María Teresa Blandón Gadea
Unos antecedentes necesarios
Una dictadura de 45 años, una revolución que nos volvió famosos en el mundo y los múltiples traspiés de gobiernos de derecha que de la mano de política neoliberales, nos volvieron a colocar en las coordenadas propias de los países sometidos a los designios del imperialismo norteamericano, constituyen el encuadre que explica el retorno de Daniel Ortega – ex guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional – movimiento que estuvo a la cabeza del derrocamiento de la dictadura somocista.
El mismo grupo de dirigentes del FSLN que después de la derrota electoral protagonizó el robo desenfrenado de bienes públicos conocido popularmente como “piñata”, es el que mantuvo el control de los residuos del otrora movimiento guerrillero y de las organizaciones afines, a quienes utilizó sistemáticamente para forzar acuerdos de cúpula con los gobiernos de derecha entre 1990-2005.
Durante ese periodo, la cúpula que secuestró las siglas del FSLN, mantuvo a Daniel Ortega como único candidato a la presidencia del país, el cual después de tres derrotas consecutivas logró ganar las elecciones del 2006 gracias al pacto suscrito con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) liderado por uno de los gobernantes más corruptos en la historia del país. El pacto suscrito en el año 2000, le permitió a Arnoldo Alemán, principal líder del PLC, evitar la cárcel por malversación de fondos del erario público, asegurando a cambio la reducción de los porcentajes de votos necesarios para que Ortega ganara las elecciones correspondientes al periodo 2006-2010 con menos del 40 de los votos.
El reducido y poderoso grupo de ex revolucionarios que acompañan a Ortega, entre los cuales se destacan neo empresarios cuyas fortunas tienen un evidente vínculo con la “piñata”, respaldan a Ortega como único “candidato” a la presidencia para las elecciones del 2011 y las más recientes realizadas en el presente año. Estos exguerrilleros devenidos en los nuevos burgueses, ocupan altos cargos de dirección en todos los poderes del Estado.
El esquema de gobierno desarrollado durante la última década tiene entre sus principales pilares, el control absoluto de todos los poderes del Estado y de las fuerzas armadas, una sólida alianza con el gran capital y el control monopólico sobre los medios de comunicación. Tal esquema de control no habría sido posible sin contar con los millonarios recursos que el gobierno de Ortega recibió de la cooperación venezolana, los cuales se calculan en más de 3,000 millones de dólares, una parte de los cuales forma parte de la negociación preferencial en el suministro de petróleo.
Durante una década consecutiva (2006-2016), diversas han sido las estrategias desarrolladas por Ortega y sus principales colaboradores para impedir no solo la articulación de auténticos partidos políticos, sino la existencia de organizaciones autónomas de la sociedad civil, capaces de intervenir en el espacio público con autonomía. La manipulación, el chantaje, las mentiras y la amenaza velada o explícita forman parte de las estrategias desarrolladas por el gobierno en contra de ciudadanos y ciudadanas, activistas de derechos humanos, organizaciones feministas, organizaciones indígenas y medios de comunicación independientes.
Mucho ruido y pocas nueces…
A pesar de los logros pregonados por el gobierno y la gran empresa privada en materia de crecimiento económico aun en una situación de crisis económica a nivel internacional y los impactos favorables en el corto plazo, de algunos programas de compensación social – por demás ya implementados por gobiernos de derecha y progresistas en América Latina -, resulta evidente que dicho crecimiento ha beneficiado fundamentalmente a los grandes capitales, incluyendo aquellos empresarios que forma parte de la elite gubernamental. Mientras que los programas de reducción de la pobreza muestran unos modestos resultados en términos de reducción de la pobreza, si tomamos en cuenta que el 60% de la población se encuentra en tales condiciones.
El esquema económico desarrollado por los gobiernos anteriores y continuado de forma inalterable por el gobierno de Ortega, garantiza la aplicación de los lineamientos del Fondo Monetario Internacional bajo la consabida retórica de mantener el equilibrio macroeconómica como requisito para avanzar en el “crecimiento de la economía. El fomento de la inversión extranjera es una de las principales estrategias desarrollada por el gobierno para hacerle frente al desempleo y el subempleo que en el caso de Nicaragua alcanza al 80% de la fuerza de trabajo. Las empresas de maquila y las empresas mineras entre otras, han sido altamente beneficiadas por la legislación nicaragüense y la política tributaria. En términos generales el gobierno ha sostenido un esquema tributario claramente regresivo que favorece a los grandes capitales y afecta de manera severa a la pequeña y mediana producción, el sector asalariado y la clase media.
