Nota de lxs editores

Pedimos disculpas a nuestrxs lectores y compañerxs por la demora en publicar nuestra última Edición Especial sobre la Política Sexual en Tiempos de Pandemia. Este atraso se debe a la inesperada compresión del tiempo que vivimos en 2020, y también a los casos de COVID-19 en el equipo de la ABIA/SPW, así como entre parientes y colegas de trabajo. Si bien la estructura de esta edición especial es la misma de las ediciones anteriores, fue agregado un nuevo tópico donde se examinan las políticas recientes del Vaticano en relación a las cuestiones sexuales y otras. Dependiendo de cómo la vacunación y los patrones pandémicos evolucionen en el 2021, esta puede ser nuestra última Edición Especial sobre género y política sexual durante el COVID-19. Esperamos que así sea.

El estado de la pandemia

Habiendo pasado un año desde que el primer caso de infección por el virus SARS-CoV-2 fue identificado en Wuhan, más de 74 millones de casos y 1,6 millones de muertes fueron registrados en el mundo. En la última edición de la Política Sexual en Tiempos de Pandemia, publicada en julio, Europa experimentaba una caída de los casos y relajaba las medidas de aislamiento social, pero ahora enfrenta una segunda ola. Lo mismo sucede en los EEUU, Asia, y América Latina. África fue el único continente en el que los impactos del COVID-19 se mantuvieron en niveles reducidos (excepto en Sudáfrica) y ese peculiar patrón hoy está siendo investigado (vea aquí). El COVID-19 comienza a replicar las olas consecutivas de las epidemias del pasado y se superpone a patologías endémicas. Especialmente enfermedades olvidadas. Eso requiere de nuevos modos de definir la pandemia, de los cuales un camino posible, como sugieren algunxs epidemiólogxs, sería rescatar el concepto de “sindemia”, elaborado en los años 1990 para describir cómo la epidemia del VIH/Sida interactuaba y reforzaba condiciones epidemiológicas, sociales y políticas preexistentes.

La geoeconomía de las vacunas: ¿Más de lo mismo?

Desde julio, también se intensificó la corrida por las vacunas y las disputas entre fabricantes. Cuando este Especial estaba siendo finalizado, a mediados de diciembre, las primeras personas habían sido vacunadas en el Reino Unido y se preveía que a partir de enero iba a comenzar la vacunación masiva en otros países europeos y en los Estados Unidos. En América Latina, varios países avanzaban en la aprobación de productos y la OMS había autorizado la fase tres de los testes de cuatro vacunas desarrolladas en Cuba. Mientras tanto, la situación brasileña continuaba en estado deplorable hasta que finalmente el día 16 de diciembre, un día después de que el presidente declarara irresponsablemente que él mismo no se vacunaría, un plan nacional fue presentado (compilación). A medida que las vacunas se vuelven disponibles, la cuestión del acceso evidencia un complejo entramado debido a los desafíos de escala, logística, y, en especial y de modo injusto, debido a las disparidades globales en la capacidad de compra de insumos y de obstáculos derivados de las reglas de propiedad intelectual (patentes).

En septiembre, la OMS estableció la plataforma COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access Facility), reuniendo Estados y empresas para garantizar la distribución de dos mil millones de vacunas a los países del Sur Global. Mientras tanto, en diciembre comenzaron a circular noticias de que la plataforma no conseguiría cumplir su meta; debido a la falta de insumos causada por compras realizadas por países ricos.

En octubre, en la Organización Mundial del Comercio (OMC), India y Sudáfrica hicieron una demanda de liberación (waiver) de patentes y otros derechos sobre las vacunas y los medicamentos del COVID-19. El 10 de diciembre, la propuesta ya tenía apoyo de 100 países y fue debatida en el Consejo sobre Propiedad Intelectual (TRIPS) de la OMC. En ambas arenas una vez más se registra la fractura clásica entre países del Sur, que defienden lógicas no propietarias y los países del Norte que protegen sus patentes. Como bien afirman los autores del artículo Intellectual Property Monopolies Block Access to Vaccines (los Monopolios de la Propiedad Intelectual Bloquean el Acceso a las Vacunas), mientras lxs ricxs y poderosxs tendrán acceso, en los países pobres sólo una de cada diez personas será vacunada en el 2021. Están en contra del waiver: Australia, Estados Unidos, la Unión Europea, Noruega, Japón, Suiza y, lamentablemente, Brasil.

COVID-19 y la Economía

En marzo – abril, fueron hechas proyecciones optimistas en relación a que la pandemia constituía una oportunidad para enfrentar la desigualdad global. En ese sentido, los paquetes de alivio económico emergencial no sólo fueron cruciales para evitar una tragedia humana aún mayor, sino que también reabrieron debates nacionales y globales sobre los programas de ingreso básico universal. El propio FMI (Fondo Monetario Internacional), gestor máximo de la autoridad fiscal, recomendó la continuidad de los paquetes en el 2021. Además de eso, otras instituciones hegemónicas pasaron a priorizar la desigualdad en sus discursos, entre los cuales el Foro Económico de Davos fue todavía más osado, haciendo críticas severas al neoliberalismo.

