El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está amenazado: implicaciones para la Sexualidad y la Agenda de Derechos Humanos
Por Marcelo Ferreyra*
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) están atravesando por un proceso de re-estructuración liderado por los estados miembro que se inició como una reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del SIDH. Si bien las organizaciones de la sociedad civil han visto con agrado y evaluado positivamente la importancia del buen desarrollo de dicho proceso, surge en las diversas etapas de su avance una duda justificada de que el mismo esté, en efecto, llevándose a cabo con el verdadero objetivo de fortalecer y ampliar la tutela de protección del SIDH.
Diversos gobiernos democráticos han cuestionado la efectividad del SIDH y el papel de la CIDH, no por casualidad, después de que dicho órgano emitiera decisiones o tomara medidas con las que esos gobiernos no estaban de acuerdo. Como sociedad civil no podemos dejar de sospechar que estas reacciones se hayan filtrado en el seno de los órganos políticos de la propia Organización de Estados Americanos, y hayan sido el motor generador del debate de reflexión actual.
Los Estados, al firmar tratados de derechos humanos y al crear mecanismos supranacionales de vigilancia, reconocen la desigualdad de las personas frente al poder estatal y la necesidad de un sistema internacional complementario que dé respuesta de justicia concreta. Esto también implica que los Estados reconocen que las víctimas que no obtuvieron justicia y/o protección en sus propios países se encuentran en una situación de debilidad frente a un Estado que diseña y dirige el aparato estatal en todas su dimensiones, tiene absoluto privilegio sobre la información y detenta el monopolio de la fuerza pública.
Por esas razones es el primer deber de los Estados desarrollar todos los esfuerzos posibles para evitar violaciones, repararlas en su caso, fortalecer el Sistema haciendo eficaces sus resoluciones, cumplir el deber de garantes colectivos que le asigna los instrumentos internacionales y dotar al sistema de los recursos financieros necesarios para el correcto desempeño de sus funciones.
En contextos donde el aparato estatal despliega su poder implementando múltiples restricciones basadas en la tradición, en valores culturales, sexismo, homofóbia y transfobia; es difícil para muchas personas efectuar sus propias elecciones sobre reproducción y sobre el ejercicio de su sexualidad.
Las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos se traducen en mortalidad materna evitable, abortos no seguros y crímenes de odio. En respuesta a estas injusticias, personas a lo largo del Hemisferio Occidental han comenzado a alzar sus voces y a afirmar que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son Derechos Humanos.
La Coalición de organizaciones LGBTTTI de América Latina y el Caribe y la Campaña por una Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos son dos de los colectivos organizados de la sociedad civil que en los últimos años han abogado constantemente por la inclusión de esos derechos en el SIDH.
Como resultado de esa incidencia los estados miembro han comenzado a considerar algunos temas de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, evaluando medidas contra la discriminación y violaciones de los derechos humanos, y la implementación de políticas públicas. Además han avanzado en pedir “a la CIDH un estudio sobre las leyes y disposiciones vigentes en los Estados Miembros de la OEA que limiten los derechos humanos de las personas como consecuencia de su orientación sexual o identidad de género y que, con base en ese estudio, elabore una guía con miras a estimular la despenalización de la homosexualidad”. En este contexto se ha creado la Unidad para los derechos de las personas LGTBI.
Más allá de estos avances incipientes, este trabajo de incidencia en la OEA cumple con el cometido fundamental de consolidación de un espacio como sociedad civil de cara a la incidencia política en la región. Sin embargo, dichos procesos serían inviables si no estuvieran apoyados en un SIDH fuerte, y en las responsabilidades fundamentales que les competen a los Estados para su consecución, sin limitar el alcance de la tutela regional de protección.
Por estas razones es fundamental que el proceso de reflexión iniciado por el Grupo de Trabajo se lleve a cabo de manera genuina con el objetivo de fortalecer y ampliar la tutela de protección del SIDH. Las organizaciones de la sociedad civil están solicitando participar en todas las fases del proceso, y que sus observaciones sean tenidas en cuenta.
El documento elaborado por la Coalición de Defensores de Derechos Humanos Observaciones al proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, destaca la importancia de que la CIDH mantenga su autonomía e independencia, sobre todo, en la evaluación y valoración de las recomendaciones emanadas de dicho proceso.
De igual modo, el documento valora de manera muy positiva el reconocimiento de los Estados respecto a la necesidad de un mayor financiamiento para los órganos del SIDH, y aspira a que finalmente ese reconocimiento formal se traduzca en el cumplimiento cabal y pronto de las recomendaciones formuladas al respecto. Considera crucial que el financiamiento necesario se componga, en la mayor proporción posible, del fondo regular de la OEA y no de fuentes externas a la OEA, por cuanto dicha situación coloca a los órganos del sistema en una situación financiera muy incierta, que dificulta plantificar estratégicamente a largo plazo. Adicionalmente el informe destaca que la búsqueda de fondos externos implica que los/as integrantes de los órganos y sus secretarías tengan que invertir tiempo y energía buscando fuentes externas de financiamiento. Finalmente, resalta que depender de donaciones voluntarias que a veces provienen de algunos Estados que están sometidos a la jurisdicción del sistema interamericano, puede afectar la independencia e imparcialidad de los órganos, o por lo menos dar una apariencia de influencias indebidas.
El documento resalta que el fortalecimiento efectivo del SIDH depende no sólo del perfeccionamiento de los reglamentos o prácticas de los órganos del SIDH sino, en gran medida, de la adopción de pasos decisivos a nivel estatal, de articulación entre la política y práctica estatal con la tutela regional, de la asignación de fondos del presupuesto de la OEA, de la supervisión efectiva que hagan los Estados en su carácter de garantes colectivos del SIDH, entre otros.
Como bien ha destacado el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM el Fortalecimiento de la SIDH es de suma importancia para las organizaciones de mujeres, feministas, de derechos humanos y de la sociedad civil que trabajamos en la promoción y defensa de los derechos humanos en la región. Es por eso que se vuelve crucial nuestra participación para vigilar y defender lo que hemos conquistado, y que es un patrimonio de los pueblos y de los Estados americanos, por tanto su destino y desarrollo no es sólo una competencia de los Estados.
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* Marcelo Ferreyra es Coordinador para América Latina y Caribe de Global Initiative for Sexuality and Human Rights – Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights