Lena Lavinas es economista y profesora titular del Instituto de Economia de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). En 2017, publicó el libro Takeover of Social Policy by Financialization. The Brazilian paradox (Palgrave Macmillan). En una larga conversa con Fábio Grotz, Lena analiza las tendencias y efectos de la política económica del gobierno de Bolsonaro.
¿Cuál es la tendencia de la agenda económica del gobierno de JMB?
Es preciso entender que no había una agenda sólida de políticas públicas antes de la victoria de Bolsonaro. Su victoria representó un rechazo al petismo[1], a la insatisfacción y a la frustración de cuatro años de recesión —considerando que entre el 2015 y 2018 tuvimos un crecimiento negativo de 4,7% del PIB—. Esto fue demasiado, más de 13 millones de desempleados, 4.9 millones de gente desanimada, individuos que desisten en su búsqueda de empleo. Son 16 millones de hogares con renta laboral cero; es decir, personas que no tienen ingresos, que viven de su jubilación o del apoyo familiar u otras fuentes que no provienen del trabajo.
Entonces, lo que se mantuvo fue la incredulidad de una sociedad que vivía en una trayectoria de relativo crecimiento desde mediados de los 2000, una sociedad que redujo los niveles de pobreza gracias al crecimiento económico, que presentaba una atenuación relativa del patrón de desigualdad. Digo relativa porque, en este período, el 1% más rico en toda la distribución del ingreso mejoró su participación en la torta, manteniendo una alta concentración de ingresos y riqueza que, actualmente, se encuentra en los activos financieros, cuya magnitud real es difícil de estimar. En otras palabras, no basta con entender al mercado laboral y sus ingresos como un indicador de concentración de la renta. Si bien esta reducción de la desigualdad no ha sido más palpable, Brasil se encontraba en una trayectoria de mejora que se degeneró por una serie de factores: la destitución de Dilma, la desaceleración del crecimiento económico, los propios equívocos de la política económica del gobierno Dilma y todos los escándalos de corrupción que se hicieron públicos con la operación Lava-Jato que paralizó al país. La era Temer empezó con un proyecto profundo de desestructuración del mercado laboral, agravando la crisis económica y política. El establecimiento del límite al gasto social por 20 años, que congela el valor disponible para políticas sociales por veinte años, que se puso indubitablemente en jaque la política social y la reducción de nuestras desigualdades.
Por lo tanto, creo que hubo una reacción de la sociedad impulsada por un enorme grado de insatisfacción. La sociedad se manifestó diciendo «¡suficiente!» y «¡basta!». Las fuerzas organizadas con Bolsonaro fueron exitosas en galvanizar la insatisfacción. En este sentido, no fue un gobierno que llegó con una agenda económica estructurada, pero sí un gobierno que propone construir de manera gradual, sobre todo a partir de los intereses específicos de quien se encuentra al frente del super Ministerio de la Economía —que es casi una agenda individual— y de sus alianzas. Antes de las elecciones, el gobierno no necesitaba debatir su agenda económica, incluso sus proyectos, porque no los tenía, razón por la cual Bolsonaro no participó de los debates, ni necesitó decir para qué competía. Todo esto es inédito.
¿Y qué había antes? La impresión que el Estado, a través de su política de desarrollo social, intervino excesivamente en la economía mediante el control de los bancos públicos, por ejemplo, y en particular del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Los esfuerzos del BNDES serían indispensables para la formulación y ejecución de la política industrial. Pero favoreció a algunos sectores en detrimento de otros, generando fricciones. Otra dimensión relevante de la intervención del Estado, considerada intolerable por las élites y el sector financiero, fue la regla de actualizar el salario mínimo, con el piso salarial por encima de la inflación y los aumentos de productividad. Esto es lo que, de hecho, promovió cierto grado de redistribución en Brasil. Por lo tanto, todo lo que estaba asociado con el Estado y las gestiones pasadas se consideraban como intervenciones en la economía y debían ser abolidas.