Estas intenciones son más que bienvenidas. Incluso porque estudios han revelado que, durante la pandemia, lxs multimillonarixs se volvieron más ricxs y las grandes corporaciones ampliaron significativamente sus lucros. Paradojalmente, esa reconcentración de la riqueza puede, en parte, ser atribuida a los paquetes de emergencia, que también incluyeron incentivos a los mercados financieros. No sin razón, la pandemia también abrió espacio para retomar debates sobre la aplicación de impuestos a grandes fortunas, siendo que en Argentina, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley en ese sentido, que todavía precisa ser sancionado por el Senado.

Mientras esas buenas intenciones y propuestas no pasan de los discursos a la realidad, la crisis económica continúa siendo devastadora. En Estados Unidos, sus costos son estimados en 16 billones de dólares, 90% del PBI del país. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, la subsistencia y la seguridad alimentaria de 265 millones de personas que viven en África, América Latina, Caribe, Asia y Medio Oriente están amenazadas. Y, tal como hemos analizado en nuestras ediciones anteriores, el empleo y la renta de las mujeres han sido especial y brutalmente afectados por la recesión post-COVID-19. La nueva crisis, no casualmente denominada “she-cession” (“la recesión de ellas”, en traducción libre), puede llevar 453 millones de personas de vuelta a la pobreza antes del 2030, de las cuales 279 millones son mujeres (vea una compilación). Como es sabido, las mujeres que trabajan en el sector informal, en especial el trabajo doméstico y el trabajo sexual, son las más drásticamente afectadas. Este impacto contraste con el reconocimiento sobre la centralidad de la economía del cuidado, dominantemente gerenciada por mujeres, que tuvo gran visibilidad en el comienzo de la pandemia.

Otro aspecto a retomar de las ediciones anteriores es la forma por la cual las redes de economía sumergida e ilegal se han aprovechado de las condiciones de la crisis provocada por la pandemia. Esto puede ser ilustrado por los efectos perjudiciales de la prohibición del alcohol y el tabaco en Sudáfrica, y una vasta lista de episodios de corrupción en la compra y venta de insumos para el COVID-19 que no está restringida a los países del Sur Global (vea una compilación).

Política en el escenario de la pandemia

Arbitrariedad, coerción, represión

Desde julio, la arbitrariedad política y los “estados de emergencia”, justificados por el COVID-19 no se detuvieron. Hay registros de intervenciones estatales coercitivas, restricciones a la prensa, a la libertad de expresión y asociación, erosiones democráticas por todas partes. En 80 países, donde vive el 51% de la población mundial, se registró el menor índice de libertad de expresión en 20 años. Se destacan en este grupo, Rusia, India y Oriente Medio. En Rusia, la censura política está afectando inclusive a lxs profesionales de la salud que se manifiestan en relación con los problemas en la respuesta al COVID-19. En India, la ley anti terrorismo ha sido usada para justificar la represión contra grupos y líderes que continúan protestando contra la nueva ley de ciudadanía y, sobre todo, en Assam y en Cachemira, donde la policía reprimió violentamente una procesión por muertos por COVID-19. Además de eso, Amnistía Internacional suspendió sus actividades en el país después de tener su cuenta bancaria congelada en septiembre. En Irán, persiste la represión contra movimientos de protesta iniciados en el 2019. En Egipto, por primera vez desde que el General Sisi llegó al poder en el año 2013, tuvieron lugar amplias protestas a lo largo del país que fueron violentamente reprimidas.

En Turquía, Polonia y Hungría también persiste el autoritarismo gubernamental, en los dos últimos casos con efectos particularmente perjudiciales sobre las políticas de género y la sexualidad. En Zimbabwe, se amplió la represión policial a las protestas iniciadas en el comienzo de la pandemia que reclaman por mejores condiciones económicas y acceso a los servicios de salud. También es preciso volver a China, epicentro original de la epidemia de COVID-19, pues una investigación reciente de ProPublica reveló que los sistemas de control de la internet, establecidos en el 2014, fueron usados para censurar la circulación de información sobre la gravedad de la enfermedad cuando ella surgió. Esto apenas confirma el poder del aparato chino de gobierno, cuya capacidad de gestión coercitiva de la vida social en una situación de emergencia no tiene paralelo en el mundo. Siendo así, no sorprende que en el segundo semestre de 2020 hayan aumentado las presiones sobre la autonomía política de Hong Kong. En noviembre, China suspendió los mandatos de cuatro parlamentarixs pro democracia, llevando a lxs otrxs de ese bloque a renunciar.

Por último, pero no menos importante, como observó con intensidad Masha Gessen, en dos artículos publicados en la revista New Yorker en julio, los Estados Unidos también deben ser incluidos en esta lista. En primer lugar porque, como señala Gessen, la gestión de la información marcada por confusión y desinformación del COVID-19 de la administración Trump tiene paralelos evidentes con los métodos usados por los líderes soviéticos de los años 80 en el desastre de Chernobyl. Aún más convincente es el argumento de Gessen en su segundo artículo donde dice que las operaciones implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional para contener las protestas en Portland (Oregon) fueron típicamente características de una policía política.

