Manuela Lavinas Picq
Este pasado jueves 17 de febrero, Ecuador aprobó la ley de interrupción voluntaria de embarazo por violación sexual. Esta nueva ley es una gran victoria en un país profundamente conservador que hasta hace poco criminalizaba el aborto (excepto en casos de violación a personas con discapacidad mental y peligro de muerte de la madre). Pero esta nueva ley también desató la protesta de grupos de mujeres que organizaron performances artísticas en las afueras de la Asamblea mientras se votaba la misma, gritando su versión ecuatoriana del himno feminista chileno de Las Tesis:
“la asamblea es un juez/
que no escucha nuestra voz/
y nuestro castigo/
parir el hijo del violador”
Esta ley es una victoria para regular el derecho al aborto por violación, permitiendo incluso que las sobrevivientes no necesitan someterse a tramites policiales, pero defensoras de la despenalización contestaban aspectos excluyentes que afectaran a las mas vulnerables. ¿El lado oscuro de la ley? Los plazos. ¿Por que tanta decepción? Por que el 28 de abril 2021, tras años de lucha feminista y 7 demandas de inconstitucionalidad presentadas por varias organizaciones de mujeres y la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional del Ecuador emitió un fallo histórico declarando la despenalización del aborto en casos de violación, y, por ende, encargando a la Asamblea la creación de una ley que regule el aborto por violación aplicando los mas altos estándares de derechos humanos.
La nueva ley tiene fortalezas, pero su debilidad son los plazos que limitan el acceso al derecho que pretende garantizar. Lo mas preocupante es que estos plazos están a punto de ser reducidos mas aún.
Cuando la Corte Constitucional emitió su sentencia despenalizando el aborto en casos de violación en abril 2021, el recientemente electo y aun no posesionado presidente Guillermo Lasso, banquero y miembro del Opus Dei, declaró su “total respeto” a la sentencia de la Corte y prometió respetar la democracia y la “separación de poderes” pese sus “creencias distintas”. Pero meses después, Lasso anunciaba que vetaría la ley de aborto por violación, desconociendo la autoridad de la Corte Constitucional y usando a su esposa activista pro-vida como canal para expresar ideologías anti-derechos.
El presidente Lasso empezó a ejercer influencias y presiones, en parte a través de alianzas diversas, incluso con Guadalupe Llori, la Asambleísta por Pachakutik que preside la Asamblea. Primero, la Asamblea legislativa dilató el debate de un proyecto de ley mucho mas allá de los 6 meses otorgados por la Corte. Segundo, asambleístas aliados como Esteban Torres del Partido Social Cristiano se activaron en contra del proyecto. Irónicamente, fue el Asambleísta por Pachakutik Ricardo Vanegas quien presentó un segundo proyecto de ley, tan regresiva contra las mujeres que contenía 17 inconstitucionalidades, con el afín de que el proyecto de mayoría no pase en votación permitiendo que su proyecto de minoría entre en votación.
La votación de la ley no siguió líneas partidarias. Entre los 75 votos a favor estaban varios asambleístas de la derecha conservadora, incluso del partido de Lasso, mientras gran parte de las izquierdas votaron en contra. Irónicamente, los dos partidos de izquierda que hicieran campaña presidencial a favor del aborto en 2021, Pachakutik e Izquierda Democrática, tuvieron varios miembros que votaron en contra o se abstuvieron. En el partido Correista, la hermana de expresidente Rafael Correa y jefe de bloque Pierina Correa votó en contra, pero dejó a sus asambleístas libres, dividiéndose así los votos en contra y a favor.
La votación tampoco siguió lineamientos de genero, con casi la mitad de los 41 votos en contra y 14 abstenciones de mujeres asambleístas, muchas electas por partidos de izquierda. Por ejemplo, la legisladora pro-vida Sofía Espín, de la Comisión de Justicia, votó en contra de la ley, invocando el articulo 45 de la Constitución que defiende la vida desde la concepción. Solo ahí en la votación de la ley se caen dos mitos: el mito de que la izquierda avanza políticas a favor de los derechos de las mujeres y el mito que mujeres electas a cargos políticos automáticamente apoyan a políticas que benefician a las mujeres.
Las fuerzas y la trampa de la ley
Virginia Gómez de La Torre, directora de la Fundación Desafío, valora los varios logros feministas que están en la ley, en particular que las sobrevivientes de violación no tienen que presentar una denuncia para poder acceder al aborto por violación y que en el caso de niñas ellas son las que deciden de su pleno consentimiento sin tutela. Otro logro importante fue definir la objeción de conciencia como un derecho individual de médicos, y no institucional, de manera que un medico puede oponerse, pero no una institución o centro medico. La ley también toma en cuenta la diversidad sexual, refiriéndose a “personas gestantes”, y reconoce como la intersecciónalidad afecta la vida de las mujeres, reconociendo plazos distintos para personas menores y mayores a 18 anos, rurales y urbanas, mestizas y de pueblos y nacionalidades.
