lo que pregonan las fuerzas conservadoras. Asimismo, demuestra cómo las reglas biopolíticas de distanciamiento social obligatorio pueden destruir, muy rápidamente, las redes sociales que actúan como un mecanismo de protección horizontal.

Por su parte, los gobiernos de Panamá, Perú, y de la ciudad de Bogotá adoptaron como medida de restricción de la circulación criterios de sexo/género para definir quién puede o no salir de su casa cada día de la semana. La prensa latina y brasileña publicaron notas sobre esas medidas, describiendo los efectos de la discriminación a las personas trans; y, en el caso de Perú, la estigmatización de las mujeres (vea una compilación). En Colombia, una editorial del diario El Espectador, criticó las medidas adoptadas. Por otro lado, la rotación por sexo/género fue repudiada por organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de las personas trans. En Perú, la regla fue revocada y un balance de su impacto ya se encuentra disponible. En Colombia, por su lado, está en curso una campaña digital que pide la suspensión de las medidas en Bogotá. En el artículo que escribió Sonia Corrêa, observa que la regla de segregación basada en sexo/género reifica el determinismo biológico del dimorfismo sexual colocando automáticamente a las personas no binarias en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a la coerción del Estado. Según ella, esa lógica también contribuye a la cristalización del llamado orden natural del sexo/género, reactiva las capas profundas donde se asientan la división sexual del trabajo y las desigualdades entre hombres y mujeres.

Finalmente, es preciso considerar, como lo hacen varixs observadorxs, las implicancias biopolíticas de la gestión individualizada de los riesgos del COVID-19, y, más específicamente, los significados y desarrollos de los aparatos de vigilancia digital ampliada, los cuales fueron adoptados con éxito epidemiológico en varios países, inclusive en aquellos en que las condiciones democráticas no están abiertamente amenazadas (vea más en nuestra compilación)

Vea aquí las recomendaciones de la ONU y del Sistema Internacional de Derechos Humanos sobre cómo responder a la violencia de género y otras formas de violencia, discriminación, estigmatización derivadas de la pandemia.

Salud reproductiva y aborto

El disciplinamiento, regulación y jurisdicción sobre los cuerpos gestantes también están en la esfera de la biopolítica, y como tales, también sufren los efectos de la pandemia. Tanto al Norte como al Sur del Ecuador –Brasil, EEUU, Francia, India e Italia- los servicios de aborto y salud reproductiva fueron suspendidos por no ser considerados esenciales. Esta distinción entre esenciales y no esenciales, que parece ser inevitable en este momento de crisis, debe ser cuestionada, pues es como si la autonomía corporal y el acceso a la salud sexual y reproductiva fueran derechos dispensables. Más aún, las fuerzas antiaborto han usado deliberadamente a la pandemia como pretexto para forzar los cierres de los servicios de aborto. En Brasil, eso parece haber sucedido en el Hospital Pérola Byington en San Pablo, que, bajo presión de la justicia restableció el servicio (lea aquí). En Argentina, un grupo de diputados confesionales cuestionó la decisión del gobierno de Fernandez de considerar como esenciales a los servicios de salud reproductiva, inclusive los de aborto en los casos legales, así como la compra de Misoprostol. En EEUU, en los Estados de Alabama, Iowa, Kentucky, Mississipi, Ohio, Oklahoma y Texas, donde en 2019 se habían presentado proyectos de ley para prohibir absolutamente el aborto, hubieron fuertes presiones para el cierre de servicios, como en el caso de Texas, donde las clínicas fueron cerradas por decreto. Y, como se verá a continuación, prohibir radicalmente el aborto se volvió una prioridad del gobierno polaco (ver compilación aquí). Más grave, sin embargo, fue la declaración de Bolsonaro del 16 de abril al despedir al ministro de salud, quien resistió su presión para suspender la cuarentena. JMB declaró que nombraría a una persona radicalmente en contra del aborto.

Por otro lado, la dificultad del acceso físico a los servicios de aborto provocó una coyuntura favorable para la ampliación del acceso al aborto farmacológico, el cual puede ser realizado desde el hogar. La Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro (ICWRSA) lanzó una llamada internacional a la acción que reclama una agenda racional que garantice el derecho de las mujeres frente al actual estado de emergencia, privilegiando el aborto sin la necesidad de presencia física de unx profesional y países como Colombia, Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte lograron aprobar la regularización (si bien temporaria) de servicios de aborto por telemedicina (vea una compilación). Finalmente, es importante resaltar que, reconociendo los efectos perjudiciales del COVID-19 sobre los servicios de salud sexual y reproductiva, la Organización Mundial de la Salud divulgó, el día 26 de marzo, una guía clínica en la cual afirma que dichos servicios, incluido el de interrupción legal del embarazo, deben ser preservados como esenciales durante la pandemia.

COVID-19: Políticas antigénero

Esta sección explica de manera preliminar y parcial cómo las fuerzas antigénero están posicionadas y movilizadas frente al COVID-19. El primer punto a tener en cuenta es que, en todas partes, las instituciones religiosas involucradas en las campañas antigénero han reaccionado negativamente a las reglas de aislamiento social. Incluso el Vaticano criticó al comienzo el cierre de todas las iglesias y desafió las medidas implementadas en Roma. Sin embargo, cuando la situación en Italia se agravó, el papa retrocedió y, solo, ofició una misa en la plaza de San Pedro vacía. En América Latina y en Brasil especialmente, los pastores vociferaron ampliamente en contra la restricción de los cultos. En toda la región circularon videos en los que voces evangélicas y católicas cuestionan la existencia del virus, descalifican la eficacia de las respuestas biomédicas y afirman que las personas deben confiar en la cura de Dios (vea aquí videos brasileños y un video chileno).