Protestas que persisten

Es más significativo, con todo, que la coerción y la represión coexistieron a lo largo del año con rebeliones y protestas y no sólo en los países arriba mencionados. Entre mayo y julio, vimos el inicio de protestas paradojales, pues hubo muchas manifestaciones contra las medidas estatales e individuales del COVID-19, especialmente significativos en los Estados Unidos, Europa y América Latina, sobre todo en Brasil, también en Alemania cuyas reglas de distanciamiento son más rígidas. Las protestas han vuelto a emerger con el retorno de los lockdowns (vea una compilación). Por otro lado, el movimiento Black Lives Matter entró en escena, teniendo implicaciones y consecuencias en el proceso electoral de los Estados Unidos y también transformando la violencia policial racista en una pauta transnacional.

Desde julio se multiplicaron las protestas contra la brutalidad policial. En Colombia, en septiembre, las protestas a raíz de la muerte de un taxista en manos de la policía devinieron en grandes manifestaciones contra la represión estatal. También hubo protestas contra las medidas de austeridad y en repudio a los asesinatos de líderes indígenas y rurales. En Nigeria, desde octubre, hubo protestas lideradas por jóvenes contra la represión policial pidiendo el fin de las fuerzas especiales SARS (Escuadrón Especial Anti-Robo originado durante el apartheid). Las mismas fueron violentamente reprimidas pero no se detuvieron, volviéndose rápidamente un movimiento más amplio de indignación contra el gobierno. En Francia, a fines de noviembre, un levantamiento tomó forma contra la nueva ley de seguridad publicada aprobada por el gobierno Macron. Y, a comienzos de diciembre, en Brasil, el asesinato brutal de un hombre negro por seguridad del supermercado Carrefour, en Puerto Alegre, detonó una movilización masiva digital así como protestas y ocupaciones.

Habiendo pasado un año desde el estallido popular que arrasó en Chile en el año 2019, 30 mil manifestantes volvieron a las calles en demostraciones mayoritariamente pacíficas y algunos actos violentos, como el incendio de iglesias que fueron posteriormente atribuidos a la infiltración policial. Una vez más, las protestas fueron enérgicamente reprimidas. En Ecuador, también fue registrada una nueva ola de indignación popular contra los cortes presupuestarios y contra la manera en la que el gobierno ha respondido a la pandemia. El Estado aplicó represión. Finalmente, en India, tuvo lugar una masiva movilización de productores y trabajadores agrícolas contra la reforma de la política de financiamiento agrícola propuesta por el gobierno del primer ministro Narendra Modi, vista por algnxs observadorxs como un potencial punto de inflexión de la política de India.

Elecciones

Además de las protestas también ocurrieron elecciones muy significativas. En Bielorrusia, más allá de las amplias movilizaciones, el dictador Lukashenko fue reelecto bajo acusaciones de fraude. Detonándose una brutal represión contra lxs opositorxs del régimen. Cerca de 20 mil detenciones y por lo menos 500 casos documentados de tortura. En contraste, en Chile, el Congreso aprobó la propuesta de reforma de la Constitución heredada de la dictadura, incluyendo la paridad de género y la participación de constituyentes independientes. En Bolivia, en las elecciones de octubre fue electo Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (partido de Evo Morales), en una flagrante derrota de las fuerzas de derecha y del neo conservadurismo religioso que habían llegado al poder por efecto de la crisis electoral e institucional del 2019, nominado por muchxs como golpe. En Brasil, a su vez, las elecciones estatales y municipales tuvieron resultados paradojales pues Bolsonaro no eligió sus candidatos pero los partidos de la antigua derecha amorfa y evangélica fueron los grandes victoriosos. Si, por un lado, la elección tuvo resultados importantes en términos de raza, género e identidad de género, por otro, fue electo el mayor número de candidatos militares o policías de la historia del país.

Con todo, la elección más importante del 2020 fue, sin duda, la que derrotó a Donald Trump en los Estados Unidos. Una elección que terminó el 14 de diciembre cuando, después de batallas jurídicas, amenazas y protestas, finalmente los votos del Colegio Electoral dieron la victoria al demócrata Joe Biden. Hay ciertamente mucho más para relatar sobre este evento que, entre otras cosas, puso en evidencia como nunca antes los límites y las fragilidades de la democracia estadounidense. Aquí, nos limitamos a rescatar lo que publicamos sobre los resultados electorales del 2016 y ofrecer una selección de análisis interesantes sobre las implicaciones nacionales y globales de las elecciones del 2020 (vea una compilación).

COVID-19 y Biopolítica

La producción intelectual que encuadra el COVID-19 dentro del marco de la biopolítica no fue tan voluminosa entre julio y diciembre del 2020 como había sido en los meses anteriores (vea nuestra compilación). No es excesivo, sin embargo, decir que este modo de leer la pandemia tomó un rumbo bastante inesperado: la biopolítica llegó, definitivamente, al discurso mainstream. Esto puede ser claramente ilustrado, por ejemplo, por el artículo del New York Times Meet the Philosopher Who Is Trying to Explain the Pandemic, de Christopher Walton quien con mucha cautela traduce para el público estadounidense las controversiales posiciones del filósofo Giorgio Agamben sobre las respuestas del Estado italiano al COVID-19, concluyendo que:

Hoy, con la crisis italiana retrocediendo y con una calma razonable restaurada en la discusión pública, podemos ver su libro por lo que él es: no es una obra de manipulación científica o de política carbonaria, pero sí un estudio in loco de la conexión entre poder y conocimiento.

