Por Lorena Moraes*
En el 16 de mayo los diarios noticiaron que la investigación nacional de más gran amplitud sobre la Covid-19 ha sufrido resistencia en algunas ciudades brasileñas, especialmente aquellas ubicadas en el interior del país. Las ciudades elegidas para la investigación lo han sido por tener condiciones de servir como “ciudades centinelas” – o sea, municipalidades base de cada sub-región del país, según los criterios establecidos por el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – por lo tanto tienen destacada importancia dentro de la muestra seleccionada.
Los principales medios de comunicación del país informaron que las/os investigadoras/es han sido detenidas/os y agredidas/os durante la realización de la recolección de datos. La investigación, financiada por el Ministerio de Salud, es coordinada por el profesor Pedro Hallal, de la Universidad Federal de Pelotas (UFPel), que hizo un contracto con el reconocido Instituto Ibope (especializado en encuestas de opinión) que, a sua vez, ha hecho contractos con otras empresas locales de investigación para el trabajo de recolección de datos en las ciudades. Según la nota oficial de la UFPel las Secretarías de Salud (SMS) de las respectivas municipalidades han sido informadas sobre la investigación por el Ministerio de Salud. Todas las personas que forman parte de los equipos de investigación de campo han cumplido con las normativas de seguridad sanitaria incluyendo los aparatos de protección individual, además de haber hecho previamente pruebas para el Sars-Cov-2 (solamente las/los investigadoras/es con pruebas negativas para el coronavírus participaron de los equipos).
Sin embargo ese procedimiento no ha sido debidamente comunicado a algunas de las municipalidades o a las secretarías municipales de salud directamente y tampoco a las gerencias regionales de salud. Eso ha pasado en Serra Talhada (PE) donde según Márcia Conrado, secretaria de salud de esa ciudad, el órgano solamente tuvo conocimiento de la investigación después que la población empezó a llamar la policia que, en su turno, detuvo las/los investigadoras/es. Sólo después del ocurrido los equipos tuvieron permiso y apoyo para realizar la recolección de datos. La Secretaría Municipal de Salud de Picos (PI), outro lugar que tampoco recebió a tiempo la comunicación del Ministerio de Salud, afirmó que por desconocimiento sobre la realización y los objetivos de la investigación exigió que el equipo con 17 miembros cumpliera aislamiento social antes de circular por la ciudad. El documento de la SMS de Picos por encima notó que el equipo no tenía ninguna identificación institucional de la UFPel o aún del Ibope. Además según Sayonara Moura, presidenta del Consejo de las Secretarías Municipales de Salud del Estado de Ceará (COSEMS), las/los investigadoras/es de campo no pertenencían al área de salud cosa que no es habitual en ese tipo de estudio. La morosidad o total ausencia de diálogo entre el Ministerio de Salud y las secretarías municipales ha prejudicado el desarrollo de la recolección de datos en 75 de las 133 municipalidades que la investigación proponía abarcar.
El epidemiologista Pedro Hallal, profesor de la UFPel responsable por la investigación, dijo al diario O Globo que mientras el país está “en guerra” contra la COVID-19 las secretarías de salud o el propio ayuntamiento de algunas ciudades estaban asumiendo “una postura de comisaría de policia para prohibir el trabajo de los equipos”. Esa afirmación parece desconsiderar que en el contexto de la pandemia global la situación de Brasil abarca, más allá de la pandemia, una complejidad de factores que agudizan la vulnerabilidad social. Factores tales como la permanente crisis política, el desprestigio de la ciencia, el ataque constante a las universidades públicas, la instabilidad del Ministerio de Salud y la propagación de fake news de todo tipo. También me refiero a una situación de pánico colectivo, millares de muertes y a la necesidad de reconfigurar las formas de sociabilidad y relaciones interpersonales.
Investigadoras/es de cualquier área del conocimiento, aunque ante la urgencia de la producción de datos en una situación de pandemia, no deberían desconsiderar esos contextos que (re)configuran la vida de las personas en la crisis. La investigación “Evolución de la Prevalencia de Infección por COVID-19: estudio de base poblacional” es urgente para identificar de que forma el vírus está se propagando en el país y generar bases sólidas para políticas públicas más eficientes en el enfrentamiento de la COVID-19. No obstante ni mismo la relevância y la urgencia pueden desconsiderar la inseguridad, la desinformación, la ansiedad y el pánico colectivo que está regiendo la vida de las personas.