Los sectores conservadores —con agenda propia y frustrados con el manejo de la economía— esperaban el momento del reflujo para retomar las riendas de la economía, que ya estaba en dificultades y que había entrado en una etapa previa al colapso (las previsiones de crecimiento se desploman cada mes y es probable que para el 2019 tenga menos crecimiento que el 2018, cuando hubo un aumento del PIB del 1,1%). Era un contexto de economía que ya estaba en recesión, y en proceso de desindustrialización, pero que resultaba difícil para esos sectores tomar el mando de un coche sin rumbo y en movimiento. Por lo tanto, una combinación de factores hizo que la agenda ideológica, la agenda de la moralidad, la agenda de rescate de los valores conservadores de la sociedad contra la esfera pública, contra la igualdad, apoyándose en el mantra de «poner orden en la casa», ganara fuerza, porque todo lo demás está completamente desarticulado y desconcertado. El gobierno de Bolsonaro tenía que mostrar servicio en algún frente y fue en el desmantelamiento «organizado» de la educación, medio ambiente y política exterior donde encontró la respuesta.
Con la victoria electoral de Bolsonaro se empezó a construir una agenda económica, una agenda diaria que aparece aquí y allá, agregando intereses de aquí y de allá. Es, por lo tanto, una agenda hecha de improvisaciones, con ajustes diarios. Dicho esto, porque es claramente favorable al agronegocio, al sector financiero con la defensa de la capitalización de la seguridad social y al lobby de los fabricantes de armas. Este es el único sector industrial que le parece interesar a este gobierno (la empresa brasileña Taurus es uno de los tres principales fabricantes de armas ligeras del mundo). Pero la economía en su conjunto ha sido dejada de lado. ¿Alguien piensa en el desempleo o en el crecimiento de manera correlacionada? Decir que la reforma de las pensiones lo resolverá todo es como revelar descaradamente que, además de reducir costos, no saben nada más.
¿Podemos decir que el objetivo principal de la agenda económica es el desmantelamiento del Estado y la apertura total al capital privado y a los intereses financieros?
Sin duda. Los mercados financieros son, una vez más, los protagonistas. Estos sectores buscan controlar y definir la agenda de la política económica, llegando también al ámbito de la política social. Veamos el tema de la educación superior pública, cuyos desproporcionados ataques y amenazas por parte del gobierno han llevado a un aumento significativo e inmediato en el valor de las acciones de las grandes empresas del sector (Kroton, Estácio). Uno de los objetivos del sector financiero y de las élites del país es ampliar la frontera financiera de la economía, especialmente en el ámbito de los seguros (pensiones privadas, por ejemplo) y las líneas de crédito.
Podemos preguntarnos qué es, de hecho, fundamental para estos sectores ultraliberales en estos momentos. El mantra repetido ad nauseum por el presidente y su «superministro» de economía es que entre el 2023 y 2024 no habrá más pago alguno, sin la reforma previsional. Ellos aterrorizan diciendo que el país va a quebrar; Los que miran a los millones de desempleados y desanimados en las calles, que aumentan de manera significativa, realmente piensan que el apocalipsis está cerca. ¿Alguien habla de política industrial, de cómo aumentar la productividad, que está tan anémica? ¿Cuál es el eje de la política fiscal con que se mueven? ¿Cuál es la reforma fiscal que quieren hacer? No lo sabemos, solo tenemos información contradictoria. Por ahora, siguen desacreditando a la agroindustria, perdonando multas a los devastadores del medio ambiente y a los partidos políticos que no han implementado la cláusula de aplicar parte del Fondo Electoral con la promoción de la igualdad de género en las elecciones.
Lo mismo ocurre con la Seguridad Social, cuyo proyecto de reforma acaba de ser enviado a una comisión especial de la Cámara Federal para ser debatido sobre sus logros, pero con muchas cuestiones pendientes, afectado por la ley complementaria. No se define nada más que el objetivo claro de deconstruir todas las instituciones existentes, ya sea en el ámbito de la protección y seguridad social o en el plan de financiación para el desarrollo, o incluso en el desprecio por la política internacional de mayor impacto como la del medio ambiente, devastada al ritmo de las motosierras alentados por este gobierno.