Alguien podrá decir que esto no es tan sorprendente, dado el largo y amplio reconocimiento de Foucault en la academia estadounidense y su frecuente presencia en suplementos literarios. Mientras tanto, esto no se aplica exactamente a la India, donde un artículo de opinión sobre biopolítica, provocativamente titulado Poder y Perversión, fue publicado por The Telegraph. El autor Shaoni Shabnan termina el texto con una serie de preguntas instigantes:

…si el Estado no ofrece servicios de salud adecuados para el cuerpo enfermo, ¿puede reivindicar incondicionalmente el derecho sobre el cuerpo del muerto? ¿Existe algún espacio para delimitar los límites de la intervención estatal en relación con las elecciones y decisiones personales? Cuando la democracia, durante una crisis, ejerce la política del biopoder en su forma más insidiosa, ¿cómo puede la ciudadanía cuestionar al gobierno y a sus medidas?

Más significativo aún, el 31 de octubre, Richard Horton, editor de la revista The Lancet, publicó un comentario editorial titulado COVID-19 – Una Crisis de Poder, que ofrece una lectura objetiva y muy precisa del marco conceptual de Foucault, que comienza por afirmar la centralidad del cuerpo en la pandemia. No es trivial que el vehículo global que representa y expresa las opiniones y principios de la ciencia biomédica también se haya adentrado en la conversación sobre biopolítica y la pandemia, ofreciendo ese enfoque como siendo necesario y productivo para interpretar los efectos y las respuestas ante las múltiples crisis del COVID-19:

¿Por qué Foucault es importante para entender el COVID-19? Las razones residen en la forma siniestra en la que los abordajes de la sindemia están evolucionando. Está siendo, por ejemplo, considerado aceptable argumentar que los ciudadanos más viejos en riesgo de COVID-19 son de alguna forma menos valiosos para la sociedad que las personas más jóvenes. Se sugiere que lxs jóvenes deberían poder arriesgar su salud a fin de proteger las economías. Y los gobiernos decretaron medidas extraordinarias para controlar y restringir los comportamientos de sus poblaciones. El COVID-19 evolucionó en el sentido de desencadenar un debate sobre la distribución del poder en las sociedades: gobierno central vs gobierno local, joven vs viejo, rico vs pobre, blanco vs negro, salud vs economía.

Entre otras repercusiones, este giro en dirección a la corriente mainstream podrá, eventualmente, conducir a un mejor entendimiento en el campo de la ciencia biomédica en los vehículos de los grandes medios de comunicación, así como también en la percepción del público en general, en cuanto al significado biopolítico de las cuestiones de género y sexualidad y de la propia política sexual, esté esto relacionado o no con la pandemia.

La política sexual en el paisaje del COVID-19: nuevos y antiguos patrones

Conspiraciones cargadas de tonos sexuales

Como hemos observado en nuestras ediciones especiales durante la pandemia, las fuerzas antigénero y antiaborto, y los regímenes políticos a los cuales están asociados, no son estructuraciones recientes. Particularmente en América y en Europa, ellas usaron la crisis como una oportunidad para atacar a la legislación de género y para crear barreras adicionales a los derechos y servicios de aborto. Especialmente en América Latina. Como ya hemos observado en varios países, estas mismas fuerzas estaban comprometidas en protestas negacionistas contra los lockdowns, el distanciamiento social, el uso de máscaras y las vacunas; lo que se tornó especialmente virulento en los Estados Unidos y Brasil.

En el contexto de estas protestas, un nuevo fenómeno, denominado QAnon se volvió prominente al promover teorías conspirativas que vinculan a la pandemia y a la vacuna a las elites estadounidenses y globales y a la pedofilia. Las fantasías políticas reaccionarias de QAnon, que son una creación estadounidense, ganaron visibilidad durante las elecciones estadounidenses del 2020, cuando lxs partidarixs de Trump se adhirieron. Así mismo, como otros fenómenos de la política digital, esas fantasías se diseminaron por fuera de las fronteras de los Estados Unidos (vea una compilación).

Los resultados positivos del desarrollo de la vacuna dispararon narrativas conspirativas fuertemente entrelazadas con cuestiones sexuales. Según QAnon, la inmunización contra el COVID está ligada a una poderosa red pedofilia que tiene el objetivo de controlar la política mundial. Vertientes religiosas antivacunas también argumentan que el tejido fetal proveniente de procedimientos abortivos es utilizado en el desarrollo de algunas vacunas (argumento principalmente católico) o que las vacunas son portadoras del virus VIH (principalmente evangélico). También se diseminan rumores sobre la falta de seguridad de las vacunas, sus efectos colaterales y la inescrupulosa manipulación científica. Esta propagación reactiva a las camadas ya existentes de opiniones y sentimientos antivacuna, en particular en los Estados Unidos y en Brasil, que se volvieron nuevamente los lugares donde estos ataques han sido particularmente intensos y parecen, de hecho, haber afectado a la percepción de las personas sobre la vacuna contra el COVID-19.

