Franklin Gil Hernández[1]
Si pudiéramos resumir brevemente el estado actual de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia podríamos decir que es una situación que está ‘a medio camino’. Si se hiciera una revisión de cada uno de los temas más polémicos: acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, parentesco igualitario, lucha contra el vih-sida, educación sexual, políticas contra la discriminación sexual, políticas de identidad de género, trabajo sexual, entre otros, tendríamos que decir que todo está a medias. Aunque la situación de cada una de ellas no esté en el mismo momento (ni legal ni socialmente) y demande análisis más detallados.
Este escrito es una reflexión general sobre la cultura política colombiana y el estado actual de una parte de los derechos sexuales y reproductivos (DSR), que echa mano de algunas coyunturas nacionales en torno a esos derechos para proponer algunas cuestiones abiertas al debate. Se trata de un comentario en torno a la sexualidad y su conexión con otras cuestiones de desigualdad, para finalizar con algunos elementos emergentes de esa agenda de justicia sexual en el proceso actual del llamado Postconflicto.
La tensión entre cultura sexual y cultura jurídica e institucional
Es muy importante tener en cuenta que los temas de parejas del mismo sexo, interrupción voluntaria del embarazo, adopción homoparental, diversos elementos de identidad de género (Reconocimiento de nombre identitario para personas transgénero, cambio de sexo en los documentos de identidad, trato en prisiones, servicio militar obligatorio, etc.), se han incorporado en el diseño jurídico nacional colombiano a través de la vía judicial, es decir de Tutelas y fallos de Altas Cortes. Ninguno de estos temas ha prosperado como ley en la rama legislativa que se supone la parte representativa de la población.
Efectivamente, el proceso de institucionalización de los DSR en Colombia se ha dado a través de lo que ha sido llamado ‘litigio de alto impacto’, cuyo resultado es tener normas relativamente avanzadas, con procesos de cambio cultural pendientes, claramente necesarios para que las normas tengan donde sostenerse en términos sociales. Normas que, con frecuencia, muchos funcionarias y funcionarios públicos no quieren poner en práctica, o son dejados de lado frente a agendas más importantes. Normas que son aplicadas de manera muy distinta en el contexto urbano que rural, en las zonas más centrales que en las más periféricas.
Lo que ha hecho por ejemplo la Procuraduría General de la Nación es paradigmático de esto[3]. Siendo el órgano responsable de la vigilancia de los servidores públicos y de la defensa de los derechos humanos y estando a la cabeza de un personaje conservador, claramente comprometido con posturas cristianas, ha hecho todo un trabajo para entorpecer cualquier proceso de avance en esta materia. Recursos públicos, tiempo de funcionarios, recursos económicos han sido invertidos deliberadamente en atacar cualquier fallo de las Cortes sobre el asunto, entorpecer su cumplimiento en los estamentos concretos a partir de persecución política y hacer fuerte propaganda en los medios de comunicación. Esto ha sido evidente tanto para el tema de interrupción voluntaria del embarazo, como para el de parentesco homosexual (adopción y matrimonio) y educación sexual.
Así también, el ejercicio de objeción de conciencia en torno a la interrupción voluntaria del embarazo de profesionales de la salud y funcionarios públicos es una nebulosa que genera múltiples mecanismos que obstaculizan el derecho de las mujeres que deciden hacerlo. La forma como se tramita la interrupción del embarazo, es una muestra de que no es suficiente con que una práctica sea legal si no tiene una legitimidad social y cultural que la respalde.
Haciendo ‘política de mayorías’ con los derechos de las ‘minorías’
Según diversos grupos conservadores, que tienen presencia en los órganos legislativos y en altos cargos del Gobierno, asuntos tan delicados como los referentes al parentesco y al aborto no pueden ser resueltos por un órgano que no es representativo, como serían las Cortes; y que sería el Congreso el lugar más adecuado para resolverlo, o través de un mecanismo de consulta masiva en el que se vea reflejada la opinión de la población. Estos sectores han hecho esfuerzos para restringir los mecanismos que balancean los poderes en este diseño democrático y han trabajado para desacreditar instancias como la Corte Constitucional y para deslegitimar lo que algunos llaman una dictadura de las minorías, un abuso de los recursos democráticos y una imposición de lo que llaman ‘ideología de género’.
