por Sonia Corrêa
Lo que ha estado sucediendo desde enero del 2019 en el Congreso Federal Brasileño sobre el derecho al aborto y el género debe situarse en el tiempo, puesto que los retrocesos reales o potenciales en estos dos campos no son un efecto del gobierno de Jair Messias Bolsonaro (JMB). Estos se desarrollaron durante mucho más tiempo y, en este sentido, no es excesivo afirmar que los prolongados debates en el Congreso sobre el derecho al aborto y la «ideología de género», que no tuvieron mayor visibilidad pública, fueron presagios o hechos precursores de lo que se vería, a gran escala, en la escena política entre 2018 y 2019.
En el ámbito del derecho al aborto, esta tendencia regresiva se instaló entre el 2005 y 2006, cuando una iniciativa de reforma legal propuesta por el ejecutivo fue arrollada por la primera crisis de corrupción del gobierno del Partido de los Trabajadores. En esa crisis se creó el Frente Parlamentario Antiaborto, abriendo un resquicio para la proliferación de proyectos regresivos, cuya producción se intensificó a partir del 2015, cuando quedaron claros los contornos de la restauración conservadora que nos llevaría, vertiginosamente, al escenario de 2019.
La génesis de las propuestas legislativas antigénero se concretó en el 2013, cuando el género fue duramente atacado por congresistas y grupos evangélicos y católicos, y por la agrupación Escuela sin Partido, cuya agenda defiende la «desideologización total de la educación pública», basada en el argumento de que la educación debe ser neutral. Esta ofensiva también se intensificaría a partir del 2015, cuando la palabra género se convirtió en objeto de repudio, independientemente del contexto en el que sea escrita. Las iniciativas legislativas más relevantes o peligrosas son tanto las propuestas que datan del 2014-2015 como las reediciones de propuestas anteriores. No hay nada nuevo en términos de contenido. La novedad es que estas propuestas se basan ahora en el compromiso del ejecutivo y su base parlamentaria y, como se verá, en el clima de debate parlamentario en torno al género que asume esquemas surrealistas.
Por otra parte, la agenda legislativa de la política de género, sexualidad y aborto también necesita ser contextualizada en relación con las condiciones actuales del Congreso y su dinámica. Como señalan los analistas, el sistema político brasileño —que sufrió efectos devastadores en el proceso electoral de 2018— ya había mostrado signos de agotamiento desde el 2013. Los partidos que habían sostenido el sistema desde la década de 1980 —PMDB[1], PSDB[2] y PT[3]— redujeron sus bancadas en la Cámara de Representantes, mientras que el PSL[4], unas siglas marginales e inexpresivas, turboalimentado por la elección presidencial, alcanzó a ser la segunda bancada en mayoría de la Cámara. También se modificó la composición y el juego de fuerzas en el Senado. Ya en el momento postelectoral, Marcos Nobre señaló la incapacidad de JMB y del nuevo gobierno para reorganizar el sistema político de manera consistente como lo habían hecho el PT y el PSDB cuando estaban en el poder:
«Para gobernar no basta obtener los votos necesarios para aprobar agendas y proyectos. Es necesario que las fuerzas políticas también se dejen dirigir de alguna manera y en cierta medida por los polos aglutinantes del gobierno, por un lado, y de la oposición, por otro. El sistema se rompe precisamente porque ya no tiene estos polos aglutinantes».
Este pronóstico se ha confirmado desde enero de 2019, cuando un ejecutivo autoritario y errático pasó a depender del Congreso para aprobar su máxima prioridad: la reforma de las pensiones, vendida al electorado como la única solución que, como señala Lena Lavinas, sacaría al país de la peor recesión de su historia reciente de la noche a la mañana. El escenario es agravado porque el gobierno, como fue citado, es autoritario y se hace oposición a sí mismo, gobierna básicamente por medidas provisionales, decretos y una base parlamentaria (el PSL) que, como se ha anunciado, ha sido caótico y no siempre fiel. En estas condiciones, los residuos de la llamada Centrão —un núcleo amorfo y maleable que garantizaba la gobernabilidad parlamentaria en la gestión del PSDB y el PT— están ahora a cargo del proceso parlamentario.