A la cada vez más difícil situación socio-económica que afecta a la mayoría de la población nicaragüense, habrá que sumarle el descontento de las organizaciones de la sociedad civil frente a las sistemáticas acciones de persecución, amenazas y represión de cualquier posicionamiento público que tenga por objeto expresar descontento frente a medidas gubernamentales que afectan los derechos de la ciudadanía. Durante la última década es ya una constante en Nicaragua, la prohibición de facto de cualquier movilización pública que no sea convocada por el gobierno de Ortega, tal como ha ocurrido con personas de la tercera edad que reclaman pensiones de jubilación, marchas de organizaciones feministas que reclaman derechos conculcados por este gobierno tales como la penalización absoluta del aborto y la desarticulación de los mecanismos institucionales creados para atender a las víctimas de la violencia machista. Las organizaciones campesinas e indígenas que reclaman su derecho a la tierra y se oponen a la onerosa concesión otorgada por el gobierno de Ortega a un empresario chino para la construcción de un canal interoceánico, el cual de materializarse afectaría de particularmente de las comunidades rurales, también han sido objeto de amenazas y persecución tal como ocurrió con la movilización realizada a finales del 2015.
Las fraudulentas votaciones del 2016
En ese estado de cosas y previo a una ilegal reforma constitucional realizada unos meses antes de las votaciones, la 
cual le permitió a Ortega correr por tercera vez consecutiva como candidato a la presidencia y llevar como compañera de fórmula a su esposa Rosario Murillo, se convocó a elecciones presidenciales y de representantes al parlamento a mediados del 2016. Si bien las y los nicaragüenses no podemos presumir de una clase política competente y creíble, algunos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que se habían constituido como coalición para participar en las elecciones del 2011 como resultado de las cuales lograron una importante – si bien minoritaria – representación parlamentaria, se propusieron participar en las actuales elecciones a pesar de los obstáculos impuestos por el gobierno de Ortega.
Fue precisamente esta coalición la que fue impedida de participar en las elecciones del 2016, mediante una acción abiertamente ilegal llevada a cabo por el Consejo Supremo Electoral bajo el dominio del gobierno de Ortega. En su lugar, el poder electoral autorizó a cuatro minúsculas agrupaciones políticas que forman parte de las sucesivas escisiones del liberalismo, y cuyas exiguas fuerzas no les permitieron – suponiendo que su participación era auténtica – prepararse ni mínimamente para participar en las votaciones.
En la fase previa a las votaciones realizadas el 6 de noviembre del presente año, tanto los partidos y coaliciones impedidas de participar, como organizaciones de la sociedad civil y movimiento sociales, han demostrado con pruebas fehacientes publicadas a través de medios de comunicación independientes y redes sociales, no solo la violación sistemática a la Ley electoral, sino una clara estrategia para llevar a cabo un fraude electoral. La negativa del poder electoral a depurar el padrón electoral en el cual coexisten vivos y muertos, el manejo discrecional de la entrega de documentos de identidad, el uso generalizado de los bienes del Estado para hacer “campaña” electoral, el rechazo absoluto a la observación independiente nacional e internacional, la amenaza explícita a trabajadoras del Estado para participar en los comicios electorales, el control absoluto de los centros de votación en manos de activistas del gobierno, forman de una estrategia orquestada por el gobierno para garantizar a toda costa la desaparición de cualquier indicio de oposición en el nuevo periodo presidencial.
Las dimensiones del fraude electoral tienen entre sus resultados más evidentes: la elección inédita de un matrimonio para la presidencia y vicepresidencia de la república; el control absoluto del parlamento (de 92 escaños, 71 pertenecen el partido Ortega-Murillo); la instalación del monopartidismo de facto; y la corrupción absoluta de la legislación en materia de elecciones.