El hecho de que no haya propuestas bien definidas y que todo parezca desordenado y descorazonador no constituye una limitación para este Gobierno. Se trata de desmantelar lo que existía, de desmantelar lo que es posible. Lo que vemos hoy es una política de desmantelamiento; se desmantelan las instituciones republicanas, las instituciones que regulan el mercado laboral, el sistema de protección social, que es muy peligroso y angustioso. ¿Qué vendrá después de este desmantelamiento? El gobierno no está muy preocupado por eso, porque a medida que se desmantela, y hay tierra arrasada, el mercado ocupa su propio camino. La disputa tendrá lugar entre las fuerzas del mercado, y las cosas sucederán con el aumento de los procesos de concentración, a través de fusiones y adquisiciones. Creo que tendremos inmensas dificultades para afrontar este futuro. Se trata de cambios estructurales que apuntan a una desregulación completa y señalan que la oferta pública será sustituida en gran medida por el acceso al sector financiero, a través del crédito, los seguros, etc.
¿Cómo se traduce esto en el nivel político?
El gobierno federal gobierna de espaldas al parlamento y a la sociedad y es un gobierno que solo se dirige a las redes sociales. En esta situación de grave crisis económica, se ventila la idea de que Bolsonaro es un mito, se proclama un falso discurso en torno a la idea de que están luchando contra los privilegios y en contra de la corrupción, repitiendo el argumento de que todo el mundo invariablemente miente. Dicen que hay gente que miente para lograr ser incluido en el programa social Bolsa-familia para el caso de la jubilación rural y denuncian: «¿Cómo es posible que haya gente que se jubile en el campo y que viva en las ciudades? ¡Han mentido!» Como si la gente no pudiera elegir dónde vivir una vez que se jubile, especialmente teniendo en cuenta la deficiente oferta de servicios para las personas adultas mayores en las zonas rurales.
Es una amenaza de un gobierno que no trata a la economía buscando enfrentar y garantizar la dignidad, el empleo y la renta, y que, en suma, ni siquiera señala cómo pretende recuperar una trayectoria de crecimiento. Es un gobierno que no tiene enfoque y cuya prioridad es el desmantelamiento. Para eso vino y esa es la razón por la cual no hay propuesta. Bolsonaro se enorgullece de mostrarse como un individuo vital, mediocre y tonto. Todo el mundo tolera esta figura desprevenida, descalificada para el cargo que ocupa, además de ser el que enciende el debate político y las calles. ¿Por qué esta tolerancia? Porque este papel opera para el desmantelamiento. La cuestión central es que esta característica destructiva de Bolsonaro es muy útil para ciertos grupos de élite, que, muy preocupados por la reforma de la Seguridad Social, vieron en el candidato y ven en el Presidente, o al menos dicen ver, a alguien que podría llevar adelante este proyecto de destrucción de los cimientos de la sociedad que se creó en la era de la redemocratización para pasar a otra cosa. No es casualidad que se hable tanto de desconstitucionalizar los derechos.
La centralidad de la reforma de la previsión social es notable en la agenda nacional. La reforma es tratada como una panacea. ¿Resolverá realmente todos los problemas de Brasil?
Sí, en realidad es como si la previsión social fuese la gran solución de todo. En lugar de pensar en cómo mejorar el sistema de protección social, hacerlo financieramente sostenible y más justo, el argumento es que estamos viviendo una crisis fiscal sin resolver, con una deuda que crece sin control, lo que no es cierto. Pero la reforma no resolverá en gran medida los problemas de Brasil, que comienzan con una alta y persistente desigualdad, una heterogeneidad estructural latente y resistente, agravada por el proceso de desindustrialización temprana en medio de la predominancia de las grandes finanzas, y por los niveles de exclusión que deben ser vistos como intolerables.
