Jaime Barrientos, Facultad de Psicología, Universidad Alberto Hurtado, Chile.
Manuel Cárdenas, Escuela de Psicología, Universidad Valparaíso, Chile.
En Chile, a inicios de octubre del 2019, nos hacían creer que vivíamos en un paraíso. De hecho, el presidente Sebastián Piñera recientemente describía al país como un oasis en medio del concierto latinoamericano. Se trataba de un fachada que servía de vitrina para los inversionistas. Desde hace muchos años se venía incubando el descontento, la rabia y el desencanto por más de cuarenta años de un modelo de producción y consumo instalado por la fuerza y que se mantuvo, en lo esencial, intacto durante la postdictadura.
Sin embargo, a mediados de octubre, un grupo de jóvenes inició un conjunto de manifestaciones, debido al alza del precio del metro (subway). El gobierno respondía a estas manifestaciones con la fuerza policial para controlar a los estudiantes. Paralelamente, esas semanas varios ministros de estado opinaron respecto a diversos temas de contingencia, muchos de ellos referidos al costo de la vida en Chile. Estas opiniones denotaban una falta total de conexión con la ciudadania y una suerte de afrenta a muchas y muchos chilenos. Las palabras de estos ministros humillaban a toda la ciudadanía, pero sobre todo a aquellas personas que durante años han trabajado duramente sin que ello les haya permitido salir de la pobreza.
El día viernes 18 de octubre, frente a la convocatoria para evadir el pago del metro en la capital del país, el gobierno decidió cerrar la totalidad de líneas de metro. Esta medida generó asombro, caos urbano y rabia en muchas y muchos chilenos. De allí en adelante las cosas se sucedieron rápidamente: protestas a nivel nacional, saqueos a diversos comercios que representan el corazón del modelo neoliberal chileno (bancos, supermercados, compañías de electricidad y farmacias) y se atenta contra el metro incendiando buena parte de sus estaciones y las restantes son vandalizadas. Todo ello sin que la fuerza pública les brindara protección. La policías dejaron a los manifestantes actuar con todo el tiempo del mundo. En esos mismos momentos, el presidente fue fotografiado comiendo pizza en la celebración del cumpleaños de un familiar, en un restaurant ubicado en un barrio de clase alta, mientras la capital estaba en completo caos. Unas horas mas tarde, el presidente decidía decretar estado de excepción, sacar a los militares a la calle para intentar controlar el orden público, decretando el toque de queda y limitando las libertades civiles.
De allí en adelante, comenzaron semanas de movilizaciones permanentes, gran parte de ellas pacíficas contra, no solo el accionar del gobierno, sino contra el sistema y el modelo neoliberal heredado de la dictadura militar de Pinochet. Por tanto, esta es una revolución social contra el modelo neoliberal, modelo que ha generado profundos estragos en la vida social de muchas y muchos chilenos. En Chile, casi todo es privado y de alto costo: salud, educación, transporte, vivienda. Vivir en Chile cuesta lo mismo o más que en muchos países europeos, aunque el sueldo mínimo es bajo y la distribución de la riqueza es muy desigual. Sólo a modo de ejemplos: una persona después de haber trabajado toda su vida recibe una pensión miserable. Muchas personas postergan la edad de jubilación para no empobrecerse aún más o bajar radicalmente su estándar de vida. Las entidades encargadas de administrar los fondos de pensiones exhiben utilidades enormes cada año. Miles de profesionales se gradúan cada año, no sin antes contraer una deuda con la banca privada, con tasas de interés usureras, y con salarios que no les permiten vivir y pagar a un mismo tiempo dichas deudas contraídas.