En Brasil, entre agosto y diciembre, el porcentaje de personas que se rehusaban a ser vacunadas aumentó del 9% al 22%. Este aumento puede ser atribuido a una infinidad de opiniones negacionistas que circulan en la sociedad, pero, en particular, a las declaraciones de Bolsonaro y sus seguidores con sospechas en relación a la vacuna china CoronaVac que estaba siendo testeada en el país, generalmente retratada como una amenaza comunista. Cuando el plan nacional de vacunación fue finalmente anunciado, Bolsonaro declaró que no se vacunaría y que su gobierno no será responsable de ningún potencial efecto colateral. Él dijo: “…si te transformás en un chimpancé… un jacaré, el problema es tuyo… si te transformás en un superhombre, si le nace barba a alguna mujer, o algún hombre comienza a hablar más agudo”. Esta grotesca boutade efectivamente confirma el análisis realizado por el SPW en junio de 2019 afirmando que Bolsonaro puede fácilmente transformar cualquier cuestión política en un arrebato sexual machista.

En Estados Unidos, como fue verificado por el Pew Institute, la aceptación de la vacuna también disminuyó del 72% al 52% entre mayo y septiembre para aumentar nuevamente al 60% a fines de noviembre; movimientos que pueden ser explicados por las teorías conspirativas y el negacionismo oficial. Mientras tanto, es preciso notar que el rechazo a la vacuna permanece muy alto entre afroamericanxs (58%). Jelani Cobb, en su comentario semanal en el New Yorker, examina cómo este rechazo no puede ser explicado únicamente por el negacionismo político del COVID-19, sino que debe ser también conectado a experimentos biomédicos reconocidamente racistas del pasado: el experimento sífilis Tuskegee y el uso no autorizado de células cancerígenas del cuello uterino de Henrietta Lack. El análisis de Cobb es un recordatorio cauteloso de que si bien es necesario defender la integridad del razonamiento científico en las actuales condiciones políticas mundiales, el uso instrumental de seres humanos por la biomedicina no puede ser olvidado.

Políticas antigénero

En el contexto de la pandemia, las políticas antiaborto y antigénero continuaron su ritmo, a veces ligadas a la crisis y a las condiciones del COVID-19, a veces no.

Estados Unidos

Es productivo comenzar por los Estados Unidos, donde, con la proximidad de las elecciones, la administración Trump se tornó hiperactiva en dominios críticos para la política sexual global. El 16 de julio, el Departamento de Estado lanzó el Informe de la Comisión sobre Derechos Inalienables, un nuevo órgano creado en el 2019. Entre otras cuestiones, el documento propone un retorno a los principios fundacionales del derecho natural y de los derechos naturales estadounidenses, repudiando lo que es designado como una “proliferación injustificada de derechos”. El informe fue recibido con amplias y duras críticas por organizaciones de la sociedad civil con sede en los Estados Unidos, académicxs, entidades e individuos religiosos, que firmaron una carta de repudio. Como fue observado por Kurt Mills en el sitio openDemocracy, el trabajo de la Comisión puede potencialmente minar los derechos relacionados al género, incluyendo los derechos de las mujeres, LGBT y aborto, así como cualquier tipo de reivindicaciones en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. Pero, independientemente de estas críticas, el informe fue formalmente presentado en la ONU en Nueva York y Ginebra en septiembre.

Lamentablemente, entre estos dos eventos, falleció la jueza Ruth Bader Ginsburg (vea una compilación de análisis en inglés y portugués) y la administración Trump aceleró la nominación y la confirmación de una nueva jueza. Amy Barrett, una ultra católica, fue confirmada el 22 de octubre cambiando el equilibrio de la Suprema Corte y colocando inmediatamente en riesgo el fallo Roe vs Wade que garantiza el derecho al aborto. Simultáneamente, los Estados Unidos en estrecha alianza con Brasil, Polonia y Uganda movilizaron a otros 26 países para firmar un documento global titulado “Declaración del Consenso de Ginebra” que defiende los valores tradicionales de la familia y la protección del “derecho a la vida desde la concepción” (ver una compilación).

Europa Oriental

En Polonia, el ataque a los derechos LGBTTI retratado por las autoridades conservadoras como “ideología LGBT”, también continuó ferozmente. A comienzos de agosto, la activista Margot Szutowicz, de género fluido, fue presx, y, en respuesta, una declaración firmada por estudiosxs de género y sexualidad, que incluía Judith Butler y a Paul Preciado, pidió su liberación inmediata. Paralelamente, las “zonas libres LGBT” que comenzaron a proliferar en el 2019, ganaron mayor visibilidad en la prensa internacional. Otra petición, movilizada por académicxs y activistas polacxs, y firmada por artistas de varios países, fue enviada al jefe de la Comisión Europea pidiendo el fin de la represión y de la agresión. A fines de septiembre, el gobierno belga movilizó una carta de 50 embajadorxs repudiando estas violaciones, que fue enviada directamente a las autoridades polacas.

A pesar de estas presiones y de una ola masiva de protestas impulsadas por manifestaciones feministas contra la decisión de la Suprema Corte que restringe todavía más el derecho al aborto (vea la sección de abajo), al final de noviembre el gobierno polaco organizó de modo online la Tercera Reunión Ministerial para Avanzar la Libertad Religiosa. Esta es una iniciativa global lanzada por la administración Trump en el 2018 en alianza con otros Estados conservadores, como Brasil, Hungría y la propia Polonia, que creó la Alianza Internacional para la Libertad Religiosa. La reunión de Varsovia en el 2020 contó con la presencia de un número mucho mayor de países, así como de participantes de la sociedad civil. La iniciativa parece suficientemente sólida ahora para sobrevivir a la derrota electoral de Trump. A comienzos de diciembre, una ley que prohíbe la adopción por parejas del mismo sexo fue aprobada en Hungría.