A pesar de todos los esfuerzos realizados por el gobierno para disfrazar la magnitud del fraude, incluyendo la presión directa a la ciudadanía para participar en las votaciones, el traslado gratuito de votantes en medios de transporte del Estado y el pago a activistas del gobierno para controlar las votaciones en cada barrio o comunidad, la mayoría de la población nicaragüense decidió no participar en las votaciones. Las cifras más conservadoras hablan de un 60% de abstención mientras algunas instituciones independientes afirman hasta un 78% de abstención, lo que sumado al voto nulo que parece haber sido una tendencia importante, permiten afirmar que el gobierno Ortega-Murillo no representa en modo alguno la voluntad popular.
¿Cómo debemos leer la ausencia masiva de votantes en estas elecciones? Una explicación que desde mi punto de vista resulta la más convincente, es el rechazo de la ciudadanía a la perversión del sistema electoral que convierte a los y las electoras en meros objetos al servicio de la super poderosa pareja gubernamental, así como, la ausencia de contendientes creíbles que estimularan la participación de la ciudadanía.
Los altos porcentajes de abstención son un claro signo de descrédito de las elecciones como mecanismo democrático; también son expresión del creciente deterioro de una clase política carente de prestigio e incapaz de formular propuestas creíbles frente a los agudos problemas que enfrenta el país. Es la más clara evidencia del colapso de la democracia liberal, aun en su sentido más estrecho. Represente un lenguaje elocuente a través del cual se hizo evidente la resistencia ciudadana frente a un gobierno autoritario y demagógico, pero también frente a unas agrupaciones políticas que se han mostrado incapaces de construir alternativas que permitan enfrentar los desafíos de un país sumido en la pobreza y que todavía no se recupere de los estragos de la guerra.
Este montaje electorero le costó a uno de los países más pobres de América Latina, la enorme suma de 55 millones de dólares, de los cuales, más de 15 millones irán a parar a manos de la pareja presidencial, quien durante la última década se ha negado sistemáticamente a rendir cuentas por el uso de la cooperación millonaria otorgada por el gobierno de Venezuela.
Como avizorar el futuro cercano…
Corren tiempos difíciles para Nicaragua y otros países de la región centroamericana, cuyas pequeñas economías se mueven en los estrechos márgenes de la exportación de materias primas y manufactura, lo que como sabemos, supone la explotación extrema del trabajo de hombres y mujeres, pero también de los recursos naturales. La explosión del racismo y la xenofobia institucionalizada en Europa y Estados Unidos, forman parte de los escenarios globales que cercan las ya limitadas oportunidades de esta empobrecida región.
En este contexto, la principal estrategia desarrollada por el gobierno Ortega-Murillo para sostenerse en el poder es el afianzamiento de un Estado corporativo, el cual requiere de una maquinaria estatal capaz de someter a todas las voces disidentes para imponer los intereses de los grandes capitales. El canal interoceánico y los megaproyectos adyacentes, el monocultivo, la explotación de recursos naturales y la ampliación de zonas francas, forman parte de esta lógica neoliberal despiadada y sumamente irresponsable. Además, en términos políticos en el sentido estrecho del término, el anunciado “diálogo” bilateral entre la pareja presidencial y el secretario general de la OEA previsto para inicios del mes de diciembre, constituye una estrategia mediática que si beneficia a ambas partes, constituye una puerta de salida para asumir como “cosa juzgada” el ostentoso fraude electoral.
Por otro lado, lo que a todas luces ha puesto en evidencia las recién pasadas votaciones, es la capacidad de la ciudadanía de aprovechar los cada vez más limitados resquicios para expresar sin ambigüedad alguna, su rechazo a un gobierno y una clase política corrupta e incapaz de abonar a un verdadero proyecto de nación. Siendo Nicaragua un país con una población mayoritaria menor de 30 años, se podría afirmar que los altos niveles de abstención también ponen en evidencia la ruptura entre la vieja clase política entronizada en el gobierno y las aspiraciones de la juventud nicaragüenses que se debate entre la pobreza, el desempleo, la necesidad de emigrar a unos paises que les cierran las fronteras y la esperanza de una vida digna.
Tal y como ha venido ocurriendo durante la recién pasada década, el papel de las organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales continuará siendo el de reconstituir las redes de solidaridad y resistencia, desde donde sea posible apuntalar un nuevo sentido de la democracia.