Muchas personas no entienden por qué los jóvenes han reaccionado con tanta rabia, destruyendo cosas, y enfrentándose a la policía, lo que ha generado una respuesta institucional feroz: represión brutal, miles de heridos, personas torturadas y dañadas físicamente y emocionalmente. Según estadísticas de la Sociedad Chilena de Oftalmología, más de 285 personas se encuentran con graves traumas oculares producto de las municiones utilizadas por las fuerzas especiales de la policía. Muchas y muchos de estos jóvenes han estado siempre fuera del sistema, han sido excluidos y violentados permanentemente por la sociedad chilena y no han tenido posibilidad alguna de acceder a los supuestos éxitos del modelo neoliberal chileno que la oligarquía tanto cacarea. Ellos y ellas han sido “los que sobran”, aquellos que la sociedad sabía que existían, pero de los que se hacía caso omiso de su existencia. Son décadas de rabia larvada por la injusticia, de humillaciones cotidianas e indignidades.
La respuesta ciudadana fue una manifestación única en la historia del país convocando a casi un millón y medio de personas a las calles. El gobierno, por su vez, respondía cada vez con más represión, con criminalización de las acciones de los manifestantes y con medidas que denotaban una profunda y total desconexión con las demandas ciudadanas. Nuevamente pensaron que podían arrojar migajas. Pero esta vez ha sido diferente. El principal lugar en Santiago donde se congregan las manifestaciones ha sido bautizado como “plaza de la dignidad”. Mientras la ciudadanía aumentaba su descontento, rabia y estupor, la aceptación del presidente caía a menos del 10%. Las acciones de protesta se han intensificado y la mayor parte de las acciones de fuerza se ha dirigido hacia los símbolos visibles del sistema: supermercados, Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), comisarías, bancos, tiendas de retail y centros comerciales, muchos de ellos saqueados e incluso incendiados.
Han pasado semanas y el gobierno ha sido incapaz de avanzar en una respuesta y salida política a la crisis. Más de 80% de la gente esta de acuerdo con la demandas que exigen la apertura de un proceso constituyente que las incluya y, miles de personas en las calles piden, además, la salida del actual presidente. La representación política está puesta en cuestión y la lucha se mantiene e intensifica. La clase política como un todo carece de la confianza de los manifestantes y la población en general pues no ha sido capaz de ofrecer respuestas. Las medidas propuestas por el gobierno no resuelven las demandas ciudadanas y más bien profundizan aún más el modelo neoliberal que se cuestiona: subida del salario mínimo con cargo al Estado, oferta de seguros de salud a los que los pobres no podrán acceder o que no podrán hacer efectivos dados los altos costos de su deducible, subida miserable de unas pensiones que se encuentran muy por debajo del salario mínimo. .La ciudadania pide cambios al modelo de pensiones, de salud entre otros. ¿Cómo el país saldrá de esta rebelión? Difícil de anticipar y predecir.
Los cambios se han sucedido vertiginosamente. El día viernes 15 de noviembre se logró un acuerdo, suscrito por casi todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso, para una nueva constitución y un plebiscito para decidir como construirla. Para muchos, en particular para el gobierno, esta propuesta resuelve parte importante de la crisis. Sin embargo, considerando parte de las demandas ciudadanas, este es un paso importante, pero no resuelve la crisis. Incluso, hay quienes creen que ahonda en ella. Tienen buenas razones para desconfiar del acuerdo y sus mecanismos, y no le confieren legitimidad a un acuerdo que no ha sido dialogado con la población movilizada en cabildos y asambleas ciudadanas. Hasta donde sabemos, se trata de una convención de representantes, mientras que lo que se pide en la calle es una democracia participativa. La propuesta presentada por el gobierno impone un quorum de dos tercios para la aprobación de las leyes, lo que en la práctica preserva el poder de veto de las minorías conservadoras. Del mismo modo, según la propuesta, los representantes a la convención se elegirán bajo el mismo sistema de listas electorales que favorece a los conglomerados de partidos. La posibilidad de que se elijan independientes es muy limitada. Hasta hoy, tampoco se han explicitado mecanismos para introducir paridad de género (incluida la diversidad sexual) y etaria, ni tampoco la forma de garantizar la representación de los pueblos originarios. Y no se propone rebajar la edad legal para poder votar, lo que sería crucial pues la rebelión la comenzaron los estudiantes secundarios y sería injusto no incluirlos en el proceso de reconstrucción política.