Ataques mundiales a la educación sexual

También fueron registrados ataques y regresiones en otros lugares, en particular en relación con la educación sexual integral y al respeto a la diversidad sexual en los sistemas educativos. En Portugal, un país conocido por la flexibilidad del catolicismo contemporáneo, un nuevo currículum sobre género y sexualidad fue rechazado por más de 100 nombres públicos que también reivindicaron la objeción de conciencia del profesor. Esta iniciativa no puede ser separada del creciente apoyo al recién creado partido de derecha Chega! (basta en español), cuyo representante también atacó el derecho al aborto en la Asamblea Nacional del partido.

En Zambia, el programa nacional de educación sexual integral fue atacado por la Congregación Evangélica de Zambia (EFZ) con el apoyo del principal partido de la oposición. Una cruzada legal contra la “ideología de fluidez de género” y su promoción para niñxs también está en curso en Nueva Gales del Sur, Australia, donde un proyecto de ley que prohíbe esta “ideología” fue presentado en la asamblea estatal. En Chile, el 16 de octubre, fue rechazada en el Congreso una disposición que buscaba crear la ley de educación sexual nacional integral.

Actuación antigénero en otros dominios

En desacuerdo con una notable nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre raza y género en los deportes (ver abajo), el dominio deportivo continúa siendo un campo de batalla. En San Pablo, un proyecto de ley estatal presentado en el 29019 que busca prohibir la participación de las mujeres trans en todos los deportes llegó en el mes de julio a la fase de votación final en plenario (lo que todavía no sucedió). En octubre, la Federación Mundial de Rugby prohibió competir a las mujeres trans. También en Brasil, y no sin relación, el diputado federal ultracatólico Felipe Barros (PSL) presentó un proyecto de ley en diciembre decretando que el género debe ser siempre entendido como sexo biológico.

En el reino de las guerras de género, un desarrollo significativo de los últimos meses ha sido la creciente visibilidad y legitimidad alcanzada por las TERFs, sigla en inglés para feministas radicales trans-excluyentes, en su agenda contra los derechos trans. Conforme hemos informado en la primera edición del Especial SPW sobre COVID-19, estas visiones feministas están colocando en riesgo las directrices de la política de identidad de género del Reino Unido. Confrontaciones similares también están sucediendo en España y causando efectos de fractura tanto en la izquierda como en los feminismos (vea una compilación). Entre tanto, la agenda de los derechos antigénero y antitrans ganaron una nueva escala después de que J.K. Rowling, autora de la serie de libros Harry Potter, haya hecho declaraciones transfóbicas. Sin intención de agotar las motivaciones e implicaciones de la acalorada y expansiva disputa, recomendamos el ensayo de Laurie Penny, que retrata la larga trayectoria de la política de las TERFs en el Reino Unido, y la entrevista de Judith Butler para la New Statesman.

Y algunas buenas noticias

En este ambiente cargado en relación a los derechos relacionados con la identidad de género, la nominación de Petra de Sutter como nueva vice primer ministra de Bélgica fue una brisa de aire fresco. Petra es una mujer trans, profesora del curso de ginecología de la Universidad de Ghent, miembro del Partido Verde del Parlamento belga y también electa para el Parlamento Europeo en 2019.

Más de 60 miembros del Parlamento Europea realizaron una apelación por la prohibición en toda Europa de la llamada “terapia de conversión”, práctica que continúa en uso en al menos 69 países, incluso en estados miembro de la Unión Europea. Las “terapias de conversión” ganaron fuerza en la India después de que un joven bisexual cometió suicidio en Kerala. Activistas LGBTTI presentaron una petición al Tribunal Superior Estatal, pidiendo la prohibición de tales prácticas.

Finalmente, una serie de debates positivos sobre género, sexualidad y aborto en la ONU también deben ser brevemente mencionados. Como fue relatado por la Sexual Rights Initiative (Iniciativa por los Derechos Sexuales), durante los procedimientos de la Sesión 44 del Consejo de Derechos Humanos (junio – julio), al discutir la resolución A/HRC/44/L.21 sobre la Eliminación de la Discriminación contra Mujeres y Niñas, Estados conservadores intentaron, sin éxito, mitigar el lenguaje sobre educación sexual, autonomía corporal y servicios de salud sexual y reproductiva. Por otro lado, A/HRC/44/L.20, sobre la Eliminación de la Mutilación Genital Femenina fue adoptada por consenso (incluso luego de los intentos de Brasil de obstaculizarla). Los debates de la Sesión 45 fueron menos polémicos y vieron la aprobación de una importante resolución sobre la eliminación de la discriminación o género y raza en los deportes, además de la presentación de declaraciones sobre el derecho el aborto para marcar el 28 de septiembre, la cual fue firmada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Finalmente, en la Asamblea General en Nueva York, fue dedicada una sesión especial para marcar los 25 años de la 4º Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Pekín, en donde una declaración que afirma los compromisos de 1995 fue firmada por 82 Estados.