Vamos por partes. La comunicación con los órganos municipales sobre la investigación quedó a cargo del Ministerio de Salud pero, como lo sabemos, la comunicación entre el Ministerio y los niveles descentralizados ni siempre se dio de forma célere y eficaz. Y ahora, para dificultar un poco más la comunicación, existe una profunda inseguridad institucional en el campo de la salud pública provocada por divergencias políticas internas en el gobierno federal que además está sesgada por sombríos intereses económicos, todo eso pone en riesgo la salud física y mental de la población brasileña. Y por encima de todo las posiciones asumidas por el gobierno van todas en mano contraria a las orientaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS) y del conocimiento científico.
Un segundo aspecto a subrayar es que, al contrario de la asociación hecha por el diario Folha de São Paulo, la investigación sobre la COVID-19 no es similar a las encuestas de opinión electoral, aunque sea ejecutada por el Ibope. Trátase de una investigación epidemiológica que, además de hacer un levantamiento sociodemográfico, realiza una prueba serológica rápida para la COVID-19. O sea implica en la interacción de las poblaciones locales con personas desconocidas que vienen de otros lugares y que siquiera son profesionales de salud en un momento cuya recomendación es el aislamiento social. Este tipo de investigación implica no solamente mantener diálogo como también requiere un contacto corporal por el tema de las pruebas serológicas. Así es muy importante no dejar de considerar los protocolos de investigaciones cualitativas en ciencias sociales, por ejemplo el reconocimiento de que datos de encuestas, según señala Jean Segata, poseen rostros, trayectorias, biografías y sentimientos. Las personas una vez transformadas en datos, números y estadísticas no dejan de “compartir experiencias y componer ambientes singulares”. Dicho de otro modo, como sugiere el mismo autor, una “pandemia necesita ser considerada como una experiencia vivida en los cuerpos y en las sensibilidades colectivas” y al investigar sobre eso es imprescindible tomar en cuenta el contexto político, social y cultural de cada lugar de investigación. Ésta no es una encuesta de opinión sino una investigación sobre la política de vida y muerte.
Así que no se trata solamente de informar y solicitar permiso de cada ayuntamiento o secretaría municipal, tampoco tiene sentido agudizar disputas sobre el protagonismo de cada esfera de gestión de la política de salud. Trátase de establecer y adoptar procedimientos metodológicos básicos de mediación y comunicación con los ayuntamientos y secretarías municipales de salud y del mismo modo con la población con la cual se va a trabajar. Acaso hubiera sido esa la directriz adoptada se haría una amplia divulgación local sobre la investigación, algo que podría haber evitado (o minimizado) el recelo de la población y la propagación de falsas noticias sobre la presencia de personas desconocidas en los territorios.
Esos cuidados hubieran garantizado la seguridad de la investigación de campo y hasta mismo evitado la violencia contra los equipos como la que ocurrió en Santarém, en el estado de Pará, donde la vigilancia sanitaria municipal tuvo una conducta inaceptable al recibir la “denuncia” de la población sobre la realización de la investigación. Inducidos por fake news, que afirmaban que los paquetes de pruebas podrían estar contaminados — y sin el respaldo de la autoridad sanitária local o aún sin escuchar a la coordinadora del equipo de campo la socióloga Zenilda Bentes — funcionarios de la vigilancia sanitária junto con policias militares invadieron la casa de la coordinadora. En la operación recogieron el material de las pruebas y los aparatos de protección, intimidaron las investigadoras y sometieron los padres de Zenilda, de edad avanzada que estaban en riguroso aislamiento, a los riesgos del contagio de COVID-19. Esa acción también resultó en una reprimenda pública que agudizó los sentimientos de inseguridad, miedo y ansiedad pues los medios locales dieron gran visibilidad al episodio.
Teniendo en cuenta estos relatos no es excessivo afirmar que hubo autoritarismo y/o omisión por parte del Ministerio de Salud, así como falta de atención por parte de la coordinación general de la investigación en lo que toca la importancia de establecer socios y canales de comunicación sólidos con los poderes locales. Por otro lado, es muy evidente que hubo violencia y arbitrio de los agentes del Estado en los niveles locales: el control de la circulación de personas/investigadoras/es, aprehensión de materiales y métodos de comprobación sobre la veracidad de la investigación puso en riesgo la vida de personas vulnerables. El episodio de Santarém ilustran las lógicas de jerarquización y control social que legitiman el “derecho de causar la muerte o de permitir el vivir” (Foucault, 1988).