Someter a votación popular los derechos de una minoría claramente es desproporcionado e injusto. No se pregunta a la población sobre asuntos fundamentales del diseño constitucional como el libre desarrollo de la personalidad o el principio de igualdad y no discriminación; es tan absurdo, como consultar si las mujeres pueden votar o no, o si las personas negras tienen derechos o no. No se pregunta a las mayorías sobre la situación de las minorías, porque claramente es absurdo, es parte del diseño de equilibrio de poderes en el Estado. Sin embargo, a pesar de eso, recientemente la Senadora Liberal (nótese el nombre del partido) Viviane Morales convocó a firmas para someter la adopción homoparental a un referendo, a partir de un fallo favorable que diera la Corte Constitucional[4]. La labor de la senadora ha sido más que exitosa, recogiendo 2.135.000 firmas, mucho más de las necesarias para respaldar un proceso de referendo ¿qué va a pasar con esto? La historia jurídica ha indicado que los referendos difícilmente progresan por todos los requisitos necesarios y es muy probable que incluso si progresa sea declarado inconstitucional por el perfil actual de la Corte Constitucional. En todo caso, aún no conocemos cual será el resultado.
Ahora, es importante sopesar el saldo cultural que deja el exitoso gesto político de la senadora. Es posible que ese referendo no prospere por diversas razones, pero eso no quiere decir que no haya cumplido sus objetivos. La senadora acumuló capital electoral, porque además los conservadores ganan muchos votos hablando contra los sectores LGBT y contra el aborto, lo contrario difícilmente da votos masivos. Diversos recursos del diseño constitucional que habían sido precisamente previstos para impedir el abuso de las mayorías cada vez son más usados eficientemente por los conservadores y las bancadas religiosas para entorpecer el avance en los DSR.
A propósito de ese referendo, salieron a relucir varias encuestas improvisadas que exponían la poca favorabilidad que tiene la adopción homoparental en la población general. Ahora, si tomamos em cuenta estudios más serios al respecto, el panorama tampoco es muy positivo. Según la Encuesta Bienal de Culturas de Bogotá del año 2013 35,9% de las personas encuestadas están en desacuerdo con que ‘los homosexuales’ sean profesores de colegio y 15,2% está totalmente en desacuerdo con ello. El 43% de las mujeres encuestadas en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2010 está de acuerdo con los derechos de las parejas homosexuales y solo el 22% aprueba que las parejas homosexuales adopten hijos… ¿Cuál sería el resultado de preguntar a las ‘mayorías’ sobre un asunto minoritario? Como se dice en Colombia eso es pelea de tigre con burro amarra’o[5].
Una base cultural y social para los DSR y el papel de las instituciones del Estado
La Corte Constitucional misma es un reflejo de la crisis política actual del país. Siendo la joya de la corona de los derechos humanos en varias décadas, se encuentra ahora en medio de escándalos sobre tráfico de influencias[6]. El personaje principal de este escándalo es el Magistrado Jorge Pretelt acusado de pedir a sobornos a la empresa Fidupetrol por más de 150.000 dólares para favorecerla en un proceso judicial. El mismo magistrado, aparece como propietario de unos terrenos reclamados por víctimas que fueron desplazadas por paramilitares[7].
No se trata de entrar en el juego de desprestigiar un órgano fundamental en el diseño constitucional, que bien le gustaría a la derecha que no existiera. No es esa mi intención. La Corte Constitucional colombiana ha sido un actor fundamental en la seguridad jurídica de los derechos sexuales y reproductivos. Temas como el aborto, la adopción homoparental, el matrimonio igualitario, derechos para personas transgénero, entre otros, han sido fallados en esa institución de manera positiva con sentencias considerablemente liberales. Pero no se puede sobredimensionar su papel en todo esto, ni tampoco pensarla inmune a la crítica.
En realidad, esos logros son el resultado del trabajo de diversos grupos de mujeres y de los sectores LGBT, y de hecho el tema del matrimonio igualitario muestra que la actuación de la Corte fue de alguna manera tímida. La última Sentencia al respecto, resuelve una confusión que ella misma generó por no usar la palabra matrimonio de manera clara y contundente[8] ¿Por qué demoró tanto en hacer algo que podría haber hecho años atrás? ¿Quizá porque no es tan liberal como parece?