También América Latina, líderes católicos interpretaron al COVID-19 como un castigo por los esfuerzos por legalizar el aborto en Argentina y también por la lucha feminista y por los derechos de la diversidad sexual conquistados en México. Iglesias evangélicas también han circulado panfletos que enseñan a las mujeres a comportarse como buenas esposas durante la cuarentena. En Israel, el rabino Meir Mazzur declaró que la epidemia era un castigo por las marchas del orgullo LGBT y, en Europa, el catolicismo conservador vinculó la propagación del virus al llamado “invierno demográfico”, es decir, la baja en la fecundidad (lea en inglés).

Por otro lado, es preciso decir que no todos los gobiernos que incrementaron los niveles de arbitrariedad o que asumieron posturas negacionistas como respuesta a la pandemia están alineados o cuentan con el apoyo de las fuerzas antigénero, como es el caso de India o de Filipinas. Esta alianza efectivamente ocurre en EEUU, Brasil, Hungría, Nicaragua y Polonia. En Polonia, donde hoy existen zonas donde está prohibida la presencia de personas LGBTTI, el Partido de la Justicia, en el poder hace mucho tiempo, usa la pandemia para conseguir rápidamente la aprobación de la prohibición total del aborto (vea más en inglés aquí y aquí). En Estados Unidos y Brasil, las fuerzas antigénero, reiterando su ideología anti-intelectualista, respaldan los discursos presidenciales que descalifican la gravedad de la pandemia y hostilizan a lxs epidemiólogxs y otrxs científicxs.

En ambos casos, existen voces extremistas que afirman que no se debe creer en la ciencia, sino en Trump y Bolsonaro, quienes serían “enviados de Dios”. Existen también discursos religiosos y seculares que acusan al aislamiento social, el acceso a la salud universal y los paquetes de ayuda económica como medidas socialistas (vea una compilación en inglés y portugués). En el caso de EEUU, estas presiones explican, en parte, la suspensión del financiamiento enviado a la OMS, realizada argumentando la ineficacia, el alineamiento con China y la promoción del aborto. Esta decisión está siendo aplaudida por celebridades del campo antigénero como, por ejemplo, el argentino Agustín Laje.

Como argumenta Claire Provost en un artículo publicado en openDemocracy y traducido al español por La Mala Fe, es evidente el estado de anormalidad y emergencia instalado en el plante, el cual crea condiciones favorables para que las fuerzas antigénero refuercen los papeles tradicionales del género, el dimorfismo sexual, y el rechazo al feminismo y la diversidad sexual. Así como también para cerrar fronteras y permitirles a esas fuerzas o a sus aliados políticos un mayor control sobre el poder del Estado en los contextos en donde ya están instalados, o, en el futuro, para uso electoral de las tragedias resultantes de la epidemia, capturando así más poder en otros países.

Para finalizar, vale la pena verificar como la pandemia es interpretada a partir de los abanicos ideológicos más amplios que han inspirado a la extrema derecha mundial, así como a una gama importante de las fuerzas antigénero. En un provocador artículo publicado por The Nation, Benjamin Teitelbaum  muestra, por ejemplo, como tanto Alexandr Dugin, el gurú de Putin, como Steve Bannon – a pesar de las diferencias sustanciales en cuanto al papel de Occidente y de los Estados Unidos en el sistema-mundo- consideran que la pandemia tiene un significado de época y sistémica que ravorecerá sus visiones de repudio a la modernidad en sus múltiples manifestaciones y al globalismo.

Para no olvidar

El día 14 de marzo se cumplieron dos años de los asesinatos de la concejal Marielle y del chófer Anderson Gomes. El SPW se une a las voces que, incluso en medio de la crisis del COVID-19, recuerdan el crimen brutal para exigir respuestas y justicia. Lea nuestra compilación.

Sexualidad y Arte

En esta edición, el SPW expone la obra Anticuerpo Diseñado de la artista Anna Dumitriu sobre enfermedades infecciosas, biología sintética y robótica.

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Velibor Colic: “Esta pandemia es otro fin de un mundo” – El Periódico

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Entrevista a Susana Chávez: salud y derechos humanos en cuarentena – Otra Mirada

Capitalismo, reproducción y cuarentena, por Silvia Federici – Editorial Traficante de Sueños

Recursos

130 grupos de diversas religiones firman declaración sobre la COVID-19 en la región LAC – SPW

Pronunciamiento de organismos internacionales e interamericanos por el liderazgo de mujeres frente a la crisis del COVID-19 – OEA

Centroamérica en tiempos de COVID-19: amenazas a la salud, la vida y los derechos – Sombrilla Centroamericana

Boletín REDAAS #33 – Red de Acceso al Aborto Seguro

Violencia a Disidencias Sexuales en Chile: El Pre, Durante y Post Estado de Emergencia del Gobierno de Piñera – Alveal et al.

 

Este informe fue producido por

y traducido por 



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