Haciendo puente con el concepto de biopolítica de Michel Foucault (2008) se puede identificar – en los problemas y efectos colaterales de la investigación – los síntomas de las tecnologías o dispositivos de control justificados por la emergencia biomédica que mantiene y amplía las formas de normalización disciplinar sobre los cuerpos sociales. Paul Preciado refleje sobre los efectos biopolíticos de la COVID-19, llama la atención para sus paradojas enfatizando que todo acto de protección epidémica abarca una definición de imunidad de la comunidad, o sea ni todos son legítimos frente a la imunidad y por esa razón para que haya la protección de algunas vidas se hace necesario el sacrifício de otras. “El estado de excepción es la normalización de esa paradoja insoportable”. La acción policial/violencia estatal que se registró en Santarém se puede comprender como expresión micropolítica de ese “estado de excepción” y no es insignificante que haya sido motivada por noticias infundadas, perniciosas y criminosas conocidas popularmente como fake news.
Un último aspecto que debemos considerar es el hecho de que la realización de este tipo de investigación, en otras condiciones, hubiera sido una excelente oportunidad para el Ministerio de Salud actuar de modo efectivo frente a la COVID-19. También podría haber facilitado la reconstrucción de enlaces virtuosos entre academia y sociedad en esos tiempos de constante y virulento ataque a la universidad pública y al conocimiento académico y científico. Mientras tanto así no se hizo. En varias de las municipalidades seleccionadas, por efecto de la condución equivocada de los actores institucionales involucrados (Ministerio de Salud, universidad, Ibope y vigilancia sanitaria), la realización de la investigación ha deflagrado desinformación, incertidumbre popular y estatal, violencia, arbitrariedad y criminalización. Esas situaciones reflejan, claramente, el desgobierno a que la sociedad brasileña está sometida. Para recordar a Preciado:
Al contrario, el virus actúa a nuestra imagen y semejanza, no hace más que replicar, materializar, intensificar y extender a toda la población, las formas dominantes de gestión biopolítica y necropolítica que ya estaban trabajando sobre el territorio nacional y sus límites. De ahí que cada sociedad pueda definirse por la epidemia que la amenaza y por el modo de organizarse frente a ella.
Por otro lado también es válido traer al debate el análisis de Javier Lifschitz (2020) cuando afirma que ni siempre la biopolítica viene acompañada del estado de control y de excepción pues “las biopolíticas no son armas de filo único”. Eso significa decir que no se puede menospreciar o descalificar lo que él denomina como “biopolíticas de protección a la vida”, de las cuales un ejemplo son las pruebas extensivas algo que en Brasil está lejos de ocurrir (más por la omisión gubernamental que por la extensión continental del país o por la aceptación pública). La condución de esa biopolítica positiva tuvo efectos claros de contención de la COVID-19 en otros países.
Aquí, al revés, estamos sujetos a la inseguridad política evidenciada por la ausencia de diálogo y coordinación entre los niveles federal, estadual y municipal en la gestión de la pandemia. No hay un plan nacional de contención del coronavírus y las evidencias científicas sobre la pandemia son abandonadas por una vasta gama de actores estatales y especialmente por el presidente del país. Por lo tanto no sorprende que la investigación oficial más amplia sobre la COVID-19 en Brasil haya provocado pánico y no tenga credibilidad de parte de la población.
*Lorena Moraes es doctora en Ciencias Sociales y docente de la Universidad Federal Rural de Pernambuco – Unidad Académica de Serra Talhada
**Esta versión en español se debe al trabajo genial de traducción y revisión de Magaly Pazello para SPW.
Agradecimientos
Agradezco a Zenilda Bentes, indígena, profesora, socióloga y supervisora local de la investigación por haber relatado el violento episodio en Santarém, Amazonas; a Andrea Oliveira, directora sociopolítica de la Secretaría Ejecutiva de la Mujer por haber informado sobre el caso en Serra Talhada, Pernambuco; a la profesora Letícia Carolina (UFPI) que me ha enviado noticias sobre Picos, Piauí, y charló conmigo sobre mis escritos; al profesor Daniel Valença (UFERSA) que me repasó informaciones sobre Mossoró, Rio Grande do Norte; a Nicole Pontes (UFRPE-UAST), Joana Emmerick y Avelino Neto (IFRN) por el diálogo.
Foto: Plate Flora, Anna Dumitriu (2005).
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1988.
FOUCAULT, Michel. Segurança, território e população. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
LIFSCHITZ, Javier Alejandro. Pandemia: qual biopolítica? In: AUGUSTO, Cristiane Brandão; SANTOS, Rogerio Dultra dos. Pandemias e pandemônio no Brasil. 1. ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020. p. 77-89.