En la mente de los reformadores, comprometidos a apalancar los mercados financieros con la reforma, el objetivo es restringir la cobertura que el Estado proporciona en términos de transferencia de ingresos a los jubilados, a los más pobres, favoreciendo un desplazamiento de esta demanda de cobertura hacia el sector financiero. Con esto, reduce los gastos y permite mantener un sistema tributario altamente regresivo, quizás más. Eso es lo que quieren: el fortalecimiento del sector financiero que ha crecido mucho en Brasil en los últimos años, pero que no ha ido acompañado de una expansión similar del área de seguros y de los fondos de capitalización y pensiones que se han desarrollado por debajo de las expectativas. Hoy en Brasil ya tenemos la capitalización, pero es voluntaria y complementaria al sistema público. El sector de la capitalización ha venido creciendo desde la década de 2 000 (hoy en día hay más de 800 000 millones de reales en patrimonio líquido, frente a los 20 000 millones del 2002), pero la idea es que, si se produce un desmantelamiento completo de la jubilación pública y de la seguridad social en su conjunto, entonces esta brecha debería ser cubierta por nuevos productos financieros, un mercado en constante expansión.
La lógica central es que el crédito financiero está para las necesidades básicas, antes de la contribución del Estado. Es una lógica rentista: situar el capital generador de intereses en el centro del proceso de acumulación de riqueza del país. Es un proceso de expropiación de las clases populares, de la población. Esto es lo que el gobierno tiene en mente. Incluso, el gobierno está mostrando gradualmente el contenido de sus propuestas de Seguridad Social, porque nada fue cerrado y definido. Así, el proyecto se va formando: van buscando propuestas de economistas que se pronuncian aquí y allá sobre el tema. Es una colcha hecha de retazos. Luego, arman algo que parece tener cierta consistencia, pero que, de hecho, es inconsistente, pues no se tienen los datos que prueben por qué debemos pasar a un modelo de capitalización, por qué debemos contribuir durante 40 años, ¿por qué un pequeño productor rural que no tiene la capacidad de contribuir dada la naturaleza de su actividad, no puede recibir el piso de la seguridad social? ¿Qué datos se utilizaron para justificar la propuesta del gobierno de romper la igualdad?
¿Qué sucederá en el futuro si se adopta la reforma de la previsión social propuesta?
Es necesario dejar claro que el gran problema hoy en día no es solo el riesgo de que los más pobres pierdan su derecho a recibir el piso de seguridad social de un salario mínimo. Además de la Seguridad Social, hay una serie de nuevas normas que eliminan los derechos de todos, afectando a quienes dependen de la seguridad social y del trabajo. El salario mínimo tiende a disminuir en términos reales, el gasto público social ha estado congelado durante 20 años, establecido por la enmienda constitucional de 2016. Si esto ocurre realmente, la provisión pública de bienes y servicios empeorará y, por lo tanto, la gente necesitará más liquidez. Para eso, tendrán que recurrir al sector financiero en busca de préstamos. Es un fenómeno que ha sido estudiado no solo en Brasil, sino en otros países. Surge bajo diversos nombres, como crédito para la asistencia social, asistencia basada en activos o la garantía de la política social.
Es evidente que los más pobres sufrirán graves daños. Pero, ¿quién va a sufrirá más, proporcionalmente? Las clases medias. Ellas están empobreciendo en este país. Están en el ojo del huracán y no se dan cuenta. Las clases medias serán las más afectadas por la reforma de la Previsión social. Los mensajeros de la reforma afirman que luchan contra los privilegiados; bueno, los privilegiados lo harán muy bien. Como ya he señalado, todos ellos están en el sector financiero. Todo el mundo gana dinero en el mercado de capitales, viviendo a expensas de las rentas. Pero la población trabajadora, que no tiene trabajo, tendrá que elegir entre hacer un plan de capitalización o pagar una escuela para su hijo. Porque no habrá mejoras en la educación pública, que se está deteriorando cada vez más. Y los salarios no cubrirán más nuevos gastos, como un plan privado de salud, porque el Sistema Único de Salud (SUS) se cerrará gracias al tamaño del saque que sufre, y como las escuelas y universidades privadas, gracias al abandono de la educación pública de calidad.