Por último, pero no menos importante, en Asia, el Parlamento de Bután aprobó por grande mayoría (63 votos de 69) un proyecto de ley que altera el Código Penal para mitigar el lenguaje que criminaliza a la homosexualidad. Esta ley fue enviada al rey para su sanción.

Derecho al aborto

Mucho ha sucedido en las trincheras del derecho al aborto en los últimos seis meses, inclusive en relación a los efectos del COVID-19. Para aquellxs que deseen tener información más substancial sobre las tendencias en juego en este dominio internacionalmente, recomendamos la consulta al sitio de la Campaña Internacional sobre los Derechos de las Mujeres al Aborto Seguro, pero también querríamos dirigir su atención a cuatro eventos principales.

El primero es el caso de una niña brasilera de 11 años que quedó embarazada después de ser abusada sexualmente por un miembro de la familia, el cual contó con obstáculos indecentes creados por las fuerzas antiaborto, especialmente el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos de Brasil, para bloquear su acceso al aborto legal. Puede leer aquí el informe de Sonia Corrêa sobre el caso y una compilación de noticias. El segundo es, inevitablemente, la nominación de Amy Barrett a la Corte Suprema de los EEUU y cómo eso afectará el futuro del derecho al aborto, incluso teniendo en cuenta que la recientemente electa administración Biden está políticamente comprometida con la defensa de la decisión Roe vs Wade (vea una compilación en inglés y español). El tercero es la robusta respuesta de las feministas polacas a la decisión de la Corte Suprema que abolió el aborto en caso de una anomalía fetal grave, que no sólo obligó al gobierno a dar marcha atrás, sino que principalmente impulso una gama mucho mayor de protestas contra el gobierno de derecha del PiS. Esta es probablemente la primera vez en la historia que una feroz defensa feminista del derecho al aborto provocó una convulsión política más amplia (compilación).

Finalmente, a comienzos de diciembre, en Argentina, el gobierno Fernández cumplió su promesa electora y presentó un nuevo proyecto de reforma a la ley de aborto. La propuesta que busca legalizar el aborto voluntario hasta la semana 14 de embarazo fue acompañada por otra disposición destinada a garantizar la asistencia médica de calidad y apoyo social a las mujeres embarazadas. El 19 de diciembre, el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados, 131 a 117 votos, para luego ser llevada a la Cámara de Senadores. El 17 de diciembre, la Comisión de Senado que revisó la disposición ya había dado su aprobación; y, finalmente, empezada el 29 de diciembre, la votación se extendió hasta el 30, en medio a una masiva vigilia feminista afuera del Congreso. El Senado dio el paso histórico: 38 votos en favor frente a 29 votos que se opusieron, 1 abstención y 4 ausentes. Considerando las condiciones de la política sexual y del aborto a fines de 2020, esta es una victoria notable de la tenacidad feminista en la defensa del derecho al aborto (vea una compilación).

Política del Vaticano: eventos dispersos, una misma trama

A comienzos de octubre, el papa Francisco I publicó una nueva encíclica. Denominada Fratelli Tutti (todxs hermanxs, en español) la nueva carta papal fue ampliamente aclamara por voces situadas en los más diversos puntos del espectro político, así como por los grandes medios. Dos meses más tarde, a principios de diciembre, fue anunciada la creación del Consejo para el Capitalismo Inclusivo con el Vaticano, una plataforma que reúne un grupo significativo y bastante plural de corporaciones y de algunas instituciones filantrópicas como las fundaciones Ford y Rockefeller (compilación de noticias en inglés). Estos dos hechos que ciertamente merecen un análisis mucho más profundo, son apenas mencionados aquí para ilustrar la hiperactividad del Vaticano en los últimos meses en un momento bastante singular. Por ejemplo, un análisis de El País, publicado a fines de noviembre, informa que Francisco, después de haber nombrado 73 cardenales nuevos, finalmente obtiene el control del Colegio Cardenalicio que elegirá a su sucesor. Más aún, tanto la encíclica como el nuevo Consejo para el Capitalismo Inclusivo deben ser situados en relación con los resultados electorales de Estados Unidos que dieron la victoria al primer presidente católico de los Estados Unidos desde Kennedy.

Pero eso no es todo. Entre un hecho y el otro, el 21 de octubre, irrumpió la noticia de que el papa habría hecho una declaración a favor de la unión civil entre personas del mismo sexo en el documental Francesco, del director ruso Evgeny Afineevski, exhibido en el Festival de Roma. La noticia, como era de esperarse, también tuvo amplia difusión y efusiva recepción en los medios de comunicación y en el campo de los activismos LGBTTI y también feminista (vea una compilación). Trece días más tarde, sin embargo, el Vaticano tiró un balde de agua fría a este gran entusiasmo; informó oficialmente que la declaración registrada en el documental había sido citada “fuera de contexto” y que no debería ser leída como una inflexión doctrinaria.