Las tensiones entre el ejecutivo y el Congreso han sido constantes y crecientes incluso cuando los líderes del Congreso están ideológicamente alineados con el gobierno. JMB ha perdido importantes votos y la reforma de pensiones, que esperaba aprobar por arte de magia, se aplaza constantemente. Como demostración, las manifestaciones de apoyo al gobierno fueron convocadas el 26 de mayo, cuyos resultados pueden considerarse contradictorios. Por un lado, mostraron que la base del gobierno de JMB sigue siendo expresiva y sale a la calle y, por otro lado, el ataque abierto al sistema político y a los líderes parlamentarios no agradó a los que ahora dirigen el Congreso. Tanto es así que el 10 de junio, mientras se finalizaba este texto, los presidentes de la Cámara y del Senado se estrecharon las manos en los periódicos para decir en voz alta y clara que JMB «tendrá que aguantarlos durante los próximos dos años».
Sin embargo, el tumultuoso escenario no ha impedido la presentación —o la nueva presentación— y el procesamiento de propuestas legislativas antigénero y restrictivas sobre el derecho al aborto, aun cuando las condiciones generales del Congreso y la máxima prioridad de la reforma de pensiones puedan retrasar su procesamiento. Esto no es sorprendente, ya que la prioridad y el objetivo de los miembros del Congreso vinculados al bolsonarismo es demostrar a sus bases electorales que cumplirán sus promesas de campaña. A principios de junio, incluso anunciaron públicamente que la «agenda moral» entraría en vigor muy pronto.
En este escenario tumultuoso, sin embargo, hay algo nuevo que debe ser tomado en cuenta. En esta nueva legislatura hay mucho más apoyo y energía en el campo de la oposición para tratar de contener esta regresión. Paradójicamente, hoy existe por primera vez en la historia una bancada legislativa que se declara feminista en la Cámara Federal. Como resultado de la inversión en la presencia en la política realizada por la nueva generación feminista, especialmente de mujeres negras, estas diputadas funcionan como contrapunto a un nuevo y sustantivo grupo de mujeres conservadoras, ya sean del campo secular o religioso, que también fueron elegidas bajo el amparo de JMB. Pero también partidos y congresistas de izquierda o centroizquierda, especialmente del PT que, desde la década del 2000, habían abandonado las agendas feministas, parecen finalmente darse cuenta de que no son secundarios o laterales.
Al día de hoy, 13 proyectos de ley para eliminar o incluso criminalizar la difusión de la «ideología de género» están en la agenda del Congreso en diferentes etapas del proceso, seis de ellos presentados en esta nueva legislatura. La mayoría de ellos hacen propuestas en materia de educación y están vinculados a los proyectos de ley propuestos desde el 2014-2015, cuyo contenido fue analizado por la agencia Lupa en febrero del 2019. Sin embargo, a diferencia de lo que se vio en legislaturas anteriores, cuando estas propuestas se dejaron sin contrapunto, se presentaron dos proyectos de ley que se oponen abiertamente a las propuestas de la Escuela sin Partido y que tienen por objeto garantizar la libre expresión de pensamiento y opinión de todos los maestros, estudiantes y personal de la escuela, incluso con respecto al género y la sexualidad.
Un episodio reciente, sin embargo, es sintomático del clima adverso que prevalece en el Congreso en relación con el tema. Gabriel Galil describió en detalle en un artículo para la revista online Sul 21 cómo, a finales de mayo, la mención de la palabra género, en una ley diseñada para definir qué datos deben ser ingresados en el formulario de pensión cuando nace un niño, paralizó los debates de la Cámara durante varias horas:
«Uno de los denunciantes más feroces fue el Pastor Sargento Isidório, el congresista más votado en Bahía, quien también acumula con orgullo el título de exgay. Con una Biblia en la mano, como lo hace, de hecho, todos los días, en todo momento en la Cámara, gritó que sólo había sexo masculino y femenino, que el género era cualquier cosa: mesa, silla, etc… El diputado Glauber Braga, del PSOL, llegó a decir que falta poco para que les prohíban escribir “comida” en los envases de los alimentos, porqué en portugués nos referimos a algo de comer como del género de los alimentos… A las 11:38 p.m., el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, se enfureció y dijo que si no se llegaba a un acuerdo, él cancelaría la sesión y las Medidas Provisorias caerían. En otras palabras, el futuro de la estrategia del gobierno quedó pendiente debido a una agenda de costumbres».