Hoy las personas no logran pagar sus escuelas privadas. El 75% de los estudiantes universitarios se encuentran en facultades particulares que, en su mayoría, son de mala calidad. Además, esos estudiantes están endeudados. Las personas salen de una universidad muy cara y mala, no consiguen trabajo y, cuando lo hacen, su paga está por debajo de lo que necesita para cubrir el préstamo y vivir. Se habla mucho del impacto de la reforma en los pobres, los agricultores y los pequeños productores rurales. De hecho, también se verán afectados y ciertamente tendrán una vejez indefensa. Sin embargo, creo que la jubilación rural y la prestación en efectivo continua serán objeto de negociación, para mostrar retiros de «buena fe» y se salvarán. Pero el desmantelamiento del sistema público no se negociará.
Las clases medias son y serán masacradas. Si la reforma de la Seguridad Social se lleva a cabo con el régimen de capitalización obligatoria, serán ellos los que más sufrirán. Dentro de 20 años los que ahora tienen 45 años, no tendrán ninguna jubilación, pues no podrán pagar al mismo tiempo el plan de salud y medicamentos, el crédito escolar para que su hijo asista a la universidad y su plan de jubilación individual. No olvidemos que el salario mensual promedio hoy en día en Brasil es de aproximadamente R$ 2 300,00 (US$ 520,00).
¿Con relación a las desigualdades de género, cuales son los impactos de la reforma?
La teoría económica muestra que los regímenes públicos de simple reparto, como el que tenemos hoy en día, se redistribuyen entre los jóvenes y las personas adultas mayores, porque el trabajador activo contribuye y, por tanto, paga la jubilación de las personas mayores. La otra dimensión de esta redistribución, dentro del sistema público, es entre los hombres y las mujeres. Las mujeres tienden a no contribuir con la misma regularidad que los hombres porque entran y salen del mercado laboral con mayor frecuencia debido a responsabilidades en el ámbito doméstico como la maternidad, el cuidado de los hijos y de los miembros de la familia —adultos mayores y enfermos—. Por lo tanto, su integración en el mercado laboral sigue siendo muy precaria.
Una reforma de la Previsión Social, que desmantela la seguridad social y tiende a igualar las edades de jubilación de hombres y mujeres, obliga a hombres y mujeres a trabajar cada vez más. Si ya es difícil para las mujeres contribuir durante 15 años, ¡imagínese poder contribuir durante 40 años, ininterrumpidamente! Si cumple 62 años sin añadir 40 años de cotización, seguirá trabajando; es decir, no existe una edad mínima para solicitar la jubilación. Es una estupidez. Esta reforma tiende a poner a las trabajadoras en el piso de la seguridad social, y esto en caso de que se mantenga el mínimo de 15 años de cotización, lo cual es poco probable. Pero, además de la Seguridad Social, el límite impuesto por el techo del gasto público es quizás el más perjudicial, porque restringe aún más drásticamente las posibilidades de reducir las desigualdades de género en la vida cotidiana.
¿Por qué?
Porque el gasto público es lo que puede sustituir el tiempo de trabajo de las mujeres por la calidad. No hay escuela de tiempo completo, no hay suficientes guarderías y no hay guarderías de tiempo completo. Se puede ver que hay una serie de brechas en la provisión social —la educación es solo un ejemplo— que tienden a empeorar en un escenario de presupuestos de inversión limitados. ¿Quién lleva a los enfermos a los puestos de salud y a los hospitales? Si la atención sigue siendo tan precaria, ¿quién perderá el tiempo tratando de obtener atención para sus familiares enfermos? Mujeres. Ahora, viene esta locura del gobierno de Bolsonaro de amenazar a las universidades con recortes bajo varios pretextos, desde el ideológico, la lucha contra el marxismo, hasta el ridículo razonamiento de que el dinero puede ser redirigido a la construcción de guarderías. Eso es una falacia, porque no es el gobierno federal el que tiene que construir guarderías, son los municipios. Pero este no es el punto: el punto es que tampoco habrá dinero para las guarderías. De hecho, ni siquiera cuando el país estaba creciendo, lo había.
