por Franklin Gil Hernández
El tema de la llamada ‘ideología de género’ que fue tan central en las votaciones por el plebiscito de paz, no tuvieron aparentemente la misma intensidad en el debate público de los candidatos a la presidencia en 2018. Aparentemente porque habría que distinguir varios niveles de circulación discursiva. Si uno analiza el nivel más público representado en los debates televisivos, en las notas de prensa y en los discursos en plazas públicas, los temas de género y sexualidad, representados básicamente en parentesco homosexual y aborto, no fueron centrales. En este nivel, estuvo más visible el recurso retórico del castro-chavismo, mientras el demonio del género fue reemplazado por el de Venezuela. Es decir, tuvo una influencia mayor un discurso que estigmatizó a la izquierda y que le hizo contrapeso a un supuesto ‘odio de clase’, al asistencialismo socialista, y a una polarización que se le atribuía al candidato Gustavo Petro. Dicho eso, no parece excesivo sugerir que la campaña anti-género de 2016 haya contribuido para ese clima de demonización da la izquierda.
Asimismo, el recurso de la ‘ideología de género’ sí se mantuvo en otros registros menos visible, es decir se siguió en ciertos públicos focalizados, como los grupos liderados por pastores cristianos y en los sectores más ultraconservadores, y en redes sociales como Facebook y WhatsApp siguieron circulando mensajes sobre la defensa de la familia. El tema tuvo así otro lugar en las elecciones presidenciales, quizá también porque los candidatos no le hicieron tanto el juego y porque probablemente era un discurso ya algo desgastado. Lo que no significa que el partido de Duque y sus aliados no tengan una agenda antigénero y antiderechos, pero es una especie de agenda oculta, que no aparece de forma explícita en su plan de gobierno.
Durante la campaña presidencial, en los momentos puntuales en los que Duque fue interrogado por la despenalización del aborto y el matrimonio y la adopción igualitaria se mostró en contra (aunque se mostró de acuerdo con la igualdad de derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo). No deja de llamar la atención que estos temas sigan siendo preguntados, cuando el aborto está despenalizado en tres causales y el matrimonio y la adopción igualitaria son ya hechos jurídicos en Colombia. Habría que entender mejor en qué sentido estos temas son movilizados en los debates, más como asuntos polémicos que pueden generar algún tipo de identificación o no con el electorado. Lo que sí quisiera insistir es que estos temas en sí mismos no fueron una bandera política del candidato, y que fue más central la tonta idea de ‘convertirnos en Venezuela’, la defensa de la propiedad privada y de los empresarios y la reforma de los acuerdos de paz con la exguerrilla FARC.
Pero nuevamente, es importante tener en cuenta que el bloque conservador contra los acuerdos de paz es una parte importante del electorado que recientemente eligió a Duque, aunque claramente necesitó de la alianza de algunos sectores de centro que no se identificaban con lo que consideraban un proyecto ‘demasiado radical’ como el de Petro. En ese sentido, creo que atraer esos sectores de centro implicó moderar su discurso, por eso era importante tener un personaje joven y representante de una derecha moderada en contraste con un personaje como Alejandro Ordóñez, que no sería apoyado por esos sectores de centro. También se eligió a un personaje aparentemente neutro y poco protagónico de los debates públicos que el Centro Democrático ha liderado, eso explicaría la exclusión de algunas senadoras y senadores más visibles y conocidos de ese partido.
Si me preguntan que va pasar con género y sexualidad bajo Duque, mi respuesta es que ya está pasando. La bancada del Centro Democrático y sus aliados impulsaron una iniciativa para reformar varias cuestiones relacionados con la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz[1]. Los cambios que de hecho lograron son muy graves: restringir las facultades de la JEP ante los procesos de solicitud de extradición de personas vinculadas al conflicto armado y crear una sala especial para los militares. No me detendré en estas cuestiones, pero básicamente son contrarias al acuerdo original de paz, y en el caso de la segunda modificación aplaza el procesamiento de los militares y genera inseguridad jurídica, cuestión que entorpece claramente los procesos para determinar la responsabilidad de políticos y de funcionarios públicos en crímenes de guerra y en delitos de lesa humanidad[2].
Esta fue una promesa de campaña de Duque, reformar algunos aspectos de los acuerdos de paz (intención que ya en sí misma es contraria a unos acuerdos que ya están establecidos y que no se pueden reformar de forma unilateral). Diversas instancias académicas y de derechos humanos consideran que estas reformas son inconstitucionales y que debilitan el proceso de paz que viene en una crisis creciente. También pueden ser consideradas como acciones que representan los intereses de un sector político y económico que estaría seriamente comprometido en el apoyo del paramilitarismo y que no quieren que estas responsabilidades se hagan públicas y cobren legitimidad en el sistema de justicia.
