Por: Ángel Pineda
El bicentenario de Perú estrena un nuevo presidente tras una agitada contienda electoral, en la que elegimos entre 18 candidatos, un gran número de aspirantes en comparación a lo poco que la mayoría de ellos podía ofrecer a la ciudadanía, sobre propuestas en temas de derechos humanos.
Así, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales nos puso entre las dos opciones con posturas adversas a temas fundamentales: Pedro Castillo, el candidato de izquierda radical, que aseguraba en una entrevista que el enfoque de género en el currículo escolar no es una prioridad en un eventual gobierno suyo; y por otro lado, teníamos a Keiko Fujimori, la candidata de la ultraderecha conservadora investigada por presunto lavado de activos y lideresa de la bancada parlamentaria, que a pesar de haber tenido mayoría en el anterior Congreso y la oportunidad de generar reformas trascendentales en distintas materias, fueron completamente obstruccionistas del enfoque de género y políticas públicas sobre derechos sexuales y reproductivos.
Esta situación mantuvo a las organizaciones que defienden los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos LGBTI en el Perú con preocupación, debido a que tanto Castillo como Fujimori han manifestado en entrevistas y mítines su postura contra la implementación del enfoque de género en el Estado, la despenalización total del aborto o el matrimonio igualitario, por hablar de algunos de los temas pendientes de la agenda progresista.
Castillo aún por conocer
Pedro Castillo Terrones tiene 51 años y es profesor de primaria, campesino y rondero. Estudió educación y obtuvo el grado de magíster en Psicología Educativa por la Universidad César Vallejo. Adquirió notoriedad pública tras encabezar la huelga de profesores el 2017 y 2018, que detuvo las clases durante meses bajo la demanda de mejoras salariales y la eliminación de la evaluación docente. Militó en Perú Posible, partido del expresidente Alejandro Toledo, y fue miembro del comité de Cajamarca desde el 2005 hasta el 2017, año en que la agrupación perdió su inscripción.
El pase de Castillo a la segunda vuelta sorprendió al electorado limeño, que desconocía por completo al candidato de Perú Libre y a quien pudieron escuchar recién a partir del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, un mes antes de salir a votar. Pero para el elector rural, el ascenso vertiginoso de Castillo en las últimas semanas no fue sorpresivo: era el resultado de una campaña enfocada en visitar las zonas remotas del país y la promesa de un cambio bajo la batuta de un candidato campesino, maestro y de provincia.
De izquierda radical y postura conservadora, el partido Perú Libre plantea un Estado fuerte, descentralizado y “antiimperialista”, que dé fin a los monopolios empresariales y a la explotación laboral. Buscan la formación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, proponen un nuevo régimen económico del Estado (llamado Economía Popular Con Mercados), una educación estatal escolar y universitaria gratuita y un acceso a la salud pública universal, gratuita y de calidad.
Sin embargo, sus propuestas sobre educación y salud parecían mantener una esencia conservadora, pues en estos temas no estaban contemplados el derecho al aborto ni el enfoque de género, como lo hizo saber en una declaración a un medio local: “El enfoque de género no es nuestra prioridad. Se tiene que trasladar incluso, en todo caso, a la Asamblea Nacional Constituyente para que se debata”.
Además, Castillo ha afirmado, en ocasiones anteriores, que la legalización del aborto podrìa debatirse en una Asamblea Constituyente que planea instalar, a pesar de que encuestas de 2020 muestran un apoyo de 48% y un rechazo de 40% a la despenalización. Pero advierte: “Personalmente, no estoy de acuerdo”. Y acerca del matrimonio igualitario manifiesta: “peor todavía, primero la familia”.
Mucha izquierda ortodoxa y muy pocas mujeres
Pedro Castillo inauguró su Gobierno con un discurso que en su primera parte fue reivindicativo con los pueblos originarios del país. Asimismo, la segunda parte anunció una serie de medidas que tomará en su gestión, como el proyecto de reformar la Constitución. Sin embargo, poco o nada se dijo sobre cuestiones claves como el enfoque de género, el derecho al aborto y los derechos de la comunidad LGBTI.
Los nombramientos, polémicos y duramente criticados, como el del premier Guido Bellido incluso por sus comentarios homofóbicos, ubican a Castillo más cerca de la izquierda radical y ortodoxa que defiende el partido Perú Libre que de la moderación que exhibió en la campaña electoral. Su equipo es más confrontacional que conciliador.
La designación de Bellido tuvo más consecuencias que las críticas de la izquierda más progresista, que apoyaron a Castillo en la segunda vuelta, y los alaridos de la extrema derecha; pues Pedro Francke, el economista que tuvo la labor de traducir el mensaje económico de Castillo para calmar a una ciudadanía satura de desinformación de la concentración de medios tradicionales peruanos en el último tramo de los comicios, se negaba a asumir como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como se esperaba desde su incorporación al equipo técnico del actual presidente.
Fuentes cercanas a Perú Libre señalan que lo que retrasó la juramentación del primer gabinete de Pedro Castillo fue el altercado que el premier Bellido tuvo con Francke, pues el economista se negaba a jurar si es que antes no hablaba con el presidente, situación que lo llevó a abandonar el Gran Teatro Nacional, lugar donde se transmitía la juramentación del actual Gabinete.
Sin embargo, la zozobra sobre el destino MEF se disipó cuando, tras reunirse con el presidente Pedro Castillo, Francke decidió aceptar el cargo de ministro de Economía. Horas antes de la ceremonia, el primer ministro Guido Bellido publicó en su cuenta de Twitter: “Eco. Pedro Francke tiene todo nuestro respaldo para la aplicación de la política económica de estabilidad expresada en el plan de bicentenario sin corrupción en el país. Trabajaremos en conjunto y unidad por la patria”.