Ni allí, en la Corte Constitucional, se logra una plena comprensión de la base que avala los derechos sexuales y reproductivos. La misma Corte que tímidamente da vía libre al matrimonio igualitario (lo pudo haber hecho hace años, como mencioné) es la misma que recientemente vuelve reforzar el infantilismo de las personas en situación de discapacidad mental, al nuevamente pronunciarse a favor de las esterilizaciones no consentidas ‘a personas en situación de discapacidad severa’[9]. Es importante insistir que reducir el tema de los DSR al aborto y al matrimonio igualitario es del todo limitado. Dejar en la gaveta guardada temas como identidad de género o no incluir los debates en torno a las jerarquías corporales y el capacitismo[10] en relación con los DSR, deja un vacío político en el que incluso los temas más evidentes pierden fuerza.
Cuando me refiero a una base necesaria para los DSR, significa un consenso social generalizado en torno a las libertades sexuales y reproductivas y el reconocimiento de las diferencias. Esa base no está completa si las mujeres pobres, negras e indígenas se siguen muriendo desproporcionadamente por causas asociadas al embarazo, si estas mismas mujeres no pueden abortar de forma segura. No está completa, si gays y lesbianas, particularmente de sectores medios, se pueden casar y tener una familia, mientras las personas transgénero siguen siendo violentadas en todos los niveles de la sociedad; mientras jóvenes que no se acomodan a las normas de género y sexualidad se sigan suicidando por el acoso escolar o sean expulsados tempranamente de sus familias.
Esa base no está ni a medio camino, cuando el caso de una posible red de prostitución forzada y tráfico de influencias en la Policía Nacional, se convierte en un escándalo mediático por la homosexualidad de altos funcionarios públicos y no por un rechazo generalizado al acoso y a la explotación sexual. La celeridad selectiva con la cual la Procuraduría intervino en el caso, parece más una oportunidad para hacer una persecución sexual y moralista que una preocupación legítima por el acoso sexual[11].
Este ‘escándalo sexual’ en la Escuela de cadetes de la Policía, General Francisco de Paula Santander, en Bogotá, fue conocido como la ‘comunidad del anillo’[12] (aún está en investigación), y se trata de una posible ‘red de prostitución homosexual’ gestionada por altos mandos que intercambiaban ascensos, dinero y regalos por tener relaciones sexuales con altos mandos de la Policía, congresistas y empresarios. En este proceso está incluida la muerte, en circunstancias aún sin esclarecer, de la cadete Lina Maritza Zapata, que al parecer estaba enterada del caso[13].
Insisto que cada uno de estos casos demanda ser analizado con detalle, pero para los fines buscados en esta reflexión este panorama coyuntural tiene el objetivo de mostrar el contraste entre logros jurídicos y la forma como la cultura sexual se expresa en la política. Ese ejercicio permite ver, por un lado, el lugar de la sexualidad en la arena política, pero también la distancia que hay entre una normatividad, si se quiere moderna, y una cultura sexual que mezcla valores tradicionales y contrahegemónicos sobre el sexo, y cuyas prácticas cotidianas muestran las fisuras del orden heretonormativo[14], pero también fuertes expresiones de violencia y discriminación.
El postconflicto y la política sexual
Se acaban de celebrar en Colombia 10 años de la despenalización parcial del aborto[15] y también este año finalmente la Corte Constitucional falla a favor del matrimonio igualitario. Es un balance que tiene mucho de positivo y ha sido ante todo un logro de los movimientos sociales, no una dádiva de ninguna institución ni un favor de algún sector político. Hay motivos para celebrarlo, pero no es suficiente si lo evaluamos en relación con algo que podamos llamar ‘justicia sexual’, por diversas razones algunas ya explicadas. Tampoco es suficiente si miramos el contexto de la guerra y su relación con estos temas.
No corresponde ahora hacer un análisis profundo de lo que significa el tan nombrado postconflicto. Pienso que es un proceso fundamental, pero claramente un acuerdo con las guerrillas de izquierda no es el fin de la guerra en el país. Mucho menos el fin del alto componente moral de esa guerra. La reactivación del paramilitarismo y el ‘nuevo narcotráfico’ en diversas regiones del país anuncia que las técnicas de control moral y de terror de grupos armados contra minorías sexuales, trabajadoras sexuales, personas transgénero y personas que viven con vih no cesarán, como tampoco las violencias sexuales contra las mujeres.