A esta altura, varios medios de prensa ya habían revelado que la parte de la película en la que el papa se refiere a la unión civil entre personas del mismo sexo había sido editado usando respuestas a preguntas distintas hechas al pontífice en momentos diferentes. Pero especialmente, se supo que luego del comentario de Francisco “precisamos crear una ley de unión civil” había otra frase: “hablar del casamiento entre personas del mismo sexo es algo incongruente”, la cual fue suprimida de la edición final. La corrección del Vaticano sugiere que el director se excedió de los parámetros establecidos para el documental por la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede. A esa altura, tanto la publicidad del documental como una nueva ola de popularidad del papa ya estaba asegurada. Y, de hecho, autoridades eclesiásticas comenzaron a reproducir el objetado discurso papal, como fue el caso del cardenal Carlos Aguiar, arzobispo de la Ciudad de México.

Comentando el episodio, el cientista político Massimo Prearo, publicó en Facebook una nota que fue posteriormente transformada para la SPW. En ese texto, Prearo analiza el discurso papal a la luz de la polñitica sexual italiana, recordando que esta no es la primera vez que las entrevistas papales sorprenden y tienen efectos insólitos. Según él, lo que sucedió en octubre, fue un capítulo más de una carrera frenética para situar a la Iglesia en un mundo cada vez más secularizado. Sobre todo, Prearo subraya que las sonrisas de Francisco para lxs periodistas y activistas siempre deben ser situadas en un contexto político más amplio en el cual el movimiento neocatólico -ampliamente comprometido en cruzadas de oposición al derecho al aborto y al género- transita, sin mayores objeciones en arenas político institucionales.

Otro evento que sucedió algunos días después que la opinión del papa sobre la unión civil entre personas del mismo sexo se tornara viral, tal vez ilustre bien lo que Prearo quiso decir con eso. El 24 de octubre, la Misión de Observación Permanente de la Santa Sede, en asociación con el Instituto Lumens Christi, la revista jesuítica America Media y el Instituto Kellog de Estudios de Relaciones Internacionales, realizó un webinar público para debatir perspectivas católicas sobre los 75 años del sistema ONU.

El evento contó con la participación del jefe de la Misión del Vaticano en la ONU, el arzobispo y embajador Gabriele Caccia, así como con la participación de la profesora de Harvard Mary Anne Glendon. Glendon fue la portavoz del Vaticano en la Conferencia Mundial de las Mujeres (Pekín, 1995) y, más tarde, embajadora del gobierno de George Bush en la Santa Sede. En el webinar, coordinaba la Comisión de los Derechos Inalienables (CDI) establecida por el gobierno Trump a través del Departamento de Estado. Según Kurt Mills, en un artículo publicado en la openDemocracy, el informe que la Comisión produjo y que fue lanzado en julio de 2020:

…ofrece una fundamentación histórica (o tal vez a-histórica) y teórica para priorizar un conjunto reducido de derechos humanos compatibles con una agenda religiosa y económica conservadora. Si bien muchos de los que son considerados como “derechos nuevos” por esa agenda -incluyendo los derechos LGBT- no fueron atacados explícitamente en busca de eliminar su estado como derechos inalienables (y, dada la prominencia de la agenda de derechos LGBT, es más bien curioso que esto no fue mencionado ni una vez) el mensaje es claro: hay un núcleo de derechos “inalienables” centrales al ideal estadounidense – libertad religiosa, derecho a la propiedad y derechos relacionados con la participación democrática.

En el debate, Glendon, no habló de ese ambicioso proyecto de la derecha religiosa y secular estadounidense en el sentido de reconfigurar substancialmente los derechos humanos tal cual los conocemos. Pero enfatizó que, desde la adopción de la Declaración Universal en 1948, la Iglesia ha tenido aprecio, pero también ha expresado muchas reservas en relación con el papel y la agenda de las Naciones Unidas. Para ejemplificar citó la significativa observación hecha por Juan Pablo II en 1989: que la declaración carece de las bases antropológicas y morales necesarias para sustentar los derechos humanos que nombra. El arzobispo Caccia no se quedó atrás. A cierta altura del debate dijo que una de sus expectativas es que “las Naciones Unidas sean cada vez más católicas”. A continuación de esa provocativa afirmación, hizo una pausa, sonrió y agregó: “o sea, verdaderamente universal”.

Cuando lo situamos en relación con esa conversación, el nuevo pronunciamiento papal sobre la unión entre personas del mismo sexo puede ser leído como una carnada colorida que atrajo la atención del gran público, mientras el Vaticano se movía de manera muy intensa en esferas institucionales de alto nivel. Entre ellas, en una en la cual se debatió el destino de la ONU y de los derechos humanos con uno de los liderazgos más prominentes de lo que Prearo denomina movimiento neocatólico. Esto sugiere que si bien el 2021 preanuncia la ecuación, si bien parcial, de la pandemia y las crisis relacionadas, también señala desdoblamientos o movimientos imprevisibles en la geopolítica sexual del Vaticano. Sólo el tiempo dirá.

Frente a este horizonte incierto pensamos que es productivo revisitar, aunque de manera breve, los gestos y discursos de Francisco, ambiguos, cuando no decididamente enigmáticos, aludiendo a la homosexualidad, derechos LGBTTI, matrimonio igualitario y temas relacionados archivados en nuestra biblioteca.

Arte y sexualidad

Para esta edición de la sección Sex & Art, la SPW presenta al artista argentino León Ferrari y su arte que promueve una oposición implacable a la religión.