La juramentación de Pedro Francke estuvo acompañada de un gran simbolismo, pues su discurso incluyó a los grandes olvidados en el mensaje presidencial de Castillo y en los intentos de Bellido por desmarcarse de sus antecedentes homófobos: Las, los y les LGBTIQ+. “Por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades, sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual. Por la democracia y la concertación nacional”, indicó Pedro Francke al jurar como titular del MEF.
El otro hecho relevante es que hay solo 2 ministras en el gabinete, Perú quedó así en el último entre 19 naciones de la región en porcentaje de funcionarias para esos altos cargos, en comparación a gestiones anteriores. Eso revela que el techo de cristal de género que, aunque parecía roto, se ha reconstruido. Las dos únicas mujeres en el primer gabinete de Pedro Castillo son la socióloga Anahí Durand en el Ministerio de la Mujer y la abogada Dina Boluarte en el Ministerio de Inclusión y Poblaciones Vulnerables.
Esa limitada presencia de mujeres en el actual gabinete no solamente preocupa por el número sino también por su ubicación que refuerza roles de cuidado tradicionalmente asociados a las mujeres, en un tiempo cuando ya no existe justificación para no ampliar y buscar la paridad en los espacios de trabajo, especialmente en el aparato estatal. Con esta nueva conformación del gabinete retrocedimos a 2001, cuando el gobierno del expresidente Alejandro Toledo presentó un gabinete con tan solo 6% de mujeres. En 2006 el presidente Ollanta Humala incluyó tan solo 17% de mujeres, mientras que el saliente gobierno de Francisco Sagasti se despidió con un 42% de mujeres a cargo de los ministerios. Hoy, el gabinete de Guido Bellido apenas llega al 11% de presencia femenina en el Consejo de Ministros.
La ausencia de mujeres, por un lado, y los comentarios homófobos de Bellido, por otro, dibujan claramente algo que ya se sabía: Castillo, cuyas visiones del mundo son muy conservadoras y también religiosos, no plantea como prioridad los derechos de equidad y igualdad de género y anti- discriminación.
Panorama adverso
Durante su mensaje presidencial, Pedro Castillo hizo solo 5 menciones de propuestas sobre la violencia de género contra las mujeres y población en situación de vulnerabilidad:
- Programa Nacional Mujer emprendedora para otorgar créditos a familias afectadas por la crisis económica de la pandemia.
- Sistema Nacional de Cuidados para niñas, niños y personas adultas mayores.
- Reconocimiento e inclusión de las ollas comunes a los programas sociales nacionales.
- Financiamiento público para la rehabilitación integral de niñas y niños víctimas de violencia sexual.
- Fortalecimiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Si bien esas propuestas son necesarias y positivas para fortalecer la autonomía económica de las mujeres y garantizar el acceso a justicia, están ausentes medidas preventivas, como la educación sexual integral, para erradicar situaciones de vulneración. También está ausente el reconocimiento del aborto como grave problema de salud pública, que debería estar entre las prioridades del nuevo gobierno, en un país que tiene uno de los peores historiales en materia de derechos reproductivos y donde el aborto solo se permite si está en riesgo la vida o salud de las mujeres.
En Perú, las niñas y mujeres violadas siguen siendo impedidas de acceder al derecho a derecho a interrumpir sus embarazos y son perseguidas y encarceladas si lo hacen.
Sumado a ello, se debe señalar que existe una infrarrepresentación de la problemática real de la violación ya que muchos casos no son registrados porque las menores tienen dificultades al momento de acercarse a un establecimiento de salud.
A esta situación se suma las fallas de las políticas de salud que evidenció la COVID-19 en el acceso a los servicios destinados a garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tan solo en el primer año de la crisis el uso de anticonceptivos modernos cayó 20%, las muertes maternas aumentaron 42% y se cuadruplicó el número de niñas menores de 11 años que fueron madres, tal como señala un estudio realizado en Perú por Promsex. Y, durante el año 2020, los Centro de Emergencia Mujer (CEM), reportaron 13 843 casos de violencia sexual, de los cuales 8 448 casos corresponden a niñas y adolescentes mujeres menores de 18 años. De estos casos 6 323 fueron de violación sexual donde el 67 % corresponden a niñas, niños y adolescentes menores de 17 años.
En contraste con esa dura realidad, estamos hoy frente a propuestas reactivas, o sea ante un nuevo gobierno que no reconoce la importancia del enfoque de género como una herramienta preventiva para la erradicación de la violencia contra niñas, adolescentes y adultas. El mensaje presidencial de Pedro Castillo y la composición de su gabinete no han despejado las dudas arraigadas entre las organizaciones defensoras de derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos y la diversidad sexual y de género en relación a lo que podría ser la nueva administración del país.
Los tiempos que se avecinan se muestran adversos. Y por eso, como sociedad civil tenemos la obligación de redoblar esfuerzos y defender esos derechos así como la institucionalidad y autonomía de los organismos como el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional (TC), la Defensoría del Pueblo y la prensa independiente (cada vez menos), que en momentos decisivos fueron garantes del respeto a los derechos fundamentales.
Por: Ángel Pineda, periodista peruano y activista LGBTIQ+. Asesor de comunicaciones en Promsex y administrador del portal de noticias latonoaméricano La Mala Fe, un producto de Clacai.