En ese mismo sentido, el repunte de la derecha en el país con líderes políticos claramente comprometidos con agendas contra los de DSR, deja todavía en suspenso muchos logros. Esos valores sexuales están tan débilmente instalados en nuestra cultura política que bastará un cambio de gobierno menos propenso para que se retroceda.
Una mirada limitada que propenda por una agenda de política sexual sin una mirada integral sobre la nueva sociedad que se desea se quedará más que corta. Una agenda política que no reconozca el eslabonamiento de las distintas esferas del poder, no podrá hacerle frente a una agenda conservadora que sí tiene muy claro este aspecto. El mismo Procurador y partidos como el Centro Democrático, que atacan el matrimonio igualitario, el reconocimiento jurídico de las personas transgénero y la libertad de decidir de las mujeres, cuestionan ahora fuertemente la Ley de restitución de tierras colaborando con la estigmatización de movimientos de campesinos, afrocolombianos y víctimas del conflicto armado que están tratando de recuperar sus territorios[16] ¿Qué tienen en común los campesinos sin tierra, las minorías raciales desplazadas, los gays, las lesbianas y las personas trasgénero, para que sean el objeto de odio del ‘Grupo’ que representa el proyecto conservador más visible del momento? Varios nombres de funcionarios y partidos políticos aparecieron a lo largo de esta reflexión como obstructores de los DSR pero también como obstructores de la paz, eso no es una casualidad.
La relación entre sexualidad y guerra se manifiesta en diversas dimensiones. Una de ellas, la más cruda, es el asesinato, desaparición y tortura de personas de los sectores LGBT, situación que viene siendo denunciada y registrada hace ya algunos años por diversas organizaciones de derechos humanos de los sectores LGBT[17] y que más recientemente, con un mayor alcance y visibilidad, viene haciendo el Centro de Memoria[18]. Otra dimensión, quizá menos evidente, es la forma como la guerra y sus dispositivos militarizantes ayudan a profundizar sistemas de valores sexistas, hipermasculinos, violentos y misóginos, que perpetúan comportamientos negativos que impiden el fortalecimiento de la base social requerida para los DSR.
Una tercera dimensión es más proyectiva. Y tiene que ver con el lugar de la sexualidad cuando estamos imaginando una refundación de la sociedad. Porque estamos frente a eso – como lo fue en su momento la desmovilización del Movimiento Guerrillero M-19, fundamental en la reforma constitucional de 1991 – quizá el punto de quiebre más importante para que los temas de género y sexualidad empezaran a hacer parte del diseño estatal. ¿Tiene algún lugar la sexualidad en el llamado Postconflicto? Aparte de visibilizar los horrores sexuales de la guerra, cuestión que es fundamental ¿Qué lugar ocupa la sexualidad en ese nuevo orden de sociedad? O ¿seguirá ocupando un lugar secundario cuando se analiza el poder? ¿pasará de ser corrección política?
Sería también un saldo negativo en todo este proceso que la agenda de sexualidad ocupara solo un lugar utilitarista, un reflejo liberal de expansión de la individualidad, un ingrediente más de una nación que se supone democrática. Es inadmisible en términos de justicia una sociedad donde hay matrimonio igualitario, pero no hay seguridad social para las y los ciudadanos. Por eso una agenda de sexualidad liberal no necesariamente es una agenda de justicia sexual. Un ejemplo paradigmático es quizás el proyecto de Ley que más avanzó en el Congreso sobre parejas del mismo sexo, que casi fue aprobado; el cual fue abanderado por un político condenado por relaciones con el paramilitarismo[19] ¿Qué balance se puede sacar de ese posible infortunio? Y ¿Qué podríamos decir de la política sexual? ¿Son válidos todos los aliados? O simplemente algunos impulsores de temas de sexualidad en la arena pública no les interesa ningún otro tema de justicia.