Esto prefigura los feroces y surrealistas debates que se desarrollarán una vez finalizada la reforma de las pensiones e iniciados los debates sobre las propuestas legislativas en materia de género. Lo mismo se aplica a los proyectos que hay en la Cámara que pretenden restringir el derecho al aborto. Hay dos proyectos en fase avanzada de tramitación cuyo contenido fue objeto de protestas callejeras y esfuerzos de contención legislativa (véase una compilación): PL 5.069/2013 —que inserta en el Código Penal la penalización del anuncio de los métodos abortivos y que puede ser desarchivado en cualquier momento, y el Estatuto de Nascituro (PL 478/2007) ,que concede derechos de ciudadanía a los embriones y que está a la espera de la relatora de la Comisión para la Defensa de los Derechos de la Mujer— y el PEC 181 —que inscribe el derecho a la vida desde la concepción en una enmienda constitucional destinada a mejorar el permiso de maternidad para las madres de bebés prematuros y que también puede volver a incluirse en la agenda—.
Sin embargo, en el ámbito del derecho al aborto, la base parlamentar bolsonarista ya ha dejado claro a lo que venía tan pronto como comenzó la nueva legislatura. En una clara concordancia con el derecho a la vida desde la concepción, sistemáticamente evocada por Damares Alves —Ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos—, la Propuesta de Enmienda Constitucional 29, que propone la inclusión del derecho a la vida desde la concepción en el preámbulo de la Constitución Federal, no fue archivada en el Senado.
También presentado en 2015 por el Senador Pastor Magno Malta, el PEC 29/2015 está siendo discutido en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado (ver compilación). El Senador Eduardo Girão (PODE/CE) volvió a incluirlo en el orden del día al inicio de los trabajos legislativos en 2019. La nueva ponente, la Senadora Selma Arruda (PSL/ MT), rápidamente redactó una opinión favorable al texto, donde agregó un párrafo para mantener la no sanción del aborto en los casos ya definidos por el Código Penal de 1940 (para proteger la vida de la mujer embarazada y el embarazo por violación), con una cláusula que imponía el consentimiento formal de la mujer embarazada o de la persona legalmente responsable de ella, en caso de ser menor de edad o legalmente incapaz. En el primer debate del texto en la Comisión de Constitución y Justicia, a mediados de mayo, se agregaron dos enmiendas para incluir en el texto la posibilidad del aborto en caso de anencefalia —también en vigor en el marco jurídico brasileño— que, según el dictamen, provocó debates internos en el grupo antiaborto que quiere el retroceso total. El procedimiento está, desde entonces, paralizado.
En cualquier caso, se trata de la propuesta legislativa más avanzada y la que pone en mayor riesgo los derechos de las mujeres. La enmienda contiene una trampa porque mantiene los dos permisivos del artículo 128, II, del Código Penal de 1940 — que permite el aborto en casos de violación y riesgo de muerte de mujeres—, porque sus proponentes saben bien que la sociedad no quiere que estos permisivos sean eliminados. Sin embargo, vale la pena preguntarse si se trata de mantener lo que está en la ley, ¿cuál es, de hecho, la motivación de la enmienda propuesta? Su verdadera motivación se encuentra en el texto que justifica la aprobación de la enmienda que caracteriza al cuerpo de mujeres como «anfitrión». Es decir, el propósito del PEC es, de hecho, abrir una brecha en el sistema legal para, en un futuro próximo, desafiar la jurisprudencia pacífica de la Corte Suprema de que el derecho a la vida no es absoluto y que la protección legal de la vida ocurre desde el nacimiento. La experiencia de países que han adoptado premisas constitucionales similares, como Filipinas (1985) y El Salvador (1997), informa que esta definición silencia el debate sobre el derecho al aborto y abre las puertas a la criminalización absoluta y brutal de la interrupción del embarazo.
Esta es posiblemente la trinchera donde tendrá lugar la primera y más feroz batalla legislativa de la política sexual brasileña en la era de JMB.
Agradecemos muchísimo a Yazmin Trujillo, Susana Chavez y el equipo del CLACAI por el gran apoyo en la cuidadosa traducción de este artículo.
[1] Partido del Movimiento Democrático Brasileño
[2] Partido de la Social Democracia Brasileña
[3] Partido de los Trabajadores
[4] Partido Social Liberal
Image: Natchez, 1985, por Jean-Michel Basquiat