Además, el gobierno sigue sin dar señales de que entienda realmente la magnitud de la crisis y de las demandas ciudadanas. Está empecinado en defender, cueste lo que cueste, el modelo económico sin tocarlo ni siquiera mínimamente. Seguramente no dudará en seguir intensificando la represión que es lo que se ha observado estas últimas semanas y acrecentando las violaciones de derechos humanos. Por otra parte, tenemos manifestantes que parecen renovar cada día su optimismo y ganas de lograr transformaciones. Se trata de gente humillada por años, que ha padecido cotidianamente la violencia de uno de los sistemas más desiguales e inequitativos del mundo, de comunidades que claman por solidaridad y justicia social, por reconocimiento identitario y por una vida digna. La consciencia de la población aumenta en la medida que más y más gente se involucra en la protesta, en los cabildos autoconvocados, en el ejemplo del arrojo y valentía de los y las más jóvenes de entre los nuestros (la mayor parte estudiantes secundarios y pobladores). El futuro se está jugando cada día en la calle. Desde esa lucha transversal donde se hermanan las demandas que durante años se han ido acumulando, podría estar naciendo el germen de una nueva hegemonía, un nuevo “nosotros” más inclusivo y que se abona día a día por la solidaridad que el marchar codo a codo va generando.
Esta revolución sin duda generará y está ya generando costos en la vida de muchas y muchos. Ya, durante estas semanas, muchas y muchos jóvenes LGBT han sido violentados por la represión policial. Esta violencia ha sido descrita en el reporte “Violencia a cuerpxs disidentes en Chile. El pre, durante y post estado de emergencia del gobierno de Sebastián Piñera”, elaborado colectivamente por académicxs, y activistas trans, lesbofeministas y antiracistas. También, la represión estatal, documentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, da cuenta 93 víctimas de violencia política sexual (40 de ellas son mujeres y 16 niñas) que incluye desde vejaciones de contenido sexual del más diverso tipo hasta violaciones masivas por parte de agentes del Estado.
Además, la derecha más dura y reaccionaria, la cual ha defendido sin tapujos una agenda anti-género, está defendiendo el modelo económico y la fuerte represión policial, que ha afectado también, a la población LGBT. José Antonio Kast representa esta derecha y sus valores, y es uno de los principales líderes de los movimientos anti-género en el país. Paralelamente, la gran desconfianza en el mundo político tradicional trae aparejado la aparición de populismos que podrían, si logran representación política o ganar unas elecciones, modificar drásticamente la agenda de derechos conseguidos en el país, tal como aconteció en Brasil. Si bien es cierto, una nueva constitución tiene como requisito que los compromisos internacionales en materia de derechos humanos no sufren alteración, su rango o jerarquía en el ámbito interno si puede verse alterada, lo mismo que la forma de la regulación en el propio texto constitucional, ya que los vetos que puede imponer el sector más conservador debido a los quórums a los que nos hemos referido, podría relegar los derechos de las minorías obtenidos tras largas luchas políticas a la legislación ordinaria, impidiéndoles adquirir carácter constitucional.
Por tanto, deberemos evaluar en el futuro próximo como se suceden los acontecimientos en el país y los efectos de los cambios sociales y políticos que se han ido proponiendo y generando. Y si bien ha habido mucho dolor, tristeza, rabia y ansiedad, también hay esperanza y resistencia. Lo cierto es que seguimos movilizados y en rebeldía contra un modelo que consagra la injusticia social, destruye el medio ambiente y torna en privilegios aquello que debería ser entendido como derechos básicos. Este país se rebela contra un sistema de explotación y contra unas relaciones sociales basadas en el abuso.
Como dicen en la calle, la lucha continua “hasta que la dignidad se haga costumbre”.