Pienso que un pensamiento emancipatorio sobre la sexualidad puede ser muy benéfico a un orden social más justo. Los valores sexuales van cambiando y no necesariamente hacia un lado más justo. Si existe algo como el paramilitarismo en Colombia se debe claramente a la influencia de grupos de un gran poder económico y con una capacidad inmensa de control sobre las poblaciones, pero también a la facilidad con la que ciertos valores conservadores concuerdan con la cultura general. Hay algunas coincidencias morales entre los nefastos que se inventaron las tecnologías de muerte, los ejércitos que ejecutan directamente y la población civil: por ejemplo, que ‘las prostitutas y los homosexuales’ deben ser desaparecidos, que los jóvenes se deben ir temprano para la casa, que las mujeres que abortan son malas… coinciden en el orden y en la seguridad. A veces la ‘gente de bien’ no quiere enterarse de las formas macabras mediante las cuales se logran el orden y la seguridad, e incluso muchos enterándose lo consideran un mal necesario.
Es por eso que bien se dice en el informe del Centro de Memoria Histórica, que gays, lesbianas y personas transgénero no solo son expulsadas por grupos armados, son expulsadas por sus familias. Entonces, si bien la guerra puede ser ‘un estado de excepción’, muchas veces no es más que una expresión superlativa de valores comunes. Si esa base de valores culturales sobre la sexualidad y el género tan fuertemente arraigada no cambia, sea con o sin actores armados, las personas que transgreden dichos valores continuarán siendo violentadas, discriminadas y seguirán siendo ciudadanos de segunda. En la primera conmoción que haya serán los primeros derechos en ser negociados.
Post Scriptum: la cruzada contra la ‘Ideología de género’ en la educación.
Después de publicado ese artículo, surgió una cuestión que es importante incluir en este panorama. El el mes de agosto de 2016 comenzó una polémica, lamentablemente no en los mejores términos por parte de sectores conservadores, en torno a la educación sexual en la educación básica y media.
El punto álgido de esta situación se dio por la difusión en redes sociales de una ‘falsa cartilla’ que tenía por objetivo advertir a los padres y madres de familia de una peligrosa ‘ideología de género’ que iba a corromper a los menores y destruir los valores familiares. Esto se hizo con la difusión de un material falso con imágenes de sexo explícito que circularon en redes sociales, lo que en realidad se trataba de una ilustración del artista belga Tom Bouden[1]. Fue una estrategia de desinformación que, usando el pánico moral, trató de convencer a muchos padres y madres de familia de que el Ministerio de Educación estaba repartiendo en los colegios un material pornográfico que promovía la homosexualidad. La estrategia fue muy efectiva porqué convocó marchas masivas en diversas ciudades del país en contra de lo que denominaron la imposición de la ‘ideología de género’ en las escuelas. Se prestó para agresiones de todo tipo contra la Ministra de Educación y en estos días enfrenta un debate de control político en el Congreso.
La ministra Parody es desde hace 9 años pareja de Cecilia Álvarez, quien también fue Ministra de Comercio, Industria y Turismo[2]. Fue más o menos sacada del closet en contra de su voluntad por mensajes agresivos que circularon en redes sociales y luego se transformó en noticia en los medios de comunicación, no es activista ni ha manifestado nunca interés alguno por los temas de derechos sexuales, excepto en los temas personales que la conciernen como manifestó en varias entrevistas que dio cuando hizo pública su relación con Cecilia Álvarez. Tampoco es una persona alternativa en temas de educación, seguramente era la persona más adecuada para acabar con lo que queda de educación pública en el país. Sin embargo, esta situación se tornó una agresión lesbofóbica y sexista, es solo ver pancartas y arengas con insultos violentos que no tienen nada que ver con el asunto, pero dicen mucho del contenido violentamente sexista que tiene esa agenda conservadora (es solo mirar algunas de las pancartas de esas manifestaciones[3]).
La cuestión es que con todo este ruido fundamentalista los únicos perdedores son los niños, niñas y adolescentes de escuelas y colegios, no sólo los que puedan estar explorando por fuera de la heterosexualidad o el género normativo, sino todos y todas. La más probable es que las medidas buscadas para reducir la discriminación y la violencia sexista en los colegios se quedarán en la gaveta, y se pierde la posibilidad de aprovechar un material bien pensado, propositivo y comprensivo (el que sí es de verdad) cuya finalidad era guiar los procesos para hacer de los colegios entornos amigables y pacíficos. Esta tarea implicaba necesariamente la revisión de los manuales de convivencia (reglamentos de los colegios)[4], ya que ninguna norma de conducta puede contradecir la Constitución y algunos colegios tienen normas discriminatorias y contra el libre desarrollo de la personalidad.