También me gustaría llamar la atención sobre un aspecto que no es precisamente económico, pero que dice mucho de la falta de vergüenza de este Gobierno en términos de relaciones de género. La ley anticrimen del ministro Sergio Moro vuelve a poner en la agenda el argumento legal de que la emoción intensa —que es un elemento frecuente en los feminicidios— justifica la exclusión de la ilegalidad. Teníamos la posesión de armas facilitada desde el inicio del gobierno, y ahora también la posesión de armas, incluyendo armas de alta letalidad. Ya estamos viviendo con altas tasas de feminicidio en un escenario de comercio ilegal de armas, ¿qué esperar de esta combinación de expansión del mercado legalizado y el regreso a la temible idea de la autorización para matar? Es una situación dramática.
Nosotros no podemos olvidar que el propio Presidente de la República ya se ha manifestado a favor, en otras ocasiones, de la violación y la tortura, además de no avergonzarse de menospreciar pública y repetidamente la imagen de la mujer. Es una cosa bárbara, una falta de respeto y una violencia brutal. Vivimos en un momento oscuro en el que las mujeres están en el centro de una ofensiva neoliberal conservadora. Las mujeres, y todo lo que representan como reacción, como conquista de la individualidad y la autonomía, como capacidad de lucha fuera del marco de esta esfera política partidaria totalmente corrupta y envejecida.
¿Cuál es su pronóstico para el futuro próximo?
Lo que es tan o más grave es que la sociedad está completamente anestesiada, la gente no entiende la seriedad de lo que está en juego, no entienden que no habrá más bienestar público, que no pueden darse el lujo de saber cuál será su beneficio dentro de 30 años y si eso está en un fondo de capitalización. Basta recordar lo que sucedió después de la gran crisis financiera del 2008 en muchos países, donde las prestaciones de la seguridad social han perdido el 25% de su valor real, y muchas personas dejaron de jubilarse habiendo alcanzado la edad mínima y continuaron contribuyendo a la reconstrucción de sus ahorros.
Por otro lado, creo que llegará un momento en que parte de los que apoyan a este gobierno, después de obtener algunas de sus agendas, como la reforma previsional (la forma en que esta sale) y la desconstitucionalización de los derechos, se verán a sí mismos en medio del colapso, que es inminente. Por lo tanto, tratarán de establecer un gobierno capaz de dar dirección a lo que seguirá siendo ingobernable. Estoy segura de que así será. Especialmente porque los que rodean a Bolsonaro hoy en día están interesados en hacer dinero. Quieren desmantelar lo que existe para que el mercado y la lógica financiera ganen fuerza y eliminen los obstáculos que dificultan aún más francamente su expansión.
Pero una vez que se logren sus objetivos, no habrá razón para seguir apoyando a un gobierno mediocre cuya retórica indigente y prejuiciosa avergüenza a todos. Un gobierno en el que el presidente no puede confirmar una cena en su honor en Nueva York. Es humillante. Todo el mundo está preocupado por Brasil. Afortunadamente, se conoce afuera que el pueblo brasileño no está hecho de la misma esencia de los que lo gobiernan hoy en día.
Agradecemos muchísimo a Yazmin Trujillo, Susana Chavez, Renzo Zegarrat y el equipo del CLACAI por el gran apoyo en la cuidadosa traducción de este artículo.
[1] Relativo al Partido de los Trabajadores (PT).
Imagen: Maurice Weiss/Ostkreuz