La otra modificación propuesta tiene que ver con el enfoque de género y el pedido de que se excluya la población LGBTI de la parte que define dicho enfoque. El texto original era el siguiente:
“Enfoque de género. A fin de garantizar la igualdad real y efectiva y evitar la exclusión, en todas las actuaciones y procedimientos que adelante la JEP se aplicará el enfoque de género, entendido como el reconocimiento y transformación de las relaciones desiguales de poder que subordinan a las mujeres y a la población LGBTI, producen discriminación, desigualdad de género, condicionan la garantía y goce efectivo de derechos y el acceso a bienes y recursos”
Con la modificación quedó así:
“Enfoque de género. A fin de garantizar la igualdad real y efectiva y evitar la exclusión, en todas las actuaciones y procedimientos que adelante la JEP se aplicará el enfoque de género. Si bien las relaciones desiguales de género son preexistentes al conflicto armado, en los procedimientos ante la JEP se tendrá en cuenta que aquellas se instrumentalizaron, exacerbaron y acentuaron durante el conflicto, profundizando los daños, las consecuencias y los impactos de la violencia en la vida”.[3]
No sabremos el alcance de esta exclusión de la sigla LGBTI de varios de los artículos de la reglamentación, porque no fue una exclusión total, y porque diversas normas hacen entender que la población LGBTI hace parte de lo que llaman ‘enfoque de género’[4], pero es claramente un empeño de invisibilización y la corrección de lo que estos políticos consideran un exceso y una imposición. Es un estilo que considero marcará su relación con los temas de género y sexualidad y es restarle el mediano alcance institucional que hayan alcanzado estos temas.
Particularmente esta fue una petición de la bancada del Centro Democrático y del partido cristiano MIRA, con un apoyo mayoritario que consiguió que finalmente el proyecto de reglamentación de la JEP se aprobara con estas modificaciones. Queda pendiente si habrá, como se anunció, demandas que soliciten a la Corte Constitucional declarar la nulidad de estas modificaciones. El caso es que, por ahora, fue un pulso perdido del gobierno actual de Juan Manuel Santos con el entrante y que muestra el perfil que tendrá el nuevo gobierno en relación con estos temas.
Responder a la pregunta sobre el futuro de los temas de género y sexualidad en el gobierno de Duque es complejo. Si bien Duque se ha presentado como un personaje moderado y conciliador, con respecto a su mentor el expresidente Álvaro Uribe, sus alianzas políticas ultraconservadoras dejan un panorama muy negativo en lo que pasará con los temas de política pública sobre la población LGBT, sobre equidad de género, salud reproductiva y educación sexual. Aliados como Alejandro Ordoñez, Vivian Morales, el partido cristiano MIRA, varias iglesias evangélicas, son contrarios a la agenda de derechos sexuales y reproductivos. Esos actores fueron clave en la votación negativa del plebiscito y lo fueron ahora con la elección de Duque. Incluso se rumora que algunos de estos personajes podrían ocupar ministerios como el de educación. Pero es necesario esperar para saber qué representación tendrán estos sectores ultraconservadores en el gobierno Duque.
Es muy probable que se relacionen de ‘forma pasiva’ con lo ya aprobado, dejando sin recursos esas instancias, politizando los cargos directivos, abandonar los temas y quitarles legitimidad, o también de ‘forma activa’ usando a fondo estas instancias, pero con líneas reaccionarias o se les haga contrapeso con otra institucionalidad como un Ministerio de la familia o de la mujer con un enfoque conservador que acapare los temas relacionados con educación sexual, y salud sexual y reproductiva. En concreto me pregunto ¿cuál sería el futuro de la recientemente aprobada política pública nacional LGBTI?[5] ¿Qué pasará con lo que se viene realizando desde el Ministerio de salud en relación con interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué pasará con el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía desde el Ministerio de Educación?
Las fuerzas de las demás ramas del Estado no compensarán un ejecutivo y un congreso liderados por estos partidos de derecha. Las cortes, y particularmente la Corte Constitucional, que fue el aliado de estos temas en el pasado y que de alguna manera hizo un contrapeso importante en un contexto conservador, pasó por una crisis de corrupción que la debilitó y tuvo un relevo generacional que la dejó conformada con una tendencia menos liberal que la que tuvo en el pasado.
¿Qué pasará? Las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos más votados representan bien el panorama que se viene y que lamentablemente no puedo ver sino con mucha preocupación. Es la diferencia entre haber tenido una vicepresidenta feminista y la vicepresidenta que realmente tendremos, una mujer que viene del Partido Conservador, que se ha reconocido por sus ideas reaccionarias, que usó a fondo el discurso de la ‘venezolanización’ en su campaña y que nunca tuvo una agenda de género en su carrera política. Será la primera vicepresidenta mujer, como fue también la primera Ministra de Defensa mujer, del gobierno de la seguridad democrática de Uribe, y que tuvo bajo su responsabilidad la “Operación Orión en la ciudad de Medellín, un operativo contra guerrilla que dejó como saldo 88 muertos, 80 civiles heridos, 370 detenciones arbitrarias y 95 desaparecidos de manera forzada, a manos de las Fuerzas Militares y la Policía, en presunta alianza con las Autodefensas Unidas de Colombia”[6].
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[1] La Justicia especial para La Paz es el mecanismo mediante el cual se realizará el proceso de justicia transicional y que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), surgido del Acuerdo de paz que suscribieron el Gobierno y las FARC, y que fue incorporado en la Constitución Política a través del Acto Legislativo 001 de 2017, ver aquí.
[2] Ver El Espectador.
[3] Ver El Colombiano.
[4] Un detalle mayor sobre el enfoque de género en la JEP puede ser consultado aquí.
[5] Decreto 762 de 2018 del Ministro del Interior, con el fin de “establecer y producir condiciones para que la igualdad sea efectiva y real mediante medidas a favor de las personas de los sectores sociales LGBTI, históricamente discriminadas y marginadas”