La escuela es un espacio hostil a la diversidad sexual y de género, promueve valores sexistas y racistas, cuestión que ya ha sido documentada para varios países, incluido Colombia. Al contrario de lo que lograron convencer con esta estrategia, esto no viene de ningún interés específico del gobierno por el tema, ni de la Ministra de Educación, tiene que ver con una Sentencia de la Corte Constitucional relacionada con el emblemático caso de Sergio Urrego, joven que se suicidó por el matoneo homofóbico de directivas de su colegio[5], y con la implementación de la Ley 1620 de 2013 “por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”. La cuestión buscada es muy simple: evitar la violencia contra las y los jóvenes, niños y niñas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, y que la escuela sea una institución protectora no una amenaza para esas vidas.
Se puede entender que ante cambios como estos algunos sectores sociales reaccionen. La misma idea de nombrar los estudios feministas y de género y las iniciativas en torno a la igualdad como ‘ideología de género’ muestra el deseo de esos sectores de deslegitimar esos conocimientos, así como los logros alcanzados con luchas muy difíciles y largas de movimientos sociales y ciudadanos. Para seguir con el argumento del texto principal sobre política sexual en Colombia, este caso muestra lo lejos que estamos de que la equidad de género y los derechos sexuales hagan parte de nuestro pacto social.
‘Ideología de género’ como lo entienden los conservadores es una forma de deslegitimar los estudios de género y feministas y todas las acciones básicas de intervención que se han realizado en busca de equidad y justicia en ese campo, al decir que ‘esto’ es una tendenciosa propaganda para acabar con la familia y los valores tradicionales, que amenaza la moralidad de los jóvenes y corrompe a los niños y niñas. De esta forma, se busca que todas esas reivindicaciones queden devaluadas como patrimonio político, y es una especie de alto en el camino para pensar que ‘fuimos demasiado lejos’ con este tema. La palabra ideología relaciona las reivindicaciones de género y sexualidad con pensamientos totalitaristas que produjeron los peores desastres del mundo occidental. Lo más contradictorio, es que esto está en boca de instituciones y personas que quieren imponer un pensamiento unitario sobre la familia, la sexualidad y el género. Si aplicáramos de manera más precisa un concepto como ‘ideología de género’ sería precisamente lo contrario: la heterosexualidad normativa y el sexismo. Es decir, todo lo que aprendimos y reprodujimos de valores tradicionales sobre como tienen que ser los hombres y las mujeres. La ideología sería el contenido del proyecto hegemónico, las ideas del grupo dominante y claramente los sectores LGBT no son el grupo dominante en esta situación.
Esta contienda tiene mucha relación con el debate en torno a la iniciativa legislativa brasileña llamada ‘Escuela sin partido’. La escuela nunca ha sido un lugar neutro, en nada. Como institución de reproducción social siempre ha servido a la transmisión de valores dominantes, tradicionales y unívocos, si bien actualmente fluctúa en modelos menos verticales que antes; aunque la falta de voz de jóvenes, niños y niñas en este debate también dice mucho del modelo normativo que es la escuela. Aquí estamos ante un debate muy importante para el futuro de las sociedades y es cuales son los valores que queremos reproducir, y en un momento de cambio social se hará muy fuerte el contraste entre el absolutismo y un pensamiento multivocal, abierto y más democrático. No estamos sólo frente a la reproducción de la violencia en la escuela hoy, sino frente a aprender la violencia para el futuro ¿las escuelas formarán futuros acosadores e intolerantes o ciudadanos respetuosos de la diferencia?
En un momento de un proceso de paz, los grupos conservadores enviaron un pésimo mensaje de violencia e intolerancia. Esta polémica tiene todo que ver con el proceso de paz, no sólo porque el Presidente Santos ya negoció con los obispos quitar de circulación la famosa cartilla[6], sino porque los apoyos al plebiscito por el SÍ moverán también esta sensibilidad. Pero lo más claramente relacionado es que no se puede hablar de paz y reconciliación sin acabar con la violencia sexista y sin resolver las injusticias sexuales y de género.