El nudo esta en los plazos.
El informe inicial presentado por la Defensoría del Pueblo en 2021 no consideraba plazos; el proyecto de ley debatido en enero 2022 consideraba un plazo de 22 semanas para las personas menores a 18 años, de pueblos/nacionalidades y de 20 semanas para personas mayores a 18 anos en áreas urbanas. Cuando el proyecto de ley entro en votación el 17 de febrero 2022, las 16 semanas estipuladas fueron reducidas a 14 y en seguida 12 para obtener una votación favorable lo cual era fundamental para evitar que la ley de minoría presentada por el Asambleísta anti-derechos Vanegas pase a votación. Los plazos acordados son de 12 y 18 semanas respectivamente, frente a la falta de apoyo político en la Asamblea.
Ahora viene la intervención del Presidente Lasso: la Asamblea envía la ley al presidente que tiene 30 días para aprobarla–o vetarla–total o parcialmente. Lasso ya reiteró su intención de vetar la ley argumentando que “respeta la vida desde la concepción”. Lo mas probable ahora es que el vete la ley imponiendo plazos aun mas reducidos, devolviendo así la ley para nuevo debate en la Asamblea, creando mas ideas y vueltas entre el legislativo y el ejecutivo en los próximos meses.
O sea, no solo la ley viene con limites, pero aún ni esta garantizada.
Por ahora, la despenalización del aborto por violación es ley desde que la Corte emitió el fallo en abril 2021; lo que esta en juego es crear una ley que regule este nuevo, lo cual puede tornarse en una larga batalla de por si.
Cristina Cachaguay, feminista y presidente nacional de Mujeres por el Cambio, confrontó los legisladores durante su intervención en la Asamblea, acordándoles que solo en el ultimo ano mientras dilataban la creación de una ley mas de 3 mil niñas entre 8 y 13 anos fueron madres producto de violencia sexual y el 95% de los agresores vivían en sus propios hogares (datos oficiales del ministerio de salud). El aborto no es una opción, dice ella, es una decisión que se toma en circunstancias de sometimiento; por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaro que obligar a una mujer violada a ser madre es tortura.
Las feministas han insistido que los requisitos deben ser mínimos, sin necesidad de denuncia policial para no re-victimizar las sobrevivientes de violación; eso se logró. El tema del plazo se tornó el eje central de debate. La organización feminista Surkuna reconoce los aspectos positivos de la ley, pero insiste que la ley impone plazos altamente restrictivos que dejara a las mas vulnerables sin acceso. Con base en el acompañamiento han dado a sobrevivientes en el ultimo ano, Surkuna estima que los plazos actuales impedirán 43% de mujeres mayores a 18 años y cerca de 80% de niñas, adolescentes y mujeres de pueblos y nacionalidades a acceder al derecho a la interrupción voluntaria de embarazo en casos de violación.
Es indignante pero no sorprendente, que la Asamblea irrespete la dignidad de niñas, adolescentes y mujeres. Lo que si sorprende y es grave, es ver que la Asamblea no cumpla con el mandato establecido por la propia Corte Constitucional, que planteó el mandato de crear una ley de acuerdo a los mas altos estándares de derechos humanos. La abogada feminista Lolo Miño, una de las denunciantes frente a la Corte Constitucional, expresó su decepción en Twitter, añadiendo que esta era la “oportunidad para sentar un precedente donde logremos que funcionarios que no obedecen las sentencias constitucionales sean destituidos”.
Mientras la Asamblea y el presidente Lasso dando vueltas a la ley, la sentencia de la Corte Constitucional sigue vigente y las mujeres pueden acceder al aborto por violación desde que fue despenalizada en abril 2021. Los grupos de mujeres y feministas no celebran, mas bien siguen en lucha, alistándose a la posibilidad de presentar más demandas a la Corte Constitucional, ahora por incumplimiento de la sentencia. Pero la Corte Constitucional de hoy no es la de 2021; tiene 3 nuevos jueces apuntados por Lasso que están mucho mas afines a la ideología del presidente.
La ley de regulación del aborto en casos de violación en Ecuador esta cuesta arriba, pero el vaso si este medio lleno. Y si una cosa esta clara, es que no volveremos a la clandestinidad.
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La autora es profesora de la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador) & del Amherst College (EUA)