*Docente invitado de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de la misma universidad.
[1] http://www.vice.com/es_co/read/habla-artista-gay-comics-confundieron-cartillas-ministerio-educacion-gina-parody-tom-bouden-porno
[2] Solo menciono ese dato porque es útil para entender algunos aspectos de la polémica http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/entrevista-a-gina-parody-y-cecilia-alvarez/16624792
[3] http://www.pulzo.com/nacion/las-pancartas-ofensivas-que-tienen-dolida-a-la-ministra-parody/PP101373
[4] http://es.slideshare.net/Jairo-Sandoval-Hernandez/cartilla-ambientes-escolares-libres-de-discriminacin
[5] http://www.elespectador.com/noticias/bogota/sergio-urrego-un-caso-no-se-debe-repetir-articulo-598462
[6] http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/no-vamos-a-implementar-la-ideologia-de-genero-presidente-santos/16671165
Imágenes
Fotos de portada y de la introducción: Franklin Gil Hernandez
Foto de la Corte Constitucional: Juan Manoel Serrano
Recorte de una pintura de un proyecto de Juan Manoel Echavarría El proyecto nombrado La guerra que no hemos visto nvolucró guerrillero@s y paramilitares desmobilizados pero también personas deslocadas por el conflicto en oficinas de dibujo y pintura coordinados por el artista.
Notas
________
[1] Docente invitado de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de la misma universidad.
[2] http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/index.html
[3] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12679182
[4][4] http://www.elespectador.com/noticias/politica/aval-de-registraduria-referendo-contra-adopcion-igualit-articulo-632190
[5] Aunque pienso que es una imagen clara, ‘pelea de tigre con burro amarrado’ (atado) es una frase del argot popular que indica una desventaja desproporcionada que anticipa claramente un resultado.
[6] http://www.elheraldo.co/nacional/caso-pretelt-las-fichas-de-un-escandalo-que-crece-sin-parar-187647
[7] http://www.semana.com/nacion/articulo/el-otro-golpe-de-la-fiscalia-jorge-pretelt/423898-3
[8] http://www.eltiempo.com/politica/justicia/hangout-uniones-del-mismo-sexo-entre-el-matrimonio-y-la-union-solemne/15832416
[9] http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/todas-y-todos/article/discapacidad-y-esterilizacion.html
[10] Existe un debate sobre las categorías para dar cuenta de lo que prefiero llamar jerarquías corporales: discapacidad, situación de discapacidad, diversidad funcional. Sin resolver el asunto, escogí esta categoría para inscribir el problema como una cuestión de poder y acercarlo con otras jerarquizaciones en torno al cuerpo como las que tienen que ver con la raza, el género, la edad, la clase o la sexualidad.
[11] http://www.elespectador.com/entrevista-de-cecilia-orozco/comunidad-del-anillo-reino-10-cursos-de-policia-articulo-479538
[12] En Colombia ‘anillo’ es una palabra que puede ser usada para referirse al culo.
[13] http://www.elespectador.com/entrevista-de-cecilia-orozco/comunidad-del-anillo-reino-10-cursos-de-policia-articulo-479538
[14] Es el contraste de un país en el que existen (así sean pocos) funcionarias y funcionarios públicos electos por voto popular que son abiertamente gays o lesbianas, que haya mujeres transgénero en cargos importantes de administraciones locales y que cada vez sean más visibles en el ámbito académico, o que existan dos ministras abiertamente lesbianas en el gabinete del actual gobierno. Creo que algún cambio representa esto, aunque no sea suficiente.
[15] http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/index.php/lo-que-debes-saber/preguntas-frecuentes
[16] http://www.las2orillas.co/el-procurador-y-las-camisetas-de-no-a-la-restitucion-tierras/
[17] Organizaciones como Colombia Diversa, Santamaría Fundación, Caribe Afirmativo y Corporación Opción han realizado desde hace varios años registro de violaciones de personas LGBT en el conflicto armado.
[18] http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/aniquilar-la-diferencia
[19] http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/148298/corte-colombiana-condena-a-prision-ex-senador-por-lazos-paramilitares/